Jun 26 2012
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PolíticaSociedad

Anulan en EEUU tres medidas de la ley antimigrante de Arizona, pero dejan la peor

La Suprema Corte de Estados Unidos anuló hoy gran parte de la ley antimigrante de Arizona, pero dejó una de las medidas más controvertidas, que permite a la policía solicitar documentos migratorios a las personas que detenga, lo cual provocó intensa preocupación entre agrupaciones que defienden a los migrantes en todo el país.

El fallo de inmediato provocó reacciones sobre quién ganó y quién perdió (la Casa Blanca y la gobernadora de Arizona y sus aliados afirman que triunfaron) en torno a una ley estatal que durante dos años generó un furioso debate nacional, centrado en los 11.5 millones de indocumentados –casi 60 por ciento mexicanos– que residen en la nación.

Las medidas de la llamada ley Arizona han sido copiadas por varios estados, por lo menos cinco, entre ellos Alabama, Georgia e Indiana. Por tanto, la resolución tiene un impacto más amplio, no sólo en Arizona.

En términos legales estrictos, el fallo representa un triunfo para el gobierno de Barack Obama, el cual argumentó que la disposición, conocida como SB 1070 y promulgada en 2010, era inconstitucional, pues la adopción de normas sobre migración es función exclusiva de las autoridades federales.

La Suprema Corte fijó esa posición al anular tres de las cuatro medidas impugnadas por el gobierno de Obama. En la resolución, el juez Anthony Kennedy afirma: “Puede que Arizona tenga frustraciones entendibles con los problemas causados por la migración ilegal, pero el estado no puede promover políticas que minen la ley federal”.

Con ello la Corte anuló las disposiciones que criminalizan a cualquier migrante que no porte documentos para comprobar su estancia legal; definen como delito que un indocumentado solicite trabajo, y permiten a la policía arrestar a alguien sólo por la sospecha de que es indocumentado; todas fueron declaradas inconstitucionales.

Pero la Corte no anuló la medida conocida por sus detractores como “muéstreme sus papeles”, con la cual oficiales de seguridad pública estatales o locales pueden solicitar documentación migratoria a cualquier persona que detengan por alguna infracción o la comisión de un delito y consideren que hay “sospecha razonable” de que está en el país sin documentos.

Sin embargo, los jueces dejaron la puerta abierta para que esa medida, al implementarse, sea sujeta a una revisión judicial mayor, primero a escala estatal y después federal, en torno a posibles violaciones a los derechos civiles.

Subrayaron que el fallo sólo se centraba en el tema de la preminencia de la ley federal en política migratoria y no sobre los derechos civiles. Por tanto, podría ser evaluado en el futuro. De hecho, ya existen varias demandas legales promovidas por diversas organizaciones, las cuales se han enfocado en ese aspecto, que podrían culminar de nuevo en la Suprema Corte.

El presidente Obama elogió hoy la anulación de “disposiciones claves de la ley de migración de Arizona”. Agregó que todo eso demuestra la urgencia de promover una reforma en la materia, ya que diversas normas estatales “no son solución a nuestro descompuesto sistema migratorio”.

Expresó su preocupación por el impacto de la medida que dejaron vigente. Señaló: “Jamás ningún estadunidense debe vivir bajo una nube de sospecha sólo por su aspecto”. Enfatizó que se deberá asegurar que las autoridades de Arizona no apliquen dicha norma de manera que “socaven los derechos civiles de estadunidenses, tal como reconoce el fallo de la Corte”.

Por su parte, Jan Brewer, la gobernadora republicana de Arizona, declaró que, “después de dos años de litigios, el corazón de la SB 1070 ahora puede ser implementado de manera acorde con la Constitución de Estados Unidos”. Comentó que su gobierno no la aplicará de manera discriminatoria o violando las garantías civiles.

Para organizaciones que defienden a los migrantes y los derechos humanos, aunque la resolución fue bien recibida por la anulación de tres medidas, “es alarmante por mantener vigente la medida de ‘muéstreme sus papeles’”, ya que, sostienen, “eso inevitablemente violará los derechos civiles y continuará generando un clima de temor y abusos”. Consideran que esa medida gira en torno al “perfil racial” de la población, o sea, se aplica únicamente con base en la apariencia racial o étnica.

La Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (red nacional de organizaciones de migrantes) calificó la resolución de “victoria parcial” para los derechos de los migrantes, pero expresó que la disposición vigente coloca a las comunidades migrantes en “situación vulnerable”.

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, hizo un llamado urgente, mientras las bases de la organización participan en manifestaciones en Phoenix y otros lugares contra dicha ley, la cual, censuran, continuará “separando familias y violando los derechos civiles”. El líder advirtió que, “a menos de que actuemos, los que promueven el terror, como el sheriff Joe Arpaio (el famoso alguacil antimigrante del condado de Maricopa y figura nacional antimigrante), quien la semana pasada arrestó a un niño de 6 años, se sentirán más envalentonados”.

Para Alí Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración, permitir la vigencia de la medida “dividirá de nuevo a la nación”, ya que es “la punta de la espada de la ley de Arizona y causará daño irreparable en ese estado”.

Frank Sharry, director de America’s Voice, advirtió: “Tememos que las consecuencias de la discriminación persistente se amplíen, especialmente en un estado encabezado por la gobernadora Jan Brewer y patrullado por el sheriff Arpaio”.

Human Rights Watch se sumó a las expresiones de preocupación. Declaró que la medida de la ley Arizona que no fue anulada pondrá a familias migrantes ante un mayor riesgo de abusos a manos de autoridades locales, tal como se han documentado en Arizona y otros estados.

Todo ello garantiza que el tema de la migración será nuevamente uno de los centrales en este ciclo electoral (el contrincante republicano de Obama, Mitt Romney, de gira hoy por Arizona, expresó su apoyo a leyes estatales que promueven condiciones intolerables para que los migrantes se “autodeporten”), mientras los migrantes padecen las consecuencias de este juego político con su vida.

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