Abr 6 2017
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Despacito por las piedras

Ayudando a la OEA (1)

Hay que darle una mano a “nuestros” representantes ante la Organización de Estados Americano (OEA), tan cómodos en sus residencias y oficinas en Washington, tan alejados de la realidad. Son sólo pantallazos de la realidad cotidiana de nuestra región que, obviamente no les preocupa, ya que es mucho más cómodo satisfacer el libreto de Estados Unidos.

México: el inhumano y masivo desplazamiento interno

Entre enero de 2009 y enero de 2017, 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera forzada en el interior de la República Mexicana, debido a la violencia o a conflictos territoriales, religiosos o políticos, informó este martes la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). La población indígena fue la más afectada en 2016, pues fue sujeto de al menos siete eventos de desplazamiento interno forzado.

El estado de Guerrero fue donde ocurrieron más eventos masivos de desplazamiento forzado, con siete. Por aquellos sucesos fuero afectadas mil 650 personas. Otras entidades con eventos masivos de desplazamiento forzado fueron Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Durango y Tamaulipas.

Michoacán fue el estado con más personas desplazadas debido a la violencia, pues al menos 10 mil personas fueron obligadas a dejar la entidad. De acuerdo con la CMDPDH, unos 10 mil habitantes salieron de Michoacán entre el 23 y el 24 de mayo de 2016 y, meses después, una cantidad similar de michoacanos fue detectada en Tijuana, Baja California, por autoridades y organizaciones civiles. La localidad de Huixiopa, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, pasó por tres eventos de desplazamiento masivo y uno de ellos provocó la salida del 96% de su población.

“Derivado de la ausencia de instituciones y programas oficiales o no gubernamentales que atiendan el fenómeno del desplazamiento interno forzado, no se tiene certeza del número de retornos que ocurrieron en el año y de las condiciones de seguridad en las que tuvieron lugar”, dijo la CMDPDH en su informe.

Colombia: Las FARC envía alimentos a la devastada Mocoa, el gobierno dice que no es necesaria la ayuda

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) enviaron dos toneladas de productos básicos a la localidad colombiana de Mocoa para ayudar en la emergencia luego de la avalancha de lodo, piedras y desechos, que dejó más de 290 muertos y cerca de una veintena de barrios desaparecidos. El anuncio del envío fue realizado por el líder del grupo insurgente, Rodrigo Londoño, quien instó a todo el pueblo colombiano a solidarizarse y contribuir con las labores de restauración de la localidad.

“Solidaridad es compartir lo que se tiene, no lo que sobra”, afirmó Londoño. Las FARC-EP, que están en proceso de desmovilización, decidieron colaborar con aquello que tuvieran a la mano. El envío, que abarcó una totalidad de dos toneladas, incluyó 130 mercados completos, además de 30 carpas, 200 frazadas, 50 kits de aseo y 50 juegos de vajillas y cubiertos.

Para el sector gubernamental no es necesaria la colaboración del grupo insurgente. Así lo manifestó el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo. “Me parece que es un gesto importante, pero no creo que sea en este momento un valor agregado dado que hay un número grande de personas en la reconstrucción”, afirmó Pardo.

Argentina: Es ilegal la prisión de Milagro Sala

Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, dictaminó que la detención de la dirigente popular jujeña Milagro Sala es “ilegal y debe ser dejada sin efecto” y que además no se contempló la inmunidad de arresto de la que gozaba Sala al ser legisladora electa para el Parlasur. Agregó que la justicia de la norteña provincia de Jujuy no fundó los riesgos procesales que justificarían su encarcelamiento cautelar.

La procuradora general rechazó de plano el fundamento del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el cual alegaba que los legisladores del Parlasur no gozaban de inmunidad de arresto ya que se trataría de una cuestión regulada por los instrumentos internacionales, que no consagran inmunidad de arresto en el territorio argentino. Gils Carbó alegó que, de todas formas, los legisladores del Mercosur se equiparan a los diputados nacionales.

Cuestionó el hecho de que el Tribunal Superior jujeño “añadió que la posición de liderazgo y la capacidad organizativa de la señora Sala permitían inferir la existencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación sin explicitar de qué modo tal condición tendría entidad, en el caso, para justificar tal aseveración, y omitiendo determinar si esa circunstancia se mantiene en la actualidad”. En ese sentido, recordó que la Procuración General “ha considerado que las características personales del supuesto autor no son, por sí mismas, justificación suficiente de la prisión preventiva”.

La dirigente del movimiento Tupac Amaru se encuentra detenida desde el 26 de enero de 2016, poco más de un año que el Gobierno represivo de Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) le armó una causa por un acampe en la plaza principal de la capital jujeña, un claro ataque a las libertades democráticas atentando contra el derecho de protesta. El Gobierno jujeño tuvo que responder cuestionamientos por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alrededor de la privación de libertad de la dirigente política.

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