Brasil busca frenar la extranjerización de la selva tropical

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Taiana González*   

El gobierno brasileño tras largos años de disputa por la soberanía del Amazonas, impulsa medidas para conservar el territorio y la biodiversidad de la zona más rica en minerales y especies biológicas. 

Los recursos naturales son la riqueza del mundo, y la puja por apoderarse de ellos no cesa. De un lado aparecen los gobiernos que buscan “protegerlos” y por otro la maquina demoledora que intenta explotarlos y hacerlos sumamente productivos sin importar la pérdida de biodiversidad. Para intentar frenar este avance inminente sobre la riqueza natural, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva lanzó un programa para impulsar el desarrollo sostenible de la región amazónica.
 
Para conservar las tierras, el presidente brasileño impulsó la creación de dos reservas explotables y de un parque nacional, protegiendo de esa manera alrededor de 2,6 millones de hectáreas. Se trata de las reservas de extracción del Medio Xingu (303.800 hectáreas) e Ituxi (776.900 hectáreas), en los estados de Pará y Amazonas, y del Parque Nacional Manpiguari (1,6 millones de hectáreas), en el estado de Amazonas.
 
A diferencia de los parques naturales y de las reservas ambientales, en las llamadas reservas de extracción, el Estado permite a las familias que habitan esas áreas, el derecho a explotar artesanalmente y de forma sustentable las frutas y los recursos de la selva.
 
La creación de estas 3 áreas protegidas, se enmarca dentro del Plan Amazonia Sustentable (PAS), a partir del cual el gobierno brasileño busca estabilizar la situación que se vive en la región, agregando casi 3 millones de hectáreas de selva, a la zona de protección oficial. Dicho plan busca combatir el desmantelamiento ilegal, garantizar la conservación de la biodiversidad, de los recursos hídricos y mitigar el cambio climático.
 
La selva amazónica es la selva más grande de la tierra y cubre aproximadamente siete millones de kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 40 por ciento del territorio sudamericano. Esta región es rica en biodiversidad y se calcula que contiene alrededor de un cuarto de todas las especies. Otro dato importante es que la cuenca amazónica contiene más del 20 por ciento del agua dulce del planeta.
 
El 63 por ciento de este territorio pertenece a Brasil, por eso Lula -aunque reconoce que el Amazonas es Patrimonio de la Humanidad y como tal debe producir recursos para todo el mundo- asegura que el gobierno brasileño es quien debe cuidar el territorio.
 
"Es Brasil el que cuida de la Amazonia y no aceptaremos ninguna discusión que deje de reconocer y respetar nuestra afirmación inequívoca e incondicional de nuestra soberanía nacional sobre la Amazonia", afirmó el ministro de asuntos estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, quien además coordina el PAS.
 
Este afán por proteger la soberanía nacional sobre el Amazonas se debe a que del los 5,5 millones de hectáreas que extranjeros poseen en Brasil, más de la mitad -3,1 millones- se sitúan en la región amazónica. Por esta razón el gobierno brasileño estudia la implantación de medidas jurídicas para frenar el avance extranjero sobre este territorio rico en biodiversidad.
 
En ese marco, la Policía Federal y los servicios de inteligencia de Brasil, investigan al empresario sueco Johan Eliasch, consultor del primer ministro británico, Gordon Brown, quien estaría alentando a empresas europeas a comprar lotes en la Amazonía.
 
“Entre 2006 y 2007, Eliasch realizó reuniones con empresarios y propuso que comprasen tierras en la Amazonía, llegando a afirmar que serían necesarios solo 50.000 millones de dólares para adquirir toda la selva", indicó O Globo, de acuerdo a un documento obtenido en la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
 
De hecho la empresa maderera Gethal Amazonas de Eliasch, fue multada y debe pagar 280 millones de dólares por posibles actividades de tala ilegal, de acuerdo a lo dicho por el portavoz de Ibama -la agencia brasileña de medio ambiente- Marcelo Dutra.
 
La presencia de extranjeros en Brasil, se debe al creciente interés que tienen hoy en día, los inversores en adquirir tierras para la producción de alimentos y agrocombustibles, de acuerdo a lo afirmado por el presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), Rolf Hackbart. Además, tras haber logrado pagar su deuda externa, la estabilidad económica alcanzada por Brasil, hizo que el país sea seguro para la inversión extranjera.
 
La preocupación brasileña por conservar la soberanía sobre el Amazonas, y consecuentemente sobre los recursos naturales que la conforman, debería ser tomada como ejemplo para el resto de los países latinoamericanos que están vendiendo, hace años, sus tierras al mejor postor.
 
El caso argentino es sin dudas uno de los más lamentables, ya que la venta de tierras no tiene freno. La Patagonia argentina, al igual que el norte del país están en la mira de grupos privados que buscan comprar el territorio. Este fenómeno no es nuevo, ya que comenzó en la década del 90, cuando personajes como Douglas Tompkins, Luciano Benetton y Ted Tuner se instalaron en las propiedades que adquirieron a precios irrisorios.
 
Estos extranjeros son dueños de propiedades que incluyen ríos y lagos, territorios que de acuerdo a lo que establece la ley nacional no pueden ser vendidos. Pero una vez más las leyes parecen estar hechas para ser rotas, sino no se puede explicar cómo el magnate ingles, Joseph Lewis, se ha convertido en el dueño del Lago Escondido –ubicado entre El Bolsón y Bariloche-. Este multimillonario, además intenta construir un aeropuerto privado -lo cual le impediría al estado controlar el ingreso de aviones extranjeros-, en una zona geopolíticamente estratégica, que busca tener conexión directa con las Islas Malvinas.
 
En Argentina se calcula que alrededor del 10 por ciento del territorio ya está en manos extranjeras. De hecho la mayor propietaria del país es una conocida familia italiana dedicada a la moda: los Benetton, que son dueños de 900 mil hectáreas.
 
En Uruguay sucede algo similar, ya que la Agencia de Bienes Raíces Century 21, ha puesto a la venta casi toda la Playa Grande dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, de aproximadamente 379 hectáreas. Parece no importar que dicho parque fue creado en 1995 para proteger el desove de las tortugas baulas -las más grandes del planeta-, ya que la zona ya está loteada y lista para convertirse en una mercancía valuada en dólares.
 
Además, como dato alarmante, es necesario resaltar que en Uruguay existen alrededor de 16 millones de hectáreas productivas, y que más de medio millón pertenecen a 3 empresas extranjeras. La filial forestal de ENCE en Uruguay, EUFORES, y otras dos grandes empresas forestales extranjeras: Botnia y la estadounidense Weyerhaeuser.
 
Los recursos naturales son el botín de una nueva batalla que todavía no ha explotado violentamente, pero que intenta saquear a los países ricos en biodiversidad. Es alarmante que no existan –o no se apliquen – leyes de regulación y protección de la naturaleza. Esta falta de medidas hace que tanto empresas como inversionistas extranjeros, se conviertan en los dueños de las riquezas del mundo, quitándoles soberanía a los países.
 
El diario ingles The Indepedent afirmó que la Amazonia "es muy importante para ser dejada en manos de los brasileños". Está claro que los países más poderosos no buscan proteger el Amazonas, en tanto patrimonio de la humanidad, sino que buscan explotar al máximo sus riquezas.
 
Volviendo al caso brasileño, hay que destacar que el Plan Amazonia Sustentable propone otorgar créditos a los gobiernos regionales para la construcción de escuelas y proyectos de inclusión social, para beneficiar a más de 24 millones de personas que habitan la amazonia brasileña. Estos proyectos serán negociados con los 9 estados que conforman la región.
 
Las medidas para frenar la extranjerización de territorios brasileños, están siendo evaluadas por un organismo federal: la Abogacía General de la Unión (AGU. Lo que se intenta es modificar las normas actuales sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros -vigentes desde 1998- que eliminaban la exigencia de una autorización previa para la compra de tierras en Brasil por parte de empresas de otros países.
 
A partir de la implementación de estas nuevas medidas en defensa de la biodiversidad, hay una vuelta a la situación que se vivía en 1971, y las tierras que desde hace años están siendo acechadas incesantemente por capitales extranjeros, dejarían de correr peligro.
 
* Publicado en APM

 

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