Chile al desnudo: corrupción elitista y movilización social
Escribir por estos días acerca de Chile no resulta nada fácil. No porque no haya nada que decir, por el contrario, están ocurriendo tantas cosas, se están destapando tantas turbias prácticas de la elite (delictuales muchas de ellas) y están estallando tantos escándalos político-empresariales que uno no sabe por dónde comenzar.
A modo de introducción señalemos que cerca de un tercio de los senadores chilenos, tanto de la alianza de gobierno (Nueva Mayoría), como de la derecha, están siendo investigados en los tribunales por diversas causas, relacionadas con financiamiento ilegal de sus campañas en la mayoría de los casos. Senadores como el socialista Fulvio Rossi recibían regularmente dinero de la empresa minera Soquimich, privatizada durante la dictadura y propiedad del yerno de Pinochet. Otros, como el derechista Jaime Orpis, estuvieron por años en la nómina de pagos de una de las mayores empresas pesqueras del país, propiedad de la familia Angelini (que figura en la lista Forbes) y recibía mensualmente millonarios aportes.
Orpis perdió recientemente su fuero parlamentario acusado de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco. El hijo de la Presidenta Bachelet y su nuera enfrentan cuestionamientos públicos y procesos por tráfico de influencia; el ex senador socialista y ex Ministro de Economía del primer gobierno de la transición democrática, Carlos Ominami, antiguo militante del MIR y luego del Partido Socialista, padre (adoptivo) del candidato presidencial, Marcos Enríquez Ominami, fue formalizado esta semana por delitos tributarios en el marco de las investigaciones que la Fiscalía lleva adelante por financiamiento ilegal de campañas. También esta semana se filtraron emails entre el ex senador, ex ministro y ex candidato presidencial del principal partido de la derecha chilena, Pablo Longueira y el máximo gerente de la minera Soquimich. Estos dan cuenta de cómo la empresa le enviaba al senador textos que luego, en una simple operación de copy/paste, éste ingresaba al Senado para luego convertirse en leyes de la República, por ejemplo, la ley que regula un tributo específico de la gran minería.
Y así podríamos seguir con una larga lista de hechos, por ejemplo, después de ser campeones de la Copa América estalló un caso de corrupción que provocó que el máximo dirigente de la Asociación Nacional de Fútbol se entregara a la policía estadounidense en Miami; o la corrupción en las Fuerzas Armadas que obligó al comandante en Jefe del Ejército a comparecer ante una comisión investigadora del Congreso para dar cuenta frente a las cámaras de televisión de este otro escándalo; también la corrupción en la educación que terminó con el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, uno de los fundadores del partido Izquierda Cristiana y militante en la lucha antidictatorial, preso por aceptar dinero a cambio de acreditar instituciones de educación superior.
Y mientras los escándalos no parecen detenerse y el año 2016 promete un imparable destape de corrupción institucionalizada propia de la gobernabilidad de los últimos 25 años, pareciera ser que se debilitan significativamente dos cuestiones: por un lado, la credibilidad de ese relato que presumía de la “excepcionalidad chilena” y por otro, la institucionalidad postdictatorial de esta transición. Excepcionalidad que presumía de un país diferente al de sus vecinos latinoamericanos, tanto por la seriedad y robustez de su economía como por la ejemplaridad democrática de su transición política, encabezada por una clase política seria e íntegra.
Es justamente esto último lo que está en juego: el fin de una eterna transición que se construyó sobre dos pilares: mantener la Constitución de Pinochet que al día de hoy es la Carta fundamental de Chile y desmovilizar y despolitizar al pueblo que con su lucha hizo posible el fin de la dictadura. Se trata, de hecho, de la única transición democrática del continente que mantuvo la Constitución de la dictadura. Los principales responsables de ello es la misma clase política que luego de combatir a Pinochet se convirtió en Gobierno y legitimó el neoliberalismo como marco de la convivencia nacional.
Y en cuanto al discurso de la ejemplaridad económica que ha sido usado como un hecho empírico del éxito que puede significar el neoliberalismo para un país, un solo dato: Chile es uno de los pocos países democráticos del mundo (si no el único), en el cual en pleno siglo XXI no existe derecho a huelga para los trabajadores. Al igual que ocurre con la Constitución, las leyes laborales que nos rigen son exactamente las mismas que dejó la dictadura y que no quisieron modificar los gobiernos de transición. Entre otras, esta legalidad permite que el empleador reemplace durante una paralización a los trabajadores en huelga por trabajadores externos y contratados para la ocasión. Son estas leyes laborales la base de la excepcionalidad económica chilena: trabajadores sujetos a marcos legales del siglo XIX, siendo explotados en procesos de generación de riqueza del siglo XXI.
Sin embargo, la fuerza de los movimientos sociales, notoriamente activos desde el 2011 cuando estallaron las protestas medioambientales y estudiantiles, han obligado a la elite a prometer reformas que, de llevarse a cabo, pondrían fin a los marcos institucionales postpinochetistas de convivencia que hoy nos rigen. Una de esas promesas y que está en el programa de gobierno de Michelle Bachelet es impulsar una reforma laboral que, entre otros, permita la huelga efectiva en Chile. Sin embargo, aun cuando el gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras, este punto es intensamente resistido por los sectores más conservadores de la propia coalición de gobierno en el Senado. Por lo mismo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realizó un llamado a Paro Nacional para el 22 de marzo, como una forma de presionar por la aprobación de las reformas laborales y para que Chile dé un salto al siglo 21. A esa movilización la anteceden multitudinarias marchas realizadas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en las principales ciudades chilenas, así como acciones masivas de protestas ciudadanas contra las alzas de pasaje en Santiago y los anuncios del movimiento estudiantil de centrar este año sus esfuerzos en lograr alianzas con otros sectores sociales.