Ene 8 2007
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Economía

Bolivia, el agua. – ¿DE RODILLAS O CON ORGULLO?

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

LYONESE: EL AGUA NO ERA CLARA

Argenpress*

Según informó el ministro del Agua, Abel Mamani, el Estado boliviano asumirá las deudas de la filial de Lyonnaise des Eaux por concepto de créditos obtenidos para realizar nuevas conexiones que nunca ejecutó. Esta cifra llega a 9,6 millones de dólares, a lo que se suman otros 5,5 millones de dólares que se pagarán a los empresarios bolivianos que eran socios de la transnacional.

En lo operativo, a partir del jueves cuatro de enero de 2007, y por el lapso de seis meses, el estatal Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se hace cargo de garantizar el servicio de agua potable a la población, apoyado por seis comisiones interinstitucionales, que verán aspectos como operaciones, finanzas, contratos, producción y saneamiento, planificación, regulación y otros.

El FNDR asumirá esta tarea mientras se constituya la nueva empresa operadora estatal, que será configurada por un directorio que será constituida con representantes de las Juntas Vecinales y gobiernos municipales de La Paz y El Alto y el propio Ministerio de Aguas. La nueva empresa pública del agua en La Paz y El Alto arranca con un capital de 5.5 millones de dólares provenientes de créditos de la Unión Europea y del gobierno de Venezuela.

En opinión del ministro Mamani, la compensación otorgada a la transnacional evitará que ésta inicie un juicio al Estado boliviano, con resultados que serían inciertos. Este tema fue corroborado por el propio presidente Evo Morales.

“El tema agua no puede ser de negocio privado, tiene que ser servicio básico, con participación del Estado para que el consumo de agua (sea) casi sea gratuito”, dijo al destacar la paciencia de las organizaciones sociales que lucharon por la salida de Aguas del Illimani.

Morales explicó que se tuvo que negociar con dicha compañía para no perjudicar al país y para garantizar que organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguren el financiamiento para hacer inversiones en la nueva empresa del agua.

Pese a ello, el ejecutivo de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, Oscar Olivera, cuestionó la indemnización y recordó que en el caso de la expulsión de la empresa Aguas del Tunari, filial de la transnacional Betchel, en la ciudad de Cochabamba en 2000, el Estado no pagó ni un centavo. Según este dirigente, la situación de la transnacional Lyonnaise des Eaux era muy similar a la de Betchel.

“En un momento (los de Betchel) quisieron cobrar una indemnización de 25 a 50 millones de dólares, pero hicimos una campaña internacional a todo nivel, al final no se pagó ni un solo centavo y es más, Aguas del Tunari terminó vendiendo el 80 por ciento de sus acciones al Estado por el precio simbólico de dos bolivianos (25 centavos de dólar)”, explicó Olivera.

En aparente respuesta a estas críticas, Morales dijo: “Algunos dirán que se han tardado más de un año. Se ha tardado, pero con resultado positivos”, y criticó a algunos dirigentes que, bajo el argumento de haber peleado por el agua en Cochabamba, exigían cargos para sus familiares. Y señaló “No quisiera que ocurra eso con nuestra nueva empresa”.

EN EL ALTO, CABIZBAJOS

Mario Ronald Duran Chuquimia**

En Palacio de Gobierno en medio de vivas a El Alto, a Abel Mamani y un sonoro “¡El Alto de pie, nunca de rodillas!”, la administración Morales ha rescindido “amistosamente” el contrato con la trasnacional Lyonnaise des Eaux – Aguas del Illimani; entre las principales características de este convenio está que el Estado asume las deudas contraídas por esta trasnacional y le reconoce quince y medio millones de dólares.

El informe de auditoria elaborado por la empresa Pozo y Asociados, que hasta hace poco era secreto de Estado, en sus partes mas sobresalientes señala que dicha trasnacional –por incumplimiento del contrato de concesión– adeuda a las ciudades de La Paz y El Alto diez millones de dólares, así también el citado informe establece el manejo alegre de las supuestas inversiones que realizo esta empresa.

Pero más grave es el daño a las personas en las que incurrió esta empresa; citamos el caso de la planta de Achachicala: la norma señala ciertos limites en la presencia de sustancias químicas en el agua potable, el potencial de hidrogeno (pH) llego a 9.9 cuando el contrato establecía como máximo 9.0, la presencia de sulfatos llego a 1.275 miligramos por litro, pese a que una clausula señalaba 600 mg/lt como máximo. Vale decir, que AISA no realizo un correcto tratamiento de aguas, ahorrándose insumos para este cometido. En síntesis, la ciudadanía consumía agua de baja calidad.

Así también el daño causado al medio ambiente es de proporciones catastróficas, el Titicaca, lago sagrado de los incas tiene los días contados, la planta de tratamiento de aguas servidas de Puchucollo dependiente de AISA no cumple con este cometido, condenando a muerte por asfixia a este importante ecosistema.
Ante tal realidad, la “rescisión” amistosa del contrato con AISA no debería ser motivo de orgullo, sino mas bien de vergüenza, de rodillas se ha premiado a esta multinacional con quince y medio millones de dólares, premiándola por su pésima labor. Con este acto se ha enterrado la movilización popular alteña de Enero y Mayo de 2005. Lo correcto era expulsar a AISA sin pagar ninguna indemnización.

Queda como tarea el análisis del futuro carácter de la “nueva empresa de aguas”. Parecería que algunos líderes del oficialismo están de acuerdo con que los recursos naturales generen jugosas plusvalías a costa de los usuarios, contrariamente a lo que planteo el pueblo alteño: “la conformación de entes sin fines de lucro con control social ejercido por los vecinos”.

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*Argenpres es una agencia de noticias argentina independiente.
www.argenpress.info

** Durán Chuquimia es vecino alteño y miembro de una de las 560 juntas vecinales de El Alto.
Los datos para su artículo –indica– fueron tomados del resumen del informe de auditoria elaborado por la empresa Pozo y Asociados, proporcionado por el Programa de Desarrollo del Poder Local dependiente de la ONG “Defensa de Niños Internacional” filial El Alto.

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