Oct 20 2021
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Política

25 años después de la guerra civil guatemalteca, militares asaltan el Congreso exigiendo indemnización

Un día después que el Congreso de Guatemala eligiera a la nueva Junta Directiva que tomará posesión en enero del 2022, un grupo de militares retirados irrumpió en la sede parlamentaria e incendió varios vehículos, exigiendo que se apruebe una ley que los indemnice por haber prestado servicio durante el conflicto armado interno (1960-1996). Fueron expulsados del recinto por grupos antimotines.

La guerra civil en Guatemala dejó unos 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, la gran mayoría indígenas mayas. Los veteranos –algunos de los cuales integraron escuadrones de aniquilamiento de sus conciudadanos- protestaron durante unas dos horas afuera del Congreso de Guatemala, tras lo cual lograron derribar el portón del estacionamiento e ingresar con violencia al recinto.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, apoyada por la Organización de Naciones Unidas, documentó unas 625 matanzas perpetradas por la fuerza armada en Guatemala; 420 se cometieron entre 1982 y 1983, durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt.

Las esperanzas depositadas por los pueblos indígenas guatemaltecos en los Acuerdos de Paz se desvanecieron ante la falta de compromiso del Estado. Construir la paz debió significar transformar las causas estructurales que dieron origen al conflicto, pero, en cambio, el despojo de territorios y el racismo aún hoy persisten.

La influencia de militares y los grupos de poder se refleja en el debilitamiento progresivo de la institucionalidad de la paz y la obstaculización a las reformas del Estado. En 2015, las protestas sociales en contra de la corrupción lograron la dimisión y enjuiciamiento del presidente y la vicepresidenta.

Los más de 150 militares, políticos y empresarios acusados hicieron sentir su poder y expulsaron a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala. En tanto, la ex fiscal del Ministerio Público y el responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad tuvieron que asilarse en otros países para protegerse.

Los juicios contra quienes cometieron violaciones a los derechos humanos se han estancado y varias sentencias han sido revertidas, como con Ríos Mont, quien luego de ser condenado a 80 años de prisión por el delito de genocidio contra el pueblo Maya Ixil, la Corte de Constitucionalidad suspendió la sentencia y ordenó repetir el juicio.

El golpe de gracia a la construcción de la paz la dio el actual gobierno en 2020, al suprimir buena parte de la institucionalidad creada para impulsar el proceso: la Secretaría de la Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios o el Programa Nacional de Resarcimiento. Al mismo tiempo, retomó el apoyo a las industrias extractivas en territorios indígenas, lo cual pone en riesgo el proceso de paz en plena pandemia.

El asalto

Según la prensa, tras el asalto al Congreso fueron detenidos Teléforo Ramírez López, de 68 años, y Mynor de Jesús Barrientos, presuntos responsables de los mayores daños: seis camionetas pick up fueron incendiadas.

Por más de una semana los militares retirados, que exigen que el presidente Alejandro Giammattei cumpla los compromisos asumidos en su campaña electoral de un pago de 120 mil quetzales, tierras y seguro médico, bloquearon las principales carreteras del país. Más de 300 mil veteranos buscan que se les indemnice con 120 mil quetzales (unos 16 mil dólares) por haber prestado servicios durante la guerra civil.

Al momento de la irrupción, había unas 200 personas en el Congreso, entre empleados y diputados. Muchos de los trabajadores huyeron por el techo para evitar ser agredidos por los militares, quienes al parecer portaban machetes. Un comando de 50 policías antimotines recuperó más tarde el inmueble.

Antes de la recuperación del inmueble, varios diputados denunciaron el encierro. El legislador de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, señaló que trabajadores del Congreso fueron agredidos por los militares. “Hay compañeros y compañeras atrapados en el recinto. Urge la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la fuerzas de seguridad”, tuiteó.

Parlamentarios de diversas bancadas también reclamaron acciones policiales para resguardar la integridad del personal retenido, pues había embarazadas y adultos mayores. El congresista del bloque Semilla Luis Fernando Pineda señaló que los inconformes incendiaron oficinas de otros diputados. “Estamos encerrados. Ya derribaron el portón y destruyeron vehículos en el área de estacionamiento”.

La pregunta que se hacen loa analistas es si esta asonada de exmilitares no sirve para desviar la atención de la grave crisis que enfrenta el país.

La voracidad del capitalismo por despojo deja por detrás un ambiente de destrucción, pobreza, enfermedades, desplazamientos forzados y migración hacia el norte. La experiencia de este cuarto de siglo deja en claro que la paz no se logra únicamente con el diálogo, las negociaciones y los acuerdos. Tampoco se alcanza realizando reformas blandas. Los movimientos sociales señalan que hacen falta cambios estructurales y para ello es preciso acabar con el colonialismo.

**Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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