Nov 24 2017
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Sociedad

ANÁLISIS| El récord de la violencia en México es una crisis que comenzó hace 20 años

Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias. Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México. “Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

Medidas extremas

En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla. Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

Soluciones a corto plazo y problemas a largo plazo

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local. Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada. Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y exdirector del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron. Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

“La clave del fracaso”

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos. En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un período antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente. Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en la que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”. “No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

Un Estado frágil se hunde

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves. A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México. “Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”. La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

Una atomización social y del Estado

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo. La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

La parálisis en medio del desastre

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción. “Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más ricos, agregó. Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno. “Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”. Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un período– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

La desigualdad en México y sus efectos sobre la violencia

Con la vista panorámica de la zona metropolitana de Monterrey, con sus sedes corporativas y clubes de golf, parece que se trata de una sola ciudad que se extiende por las montañas que la rodean. Sin embargo, vista desde cerca, queda claro que existen muros invisibles que envuelven al centro acaudalado de Monterrey y crean una clara línea divisoria entre sus cuatro millones de residentes. Para la gente que se encuentra en el interior de esos muros invisibles, el gobierno es receptivo y la delincuencia es baja. Los que están afuera enfrentan el aumento de las tasas de homicidio, la corrupción y, según activistas locales, la brutalidad policial.

Sergio Salas vive en ambos lados. Se traslada todos los días desde su casa en Juárez, un suburbio de clase trabajadora, a la Secretaría de Educación ubicada en la zona próspera del centro, donde trabaja en los programas de educación especial. Salas siempre dio por hecho que estaba a salvo en su casa, donde construyó una reserva de mariposas en el patio trasero. Pero el año pasado, unos delincuentes entraron a su hogar, lo ataron y le robaron. Conmocionado, no regresó sino hasta que instaló una barda y contrató a un guardia de medio tiempo.

Dice que su adorada ciudad ha cambiado con el auge de estos crímenes. Las familias construyen muros, salen huyendo a áreas más prósperas o solo aprenden a sobrellevar su vida diaria. La idea misma de comunidad se ha desvanecido. A medida que México pasa por el año más violento que se haya registrado en su historia y el Estado se muestra incapaz de responder, la gente con recursos intenta resolver el problema por cuenta propia. Los terratenientes, los negocios y los ricos están adquiriendo seguridad, ya sea de forma legal o ilegal.

Todo pacto social se basa en el entendimiento de que la seguridad es un bien público que todos comparten y mantienen. A medida que los ricos de México se amurallan, los acuerdos implícitos que mantienen unida a la sociedad se rompen. Aunque los efectos son sutiles, están presentes por doquier. El aumento de los grupos de justicieros, la impunidad de la delincuencia, la corrupción policial y la debilidad del Estado pueden ser consecuencia parcial de esta creciente desigualdad en la seguridad.

En Juárez, dice Salas, los vecinos cerraban filas ante desafíos comunes como la delincuencia o un policía corrupto, pero ahora “hay una cultura de no participación, de indiferencia y silencio”. “El contrato social se rompió”, dijo.

La seguridad como un bien privado

Como en años recientes la guerra contra las drogas fracturó a los carteles más importantes, grupos más pequeños y violentos ocuparon su lugar. Las extorsiones y los secuestros se dispararon: no solo tienen en la mira a los ricos y a los comercios, sino también a los trabajadores de clase media. En respuesta, los que tienen los medios pagan seguridad privada para que haga lo que el Estado no puede hacer.

Entre 2013 y 2015, el número de empresas de seguridad privada casi se triplicó de unas 200 a 1100, según estadísticas gubernamentales. Los analistas de la industria creen que la cantidad real, incluyendo a las empresas no registradas, probablemente es varias veces mayor. Este cambio puede estar empeorando el sistema judicial particularmente ineficaz, que solo logra sentencias en una fracción diminuta de delitos. Los escoltas armados pueden evitar un asesinato pero no pueden investigar uno, y mucho menos desmantelar a un cartel local.

“Si tienes dinero para los policías, tal vez estén más dispuestos a ayudarte, de lo contrario no lo harán”.

Los recursos policiacos restantes tienden a ir hacia aquellos con conexiones. Un estudio calcula que un 70 por ciento de la policía de Ciudad de México trabaja para proteger intereses privados, como el resguardo de los bancos. A medida que las clases poderosas confían menos en la seguridad que provee el Estado, la presión política para que este atienda la delincuencia o reforme a la policía disminuye, incluso a medida que aumentan los índices de homicidios.

En los barrios adinerados de todo México, donde los guardias patrullan las tiendas exclusivas y los restaurantes de moda, la violencia rara vez es el tema principal de conversación. Mientras tanto, los ciudadanos fuera de esas zonas quedan desprotegidos en buena medida. Las pandillas y la delincuencia organizada se esparcen en los barrios de bajos recursos.

La división es claramente visible en lugares como Santa Fe, una zona acaudalada de Ciudad de México, donde los rascacielos de cristal y los centros comerciales miran por encima de los barrios pobres que se extienden más allá de sus sombras.

Una tarde hace poco en uno de esos barrios pobres, Andrés Ruiz, un músico que no siempre tiene trabajo, estaba recargado contra una pared mientras esperaba el autobús que, aunque suele ser blanco de robos, es su único medio de transporte hacia la ciudad. Entrecerró los ojos para enfocar la mirada hacia un peñasco que se eleva, como la torre de un castillo, unos seis metros por encima de las casas improvisadas. Los muros recién pintados de blanco de un fraccionamiento cerrado, construido para colindar casi con la cornisa, parecían devolverle la mirada.

“La seguridad es solo para ellos, para los de arriba”, dijo. Unos pandilleros, que abiertamente patrullan las calles, pasaron despacio en una motocicleta. “Estamos relegados, olvidados”, añadió Ruiz. Vivir afuera de esos muros, comentó Ruiz, “es como vivir en un matadero”.

Marilena Hernández, quien vende quesadillas y tacos en la misma calle, dijo que tal vez era mejor que la policía ignorara los robos que se producen “a cualquier hora”. “Podría ser contraproducente llamarlos”, dijo. La policía, para ella, solo es otra forma de seguridad privada que no puede costear. “Si tienes dinero para los policías, tal vez estén más dispuestos a ayudarte, de lo contrario no lo harán”.

La ley del más fuerte

La colonia Guadalupe, en Monterrey. En zonas populares, según un residente, “es contraproducente” llamar a la policía.
A medida que el Estado se repliega en materia de seguridad, la desigualdad y la violencia —que alguna vez fueron problemas totalmente distintos— se retroalimentan. Este ciclo es especialmente visible en el aumento de los grupos paramilitares o justicieros. Estos grupos son “el extremo del fenómeno de la seguridad privada”, explicó en su oficina de Ciudad de México Edna Jaime Treviño, directora de México Evalúa, un centro de estudio de políticas públicas.

Comenzaron como una solución ciudadana a la violencia. Las comunidades locales, hartas de la policía, organizaron grupos de autodefensa para remplazarlos, pero esto solo aceleró las rupturas dentro de México, debido a la proliferación de hombres armados sin capacitación que muchas veces actuaban con impunidad.

Los carteles compraron a muchos miembros de estos grupos. Otros cayeron en la tentación del narcotráfico, el secuestro o la extorsión. Actualmente, se les considera uno de los factores más importantes de la desintegración que alguna vez se propusieron solucionar. Estos grupos tal vez sean una manifestación de desigualdad, según una investigación reciente de Brian J. Phillips, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas en Ciudad de México.

En un estudio realizado en 2500 poblaciones, Phillips descubrió que los grupos de justicieros no necesariamente aparecen en las áreas con las mayores tasas delincuenciales ni donde la presencia del Estado es más débil, como podría imaginarse. En cambio, mientras mayor sea la brecha entre los ricos y los pobres en una población, mayores son las posibilidades de que se formen autodefensas. A la inversa, en una población con mayor equidad, incluso si es pobre, casi nunca se presentan esos grupos.

Al analizar los casos individuales, queda claro cómo la desigualdad, incluso más que la violencia, motiva la aparición de grupos justicieros que están haciendo trizas las provincias rurales del país. En el caso de los ricos que viven en zonas rurales y que con frecuencia son terratenientes, los hombres armados que contratan pueden resguardar un negocio o una granja que las instituciones locales no pueden proteger. Después, en una representación local de las tendencias nacionales, los grupos paramilitares acaban por remplazar a la policía pero rara vez protegen a aquellos que no pueden costear sus servicios.

Al ver que solo esos grupos proveen seguridad, los pobres se ven motivados a formar sus propias fuerzas voluntarias o recurrir a linchamientos y otras formas de presunta justicia que requieren pocos recursos. O bien, los pobres pueden armarse primero al percibir que es necesario.

Por cada aumento de un punto porcentual en la desigualdad, el índice de homicidios aumenta 1,5 puntos. Mark Ungar, profesor del Brooklyn College que estudia temas de seguridad, comentó que los grupos justicieros en los que impera la ley del más fuerte han inclinado el “centro de gravedad del poder” en las áreas rurales hacia los que tienen más dinero.

Se puede tratar de carteles pero algunas veces los más poderosos son las empresas agrícolas y de extracción de recursos, a los que se ha acusado de desplegar grupos armados contra activistas ambientales y comunidades indígenas. “La seguridad privada se ha convertido en una parte central de la criminalidad misma”, comentó Ungar.

El deterioro del orden social y político

“La seguridad tiene una peculiaridad”, comentó Rita Abrahamsen, politóloga que estudia los efectos de la seguridad en la sociedad. “Es distinta de, digamos, los servicios de salud. Si no hay seguridad, no se puede mantener la cohesión”. Este deterioro se puede sentir en todo México. Las encuestas muestran un aumento en la desconfianza en las instituciones y la insatisfacción con el estado de la democracia.

Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda conocido por cuestionar la legitimidad de las elecciones, encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales del año próximo. Aunque López Obrador ha hecho énfasis en la desigualdad económica más que en los temas de seguridad, entre sus seguidores hay muchas personas pobres y de clase trabajadora que se sienten abandonadas.

La desigualdad “es uno de los principales problemas de este país”, comentó Jorge Tello, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), mientras tomaba un café en un club privado de Monterrey. Cerca, una familia bien vestida cantaba “Las mañanitas”. Cuando en un principio la violencia aumentó en toda la ciudad, los líderes corporativos más poderosos de Monterrey presionaron para conseguir —y muchas veces financiaron directamente— reformas cuya intención era proteger a toda la población.

No obstante, cuando la delincuencia disminuyó en las zonas acaudaladas, la presión para dar seguimiento a las reformas también lo hizo; se profundizó una cultura política en la cual las instituciones y los funcionarios sirven al dinero. Las áreas como Juárez cayeron en el abandono.

“Por eso creo que López Obrador tiene grandes posibilidades de convertirse en el próximo presidente, debido a que una gran parte de la población no tiene acceso a un restaurante como este”, comentó Tello. A medida que los mexicanos se retiran del pacto social, advirtió, se arraigan problemas como la delincuencia y la corrupción. “Cuando hablas sobre estos problemas en México, se dice que hay una enorme falta de gobierno, pero también hay una falta de ciudadanía”, manifestó.

Una sociedad ‘que no se moviliza’

“La sociedad mexicana siempre ha sido desigual”, comentó Edna Jaime, la directora de México Evalúa. Ahora incluso la seguridad, la piedra angular del orden social, se está convirtiendo en un asunto que los mexicanos tienen que resolver por sí mismos, lo cual altera la forma en la que los ciudadanos ven sus obligaciones para con la sociedad misma.

“Somos una sociedad que no se moviliza mucho, no actúa en contra de la violencia mortal”, agregó. A medida que el sentimiento de bienestar colectivo disminuye, el abandono se convierte en la nueva norma. “En algunos barrios pobres de la ciudad no hay presencia del Estado”, explicó. “No hay nada, literalmente nada. Los jóvenes tienen que cuidarse unos a otros en las calles”.

Sergio Salas, la víctima de robo en Monterrey, es optimista y piensa que el pacto social podría repararse si las comunidades desaprenden sus nuevos hábitos. “Es una cuestión cultural que se fue armando poco a poco, así que hay que desmantelarla y después volverla a unir pieza por pieza”, dijo. “Yo abogo por eso. Esa es la razón por la que no me voy a ir de aquí”.

Sin embargo, tras años de trabajo en materia de pobreza y gobierno, a Edna Jaime le preocupa que la sociedad no vuelva a cohesionarse. “Esto es muy serio”, dijo. “Al decir esto no puedo contener lo que siento”, agregó mientras se formaban lágrimas en sus ojos por la frustración. “Es apabullante”.

 


El muertódromo de Peña Nieto: más de 91 mil víctimas

CLAE| Con el retorno del PRI al gobierno se han disparado las cifras en materia de violencia e inseguridad, como resultado de un gobierno que ha sido incapaz de garantizar la seguridad de las personas, aseveró el senador derechista Fernando Herrera Ávila.

Según datos oficiales México registró en octubre pasado la cifra récord de dos mil 371 homicidios dolosos, con lo que ese mes se convirtió en el más violento en dos décadas. Cada mes se rompe el récord del “mes más violento de los últimos 20 años”, lo cual es doloroso para la ciudadanía. Igualmente, grave es que la impunidad sea de casi 99 por ciento de los casos.

Herrera Ávila argumentó que las propias estadísticas oficiales no dejan lugar a dudas de que este ha sido el sexenio de la violencia: en lo que va de la administración del presidente Peña Nieto, la cantidad de homicidios dolosos asciende a 91 mil 956 y se calcula que al final de la misma la cifra llegará a los 120 mil 500 homicidios.

El “muertódromo” del presidente Peña, remarcó, ha superado con mucho los índices de las administraciones anteriores. Ha convertido a México en un auténtico polvorín y ha dejado a la sociedad en un permanente estado de indefensión frente a los delincuentes y las mafias del crimen organizado.

Denunció, asimismo que existe un vacío de poder ante la imparable ola de violencia y un sistema de justicia debilitado, corrompido, ineficiente e ineficaz al que le urge un resideño que el mismo gobierno obstaculiza.

Entre enero y octubre de 2017, un promedio de tres robos con violencia fueron denunciados a diario ante el Ministerio Público, de acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 931 reportes de robos perpetrados con agresiones de por medio, el mayor número en los últimos años: 575 a transeúntes, 146 de comercios, 56 de casa habitación, 56 de vehículos, dos a transportistas y 59 categorizados como “otros”.

De 2013 a la fecha, los casos denunciados de todo tipo de robos arrojan un crecimiento acumulado del 44 por ciento, pasando de seis mil 902 en ese año a 12 mil 360 en 2017. Aguascalientes continúa a la cabeza de los estados con las tasas más altas de latrocinios según el ránking elaborado por el Semáforo Delictivo.

De enero a julio, en 13 estados mataron a casi 800 mujeres

De enero a julio de 2017, en 13 estados se contabilizaron casi 800 asesinatos de mujeres, de los cuales solo en 49 por ciento de los casos se abrió una carpeta de investigación por feminicidio, informó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

De acuerdo con esta instancia, conformada por 36 organizaciones de derechos humanos y de mujeres de 20 estados, la cifra se disparó a 2 mil 959 si se suman las 2 mil 159 víctimas mortales registradas de enero de 2015 a diciembre de 2016.
Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México, Campeche, Morelos, Nuevo León y Guanajuato están en esta lista negra.

La coordinadora del OCNF, que desde 2007 monitorea y solicita información a las procuradurías estatales sobre estos casos, destacó que en Ciudad de México hubo 101 asesinatos y 800 desapariciones de mujeres de noviembre de 2016 a mayo pasado, un promedio de una víctima cada dos días. Subrayó que la saña con la que se cometen estos crímenes aumentó, “porque muchas fueron privadas de la libertad”.

En México casi siete de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. De los 46,5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66,1 por ciento, es decir, 30,7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

*Con fotos del NYTimes y de archivo

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