Dic 11 2014
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Política

Verdad y Memoria, pero sin Justicia en Brasil

Ha sido una ceremonia breve, solemne y emotiva, que llev√≥ a la presidenta Dilma Rousseff ‚Äďella misma v√≠ctima de la brutalidad de la dictadura, que la tortur√≥‚Äď a llorar. Luego de trabajar durante dos a√Īos y siete meses, de o√≠r 1116 testimonios, de ellos 633 en sesiones cerradas, de reunir 4328 p√°ginas que fueron resumidas en un informe final de 976 hojas con otras 700 de ‚Äúadjuntos y anexos‚ÄĚ, la Comisi√≥n Nacional de la Verdad oficialmente instalada por Dilma Rousseff termin√≥ sus trabajos.

Son 377 personas, en su mayor√≠a militares y polic√≠as, denunciadas como responsables directos por todo tipo de violaci√≥n de derechos humanos en el per√≠odo de la dictadura c√≠vico-militar que dur√≥ 21 a√Īos, entre 1964 y 1985. Casi todos est√°n muertos, inclusive los cinco generales dictadores. Hay, en la lista, m√©dicos legistas que falsificaron certificados de defunci√≥n y diplom√°ticos que controlaban acciones de espionaje y secuestro de brasile√Īos en el exterior, con destaque para los que ocuparon puestos en Montevideo y principalmente en Buenos Aires. Un ex ministro de Relaciones Exteriores, Azeredo da Silveira, fue especialmente activo en sus tiempos de embajador brasile√Īo en la capital argentina.

El informe suscit√≥ elogios del secretario general de la Organizaci√≥n de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon (ver aparte) y la ira esperada e incontrolada de militares retirados. En la lista de denunciados hay 88 oficiales de las tres fuerzas armadas. Pocos siguen vivos. Uno de ellos, el general del ej√©rcito Nilton Cerqueira, hizo un pronunciamiento que bien refleja el sentimiento de sus pares: ‚Äú¬ŅYo, que cumpl√≠ la ley, soy el que viol√≥ derechos humanos? ¬ŅY los terroristas? ¬ŅY la terrorista que hoy preside el pa√≠s?‚ÄĚ.

El general Cerqueira siempre mereci√≥ la admiraci√≥n de sus compa√Īeros por haber matado al ex capit√°n del ej√©rcito Carlos Lamarca, que abandon√≥ el ej√©rcito para comandar una organizaci√≥n guerrillera. Fue localizado mientras dorm√≠a bajo un √°rbol en el interior de Bah√≠a. Estaba desnutrido y enfermo. Su organizaci√≥n hab√≠a sido diezmada y √©l deambulaba sin otra compa√Ī√≠a que la de un muchacho de 18 a√Īos, √ļltimo sobreviviente de su grupo. Cerqueira podr√≠a haberlo detenido. Prefiri√≥ asesinarlo sin darle posibilidad de reaccionar, y se hizo h√©roe.

Por la tarde, el Club Militar, que re√ļne a poco m√°s de 16 mil socios, entre militares retirados, otros en actividad y algunos civiles, divulg√≥ un comunicado. Ninguna sorpresa: clasific√≥ el informe de la Comisi√≥n Nacional de la Verdad como una sarta de ‚Äúmedias verdades, calumnias y mentiras enteras‚ÄĚ. Para el presidente del Club, general retirado Gilberto Pimentel, el texto merece el calificativo de ‚Äúrisible‚ÄĚ.br comision de la verdad2

A lo largo del tiempo en que la Comisi√≥n trabaj√≥, las fuerzas armadas dejaron claro que no contribuir√≠an con ninguna informaci√≥n. Hace poco m√°s de un mes, los integrantes de la Comisi√≥n obtuvieron indicios concretos de la existencia de al menos dos rollos de microfilms en dependencias del ej√©rcito y la marina en R√≠o de Janeiro. Se reunieron con el ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, pidiendo que los rollos fuesen encaminados a la Comisi√≥n. A ra√≠z de la legislaci√≥n que la cre√≥, la Comisi√≥n ten√≠a poder para recurrir a la Justicia y los militares ser√≠an obligados a entregar el material solicitado. Sus integrantes prefirieron negociar. Amorim se reuni√≥ con el brigadista Junini Saito, comandante de la aeron√°utica, con el general Enzo Peri, del ej√©rcito, y el almirante Moura Neto, de la marina. Los tres respondieron, en mon√≥tono un√≠sono, que la informaci√≥n no ten√≠a ning√ļn sentido. Los miembros de la Comisi√≥n de la Verdad entregaron detalles exactos de la localizaci√≥n ‚Äďedificio, piso, sala‚Äď de los rollos de microfilms. En vano. Prevaleci√≥ la orientaci√≥n de no confrontar de manera directa con los militares.

Hubo, a lo largo de sus trabajos, innumerables ocasiones en que los comandantes de las tres fuerzas armadas se negaron claramente a colaborar. Quizá la más impactante haya sido cuando la Comisión pidió que se investigaran nueve unidades militares en que hubo torturas y asesinatos. El pedido incluía fechas, localización y nombres de las víctimas y también el testimonio juramentado de sobrevivientes.

La respuesta de ej√©rcito, aeron√°utica y marina fue de una iron√≠a ol√≠mpica: dijeron no haber hallado indicio alguno de ‚Äúuso inapropiado de tales instalaciones‚ÄĚ. Es decir: torturar y asesinar fueron, en determinada √©poca, los fines apropiados de instalaciones militares en Brasil.

El informe final de la Comisi√≥n Nacional de la Verdad poca informaci√≥n agrega a lo ya sabido. Trabajos anteriores, como el ‚ÄúBrasil Nunca M√°s‚ÄĚ, iniciativa del entonces cardenal arzobispo de San Pablo don Paulo Evaristo Arns, y de su par de la Iglesia Presbiteriana, Jaime Wright, o el informe ‚ÄúDerecho a la Memoria y a la Verdad‚ÄĚ, publicado por la Secretar√≠a de Derechos Humanos nacional durante la gesti√≥n de Paulo Vannuchi, un ex preso pol√≠tico, ya hab√≠an revelado todo el funcionamiento del terrorismo de Estado, con nombres de torturadores y asesinos, as√≠ como los m√©todos de la represi√≥n.

Sin embargo, por primera vez los responsables son denunciados bajo el sello de la Presidencia de la Rep√ļblica. Y tambi√©n por primera vez se denuncia formal y oficialmente lo ya sabido: la brutalidad fue resultado de un sistema establecido por √≥rdenes directas de los generales que se apoderaron de la presidencia del pa√≠s.

Se revelan detalles de los lazos con colaboradores extranjeros más allá de la Operación Cóndor, se confirma que entre 1971 y 1974 un alto funcionario del Consulado de Estados Unidos en San Pablo visitó nada menos que 47 veces la Operación Bandeirantes, la OBAN, en la época el principal centro clandestino de tortura y muerte de la ciudad (Dilma Rousseff pasó por el lugar).

Se admite que nada menos que 6591 militares de las tres armas fueron perseguidos (muchos de ellos presos y torturados) por no haber adherido al golpe de 1964. Se confirma que entre los articuladores del golpe estaba Julio Mesquita Filho, entonces due√Īo del influyente diario O Estado de S.Paulo, y que el propietario de otro gran diario, Folha de S.Paulo, Otavio Frias de Oliveira, no s√≥lo colabor√≥ prestando veh√≠culos de la empresa para el traslado clandestino de secuestrados sino que fue uno de los financiadores civiles de la OBAN.

Un detalle del Informe de la Comisión Nacional de la Verdad causó furiosa irritación entre los militares: se propone que se inculpe judicialmente a los denunciados y que se revise la Ley de Amnistía que protege a los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Además de militares, todos los grandes medios de comunicación también critican la iniciativa.

El gobierno, a su vez, prefirió no manifestarse sobre el tema. De alguna manera ha sido la contrapartida por no haber confrontado la negativa de los comandantes militares a colaborar.

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