Bachelet se juega por Nueva Constitución y “proceso constituyente” para salir de crisis de credibilidad

Marcela Jiménez

Después de casi tres meses en que La Moneda estuvo a la deriva por el golpe que significó el caso Caval, junto con las tensiones que ha generado el destape de figuras como Giorgio Martelli en el financiamiento de campañas oficialistas y la aparición consecutiva de boletas a SQM, la Mandataria usó la cadena nacional de anoche para dar una fuerte señal de liderazgo y ponerse al frente del proceso de reformas.

Entre ellas, el financiamiento estatal de los partidos y la eliminación de los aportes reservados y anónimos a las campañas y también de las empresas, la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y la reactivación de su compromiso de impulsar una nueva Carta Magna.

Es una promesa de campaña y está en su programa de Gobierno. Es la tercera reforma estructural que comprometió y aunque a fines del año pasado había la sensación de que se había diluido, no existían precisiones ni se veían avances, anoche durante la cadena nacional que hizo para anunciar las medidas que adoptará a la luz del informe que le entregó la “Comisión Engel”, la Presidenta Michelle Bachelet se jugó una carta estratégica y anunció el inicio de un “proceso constituyente” para elaborar y aprobar una nueva Constitución.

“En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”, sentenció Bachelet.

Los casos Penta, Caval y SQM que han dejado en evidencia el oscuro intrincado del financiamiento de las campañas políticas y la cuestionable relación de los partidos con el mundo privado desataron una crisis de credibilidad que –según dijo la jefa de Estado anoche- deteriora la democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad.

Por lo mismo, explicó que el escenario actual requiere de “construir mejores cimientos” y “delinear una idea de Estado, de democracia y de los negocios que queremos construir”.

Para la Mandataria, el paquete de duras medidas anunciadas anoche para fiscalizar la corrupción y el financiamiento de campañas, regular los mercados y resguardar la ética pública, “se complementará de manera natural con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución”, precisamente porque implica establecer nuevas reglas del juego para todos los actores del mundo público y privado.

“En esta tarea no voy a vacilar o detenerme, porque honraré el compromiso que asumí con ustedes, con mi patria, cuando me eligieron como su Presidenta para conducir los destinos de la nación”, agregó Bachelet sobre la nueva Carta Magna.

Tal como se había dicho, Bachelet se jugó el todo por el todo con la cadena nacional de anoche, puso todas las fichas en el tablero y asumió el liderazgo del proceso, después de casi tres meses en que La Moneda estuvo bastante a la deriva por el golpe que significó el caso Caval, junto con las tensiones que ha generado el destape de figuras como Giorgio Martelli en el financiamiento de campañas oficialistas y la aparición consecutiva de boletas a SQM.
Más allá de la fecha y de hablar de diálogos, debates, consultas y cabildos de los cuales surgiría la nueva Constitución, en la cadena de anoche la Presidenta no detalló las implicancias del Proceso Constituyente, aunque en días previos había dado algunas luces al respecto. Hace una semana, en el desayuno con la prensa nacional, reconoció que el tema constitucional no había avanzado mucho en los meses pasados debido a la intensa coyuntura, pero reiteró que su objetivo era tener una nueva Constitución antes de entregar la banda presidencial el 2017.

En ese momento, Bachelet dijo que ella era partidaria de un proceso de discusión masiva, “casi a nivel de juntas de vecinos” si fuera posible, que lo que le importa es que “no sea la elite solamente discutiendo”, que la masividad es “la única manera de restaurar las confianzas”.

Agregó que no era “prejuiciosa con ningún mecanismo”, que las fórmulas de Asamblea Constituyente que le habían mostrado hasta entonces no eran “lo más conveniente” para la realidad chilena y advirtió que una AC, dependiendo de cómo se conforme, igual puede terminar en que solo la elite del país genere la nueva Constitución.

Informe Engel

El viernes Bachelet recibió el informe del consejo asesor anticorrupción, que tiene unas 260 medidas contenidas en cinco capítulos: prevención de la corrupción, regulación de los conflictos de interés, financiamiento de la política, confianza en los mercados e integridad, ética y derechos ciudadanos. El contenido del documento no era vinculante ni resolutivo, pero Bachelet recogió casi íntegramente los aspectos más relevantes y las medidas más duras que fueron propuestas.

“Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y  reservados”, dijo, y a renglón seguido sentenció que “las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”.

Explicó que será “el Estado el que financie el trabajo de los partidos”, pero que deberán cumplir con una serie permanente de requisitos y controles; anunció la obligación de las colectividades de “reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros” y “tener contabilidad transparente y fiscalizada”.

Bachelet defendió la importancia de la actividad política y de los partidos: “Sé que muchos desconfían de ella, pero si no hay vida política de calidad, no hay democracia, ni derechos ni equidad social. Y a nuestra vida política debemos fortalecerla, transparentarla y, sobre todo, separarla del poder del dinero que ejercen unos pocos”.

Explicó que en paralelo se va a fortalecer al Servel –al que se le otorgará autonomía constitucional– y el Tricel con facultades reales de fiscalización y sanción; se van a ampliar los cargos públicos que requieran concursar vía Alta Dirección Pública y se regulará la capacidad de los gobiernos de turno para removerlos y designarlos. También dijo que se reforzarán las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública, se ampliarán las prohibiciones de contratación en el Estado a parientes de las autoridades, y que lo mismo se hará con el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de las autoridades.

Se mantendrá la suma urgencia para crear la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público. Para el mundo privado, Bachelet dijo que hay que cuidar el modo de hacer negocios y que “buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales, no es progreso”. Entre las medidas anunciadas se cuentan sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas; tipificar y sancionar el delito de corrupción entre particulares y los pagos indebidos para obtener negocios y, además, fiscalizar estrictamente la relación entre la política y los negocios.

La Presidenta explicó que el contenido de la cadena de anoche no son las únicas medidas que impulsará, es más, precisó que a fines de la próxima semana La Moneda entregará un plan completo para que esté en conocimiento de la opinión pública. Agregó que respecto de todos los anuncios que impliquen medidas administrativas, se autoimpuso un plazo de 15 días para dictarlas y que, en cuanto a todas aquellas que requieren proyecto de ley, serán mandadas a más tardar en 45 días.

Además, hoy –dijo– se dará urgencia de discusión inmediata (tres días en cada cámara del Congreso) para la Ley de Probidad y Transparencia y la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular.

“Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, advirtió.

Tal como se había dicho, Bachelet se jugó el todo por el todo con la cadena nacional de anoche, puso todas las fichas en el tablero y asumió el liderazgo del proceso, después de casi tres meses en que La Moneda estuvo bastante a la deriva por el golpe que significó el caso Caval, junto con las tensiones que ha generado el destape de figuras como Giorgio Martelli en el financiamiento de campañas oficialistas y la aparición consecutiva de boletas a SQM.

“Esta será una de las reformas que marcará el legado de mi Gobierno y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor de ningún tipo. Porque sé que no habrá desarrollo, democracia, paz social, si no reconstruimos la confianza en nuestra vida pública”, agregó, al tiempo que emplazó a los funcionarios de Gobierno, los representantes de todos los poderes del Estado, los partidos políticos y las organizaciones empresariales a que respalden y se cuadren “con este esfuerzo común”.