Dic 9 2017
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Sociedad

Argentina deporta a dos periodistas por opinar distinto, la OMC calla

El gobierno argentino, anfitrión de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ta deportó a dos de los miembros de ONG autorizados por la organización internacionmal a participar del encuentro de  Aires: son una periodista británica y un dirigente noruego y forman parte de la lista de 64 personas prohibidas por la minsitra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se multiplican las quejas diplomáticas y la repulsa mundial.

La deportación de la periodista británico-ecuatoriana Sally Burch tiene como antecedente la decisión del gobierno del gobierno argentino de prohibir la asistencia de 64 miembros de grupos altermundistas a la reunión de la Otrganización Mundial de Comercio, un hecho que motivó críticas de numerosas organizaciones, incluido el organismo mundial que no logró (ni se esmeró en) revertir esta decisión.

El gobierno argentino de Mauricio Macri busca silenciar cualquier acto o signo que se oponga a los intereses de los gobiernos y grupos de poder enfrascados en el diseño y aprobación de políticas desfavorables a los pueblos menos favorecidos del planeta. En consecuencia, el impedimento de ingreso a la Argentina de la periodista Sally Burch es un atentado a la democracia; al ejercicio de la libertad de prensa y expresión y al derecho de los pueblos de estar libremente informados.

La cancillería ecuatoriana señaló que “lamenta la decisión de las autoridades argentinas de deportar a la ciudadana angloecuatoriana”, quien estuvo pemanentemente acompañada por personal de la embajada en Argentina y que “pese a todas agestiones de la cancillería ecuatoriana, finalmente se produjo la deportación”

El presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA), Aram Aharonian, resaltó la larga lucha de Burch por el periodismo popular, la democratización de la comunicación y la información dese la década de 1970, junto a los movimientos sociales latinoamericanos, pasando por el Foro Social y el Foro de Comunicación para la Integración.

 

Deportación por opinar distintoSally Burch, la periodista británica deportada. La vía diplomática se frustró por la negativa del ministerio encabezado por Patricia Bullrich.
Sally Burch, directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), quien iba a participar de las actividades paralelas a la OMC. La demoraron en Ezeiza y por la tarde la subieron a un avión rumbo a Ecuador, fue deportada el viernes. Se convirtió en la segunda deportación, tras la de
Petter Titland, en jn pronlema que el gobnierno de Macri arrastra desde hace una semana. Para retenerla en el aeropuerto fue acusada de falsa turista. La defensora pública del juzgado federal con jurisdicción en Ezeiza presentó un Habeas Corpus para que la justicia revise la decisión de migraciones de deportar a la periodista. Pero el pedido no fue efectivo y a las 19:30 horas subieron a Sally Burch a un avión rumbo a Ecuador.

La verdaderra razón de su deportación: haber intentado entrar al país pese a figuarar en la lista de más de 60 activistas a los que la Cancillería había anticipado que se les denegaría el ingreso al país, pese a haber sido acreditados previamente por la Organización Mundial del Comercio.

“Sabíamos que el rechazo era para cubrir el evento de la OMC pero no para realizar actividades paralelas al evento. Yo tenía comprado el pasaje y quise aprovecharlo. Llegué a migración y dije que iba a entrar como turista.”, dijo Sally Burch, en declaraciones radiales al programa La vuelta de Zloto, por Radio 10. “Ahí me encontraron en una lista, comenzaron las preguntas, dije que también soy periodista y que iba a realizar actividades paralelas a la OMC en el país. Después de una hora y pico dijeron que mi entrada iba a ser rechazada por ser falsa turista”, agregó.

La periodista participa activamente en programas sobre derechos de la mujer en torno a la comunicación y publica regularmente notas e investigaciones sobre el derecho a la información, la internet ciudadana y los movimientos sociales. Entre sus ensayos de mayor renombre se destacan Movimientos Sociales en Red y Se cayó el Sistema: Enredos de la Sociedad de la Información.

Burch dijo que “la razón por la que me mandan de regreso no es algo que yo haya dicho sino que quieren restringir la participación de voces críticas en la cumbre y las actividades paralelas a la cumbre. Pienso que es una actitud poco democrática del Gobierno. Se supone que como país anfitrión debe garantizar la participación de todos los que quieren ser parte en forma pacífica de este proceso de debate de la OMC”. Aseguró además que “las autoridades argentinas están buscando cualquier pretexto para no dejarnos entrar y es algo totalmente anormal”.

La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) rechazó la medida del Gobierno. “Rechazamos el atentado contra la periodista Sally Burch. La deportación de nuestra colega no es aislada y ya tiene entre otros antecedentes la decisión de la Argentina de prohibir la asistencia de 64 miembros de un grupo de ambientalistas a la OMC”. “Los únicos con problemas para ingresar al país son los que fueron desacreditados. Es realmente muy grave. La OMC sólo les informó a estas personas que tenían revocada la acreditación pero no que tenían prohibida la entra al país. Aquí las autoridades deberán dar una explicación cuanto antes”, mencionó Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los problemas con periodistas y activistas que pretenden participar del evento de la OMC empezaron la semana pasada. Lo primero que ocurrió fue que se denegaron los permisos de acreditación para distintos activistas locales e internacionales. Cancillería dijo que fue tras haber estudiado los perfiles en las redes sociales de los individuos que pidieron la acreditación y considerarlos peligrosos. Desde el CELS se hizo un pedido formal al Gobierno para entender cómo fue que se recolectó esta información, ya que la Ley de inteligencia prohíbe juntar datos políticos de las personas.

No hubo respuesta de las autoridades. El CELS decidió entonces presentar un Habeas Data para cada uno de los individuos que formaron parte de la lista negra. Este instrumento obliga al Estado a informar qué datos tiene de la persona. Tampoco hubo respuesta. Finalmente, previendo que a los integrantes extranjeros de este listado no se los iba a dejar entrar al país, se presentó un Habeas Corpus. El objetivo era que migraciones no tenga decisión sobre la posibilidad de que ingresen o no los periodistas o activistas sino que la decisión deba ser tomada por la justicia federal. El pedido fue rechazado por abstracto.

La acción de hábeas corpus preventivo había sido formulada por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La presentación también incorporaba los casos de Pablo Agustín Viollier Bonvin, de la ONG Derechos Digitales de Chile; Sally Burch Benn, delegada de la misma ONG; Renato Leite, Lucas Tasquero y Iara Pietricovsky, de la ONG Rebrip de Brasil; Michel Cermak, de la ONG 11.11.11 de Bélgica; Ernst Cristophe Stolper, de la ONG Friends of the Earth de Alemania; Nick Dearden, James O´nions y Faith Lumunya, de la ONG Global Justice Now del Reino Unido, Alberto Villarreal de la Orgnaización Redes de Uruguay, y Cecilia Olivet, de la ONG Transnational Institute de Holanda. Todos ellos habían sido incluidos en una nota a las embajadas y consulados de todo el mundo, enviada por Cancillería dando instrucciones para que se les denegara el visado para ingresar al país.

Esta semana las previsiones se hicieron realidad. El jueves se deportó a un periodista noruego, Petter Tiltand, que debió viajar a San Pablo. Y ayer le tocó el turno a Sally Burch. En las horas que la periodista estuvo demorada en Ezeiza se presentó un nuevo pedido de Habeas Corpus, que estuvo a cargo de la defensora pública del juzgado federal con jurisdicción en Ezeiza. El pedido no fue exitoso y la periodista al cierre de esta edición viajaba de regreso rumbo a Ecuador. Desde Brasil, Tiltand dijo que “una de las cosas más lamentables es que las autoridades argentinas no hayan sido claras al momento de tomar la decisión”.

La Cámara Federal de La Plata, Sala I, declaró “procedente” el recurso de habeas corpus solicitado en favor de Petter Titland y otras personas a las que se les impidió el ingreso al país, y ordenó al Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora que “deberá dar trámite a la presente acción”. La cámara federal platense, con la firma de los magistrados Roberto Lemos García, Carlos Román Compaired y Julio Víctor Reboredo, revocó así el fallo de primera instancia que había rechazado “in limine” el pedido de habeas corpus. La resolución judicial llegó tarde: el periodista noruego ya había sido obligado a abandonar el país con destino a Brasil.


Por la defensa de los derechos humanos y la democracia en América Latina

Consejo Directivo ALAI| El viernes 8 de diciembre la periodista y Directora Ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información –ALAI, Sally Burch, fue deportada por el gobierno de Mauricio Macri cuando llegaba a Argentina para realizar actividades informativas en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio OMC, que tendrá lugar en Buenos Aires del 10 al 14 de diciembre. Horas antes fue deportado también el ciudadano noruego Petter Tiltand que participaría de las mismas actividades.  Sally, junto con otros 60 investigadores, activistas y periodistas, fue impedida de participar de la reunión oficial de la OMC, a pesar de que su participación había sido anteriormente acreditada por este organismo.

Toda indica que a nuestra colega Sally Burch se le negó la entrada al país por las opiniones y criterios que ha expresado en su trabajo periodístico.  Desde hace casi tres décadas, se ha especializado en temas de Internet y derechos ciudadanos, por lo cual incluso fue designada co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Contenidos y Temas de Sociedad Civil en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la ONU (Ginebra 2003).

Hace dos meses, participó en la coordinación de un encuentro regional en Quito, en el marco del Foro Social de Internet, donde se analizó el impacto de la concentración monopólica en este ámbito y se emitió, en particular, críticas a la propuesta de abrir negociaciones en la OMC sobre el comercio electrónico, propuesta que cuenta con el respaldo del gobierno argentino.  Resulta muy grave que un gobierno niegue el ingreso a su país sobre la base de opiniones.  Y más grave aún que la OMC acepte que un gobierno anfitrión imponga su criterio particular de esta manera.

Estos actos de extrema hostilidad del gobierno argentino no son hechos aislados sino parte de una creciente campaña de violencia y represión a representantes de la sociedad civil, academia y movimientos populares en ejercicio de su legítimo derecho a manifestarse públicamente en América Latina.

Hace algunos meses el Rector de la Universidad Federal de Santa Catarina fue acosado y perseguido hasta el suicidio por el Poder Judicial y Ministerio Público de Brasil. Más recientemente, la Universidad Federal de Minas Gerais tuvo su campus invadido por la Policía Federal para conducir coercitivamente al Rector y dirigentes administrativos de esa universidad.  Prisiones preventivas sin ninguna base legal, operaciones policiales bajo regímenes de excepción, violación de la autonomía universitaria, producen y reproducen un creciente clima de persecución y terror en la academia y los espacios de representación de la sociedad brasileña.

La represión a los profesores, maestros y ciudadanos argentinos en los actos de protesta frente a las políticas económicas del gobierno Macri y a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la prisión arbitraria de Milagro Sala, son apenas algunos ejemplos de que no estamos frente a exabruptos o políticas locales sino en una coyuntura regional mucho más compleja donde se instala la impunidad y la violación de derechos humanos como política generalizada en un contexto evidente de irrespeto a acuerdos y legislación internacionales.

El uso de los sistemas judiciales y legislativos como instrumentos directos de persecución política y criminalización son prácticas cada vez más generalizadas e impuestas por los gobiernos de derecha en la región.  La imposición legislativa de un estado de excepción en México y el inminente golpe de estado en Honduras son parte de una cadena creciente de autoritarismo e impunidad en toda América Latina.

En este contexto, el ejercicio periodismo libre, la democratización de la comunicación, tanto en la producción de la información como en su distribución, la producción de conocimiento que desmitifica el discurso neoliberal, son amenazas extremadamente peligrosas para los proyectos neoliberales, en la medida en que visibilizan lo que los monopolios mediáticos esconden y tergiversan.

Sally Burch, actualmente Directora Ejecutiva de la Agencia Latino Americana de Información-ALAI, forma parte de este proyecto desde su nacimiento hace 40 años en Montreal (Canadá), cuando un grupo de periodistas latinoamericanos asume el desafío de informar frente al vacío y desinformación sobre América Latina.  A lo largo de estas cuatro décadas, ALAI profundizó su compromiso y trabajó intensamente por democratizar la comunicación como uno de los pilares para la construcción de una democracia con real participación de los actores sociales y movimientos populares que estuvieron históricamente excluidos de este proceso.

La deportación de Sally representa un acto extremo de hostilidad personal pero también, y fundamentalmente, un atentado al periodismo comprometido con la democracia y los derechos humanos.

El Comité Directivo de ALAI manifiesta su repudio a esta actitud del gobierno de Mauricio Macri y junto con intelectuales, líderes sociales, artistas y académicos expresa su firme compromiso de seguir trabajando por la democracia y el respeto a los derechos sociales, políticos y humanos en América Latina.

Comité Directivo de ALAI: Monica Bruckmann, Ana Esther Ceceña, Irene León, Oscar Ugarteche

 

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