Feb 23 2008
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Opinión

Venezuela bajo ataque. – LA DIGNIDAD, LA SOBERANÍA Y EL PETRÓLEO

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Asalto contra la soberanía

La empresa Exxon-Mobil introduce una petición de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) y logra además que una corte de Nueva York ordene un embargo en contra de bienes de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). La medida tiene múltiples lecturas. En lo económico, es un eslabón más de la cadena de agresiones del capital transnacional contra Venezuela para obligarla a ceder su industria petrolera. En lo político, es un nuevo intento de desestabilizar el gobierno democrático de Hugo Chávez Frías.

En lo estratégico, es un avance del bloqueo ya impuesto por Estados Unidos a nuestras compras. En lo jurídico se trata, ni más ni menos, de un intento de arrebatarle a Venezuela su soberanía de jurisdicción, es decir, el derecho a decidir sus controversias utilizando sus propias leyes y tribunales.

Soberanía es la ilimitada potestad de un Estado de sancionar sus propias leyes, aplicarlas e interpretar mediante sus órganos jurisdiccionales las controversias que surjan sobre dicha aplicación. Basta eliminar una de estas potestades para aniquilar la soberanía.

La doctrina Calvo defiende la soberanía de jurisdicción

Para comprender el significado de este debate en América Latina es preciso hacer un poco de historia. La invasión de Francia e Inglaterra a México en 1861 alertó la conciencia de los juristas latinoamericanos. Ya para 1868 el diplomático internacionalista argentino Carlos Calvo desarrolló en su obra Derecho Internacional Teórico Práctico la doctrina de que un Estado independiente, en virtud del principio de igualdad de los Estados, no podía estar sometido a la ingerencia de otros Estados.

Afirmó asimismo que los extranjeros no podían gozar de mayores derechos y privilegios que los nacionales, y debían solucionar sus controversias ante los tribunales internos del Estado territorial. Convencidos por esta doctrina, varios países latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Honduras y Venezuela, incluyeron en sus constituciones y legislaciones una norma que fue conocida como “Cláusula Calvo”, relativa a los contratos celebrados con inversionistas extranjeros, que impedía a éstos resolver las controversias sobre tales pactos acudiendo al llamado “recurso de protección diplomática” en el exterior, y les imponía dirimir sus reclamaciones única y exclusivamente en los tribunales del Estado receptor y de acuerdo con las leyes de éste.

Nuestras constituciones acogen la doctrina Calvo.
Siguiendo esta doctrina, la Constitución de la República de Venezuela sancionada el 29 de marzo de 1901 dispone en su artículo 139 lo siguiente: “Ningún contrato de interés público celebrado por el Gobierno Federal o por el de los Estados, por las Municipalidades o por cualquier otro Poder Público, podrá ser traspasado, en todo o en parte, a gobierno extranjero; y en todos ellos se considerará incorporada, aunque no lo esté, la cláusula siguiente: ‘Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse sobre este contrato y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo o por ninguna causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras’. Las sociedades que en ejercicio de dichos contratos se formen, deberán establecer domicilio legal en el país, para todos sus efectos, sin que esto obste para que lo puedan tener a la vez en el extranjero”.

A los constituyentistas de esa época no les faltaban patriotismo ni previsión. Año y medio después, el dos de diciembre de 1902, las flotas de los imperios inglés, alemán e italiano bloquearon y bombardearon Venezuela para cobrar por la fuerza nuestra Deuda Externa. Desde entonces, para evitar atropellos de esa índole generados por contratos con extranjeros o deudas derivadas de ellos, figura en todas las constituciones venezolanas una norma semejante, como por ejemplo el artículo 49 de la Constitución de 1936. Así hemos defendido tradicionalmente el atributo de soberanía de jurisdicción, vale decir, el derecho de Venezuela de decidir según sus propias leyes y por sus propios tribunales las controversias sobre los contratos de interés público.

Los acuerdos de integración y la soberanía

Estas disposiciones sensatas y patrióticas han encontrado desarrollo en normas más recientes, y de alcance latinoamericano. Así, el Pacto Andino en el artículo 50 de su Código de Inversiones Extranjeras prohíbe a los Estados miembros acordar a los inversionistas extranjeros un tratamiento más favorable que el acordado a los nacionales; y en el artículo 51 impone no introducir en un instrumento aplicable a los inversionistas extranjeros ninguna cláusula que establezca un mecanismo internacional para resolver diferendos en materia de inversiones.

Debemos añadir que el Protocolo de Cartagena de Indias del 5 de diciembre de 1985, que reforma la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), declara en forma explícita en su artículo 35 que las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes de los países receptores. Asimismo, este principio es acogido en el dictamen sobre las empresas transnacionales del Comité Jurídico Interamericano de 1976, y también en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de las Naciones Unidas de 1974.

Salvedad contra nuestra soberanía

Lamentablemente, nuestros propios constituyentes introdujeron en nuestra Carta Fundamental un caballo de Troya destinado a hacernos perder las ventajas de tales normativas avanzadas. Durante la IV República, la Constitución de 1961 acoge una lamentable componenda que intenta poner en juego la soberanía de jurisdicción de Venezuela. Su artículo 127 dispone que “en los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”.

Resalto voluntariamente la imprecisa excepción “si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos”. Fue la coartada para que se impusiera la práctica antipatriótica, antinacional y anticonstitucional de incluir en la mayoría de los contratos con empresas extranjeras una cláusula que somete a Venezuela a las leyes extranjeras y a tribunales o juntas arbitrarias foráneas. Por ejemplo, se contrabandeó una cláusula así en el contrato de concesión de la autopista Caracas-La Guaira a la empresa mexicana Maxipistas, y cuando ésta incumplió sus deberes Venezuela tuvo que someterse a una junta arbitral extranjera. En tal circunstancia, la República fue condenada, así como ha perdido todos los arbitrajes a los que se ha sometido en el extranjero.

Aplicar esa cláusula equivale a condenar a nuestro país a perder todos sus litigios con entes foráneos.

Salvedad en la Constitución de 1999

Esta grave situación de vulnerabilidad instaurada en la IV República no se corrigió en la Constitución siguiente. Por inadvertencia o por ignorancia, los constituyentes de 1999 replicaron exactamente en el artículo 151 la citada norma del 127 de la Constitución llamada “moribunda” de 1961. Cito:
“En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”.

Así le dieron puerta franca de nuevo al caballo de Troya que le quita a Venezuela su soberanía. Critiqué en la prensa ese y otros aspectos del proyecto constitucional, sin resultados.

Intentos de recuperar la plenitud de jurisdicción

Posteriormente formé parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional que se reunió en 2007, y en la minuta consta textualmente que propuse “eliminar la salvedad ‘si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos’, por imprecisa, vaga y que puede conducir al sometimiento de la República a tribunales o juntas arbitrales extranjeras en violación de la soberanía, la Constitución y las leyes”. Esta propuesta no obtuvo consenso, y por lo tanto no estuvo entre las que fueron recomendadas al Presidente.

En octubre de ese año Fermín Toro Jiménez, Judith Valencia, Mario Sanoja Obediente y Vladimir Acosta dirigimos un escrito a la Sala Situacional de la Asamblea Nacional que recogía propuestas de enmienda, indicándole la necesidad de eliminar la mencionada salvedad, pero la sugerencia tampoco fue acogida. Aprovecho para volver a proponer la eliminación de la referida excepción en cualquier reforma constitucional futura. Quienes no aprenden de la Historia, decía Santayana, se ven obligados a repetirla. Exxon-Mobil no puede invocar la excepción.

En todo caso, el régimen jurídico actual no nos deja indefensos. Para someternos a tribunales o árbitros internacionales, debería la Exxon-Mobil demostrar que los contratos por los cuales ahora se nos demanda no están sometidos a la Constitución porque “fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos”, cosa difícil de sostener e imposible de probar.

Es evidente que se trata de acuerdos celebrados con una empresa venezolana, propiedad íntegra de la República de Venezuela, para explotar recursos naturales venezolanos, con instalaciones radicadas en Venezuela, trabajadores mayoritariamente venezolanos y con disfrute de servicios públicos, dotación de seguridad jurídica y protección venezolanos. Nada puede disponer sobre esta materia un tribunal o junta arbitral estadounidense o de cualquier otro país. Mucho menos podría alegar que no son contratos de interés nacional los referentes a la explotación de un recurso propiedad de la República.

Nulidad por falta de aprobación de la Asamblea Nacional

Habría que revisar también, si dichos contratos fueron sometidos a la aprobación de la Asamblea Nacional, según lo requiere el artículo 150 de la Constitución vigente, o el 126 de la de 1961, según el caso. De haberse incumplido dicho requisito, serían nulos de toda nulidad y no podrían dar lugar a reclamaciones, ni ante los tribunales de Venezuela ni ante tribunales o juntas arbitrales extranjeras, porque les faltaría la formalidad indispensable para tener existencia jurídica.

La actual agresión contra Venezuela tiene aspectos políticos, económicos, diplomáticos, estratégicos. Valgan estos apuntes jurídicos para demostrar su palmaria falta de legitimidad, y la necesidad de blindar nuestro sistema normativo para prevenir futuras y previsibles agresiones.

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* Escritor, historiador y profesor universitario.

Publicado el 20 de febrero de 2008 en www.voltairenet.org, que cita como fuente al periódico digital Rebelión.

Addenda
¿Cómo se prepara una confrontación entre dos países? Atando cabos sueltos

Eduardo Dimas*

La noticia de que la Exxon Mobil, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, había demandado a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ante una corte de Nueva York y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diputas Relativas a Inversiones (CIADRI), ha sido una de las más difundidas por los medios internacionales.

La Exxon Mobil “logró” que la corte de Nueva York ordenara el congelamiento de unos 300 millones de dólares de PDVSA en Estados Unidos y, según otras informaciones, existe la posibilidad de que ordene la incautación de unos 12 mil millones de dólares en activos de la propia entidad.

PDVSA, por su parte, anunció la suspensión de la entrega de 40 mil barriles diarios de petróleo a la Exxon Mobil. El CIADRI todavía no ha emitido su veredicto, pero cabe recordar que solo en muy contadas ocasiones ha emitido un juicio favorable a un gobierno del Tercer Mundo.

Es un instrumento de las grandes transnacionales y la parte visible del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), un engendro que los centros de poder económico mundial trataron de crear en secreto para convertir en sagradas e intocables las inversiones de las grandes empresas en los países subdesarrollados.

Como se conoce, la demanda de la Exxon Mobil tiene como “justificación” la decisión del gobierno venezolano de nacionalizar una parte de las concesiones que tienen las transnacionales petroleras en la Cuenca del Orinoco, de manera que el estado venezolano tenga la mayoría de las acciones. Ese es un derecho de cualquier Estado independiente. El propio gobierno norteamericano lo ha ejercido en varias ocasiones en los últimos tiempos.

La Exxon se negó a aceptar la indemnización sobre la base del valor en los libros contables de la transnacional y exigió una mayor cantidad de dinero. En definitiva no hubo acuerdo. Otras transnacionales petroleras aceptaron y están siendo indemnizadas por el Estado venezolano.

Como era de esperarse, el Departamento de Estado norteamericano anunció su apoyo a la demanda de la Exxon Mobil. Es bueno recordar que uno de los grandes buques petroleros de esa transnacional fue bautizado con el nombre de Condoleezza Rice. ¿Gesto de reconocimiento? ¿Comunidad de intereses?

Pero ese es un dato secundario. En realidad el apoyo del Departamento de Estado forma parte de los planes de la Casa Blanca para desestabilizar y destruir la Revolución Bolivariana que lidera el presidente Hugo Chávez. Para comprobarlo, los invito a que atemos algunos cabos no tan sueltos.

En el último “Aló Presidente” del mes de enero, el presidente Hugo Chávez dijo: “Yo alerto al mundo de lo siguiente: el imperio norteamericano está creando las condiciones para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela”. El mandatario venezolano no hablaba por hablar. Son muy evidentes los preparativos para un conflicto entre los dos países.

Primero, visita Colombia el jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas. En la misma semana, el 19 de enero del 2008, el jefe de la DEA, John P. Walters, acusa desde Bogotá a Chávez de “haberse convertido en un gran facilitador del tráfico de cocaína hacia Europa y otras partes del hemisferio”.

O sea, según el señor Walters el gobierno venezolano es parte del tráfico de estupefacientes, a pesar de que la ONU y otros organismos internacionales dicen exactamente lo contrario.

El 24 de enero de 2008, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, declaró que al menos tres jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vivían en Venezuela, sin dar más detalles.

Al mismo tiempo, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, acusó al alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, de proporcionar armas a la guerrilla colombiana y más concretamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), basándose en un vídeo que parece ser falso.

Di Martino, por su parte, denunció “el montaje que revela el plan que tienen Estados Unidos y el gobierno colombiano de desencadenar un proceso de desestabilización en la frontera venezolana”.

Casi al mismo tiempo, los servicios de inteligencia colombianos acusaron al gobierno venezolano de entregar armas y municiones a las FARC y al ELN. El Departamento de Estado norteamericano había formulado acusaciones parecidas con anterioridad. El mensaje es evidente: el gobierno venezolano protege a los narcotraficantes y a los “terroristas”.

Lo más interesante de todas esas acusaciones es que se hacen sin la presentación de pruebas. Es, como ocurrió con Iraq, y ahora con Irán, una forma de preparar a la opinión pública nacional e internacional, desprestigiar la figura de Hugo Chávez y crear el ambiente propicio para la guerra entre dos naciones latinoamericanas.

De esas acusaciones se hacen eco los principales medios norteamericanos y europeos, al igual que la prensa latinoamericana en toda la región. Olvidan olímpicamente los vínculos comprobados de la Agencia Central de Inteligencia con el narcotráfico. Si no estamos ante una conspiración de lo más rancio de la oligarquía mundial y criolla, es lo más parecido que he visto.

Algo que ha llamado la atención de los observadores es que la famosa marcha del cuatro de febrero pasado contra las FARC se convirtió, en algunas plazas de Colombia, en un acto de repudio contra Hugo Chávez y Venezuela. El objetivo es obvio: crear un sentimiento antivenezolano y antiChávez en los colombianos para justificar cualquier acción.

A lo anterior hay que agregar la campaña interna para desestabilizar a la Revolución Bolivariana. Más de 150 mil toneladas de alimentos fueron sacadas de Venezuela a través de la frontera con Colombia. Mientras, los medios de prensa de la oposición promovían el acaparamiento de productos para crear una escasez artificial y crear disgusto dentro de la población. Si eso les recuerda al Chile de Salvador Allende no están lejos de la verdad.

Los rumores en torno a problemas internos dentro de las filas de la Revolución Bolivariana son numerosos. Uno de ellos es que el presidente Chávez es drogadicto y necesita curarse. Por lo regular, esos rumores provienen del exterior, de los “tanques pensantes” imperiales, y son divulgados por sus aliados en Venezuela y en el resto del mundo.

Al parecer, se trata de una nueva versión de la “Operación Tenaza”, planeada para impedir que el referéndum Constitucional del pasado dos de diciembre tuviera éxito. Por un lado, se crea una situación interna. Por el otro, se prepara una agresión al territorio venezolano.

En ese sentido es oportuno tener en cuenta la presencia en el territorio fronterizo de Venezuela con Colombia (2.200 kilómetros de extensión) de grupos paramilitares colombianos, vinculados a los altos mandos militares de ese país, que actúan en coordinación con los hacendados venezolanos. Un número no precisado de dirigentes revolucionarios, campesinos y sindicales han sido asesinados en esa región.

Esos grupos podrían provocar un incidente que “justificara” un enfrentamiento entre los dos países. Sobra decirlo, Colombia recibiría el apoyo total de la Casa Blanca, interesada en acabar con la Revolución Bolivariana, que es hoy la principal fuerza del proceso de integración latinoamericana, de la lucha contra el neoliberalismo y la verdadera independencia de América Latina.

En días pasados el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, declaraba que él esperaba que el pueblo colombiano impidiera un enfrentamiento entre las dos naciones y calificó a Colombia de un país ocupado por Estados Unidos. También del lado venezolano debe hacerse todo lo posible para evitar una confrontación.

Porque, una guerra entre los dos países sería un duro golpe para el proceso de integración de América Latina. No hay que ser un adivino para conocer que se produciría una división muy grande entre los gobiernos de la región, pues unos apoyarían a Colombia, junto a Estados Unidos, y otros a Venezuela.

A la postre, los grandes perdedores serían los pueblos latinoamericanos. Creo que hoy más que nunca debe imponerse la sensatez. No hacerle el juego a los intereses imperiales y de las oligarquías. No caer en provocaciones y, al mismo tiempo, dejar bien claro que el costo de una aventura militar contra Venezuela sería impagable desde todo punto de vista.

Los imperios en decadencia suelen ser más peligrosos que cuando están en pleno poder. En el caso de Venezuela, se da una doble situación que no conviene en absoluto a los intereses imperiales. Por una parte es un gran productor de petróleo. Por el otro, encabeza el proceso de integración, independencia y justicia social de América Latina.

Es un estorbo para los deseos imperiales de controlar las riquezas y los mercados latinoamericanos. Por tanto, hará todo lo posible para eliminarlo cueste la sangre que cueste. Sólo si los pueblos y los gobiernos progresistas de América Latina –que hasta ahora no se han pronunciado– hacen causa común, será posible impedirlo. Los invito a que mediten.

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* Periodista.

En http://progreso-semanal.com, semana del 21 al 27 de febrero de 2008.

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