Nov 9 2009
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EconomíaSociedad

Argentina: Que la torta se reparta y la tortilla se vuelva

Natalia Brite *
En estos meses, la discusión por la distribución del ingreso ocupa un lugar destacada sobre la mesa de debate político argentino. Ello se debe al creciente reclamo reivindicatorio de los sectores populares y a que el Estado nacional promovió una escalada de iniciativas políticas que van en ese sentido.

Oficialismo y oposición insisten en presentar sus argumentos desde la necesidad de un nuevo reparto de los recursos nacionales. La cúpula eclesiástica, especializada en pronunciarse “en nombre de los pobres”, se pone en sintonía con los intereses de la oposición derechista y denuncia “el escándalo de la pobreza”. Funcionarios del Ejecutivo responden que debe discutirse es “la concentración de la riqueza”. El debate, mediatizado por las corporaciones periodísticas, suele ser confuso, contradictorio y, casi siempre, superficial.

El economista Alfredo Zaiat clarifica algunos aspectos esenciales: “Aunque cruja el sentido común resulta notable comprobar que muchos países que han registrado tasas de crecimiento elevadas por muchos años y han disminuido en forma considerable los niveles de pobreza mantienen una sólida estructura de desigualdad en el reparto de la riqueza”.

Es decir que la sinuosa tarea de mejorar el reparto de la riqueza nacional no está atada a los avatares de la macroeconomía. De hecho, la historia reciente demuestra que se han sostenido y aún profundizado los índices de desigualdad distributiva en contextos de estancamiento (1975 a 1992), crecimiento (1993 a 1998) o recesión (1999 a 2002).

Desde esa perspectiva, el extraordinario crecimiento experimentado en Argentina entre 2003 y 2008 no devino en igualdad distributiva, aunque se registró una notable disminución de la pobreza y el desempleo.

Desde el año pasado, el contexto internacional impactó negativamente en lo niveles de crecimiento de la riqueza nacional y, paradójicamente, fue ese el escenario que resultó más favorable para la implementación de políticas de Estado de carácter distributivo.

El dirigente cooperativista y diputado electo Carlos Heller afirmó que “la única forma de erradicar la pobreza, porque ello es lo que nos debe preocupar, es mejorando significativamente la distribución del ingreso. Para erradicar la pobreza, hay que reducir la injusta concentración de la riqueza, con impuestos que graven con mayor eficiencia e intensidad las grandes ganancias”.

Cuando hablamos de distribuir la riqueza, concluyó Heller (aliado del gobierno nacional) “estamos hablando de impulsar políticas públicas que permitan que el Estado pueda seguir mejorando la calidad de la salud, educación y la posibilidad del acceso a la vivienda a aquellos sectores que lo tienen vedado”.

La pobreza, entonces, no es lo que más debiera escandalizarnos. La pobreza es consecuencia de la escandalosa concentración de la riqueza. Es posible atender eficazmente la administración de los niveles de pobreza sin modificar, por ello, el esquema distributivo; pero su erradicación –o al menos un avance en ese sentido- requiere la afectación de intereses muy poderosos. Requiere, en otros términos, profundizar el conflicto.

La reacción de los sectores más concentrados de la economía (y de sus portavoces políticos y mediáticos) ante las políticas públicas implementados desde el Ejecutivo en el último tiempo demuestra que hay definiciones estatales que se orientan en un sentido redistributivo.

En marzo del año pasado, la resolución 125 del ministerio de Economía procuró que los productores agropecuarios que venían percibiendo rentas extraordinarias por exportación concurrieran en forma justa al pago de tasas proporcionadas (retenciones móviles). Esa iniciativa del gobierno abrió la puja más virulenta.

Según la estimación de los economistas de la Casa Rosada, en 2008 el Estado pudo haber recaudado por retenciones móviles 800 millones de dólares y en 2009 otros 1.300 millones, lo que hubiera permitido construir al menos 30 hospitales, más de 300 centros de salud y un número aún indeterminado de viviendas y caminos rurales. Esa iniciativa desató una feroz resistencia de los sectores más concentrados, que se trasladó a una furiosa reacción del bloque opositor. El proyecto abortó finalmente en el parlamento nacional.

La estatización del sistema de fondos previsionales fue, entonces, la respuesta del Ejecutivo Nacional. Esta medida le dejará al gobierno fondos adicionales por 13.000 millones de pesos (algo mas 3.000 mil millones de dólares) al año. La administración pública de esos recursos posibilitó una serie de iniciativas que amplificaron el conflicto con el bloque de poder económico.

Así, se impulsó el plan “ingreso social con trabajo”, cuyo objetivo es crear 100 mil puestos laborales genuinos a través de cooperativas. En los cuatro últimos meses de este año, el programa tendrá un presupuesto de 1.500 millones de pesos y se aplicará en el conurbano. En 2010, el presupuesto aumentará a alrededor a 9 mil millones y el plan se extenderá a todo el país.

En ese marco, el gobierno nacional decretó la asignación universal por hijo. Alrededor de diez mil millones de pesos impactarán directamente sobre los ingresos de los trabajadores informales y los desocupados.

En el último año se tomaron, además, otras medidas con aval parlamentario, que potencialmente inciden en la matriz distributiva. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es, quizás, el ejemplo más claro en ese sentido, a partir de su marcada impronta desconcentradora de las corporaciones mediáticas.

Según datos del CEMOP (Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Publicas), el índice de la pobreza bajó del 54 por ciento en 2003 al 17,8 por ciento en 2008. La indigencia disminuyó, en el mismo periodo, del 27 al 7 por ciento. En esos años, el haber jubilatorio mínimo aumentó de 150 a 690 pesos y la masa salarial pasó de representar el 34 por ciento de la riqueza nacional a expresar el 43 por ciento.

Estos números son tomados como resultado del periodo de crecimiento económico más importante de nuestra historia. Son una evidencia objetiva del mejoramiento en las condiciones de los sectores populares (sobre todo si se comparan con los datos casi apocalípticos que emergen de la crisis que estalló en 2001 y 2002 como consecuencia de las inéditas políticas de exclusión social aplicadas en las décadas anteriores), pero no alcanzan para explicar el reparto entre capital y trabajo o la relación de ingresos entre ricos y pobres.

Las medidas tomadas en el último año expresan un dato político más alentador que los fríos números del periodo 2003/2008. Claro que no se trata de una ruptura con los años en que gobernaba Néstor Kirchner (2003-2007); más bien es posible hablar de una profundización de políticas distributivas en contextos de crisis internacional. Esas iniciativas aparecen como una respuesta oficial a la crisis, y esas respuestas generan contradicciones con los intereses dominantes. Durante el brutal crecimiento de los años anteriores, los sectores hegemónicos siguieron concentrando su riqueza; y es esa acumulación la que hoy entra en conflicto.

Como agenda para los meses venideros se impone un escenario social y político que avanza en esas direcciones. Se esperan nuevos reclamos salariales y nuevas reivindicaciones económicas de movimientos sociales que pugnarán por avanzar y no perder el terreno ganado. Ello configura un contexto favorable para las discusiones ya abiertas en torno a una nueva ley de entidades financieras, un debate estratégico que dinamiza las pujas distributivas.

*Periodista de la Agencia de Prensa del Mercosur

 

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