Mar 15 2016
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Econom铆a

Argentina: Juristas denuncian por traici贸n a la patria a quienes firmen con los fondos buitre

Importantes juristas argentinos formularon una denuncia penal por traici贸n a la patria y administraci贸n fraudulenta y violaci贸n de los derechos de funcionario p煤blico y abuso de autoridad contra todos los integrantes del poder ejecutivo y los senadores y diputados que presten su voto afirmativo para autorizar el pago a los fondos buitres.

Los juristas solicitan al juez que se dicte medida cautelar suspensiva de todo obrar que comporte consumaci贸n de los delitos reprochados y oportunamente se dicte sentencia condenando a los imputados con el m谩ximo de las penas establecida por el C贸digo Penal y el art铆culo 29 de la Constituci贸n Nacional.

Los denunciantes se帽alan desde la asunci贸n del actual gobierno Nacional se han venido realizando tratativas con los denominados 鈥渇ondos buitres鈥, o 鈥渉oldouts鈥, tratativas en las que no ha tenido intervenci贸n previa del Congreso de la Naci贸n, 煤nico 贸rgano con competencia constitucional para contraer empr茅stitos sobre el patrimonio de la Naci贸n, o de proceder al arreglo de la deuda interior y exterior de la Naci贸n.

Se帽alan que por la cuant铆a de los pagos comprometidos, y por poner en riesgo la reconfiguraci贸n de la deuda externa argentina llevada adelante los a帽os 2005 y 2010, as铆 como el car谩cter cancelatorio y liberatorio de los pagos operados conforme dicha reestructuraci贸n de deuda, este obrar puede llevar a restablecer un endeudamiento que alcanzar铆a la suma de 384.000 millones de d贸lares, hipotecando por varias generaciones al pueblo argentino.

Indican que, conforme a lo que establecen los Pactos Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Pol铆ticos, y de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarqu铆a de cl谩usulas constitucionales, la ciudadan铆a es el 煤nico titular del derecho de libre determinaci贸n y a la independencia econ贸mica.

Los abogados demandantes, Jorge Cholvis, Ar铆stides Corti y Eduardo Barcesat, indican que sin haber trascendido la instrumentalidad de esa negociaci贸n espuria, se pretende del Congreso que se deroguen leyes calificadas por su texto como de inter茅s y orden p煤blico, que han operado efectos y bajo cuya vigencia operaron regularmente los pagos cancelatorios de los vencimientos de intereses y servicios de la deuda externa reestructurada.

En efecto, por Ley N掳 26.547, de reestructuraci贸n de los t铆tulos p煤blicos elegibles para el canje (9 de diciembre de 2009), se estableci贸 en su art. 5掳 鈥渋n fine鈥, 鈥溾roh铆bese ofrecer a los tenedores de deuda p煤blica que hubieren iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato m谩s favorable que aquellos que no lo hubieren hecho鈥︹ Posteriormente, por Ley N掳 26.886 que establece el proceso de reestructuraci贸n de fondos p煤blicos, de fecha 11 de setiembre de 2013, en el mismo sentido estableci贸, en su art. 2掳 que 鈥溾os t茅rminos y condiciones financieras que se ofrezcan no podr谩n ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuraci贸n de deuda dispuesta por el Decreto N掳 563/10鈥︹; y a continuaci贸n dispone en su art. 4掳 鈥渋n fine鈥, 鈥溾roh铆bese ofrecer a los tenedores de deuda que hubieren iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato m谩s favorable que aquellos que no lo hubieran hecho鈥︹buitres griesa en su laberinto1

Denuncian, asimismo, como ileg铆tima e ilegal la obstrucci贸n de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la Rep煤blica Argentina con fecha 26 de junio de 2014, dispuestas por 贸rdenes judiciales dictadas por la Corte de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, en el marco de la causa NML Capital Ltd. contra el pa铆s, 鈥渜ue tal como han sido dictadas, resultan de imposible cumplimiento y violatoria de la soberan铆a e inmunidades de la Rep煤blica Argentina como de los derechos de terceros鈥︹

Se帽alan en su presentaci贸n que debe sumarse a estas disposiciones legales los logros de pol铆tica exterior desarrollados por el gobierno constitucional argentino, y los principios consagrados en resoluciones y declaraciones solemnes de la Asamblea General de la ONU, as铆 como los dict谩menes de expertos en deuda p煤blica de los pa铆ses emergentes, que configuraron al caso argentino como la avanzada en materia de reestructuraci贸n de deudas soberanas.

Recuerdan que el 12 de agosto de 2009, la Asamblea General de la ONU聽 consider贸 las 鈥淐onsecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos econ贸micos, sociales y culturales鈥. El Consejo acogi贸 el Informe del Experto Independiente y observ贸 que la deuda soberana contra铆da en circunstancias cuestionables, ha pasado a ocupar鈥渦n lugar preeminente en las reuniones dedicadas a establecer una soluci贸n justa, equitativa y sostenible al problema de la deuda de los pa铆ses en desarrollo鈥聽y propuso un marco conceptual preliminar para comprender la relaci贸n entre deuda externa y los derechos humanos sobre la base de las normas jur铆dicas internacionales.

La ONU, a帽aden,聽califica a la deuda como insostenible 鈥渃uando el endeudamiento total de un pa铆s hace que le sea imposible atender al servicio de su deuda sin que ello tenga un grave impacto adverso en la capacidad de su gobierno de cumplir sus obligaciones b谩sicas en materia de derechos humanos, como el suministro de agua potable, alimentaci贸n, atenci贸n de la salud, vivienda y educaci贸n鈥.

Esto, se帽alan los denunciantes, pone en evidencia que el tema de la deuda no es una cuesti贸n meramente jur铆dica sino como un concepto m谩s amplio que聽abarca las consecuencias 茅ticas, sociales, pol铆ticas y econ贸micas; y que el hilo conductor y la cuesti贸n de fondo que subyace es el de la Justicia. 鈥淓n cualesquiera circunstancias debe primar la necesidad de garantizar la justicia para todos, y a ese elevado fin las consideraciones de derechos humanos deben necesariamente formar parte de las medidas que se adopten al respecto鈥, a帽aden.

Los juristas se帽alan que est谩 indicando que los Estados velen por evitar medidas que al cumplir sus obligaciones en relaci贸n a los derechos humanos tengan efectos desproporcionados y tomen disposiciones espec铆ficas para cerciorarse que todos los grupos sociales, especialmente los m谩s pobres, gocen de igualdad de acceso a los servicios b谩sicos y al goce de los derechos econ贸micos, sociales y culturales. Para lograrlo, es indispensable efectivizar expl铆citamente el respeto de la soberan铆a nacional y las prioridades de desarrollo., a帽aden.

Alfonso Pat Gray, minustro de Econom铆a

Alfonso Pat Gray, minustro de Econom铆a

Ante la actitud que ahora se adopta por el gobierno y en tr谩mite ante el Congreso, debemos se帽alar que aunque la Argentina promovi贸 los principios de reestructuraci贸n soberana, actualmente est谩 promoviendo pagarle a los fondos buitre m谩s de lo que pag贸 el Estado argentino a los acreedores que cooperaron en las reestructuraciones de deudas anteriores en que se acord贸 con el 93 % de los mismos una quita de alrededor del 67 %. Es obvio que si un pa铆s al encarar su deuda externa propone el pago reprogramado de la misma que se acepta por amplia mayor铆a, la avaricia de un peque帽o grupo de acreedores debe ser un obst谩culo irrefragable para que sus acreencias sean satisfechas en mejores condiciones que lo acordado con la amplia mayor铆a.

Cholvis, Corti y Barcesat recuerdan que para hacer frente a los fondos buitre y a la actitud adoptada en septiembre de 2014 por el juez estadounidense Thomas Griesa, fue que el gobierno argentino respondi贸 en forma inmediata con la Ley de Pago Soberano, en concordancia con la Ley Cerrojo de 2005. Por ello, es indispensable tener presente que para el pago en efectivo a los fondos buitre que impulsan este 鈥渁cuerdo鈥 con el pa铆s (6 % de los bonistas) se emitir谩 aproximadamente deuda por 15.000 millones de d贸lares, mientras que para el pago al 93 % se hab铆a emitido deuda por 30.000 millones.

Teniendo en cuenta que los fondos buitre compraron los bonos a un cuarto de su valor, se les estar铆a reconociendo 10 veces m谩s de lo que se le pag贸 al 93 % restante.

Alertan que m谩s all谩 de la exorbitante cifra que representa la 鈥渙ferta鈥 actual, tanto el resto de los acreedores que queden afuera del 鈥渁cuerdo鈥, como los que aceptaron los canjes de 2005-2010, podr谩n plantear sus objeciones y encontrar alg煤n juzgado de los EE.UU que haga lugar a las mismas.

El 10 de septiembre pasado, por iniciativa de la Argentina, la Asamblea General de la ONU 鈥揷on 136 votos a favor y seis en contra (EE.UU, Israel, Canad谩, Alemania, Reino Unido y Jap贸n)- aprob贸 los nueve puntos para la reestructuraci贸n de la deuda soberana, que establecen el marco de acci贸n entre los Estados deudores y los acreedores, con derechos y obligaciones a los que cada parte debe ajustarse.

Entre otros, la resoluci贸n establece que los Estados no deben discriminar entre los acreedores, y alude a la inmunidad de un Estado frente a tribunales extranjeros en estos procesos. Como se observa, los principios buscan limitar a los fondos especulativos y a los acreedores abusivos, frente a las decisiones sobre ordenamiento y pago de deudas soberanas aprobadas por una mayor铆a considerable de acreedores.

El acuerdo

Daniel Pollack agradeci贸 telef贸nicamente a Macri 鈥渆l valiente aporte鈥 del nuevo gobierno

Daniel Pollack agradeci贸 telef贸nicamente a Macri 鈥渆l valiente aporte鈥 del nuevo gobierno

Los juristas recuerdan que durante 2015聽los fondos buitres llevaron, a trav茅s de terceros, a la mesa de negociaciones abierta por el Juez Griesa, una propuesta de descuento del 30% sobre el monto de los intereses punitorios del fallo y la aceptaci贸n de cobrar en bonos, lo que fue rechazado por el anterior gobierno. Pero sin que mediaran otras circunstancias, el gobierno presidido por Mauricio Macri les ha ofrecido pagar en efectivo 6.500 millones de d贸lares sobre la sentencia de Griesa: as铆 el descuento ser谩 solamente del 25%, siempre sobre los punitorios.

Recuerdan asimismo que 鈥揺n el caso Clarens Ltd. de mayo de 2014- la Corte Suprema de Justicia argentina, rechaz贸 el pedido de ejecuci贸n y declar贸 nulo y contrario a los principios de la Constituci贸n Nacional la sentencia extranjera.

Los juristas destacan que los funcionarios del actual gobierno est谩n ofreciendo pagar m谩s de lo que los propios acreedores buitres hab铆an propuesto, lo cual constituye no solo un serio perjuicio para el Estado Nacional, sino el incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico.

A帽aden que en similar situaci贸n se encuentra la propuesta realizada a los bonistas italianos, a quienes el actual gobierno les ha ofrecido pagarles 1,50 por cada d贸lar de titularidad, con m谩s los costos judiciales del reclamo ante el Tribunal CIADI, lo que en cifras redondas supera los 2.500 millones de d贸lares. Este proceso se encuentra impugnado por la Argentina, sin decisi贸n de fondo a煤n y cuando se defina la misma, para ser exigible, deber谩 ser aprobada por la jurisdicci贸n argentina.

O sea, los funcionarios est谩n ofreciendo pagos sobre un reclamo que todav铆a no tiene decisi贸n firme y que cuenta con antecedentes contrarios al pago, con lo cual tambi茅n se estar铆a perjudicando el erario p煤blico, realizando malversaci贸n de caudales p煤blicos e incumpliendo los deberes de funcionario p煤blico.

Asimismo, el gobierno de Macri, mediante un DNU firmado el 22 de diciembre, ha puesto en marcha un megacanje de deuda, por un total de 16.099 millones de d贸lares, que agregar谩 nuevos intereses para el Estado, ya que se cambian dos Letras Intransferibles a tasas de inter茅s casi nulas emitidas por el Tesoro Nacional y recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por tres bonos denominados Bonar con vencimientos en el 2022, 2025 y 2027, y con tasas superiores al 7%. La cifra de la operaci贸n podr铆a trepar a 65.000 millones de d贸lares, tal como lo anunci贸 el Ministro de Econom铆a Prat Gay.

En la operaci贸n participan el Tesoro Nacional y el Banco Central, junto a un grupo de bancos internacionales como el HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs, parte los mismos bancos que actuaron en el Megacanje I y por el cual, el actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se encuentra procesado, debido a manejos ilegales en cuanto al pago de comisiones y por haber favorecido a distintas amistades desde su puesto de funcionario p煤blico, situaci贸n que al menos deber铆a significar su apartamiento de la negociaci贸n.

Los juristas afirman que los funcionarios del gobierno est谩n encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores, comenzando as铆 a pagar intereses por algo que hasta el presente no se abonaba

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