Vera Sacristán / Quienes creemos en la universidad como servicio público
Una de las cosas que me han resultado más interesantes del libro de Francisco Fernández Buey Por una universidad democrática es que no se limita a exponer los hechos –lo cual, de por sí, ya tendría mucho interés– sino que analiza, de forma sistemática, sus motivos y sus consecuencias, tanto si habla del surgimiento, la evolución y la decadencia del movimiento estudiantil o del de profesores no numerarios como si habla de los cambios legislativos más recientes. Elementos para el análisis.
Destacaré dos elementos de su análisis que me han dado qué pensar a la luz de la situación actual. El primero es la diversidad de las motivaciones de los movimientos estudiantiles de los años 60 en Berkeley, Berlín, Torino, Praga o Barcelona aunque tuvieran, como es obvio, también muchos elementos comunes.
El segundo es la importancia del enorme crecimiento de la población universitaria. En España, desde principios de los 60, se ha duplicado cada diez años: si en la década de los 60 los estudiantes matriculados pasaron de 180.000 a más de 350.000, a finales de los años 90 habían llegado al 1.500.000 (hoy estamos aproximadamente en 1.350.000).
Esto ha significado una considerable (aunque aún insuficiente) democratización social del acceso a la universidad, pero ha convertido la enseñanza universitaria en objeto de atención por parte de los sectores económicos (y políticos) cuya doctrina conocemos bien porque es la misma que vemos en otros servicios públicos como la sanidad o la enseñanza no universitaria. Una doctrina y que básicamente tiene tres objetivos:
1. convertir en negocio todo aquello por lo que la gente esté dispuesta a pagar (o se la pueda convencer de que pague),
2. adelgazar tanto como sea posible los servicios que cubre el estado,
3. procurar que lo que financia el estado revierta en beneficio empresarial.
Y esto me lleva a la cuestión de la diversidad de motivaciones. Hoy, los problemas de la universidad están totalmente globalizados, en el sentido de que son idénticos en todo el planeta.
Las únicas diferencias que yo percibo entre unos países y otros radican en la velocidad del proceso, que está más o menos avanzado en unos que en otros, y la desfachatez con la que algunos dirigentes políticos o empresariales plantean sus posturas, más disfrazadas en los países de Europa occidental, donde las poblaciones todavía creen en el estado del bienestar y la universidad pública está muy arraigada, y más explícitas en los países anglosajones (desde los Estados Unidos de América, Canadá o Gran Bretaña, hasta Nueva Zelanda), en los de América Latina (México, Chile, Argentina, Colombia,…), en la Europa del Este (Polonia, Chequia,…) y también en países asiáticos como Japón o Corea.
En todo el mundo está pasando exactamente lo mismo. Y los instrumentos utilizados en este proceso son los siguientes:
1. Desprestigiar la universidad pública. La prensa española es una buena muestra de ello: publica periódicamente reportajes en los que se insiste, entre otras cosas, en que
– ninguna universidad española aparece en los primeros lugares de los ranking internacionales,
– crece la tasa de paro entre los titulados universitarios,
– los titulados universitarios tienen una formación superior a la que requieren los trabajos que obtienen,
– la formación universitaria es demasiado teórica y no es útil en el mercado de trabajo,
– las tasas de abandono de los estudios universitarios son muy altas.
Aunque algunas veces estos reportajes denuncian problemas o disfunciones reales –de la universidad, en unos casos, y del sistema económico español, en otros– lo que destaca en todos ellos es la frivolidad con que pasan de la descripción de los problemas a la defensa de supuestas soluciones absolutamente sesgadas e infundadas.
2. Procurar que la docencia y la investigación se orienten a los intereses (inmediatos, añado yo) del mercado. Sobre esto también se ha hablado mucho en España, con motivo de las protestas del curso pasado. Aún y así, me gustaría matizar lo siguiente: este fenómeno es, por un lado, mucho más antiguo de lo que se ha estado predicando; en particular, tal como se recuerda en el libro, fue la Ley de Reforma Universitaria de 1983 la que estableció por primera vez la posibilidad de que el profesorado universitario estableciera convenios con empresas para la realización de trabajos.
Por otro lado, el fenómeno es menos agudo de lo que se ha dicho, porque los planes de estudios los diseña, aprueba e imparte el profesorado y porque el grueso de la investigación, en España, se financia con fondos públicos (ya me gustaría que el tejido empresarial español se dedicara a invertir en I+D+i). Con esto no quiero minimizar la presión mercantilizadora sobre la docencia y la investigación, sino sólo hacer notar que se trata de un proceso gradual y de décadas.
Quisiera, a continuación, extenderme un poco más en describir otros dos instrumentos en los que se ha hecho, quizás, menos énfasis y que, a mi entender, son de enorme actualidad.
3. Privatizar la financiación de la universidad. No me refiero a conseguir que las empresas financien la universidad pública. Eso ni está pasando, ni va a pasar, ni nadie está intentando que pase. Privatizar la financiación de la universidad pública significa conseguir que su coste corra a cargo cada vez menos de los presupuestos públicos y cada vez más de las familias. Por la vía de
1) disminuir la aportación pública a las universidades públicas,
2) aumentar los precios de la matrícula de las universidades públicas,
3) orientar las políticas de apoyo a los estudiantes hacia los créditos más que hacia las becas, hasta llegar, si es posible, a
4) el cheque escolar en versión universitaria e incluso a
5) la financiación pública de la universidad privada.
En este sentido, en España los recortes en la financiación de las universidades públicas siguen la línea de lo que está pasando en el resto del mundo (el ejemplo más impactante, estos días, es el de las universidades públicas de California [1]). Me limitaré a decir que en los últimos 10 días han manifestado su preocupación los rectores de las universidades valencianas, por retrasos e impagos de la Generalitat; los rectores de Madrid por un recorte del 80% en inversiones comprometidas por la Comunidad, la rectora de les Illes Balears por un recorte del 4,4% por parte del Govern y el de Santiago de Compostela por la imposibilidad de presentar un presupuesto equilibrado para 2010, cosa que, por cierto, también está a punto de pasar en mi universidad, según ha informado esta mañana el rector en el claustro.
Todas estas declaraciones de rectores han aparecido en la prensa tan sólo en los últimos días [2].
En este contexto, el terreno está abonado para subir los precios de las matrículas. Este año, en Madrid sólo el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, ha resistido a la tentación de intentar contrarrestar el ahogo económico con un aumento del precio de la matrícula superior al del IPC. En Catalunya, entre el curso 2002-03 y el 2008-09 el precio mínimo de un curso ha subido un 7,1% y el máximo un 18,4% por encima de la inflación.
En cuanto a la investigación, todos habréis leído las noticias sobre el recorte de los presupuestos públicos de investigación previstos para el año 2010. Lo que posiblemente no todos sepáis es, en primer lugar, que llueve sobre mojado, puesto que ya el 2009 los presupuestos para I+D+i sufrieron un recorte. Todavía es menos sabido cómo se distribuye el recorte entre la parte correspondiente a la financiación de la investigación pública en universidades y organismos públicos de investigación (como el CSIC) y la parte correspondiente a la financiación de proyectos de D+i más o menos discutible de las empresas privadas: la parte destinada a la investigación pública sufrió en 2009 un recorte real del 4%, y para el 2010 está previsto un recorte nominal del 18,9%, mientras que la parte destinada a la subvención de las empresas aumentó en 2009 un 3,3% por encima de la inflación y el 2010 se prevé que aumente otro 4,1%.
4. Por último, aunque no menos importante, todo esto viene acompañado por la insistencia en la necesidad y la inevitabilidad de que las universidades se organicen y sean gobernadas como una gran empresa, mediante un órgano similar a un consejo de administración, designado desde fuera y de arriba a abajo.
A nadie se le puede escapar que la implantación de semejante sistema de gobierno sería clave para el éxito de las propuestas anteriores. En este sentido, es impresionante el alud de opiniones coincidentes a las que, desgraciadamente, se suman también muchos de los responsables de las universidades públicas: altos cargos ministeriales, consejeros autonómicos, rectores, presidentes de consejos sociales,…
Habrá que recordarles que bajo el sistema actual de gobierno de las universidades, éstas han sabido adaptarse al crecimiento del número de estudiantes que antes he mencionado, diversificando y renovando contenidos y métodos de enseñanza, y se han incorporado a la investigación científica (prácticamente inexistente en la universidad española de hace 25 años), en un proceso de modernización más que notable.
Sin embargo, la fuerza de estas propuestas radica en el hecho innegable de que el actual sistema de gobierno de las universidades públicas presenta problemas, los principales de los cuales son, a mi entender, la dificultad para desarrollar estrategias i planificar a largo plazo (ubicación geográfica de las facultades y escuelas, distribución de las carreras universitarias entre ellas, distribución del personal, utilización de infraestructuras e instalaciones,…) y la tendencia al corporativismo (en la elaboración de los planes de estudio, en la selección y en la evaluación del profesorado, por poner sólo dos ejemplos obvios).
Ante esta situación, la posición de quienes creemos en la universidad como servicio público no puede ser ni la apuesta por una universidad encerrada en si misma, aislada del mundanal ruido, ni la defensa acrítica del funcionamiento actual de la universidad, sino la elaboración de un discurso alternativo basado en cuatro principios:
1. Exigir que las universidades públicas y, en particular, la docencia y la investigación, se rijan por el interés de la ciudadanía: ni por el mercado, ni por los intereses del profesorado o del conjunto de la comunidad universitaria.
2. Impulsar a fondo la transparencia y la eficiencia de la actividad de las universidades:
– publicación accesible de los resultados de la investigación y del material docente, libre de patentes y copyrights privados;
– control y evaluación del profesorado –reivindicación que ya estaba presente en los años 70, como cuenta Paco en el libro–;
– exigencia académica a los estudiantes y
– rigor presupuestario.
3. Exigir una financiación adecuada, acompañada de precios políticos y becas-salario que contribuyan a hacer de la universidad una herramienta de progreso de la sociedad y de mayor equidad social.
4. Mantener el sistema colegiado de gobierno para las decisiones de carácter académico (planes de estudios y métodos docentes, temas a investigar y orientación de la investigación, asignación de tareas a las personas adecuadas,…), pero probablemente no para las que comportan planificación del territorio (creación de facultades y de títulos de grado,…), las que comprometen la igualdad de oportunidades (criterios para el acceso a la universidad, becas,…) ni, ciertamente, tampoco las que tienen que ver con las condiciones laborales del personal de la universidad, que no deben estar en manos de la comunidad universitaria.
Cuando leáis el libro de Paco Fernández veréis que no he dicho nada que no haya sido dicho antes. Justamente, leyendo el libro de Paco se aprende que esta batalla viene de lejos y será larga. Y que hay que construir y repensar permanentemente el discurso, basándolo en el análisis de las virtudes y los defectos del sistema universitario de cada momento, aprendiendo de las lecciones de los movimientos anteriores, y teniendo por objetivo el interés de la sociedad, esto es, de la ciudadanía y, muy particularmente, de las personas más desfavorecidas.
En este sentido, libros como el que hoy presentamos son esenciales porque sin ellos no podríamos entender y, por lo tanto, no podríamos actuar.
[1] Para más información, ver aquí.
[2] Las universidades aseguran estar al límite tras tres meses sin cobrar de la Generalitat: aquí/>. Menos inversión en 2010 para las Universidades: aquí. UIB estudia fijar "números clausus" ante la caída de un 4% de aportación del Govern: aquí. Barro apuesta por prorrogar el presupuesto del 2009 para mantener la USC a flote: aquí.
La señora Sacristán es profesora de matemática aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya. Pertenece, asimismo, a la asociación UpiC (www.upc.edu/upic) y colabora habitualmente en temas universitarios en la revista www.sinpermiso.info, donde se publicó este artículo..
El texto corresponde a la intervención de la autora e la presentación del libro de Francisco Fernández Buey titulado Por una universidad democrática, que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.