Mar 10 2005
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Economía

Argentina: inconsistencias en el canje de su deuda

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

El autor del presente trabajo basa sus datos en las informaciones oficiales del Ministerio de Economía -pese a que parte de las mismas merecen reservas o son cuestionables- y ha utilizado las proyecciones optimistas de las autoridades nacionales. Dada la presentación formal en la Casa de Gobierno, en días pasados, de los resultados preliminares del megacanje cerrado el 25 de febrero, el objeto de esta nota es analizar la consistencia de dicha información porque, en principio, surgen de ella graves incoherencias entre las propias cifras oficiales.

El ministro Lavagna ha suministrado muy poca información clara y concreta sobre los resultados del megacanje de la deuda pública en default que acaba de cerrarse con los acreedores de bonos. 

Éstos representan a tenedor por un total de casi US$ 82.000 millones de dólares -exactamente 81.800- pero que, sumando los intereses impagos reconocidos por anatocismo (más de US$ 22.000 millones), totalizarían unos 104.000 millones de dólares abarcados en esta operación de canje.

El Gobierno ha suministrado, básicamente, sólo tres cifras clave sobre el resultado de esta mega-operación; de hecho, la más grande en la historia financiera moderna:

1.          El stock de deuda pública del Estado central era de 191.254 millones de dólares -por redondeo, 191.000- al 31 de diciembre de 2004.

2.         Sobre los 82.000 millones de bonos elegibles, hubo una aceptación del 76 por ciento de los acreedores, lo que representa un monto de bonos viejos que se retiran para el canje de 62.000 millones de dólares.

3.        El nuevo saldo de deuda declarado post-canje es de 125.283 millones, por redondeo: 125.000.

Cabe agregar la cuestión del Servicio de Intereses, a la que nos referiremos luego.

El stock de Deuda Pública

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Conforme las últimas cifras oficiales del Ministerio de Economía, consignadas en el Boletín Fiscal del tercer trimestre de 2004 -en adelante, BF 3/04- el total de deuda pública al 30.9.04 era de US$ 182.500 millones (por redondeo, 182.000).
El Gobierno reconoce ahora un stock al 31.12.04 de 191.000 millones, de modo que durante el cuarto trimestre del año pasado se habría producido un aumento adicional de deuda de casi 10.000 millones de dólares o, más exactamente, US$ 9.000. 

Aunque todavía no hay explicación oficial al respecto, debe presumirse que esta suma agregada corresponde esencialmente a capitalización de intereses por anatocismo.

Partiendo de este dato oficial inicial, la forma elemental para determinar el nuevo saldo de deuda después del “Megacanje Kirchner” es la siguiente:

191.000 millones al 31.12.04 menos 62.000 millones de bonos viejos más unos 35.000 de bonos nuevos -que es la estimación preliminar de fuentes para oficiales-, lo que da un nuevo saldo de 164.000 millones de dólares post-
canje.

Esto significa que el Gobierno habría obtenido -a moneda constante- una quita nominal inmediata de unos 27.000 millones (191 menos 164 mil millones de dólares), que representarían así una reducción del 14 por ciento sobre la deuda pública total.

Sin embargo, las autoridades hablan oficialmente del nuevo stock en 125.000 millones, lo que evidentemente no cierra con la misma información del Ministerio de Economía: hay una diferencia de casi 40.000 millones (más precisamente, 39.000: producto de 164 menos 125 mil).

El Gobierno debería aclarar urgentemente esta grave inconsistencia de información sobre el stock de deuda pública porque las cuentas, como es obvio, varían sustancialmente con o sin 40.000 millones de dólares dentro de un total de pasivos ya de por sí altísimo.

Los bonos no canjeados

Sobre este asunto, que forma parte del punto 2 dentro de las escasas informaciones oficiales sobre el “Megacanje Kirchner”, sólo cabe hacer un breve comentario.  El Gobierno -a través del Secretario Guillermo Nielsen y el propio Ministro Roberto Lavagna- ha dado a entender que piensa algo así como “desconocer” la deuda remanente de los bonistas que no entraron en el canje.

Esto es difícilmente entendible, ya que una de las precondiciones aceptadas por la administración Kirchner, desde el principio, fue no objetar la legitimidad de las obligaciones argentinas -pese a que gran parte de las mismas son probadamente irregulares y están siendo investigadas por la Justicia Argentina-, de modo que plantear ahora cualquier forma de desconocimiento de tales compromisos, que han sido aceptados como legales por este mismo gobierno dentro del listado de bonos elegibles, sería incoherente.

De hecho, no solamente los acreedores sino el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países del G7 estarían ya reclamando al presidente Kirchner la reapertura del canje para estos bonistas, lo que forzaría al Congreso a dejar sin efecto la Ley “cerrojo”, dictada hace pocas semanas precisamente para evitar que el Poder Ejecutivo reabriera la operación.

En cuanto a la elevada cifra de aceptación -el 76 por ciento del monto de deuda a reestructurar- la misma se encuentra dentro de los resultados más optimistas del gobierno; y que son los que fueron tomados también como referencia para los cálculos del autor de este trabajo.

 
Se supone que sobre este monto no habría mayores diferencias, aunque todavía no se conoce exactamente el “mix” o mezcla de nuevos bonos en su desagregado: Par, Cuasi Par y Discount.

El nuevo saldo de deuda pública

En cuanto a este punto -el tercero dentro de la información oficial básica- ya nos hemos referido al tratar del primero, pero cabe agregar algunas consideraciones.
Si el stock de deuda post-canje es realmente de 164.000 millones de dólares y el Gobierno habla de 125.000, esta diferencia de casi 40.000 millones debe tener, forzosamente, alguna explicación seria; a menos que estemos frente a una burda maniobra desinformativa: por ejemplo, que hayan sido restados los bonos viejos (US$ 62.000 millones) y no sumados los Nuevos Bonos (US$ 35.000).

Repetimos que esta grave inconsistencia dentro de los poquísimos datos oficiales conocidos hasta ahora, tiene que ser aclarada lo antes posible, si es que se actúa con honestidad.

La cuestión de los intereses

Dentro de los interrogantes que quedan pendientes después de este megacanje está el problema de los intereses devengados por la deuda pública.  

En números gruesos: a la Argentina le caen vencimientos promedio de capital de unos US$ 20.000 millones por año y de intereses por más de US$ 10.000 millones. Para este año (2005) -según el BF 3/04- a nuestro país le vencen 27.300 millones de dólares: 21.300 por capital más 6.000 de Intereses.

Cabe observar que esta segunda cifra -la de intereses- no es exacta, ya que los servicios de intereses -tal como lo venimos diciendo hace tiempo y ahora lo dice expresamente el Gobierno- pasan los 10.000 millones de dólares anuales (US$ 10.175millones).

Lo que pasa es que -siguiendo una tradición en la materia- la Argentina no paga amortizaciones de capital sino que las refinancia (salvo raras excepciones, como el caso reciente de los organismos multilaterales de crédito) y sólo abona parte de los intereses devengados por año; siendo así que el resto de los mismos se capitaliza por anatocismo, esto es: intereses que se suman al principal de la deuda y devengan entonces nuevos intereses, lo que se conoce como “intereses sobre intereses”: que es la esencia de la usura.

Uno de los datos más preocupantes del panorama post-canje es precisamente que este procedimiento de capitalización de intereses, por largo tiempo, se institucionaliza otra vez en las finanzas del Estado.

El Gobierno dice ahora -solicitada oficial del 6 de marzo de 2005- que los servicios de intereses se reducen de 10.175 millones de dólares a 3.205; pero omite decir que los intereses totales devengados siguen siendo mucho mayores y que la diferencia se capitaliza.

Hoy la tasa de interés promedio de la deuda pública es del 6.28 por ciento anual -dato BF 3/04- y, suponiendo que las cosas  vayan bien al gobierno, si esa tasa desciende al 5 por ciento anual, el piso de intereses no bajaría de los 8.000 millones de dólares/año (164.000 por 0.05, lo que da 8.200 millones).

Si las autoridades dicen, entonces, que los intereses a pagar después del canje pasan a ser 3.200 millones, ello dejaría afuera o estaría soslayando que hasta unos 5.000 millones anuales impagos se capitalizarían por anatocismo.

Con fines explicativos, se aclara que esta expresión de “capitalización por anatocismo”, estrictamente hablando, sería redundante ya que el anatocismo es justamente la capitalización de intereses, pero nuestro énfasis radica en dos razones: primero, para enfatizar el proceso perverso de fondo, que es el que rige la lógica de la usura, de la cual nunca se sale; y segundo, porque ayuda a comprender que no se trata de alguna forma especial o indirecta de capitalización sino la forma estándar de tomar nuevo crédito público para atender el gasto corriente por servicios de intereses de la deuda pública.

Este dilema fue, es y seguirá siendo la trampa constante de todas las reestructuraciones de deuda, como lo fueron particularmente la del Plan Brady de 1992/93 y la del megacanje De la Rúa-Cavallo de Junio del 2001; pero que se repite amplificada en la actualidad con el megacanje Kirchner-Lavagna ya que hoy este procedimiento de capitalización de intereses se institucionaliza además por 10 años (2005-2014).

Tal el caso de los nuevos “Bonos Discount”, que tienen una tasa cupón o interés del 8.28 por ciento por 30 años -una tasa altísima a nivel internacional-, y que capitalizan aproximadamente la mitad de los intereses a pagar durante el próximo decenio.

Según un trabajo realizado por Mario Cafiero y Javier Llorens -Agosto del 2004- el total de intereses que se capitalizan durante esos diez primeros años sumaría unos 16.000 millones de dólares: 6.500 por los bonos cuasi-par y 9.500 por los bonos con descuento.

Y hay que tener presente que estos intereses capitalizados no figuran todavía mostrados dentro del total de la deuda pública sino que -siguiendo la costumbre de omitir datos relevantes del endeudamiento- irán luego apareciendo en la estadística, año por año, a medida que se incorporen al stock de deuda en firme.

Esto significa que el nuevo saldo de Deuda, en realidad, tomado a moneda constante, llegaría ahora, después del megacanje Kirchner, a unos 180.000 millones de dólares (164.000 del nuevo stock más los 16.000 de intereses comprometidos a capitalizar).

Y en ese caso, la reducción real del stock de deuda sólo pasaría de 191.000 a 180.000 millones -por concepto de principal, sin contar Intereses no capitalizados- lo que significa una baja de apenas 9.000 millones de dólares (un 4.7 por ciento del saldo actual) por la operación de megacanje.

Si se tiene en cuenta que los nuevos bonos tienen tasas de interés crecientes y son a largo plazo, que el capital o principal de los bonos en pesos se indexa por Inflación (CER), que la base de cálculo de los Intereses se incrementa por anatocismo  -conforme lo explicado- y que a ello hay que sumarle un plus (todavía no cuantificado) por unidades ligadas al crecimiento, la combinación de estos servicios de la deuda deviene un “coctel explosivo” a mediano o corto plazo.
Pero, hasta el momento, ninguno parece haber entrado a hurgar en este tema y casi todos los economistas del stablishment siguen ponderando el supuesto “éxito” de la operación.

El aparente cierre de este nuevo capítulo, con todo lo grave que sigue siendo la situación de endeudamiento nacional, constituye empero una etapa todavía parcial y transitoria dentro del problema permanente de la deuda Argentina.
Con o sin megacanje Kirchner, la Argentina continúa en virtual cesación de pagos, porque el pais sigue sin poder amortizar capital y ni siquiera poder pagar la totalidad de sus intereses por largo tiempo.

Ello implica que, aún en el caso de que el país no tome más deuda -cosa que ya se sabe no es así porque el gobierno se sigue endeudando con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros- solamente la capitalización de intereses tendría un peso significativo dentro del futuro aumento de la deuda pública.

Hace muchos años venimos advirtiendo que la lógica de la usura reside siempre -en última instancia- en que el deudor nunca pueda dejar de ser deudor.

Y cada nuevo “episodio” dentro de este drama permanente del endeudamiento público -que constituye una verdadera política de Estado- agrava un poco más la situación de servidumbre financiera que lleva gradualmente a la reorganización de las finanzas públicas y de la economía en general en función de la deuda.

(La imagen corresponde a un trabajo de la artista Claudia Nizza).

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* Redactor. Informe especial preparado por Adrian Salbuchi y Héctor Giuliano en Marzo de 2005. Emitido por: www.eltraductorradial.com.ar.

Correo electrónico: eltraductor@fibertel.com.ar

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