Adopción en Argentina: El país de los desencuentros

Muchos chicos en situación de calle buscan una familia que los aleje de los peligros de una infancia callejera, y por más que hay parejas que quieren adoptar, la justicia no los deja unirse. 

 

En la Argentina de hoy, se da extraña paradoja. Por un lado, todos los días un niño recién nacido es abandonado en algún lugar público por su madre que no puede alimentarlo, o un nuevo chico menor de 16 años comienza a vivir en la calle sin la protección de una familia. Por otro lado, todos los días llegan a los juzgados de menores padres con ganas de adoptar a una personita que pueda llenar el lugar vacio en su casa y en sus corazones. Sin embargo, las trabas burocráticas hacen que los tiempos para la adopción legal se alarguen demasiado.

 

Los niños en situación de calle son un reflejo de la realidad económica, política y social del país. La principal causa por la que llegan a las calles en lugar de estar en la escuela y la familia está vinculada en la mayor parte de los casos, a las condiciones socioeconómicas: seis de cada diez chicos son pobres, y en regla general, sus padres están excluidos del mercado laboral. Toda esta situación repercute en los chicos, el eslabón más débil de la cadena.

 

Según un censo realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en diciembre del 2007 había más de 3 mil chicos menores de 16 años que habitaban en las calles.

 

Este censo forma parte del Programa de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de calle, lanzado en marzo de 2005, y que funcionó en forma discontinua durante el mandato de Jorge Telerman.

 

El Ministro de Desarrollo Social Porteño, Esteban Bullrich, quien fue el encargado de llevar adelante dicho registro, explicó a la agencia DyN que “detectar factores de riesgo asociados con el niño, con la familia, con la comunidad y la red social de subsistencia en calle nos va a permitir pensar y focalizar nuestras acciones en conjunto, para dar respuestas acertadas en el corto plazo”.

 

En tanto, la Federación Argentina para la Protección de la Infancia y la Adolescencia en Riesgo (FAPPIAR), expresó que algunas dificultades para la solución de esta problemática son la falta de un registro único sobre la historia de cada niño, la desarticulación entre instituciones públicas y privadas, la “apropiación” de menores de edad y las políticas “basadas en conceptos ideológicos”.

 

El Estado responde al problema con algunas acciones desde los municipios pero no tiene políticas integrales que fortalezcan los dos espacios de contención por excelencia -la familia y la escuela-, y falla en la detección de alertas para evitar que más niños se sumen a la misma situación, explicaron especialistas a Periodismo Social.

 

Una vez en la calle, los jóvenes ven pisoteados todos sus derechos, pero la sociedad los ve como “potenciales delincuentes”, por lo que muchos de ellos terminan presos, en manos de un Estado que en lugar de restituirles sus derechos, los castiga por ser pobres.

 

En los dos primeros meses de 2005 hubo al menos 40 chicos en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos un nene de 2 años, víctimas de la persecución policial o de medidas represivas por el único "delito" de estar durmiendo en la calle y pretender escapar cuando llegaba la policía. Una práctica que viola la Convención sobre los Derechos del Niño y que se repite en varias ciudades del interior del país.

 

Para que haya chicos viviendo en la calle es porque algo falló. Para Julia Reartes, abogada especialista en infancia, "han fallado los mecanismos que el Estado debería proveer a cada familia, en dos niveles: la exclusión social y la ausencia de políticas públicas aplicadas para promover derechos. Si los chicos tuvieran garantizados los derechos de los que son titulares no se llegaría a esta situación. Hay una clara ausencia de políticas de Estado destinadas a la porción de infancia que es pobre pero también fallan las políticas generales como la educativa".

 

La escuela y la familia son los primeros lugares con los que el chico deja de tener contacto, y por lo tanto deben de ser vistos como parte del problema para pasar a ser parte de la solución.

 

Sin embargo, es cierto que los altos niveles de pobreza que se sufren en América Latina, provoca que muchas madres -principalmente adolescentes de bajos recursos- no vean otra opción que dejar abandonado a su hijo recién nacido en algún lugar público, esperando que alguien pueda darle una vida digna.

 

A veces, las personas que encuentran bebés abandonados los llevan a algún hospital pero no se hacen cargo de su cuidado. Es aquí en donde tomar participación las instituciones encargadas de cuidar a los niños sin familia, hasta tanto sean adoptados por familias sustitutas.

 

Sin embargo, en las conocidas Casas Cunas, los chicos solamente son cuidados hasta los 6 años de edad. Pasado ese tiempo, si no son adoptados, son derivados a institutos de menores, donde conviven con jóvenes imputados por algún delito.

 

Una vez dentro de los Institutos de menores, los chicos pierden toda esperanza de ser adoptados por dos motivos. Primero porque estas instituciones están mal vistas por la sociedad ya que siempre se las relaciona a adolescentes delincuentes; y segundo porque las parejas decididas a adoptar tienen preferencias por bebés o chicos de corta edad.

 

Si bien se tienen datos precisos sobre la cantidad de chicos que están en situación de calle en Capital Federal, no se puede decir lo mismo en cuanto al número de parejas que se acercan a pedir la adopción de un menor, ya que no todas las provincias argentinas adhirieron al Registro Único de Adoptantes.

 

La ley nacional estipula que las adopciones deben ser resueltas por un Juez competente. Pero antes de poder abrazar a un niño, los padres adoptivos tienen que pasar exitosamente, una lista extensísima de requisitos, que van desde exámenes psicológicos, hasta la presentación de miles de papeles que certifiquen que cuidaran satisfactoriamente del menor.

 

Obviamente que todo este proceso es casi eterno y cansador, por lo que muchas parejas bajan los brazos a mitad de camino.

 

Entre las exigencias, los padres adoptivos no pueden ser menores de 30 años, al menos que hayan estado casados por más de 3 añoso que puedan demostrar infertilidad de alguno de los dos cónyuges, y ser argentinos (o acreditar una estadía en el país mayor a 5 años).

 

Si se ingresa a cualquier foro de internet para saber qué se necesita a la hora de adoptar, se encuentra una lista de cosas que se recomienda hacer a la hora de presentarse por primera vez a un Juzgado de Menores para iniciar los trámites de adopción. Desde un álbum de fotos de toda la familia y amigos, hasta los últimos recibos de sueldos de cada padre.

 

Sin embargo, aunque se cumplan todos los requisitos, nada les asegura que obtendrán la guarda de un chico prontamente. Como cada cuestión que tiene la intervención de un juez, hace larguísima la espera, por los tiempos eternos que maneja la justicia argentina. A lo que se debe agregar que cada provincia tiene su propia legislación y por lo tanto, los tiempos y requisitos difieren significativamente.

 

Mientras tanto, cientos de chicos siguen siendo abandonados o golpeados por sus padres biológicos, y ven en la calle la única manera de escapar.

 

Otro problema que se suma al momento de la adopción es la existencia o no de familiares directos de los menores, que pueden negarse a la adopción, o bien reaparecer luego de años reclamando la “familiaridad” con el menor y querer quitar la guarda.

 

La falta de buenos registros de las experiencias de vida de cada uno de los chicos institucionalizados (tanto en Casas Cuna como en los Institutos de Menores), fundamentalmente de aquellos que fueron dejados a los pocos días de nacer, hace que no se sepa bien su origen.

 

Frente a esta modalidad poco ágil y demasiado duradera, muchas parejas recurren a adopciones ilegales, que en la mayoría de los casos, se dan en la región del Noroeste. La fuerte necesidad de ingresos hace que muchas madres vendan a sus hijos al igual que productos, o bien que alquilen sus vientres fértiles a parejas que no lo son.

 

Según Julio Quintana, titular de la Fundación Adoptar, tres de cada cuatro adopciones son ilegales.

 

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández desmiente las cifras reconociendo que el Estado no lleva una cifra oficial de cuántos niños se encuentran en estado de adoptabilidad, por lo que tampoco tiene un registro único de cuántas adopciones fueron concretadas cada año.

 

Todos los días aumenta el número de pibes en situación de calle en las grandes ciudades de Argentina. Lamentablemente, esto ya no sorprende a nadie frente a la pobreza y a los altos niveles de violencia familiar que se registran a diario en las familias con menores recursos.

 

Lo más triste de esta situación es que esos chicos que ayer sufrieron golpes y hoy están durmiendo en un banco de plaza y comiendo de los cestos de basura, podrían estar en una casa cómoda rodeados de personas que pueden darle el cariño y la contención que tuvo en su hogar biológico.