Feb 9 2018
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OpiniónPolítica

Ecuador| Brieger: los laberintos de la consulta/ Falconí: La gran prueba de la democracia

El domingo 4 de febrero se realizó una Consulta Popular en el Ecuador impulsada por el presidente Lenín Moreno que obtuvo un amplio respaldo en las urnas. Esto era previsible por el alto nivel de popularidad con el que todavía cuenta Moreno, el control de aparato estatal y el apoyo de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, tanto estatales como privados.

Los ecuatorianos le dijeron que sí a las siete preguntas formuladas en la Consulta. Estas iban desde la inhabilitación política a quienes estuviesen involucrados en casos de corrupción, hasta penas por delitos sexuales contra niños, la prohibición de la minería metálica, o leyes sobre la especulación de tierras y la explotación petrolera entre otros temas.

Pero la pregunta central que partió aguas en Ecuador fue la número dos, para anular la reelección indefinida. Si bien cada país tiene un sistema político diferente y hay casos donde la reelección indefinida es permitida y en otros vetada, no se puede afirmar que era una respuesta a un “clamor popular” contra la reelección indefinida dado que durante la campaña electoral de 2017 esta iniciativa no formó parte de la plataforma de gobierno de Moreno. Por dicho motivo es muy difícil pensar que no fue una pregunta diseñada para cerrarle el paso a una nueva postulación presidencial del expresidente Rafael Correa, con quien hoy Moreno está enfrentado.

Apenas un año atrás Moreno y Correa viajaban por el país para ganar las elecciones generales y asegurar la continuidad de la llamada “revolución ciudadana” que nació en 2007 cuando Correa asumió la presidencia. Si bien había muchas dudas al interior del movimiento creado por Correa respecto de la candidatura de Moreno, fue el mismo presidente quien la impulsó para frenar a la derecha ecuatoriana representada por el empresario Guillermo Lasso. Por eso Correa en persona participó activamente durante la campaña electoral de 2017 para ayudar a Moreno a triunfar en primera y segunda vuelta.

Pero la relación entre ambos se deterioró rápidamente después del triunfo y ello derivó en una ruptura personal y política con una profunda división en todas las líneas del movimiento creado por Correa, también entre sus principales referentes y los congresistas en la Asamblea Nacional.

Esto se vio claramente durante la campaña a favor y en contra de la Consulta. Mientras la canciller María Fernanda Espinosa publicó una nota en NODAL y afirmó que el gobierno de Lenín Moreno “continúa y profundiza la línea progresista y democrática en base a políticas públicas y una acción de gobierno por la garantía de derechos, la inclusión y el combate frontal a la pobreza y la desigualdad”, el excanciller Guillaume Long, en una entrevista, también para NODAL, afirmó que Moreno era un “impostor” que había establecido “una alianza fuerte con sectores de derecha, y que tiene un papel que cumplir: matar a la Revolución Ciudadana y tratar de destruir políticamente al ex presidente Correa.”

Paradojas de la política, un año después del triunfo sobre Lasso en esta Consulta Popular Moreno recibió su apoyo, y de todo el arco opositor que lo enfrentó en 2017, mientras que Correa y sus seguidores hicieron campaña por el voto negativo.

Sin embargo, si para Lenín Moreno esta Consulta tuvo como objetivo impedir el regreso de Correa, para Lasso y los sectores que gobernaron el país durante décadas a favor de las clases dominantes se trata de desmontar todo lo conseguido durante los diez años de “revolución ciudadana”, de la que Moreno fue parte.

Tras conocerse el resultado Lasso afirmó sin rodeos “Hoy con frontalidad y firmeza podemos decir que (el expresidente Rafael) Correa es parte del pasado. Y el presidente Moreno tiene por delante el desafío de terminar con el correísmo, terminar con sus leyes que asfixian las libertades, como la libertad de expresión y su política económica que mantiene a seis de cada 10 ecuatorianos sumidos en un lacerante subempleo y desempleo”.

El resultado a favor de la consulta es contundente si se miran los números fríos, pero la política es más dinámica que los fríos números. En primer lugar, cabe preguntar si la gobernabilidad de Moreno dependerá del apoyo que consiga de la antigua oposición que está en las antípodas de su enunciado proyecto político. Por otra parte, ¿habrá evaluado Moreno lo que significa tener como opositor a Correa? En la pregunta dos -y con casi todos los medios de comunicación en contra- Correa logró el apoyo de 35 por ciento de los votantes, lo que demuestra que cuenta con un significativo respaldo popular. Un día después de la Consulta a través de su cuenta en twitter Correa recordó la fallida rebelión de Chávez en 1992: “el joven oficial Hugo Chávez decía: ´no se han alcanzado los objetivos POR AHORA´. El resto es historia. 26 años después decimos lo mismo, y el resto también será historia”.

Se abre un nuevo escenario político en el Ecuador con más preguntas que respuestas sobre el resultado de la Consulta Popular. El tiempo dirá si Lenín Moreno podrá consolidar su poder sin una parte importante del movimiento que fundó Rafael Correa y si continuará formando parte del eje progresista en la región. En un tiempo que las derechas latinoamericanas pugnan por una restauración conservadora como en Brasil y Argentina sufrirá presiones de todo tipo. ¿Podrá resistirlas?


La gran prueba de la democracia

 Fander Falconí|El Ecuador tiene ante sí un gran desafío político que pone a prueba su democracia, luego de los resultados positivos de la consulta popular realizada el 4 de febrero, cuyos resultados ya han sido proclamados en forma oficial por el Consejo Nacional Electoral. La convergencia de fuerzas políticas y sociales lograda alrededor del SÍ en las votaciones, abrió una opción para reconfigurar el espacio político, donde el progresismo deberá componer el escenario para profundizar cambios y además ampliar su base popular de apoyo.

Las experiencias políticas progresistas más importantes vividas en nuestra región, en las que se produjeron cambios inesperados, como en los casos de Brasil y Argentina −que dieron un giro hacia tendencias neoliberales duras−, y el de Venezuela, que enfrenta hoy una crisis económica grave, combinada con una injerencia externa y una violencia política interna impredecibles, son escenarios que motivan mucho a la reflexión y el debate acerca de nuestro futuro como países y como región.

En la primera década del nuevo milenio, confiábamos en la consolidación de esa tendencia progresista regional que se expandía; en la permanencia de un bloque de países cuyas relaciones generarían, incluso, organismos regionales importantes para enfrentar las grandes presiones del capital mundial. Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Ecuador eran los países sudamericanos que estaban generando, desde la política, un pensamiento y un modelo de acción para definir relaciones construidas, sobre la base de la equidad, los cambios profundos en lo político, económico y social.

En los últimos 15 años, las variaciones y cambios que han ocurrido en el escenario político de nuestro continente, nos llevan a pensar en la vertiginosa rapidez de sus procesos internos y de su desgaste. Por sus propias contradicciones, por el boicot político internacionaldel capital, opor el aparecimiento constante de factores que antes no eran considerados muy influyentes en la sociedad (por ejemplo la presencia de la corrupción en la estructura del Estado), han causado este desgaste.

Luego de los 10 años de gobierno que configuraron la primera etapa del Movimiento Alianza País,  Ecuador inició, en mayo de 2017, un nuevo período político que ahora está generando diferentes expectativas en el ámbito interno e internacional, con mayor fuerza después de la realización de la consulta popular.

En el caso ecuatoriano, el actual gobierno reconoce haber recibido una crisis institucional relativa, como herencia del proceso de modernización del Estado enla década pasada. No obstante haber impulsado cambios y reformas significativas, y una importante inversión social. La crisis referida estaría relacionada con los efectos provocados por los casos de corrupción en el manejo y negociación de importantes proyectos de infraestructura en el país. Por cierto, la corrupción es un flagelo social, pero no es exclusiva del Ecuador, ni siquiera de América Latina; es un mal general de la sociedad del capital (al respecto recomiendo ver “DirtyMoney” en Netflix).

Desde su inicio, una de las posturas que mantuvo el nuevo gobierno del Ecuador ─encabezado por el presidente Lenin Moreno─, fue continuar con la inversión social y promocionar la garantía de los derechos para fortalecer la democracia; pero de manera adicional, se propuso desarrollar una investigación sistemática del manejo de la economía y de la inversión del Estado en los grandes proyectos de infraestructura ejecutados por el anterior gobierno. En este proceso de investigación se han revelado varios casos que comprometen directamente a altos funcionarios del anterior gobierno: ex ministros acusados de corrupción, un ex vicepresidente enjuiciado y condenado a prisión, un ex contralor prófugo, y otros casos más.

Esta situación ─que además provocó la división y ruptura del movimiento político Alianza País─, puso en evidencia un resquebrajamiento de las bases institucionales del país, que obligó al gobierno a impulsar una iniciativa de participación democrática con una consulta popular ─reconocida en la propia Constitución ecuatoriana─ a fin de recuperar la confianza en las instituciones del Estado y en la propuesta de transición que plantea el actual programa gubernamental.

La respuesta positiva mayoritaria, obtenida en la consulta del 4 de febrero, reveló el gran apoyo que mantiene el gobierno de Lenin Moreno, que además logró la convergencia y apoyo de otros sectores para respaldar los cambios necesarios que ayuden a mejorar la institucionalidad del país y la recuperación de la economía.

En la consulta popular, Ecuador votó positivamente para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes. Votó para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo. Para que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. Para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Votó para que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía. Votó para que se incremente la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní (de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas). Con los resultados positivos que se obtuvieron en la consulta popular, la ganadora final fue la sociedad.

Esta es la lectura de la mayor parte de los ecuatorianos, quienes votaron por el Sí a las reformas legales en el referéndum y la consulta popular. Nadie sino Moreno puede atribuirse en forma individual este triunfo, aunque la derecha, luego de haber apoyado el Sí, lo pretenda.

La derecha ecuatoriana, como es evidente, ha vuelto a desempolvar su vademécum de recetas neoliberales para ofrecerlas al gobierno. Ellos sugieren recortes en inversión social, privatizaciones de empresas públicas, “flexibilización” laboral, supresión de subsidios, más poder a la banca, hasta privatizaciones del crédito educativo. Esas recetas ya están apolilladas, como ha confesado el Fondo Monetario Internacional, en junio de 2016, publicó una visión crítica de las políticas neoliberales, en especial de la austeridad fiscal. La investigación que llegó a esta conclusión fue realizada por un equipo de economistas del FMI.

“Neoliberalismo: ¿promocionado en exceso?”, es el título del documento divulgado en el número de junio de la revista trimestral de la institución y escrito conjuntamente por Jonathan Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri, economistas del Departamento de Investigación del Fondo.

Con la consulta, el gobierno ecuatoriano logró redefinir su campo de acción, lo cual supone un reacomodamiento de las fuerzas sociales y las expectativas que se crean para esta etapa post consulta. Esto implica hacer frente a las presiones de los intereses de la derecha, que ya exige la toma de decisiones y medidas económicas que la favorezca, aparte de que pretende lograr cuotas políticas de participación en el gobierno.

El sector político de la oposición actual ─constituido por la fracción disidente de Alianza PAIS que gobernó alrededor del ex presidente Rafael Correa, y de la cual él es su máximo líder─negó, desde el principio, la validez de las preguntas de la consulta popular, aduciendo que, formalmente, se había cometido un acto inconstitucional en los procedimientos para incluirla en la consulta. Este hecho los llevó a plantear un reclamo formal en la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es un organismo al que el anterior gobierno descalificó en varias ocasiones como injerencista en los problemas internos del Ecuador.

La respuesta de atención dada por este organismo interamericano al pedido ─con la cual reconoce rasgos de inconstitucionalidad en la pregunta 3 de la consulta popular, referida a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que debe pasar al ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una resolución final─, despierta el debate sobre el significado de las decisiones soberanas del país, las cuales se basan en el cumplimiento del primer artículo de la Constitución ecuatoriana que destaca que: La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución. Felizmente La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha actuado con sentido común, respetando la voluntad de un país entero por encima de los intereses de menos de 10 personas. La CIDH, por cuatro votos a favor y dos en contra, ha desestimado de plano la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La pregunta que surgía antes de la resolución final de la CIDH era: ¿Hasta qué punto un principio de soberanía de un país está por encima de las decisiones de los organismos internacionales a los que pertenece? Una consulta popular y la voluntad expresada en la máxima demostración de democracia que tiene un país, debe respetarse como el principio fundamental que está por sobre todas las decisiones de un organismo formal de las naciones. No se trata del pronunciamiento de un gobierno. Es el pronunciamiento de la mayoría de la población del Ecuador. Tras esta resolución, la pregunta resulta académica.

La velocidad con la que ocurren los movimientos y cambios en el escenario político ecuatoriano obliga a delinear escenarios posibles en los que deberán definirse posturas claras, en términos de aunar fuerzas y posiciones identificadas con la profundización de los cambios y el mantenimiento de la inversión social.

El camino a seguir es algo muy definido y debe estar sustentado en estos principios: la defensa de la democracia participativa; una macroeconomía enfocada al trabajo digno y a lo social; la defensa del ambiente desde el Sur planetario; la construcción de capacidades humanas mediante educación y salud, con profundización en derechos; el ejercicio permanente de una ética y la transparencia en todos nuestros actos; la soberanía propia en lo internacional, para tener una paz auténtica; una participación popular en todos los procesos públicos; la resistencia a la imposición de una cultura dominante y exclusivista; la sintonización con los cambios de actualidad, sin olvidar nuestras raíces; el ejercicio de las libertades políticas y sociales, en especial para que las personas estén libres de necesidades y libres del miedo. Y respeto profundo a la naturaleza, algo que Ecuador conoce bien, pues fue el primer país del mundo en conceder derechos a la naturaleza en 2008.

El Ecuador está frente a un nuevo escenario y es imperativo reagrupar a todas las fuerzas democráticas y progresistas. El pueblo se ha manifestado en las urnas y hay que obedecerlo. La consulta popular es la expresión democrática por excelencia, porque en ella el pueblo no solo elige a sus representantes, sino que se convierte en legislador, como en la antigua “eklesía” griega, la asamblea de la ciudad-estado.

Con el concurso de las fuerzas políticas progresistas y populares, como los movimientos indígenas y el gremio de maestros, podrán conformarse las bases de fortaleza necesarias para dialogar con todos los sectores que se encuentren dispuestos a conversar.

Esta se convierte en una oportunidad democrática para enfrentar el futuro en Ecuador. En el momento actual, el país no puede estar distraído en disputas y rencillas intrascendentes, porque está en una hora especial para tomar decisiones cruciales que contribuyan a delinear un futuro de claridad y no de enredos turbios provocados por la ambigüedad política. Es el momento de la unidad de todas las fuerzas progresistas y de izquierda para tomar decisiones trascendentales.

Ecuador debe definir la esencia de su democracia para generar las transformaciones sociales que el pueblo espera luego del triunfo de la consulta popular. Porque como dijo el precursor de la independencia sudamericana Antonio Nariño: “De nada sirven los triunfos si la paz no los corona”. El triunfo de la democracia en el Ecuador puede unirnos a todos en el país y servir de ejemplo en Latinoamérica.

(*) Actual ministro de educación y excanciller de Ecuador (2008-2010). Especial para Nodal

 

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