Ene 28 2018
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Política

Chile: Certificado de decencia para Julio Ponce Lerou

El 17 de enero, Corfo y SQM firmaron un acuerdo de conciliación para modificar los contratos entre las partes, tras varios años de negociaciones. Un pacto para la futura explotación del litio, anunciado como un “éxito” para el gobierno y el Estado de Chile por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación, Eduardo Bitran, que apunta, dijo, a clausurar “un capítulo extenso de disputa y negociaciones entre ambas entidades”.

En lo más inmediato -y destacado en la oportunidad por Corfo-, está el cambio a la estructura del gobierno corporativo de SQM, lo que implica la salida de Julio Ponce Lerou del control de la sociedad minera, punto intransable para Bitran desde el inicio de las conversaciones. Junto a esta exigencia, la entidad pública aumentó los precios del contrato de arriendo de los yacimientos mineros que le entrega a SQM, que se igualan al contrato con la otra empresa minera del litio, Albemarle, y estableció los derechos de Corfo como propietario de los yacimientos, entre otros aspectos. Junto a ello, la Corporación destaca que logró un acuerdo de expansión de la oferta de litio con SQM y Albemarle, lo que “permitirá que Chile mantenga el liderazgo mundial en el litio, con una participación de mercado superior al 45%. Ambos acuerdos implican, entre 2017 y 2030, ingresos adicionales para el Estado y las comunidades de alrededor de 12 mil millones de dólares”.

Esta es la versión oficial e interesada de un acuerdo tomado entre un gobierno saliente y los ejecutivos de SQM. Un acto realizado cuando los medios de comunicación y el país en general seguían los detalles de la visita del Papa Francisco a Chile, que ha impedido ya no sólo la información ciudadana sino un debate justo en torno a la materia. Con la excepción de algunas organizaciones territoriales de defensa del litio y de un grupo de parlamentarios apresurados por cerrar el año legislativo, el contrato que entrega la explotación del litio a SQM hasta el año 2030 ha circulado de forma periférica al núcleo de la agenda noticiosa.

Una primera observación a la modificación del contrato apunta a una serie de efectos nocivos para la economía nacional en el corto y mediano plazo. El acuerdo clausura un debate que podría haber cambiado el curso que actualmente sigue la economía chilena, en cuanto el Estado se inhibe de participar en la explotación y desarrollo de la industria del litio. El contrato entre Corfo y SQM entrega en los hechos a un privado la explotación del litio por los próximos años, acción que consolida un modelo económico que ha entregado todos los recursos naturales a manos privadas.

El orden neoliberal también en el litio

El incipiente debate que se inició hace cuatro años en torno a la posible recuperación por parte del Estado del litio como recurso estratégico, discusión que había sido levantada incluso por el mismo Bitran mediante un juicio contra SQM por el incumplimiento del contrato de arriendo del Salar desde los primeros gobiernos de la Concertación, se cierra abruptamente con el acuerdo. Esta decisión, que consolida el orden neoliberal en el litio, sin duda tendrá consecuencias económicas desfavorables para el país en cuanto renuncia como Estado a entrar a competir en una de las principales tecnologías del momento. Chile nuevamente se inhibe de incorporar valor agregado a sus recursos naturales y se consolida como extractor de materias primas.

Si todos estos efectos se inscriben en la escena económica, un acuerdo con SQM apunta al centro del momento político en cuanto Corfo avala un contrato con la empresa y la figura más nefasta para la economía y la política chilena desde los tiempos de la dictadura. El acuerdo suscrito por el gobierno con la empresa controlada por Ponce Lerou es también un lavado de imagen al ex yerno de Pinochet, no sólo en cuanto a las condiciones que permitieron la compra de la sociedad minera durante la dictadura sino también respecto a su función como corruptor de la política chilena. En el nuevo contrato, Ponce Lerou dejaría de ser el controlador de SQM pero en los hechos permanece como dueño.

Corfo no habla de ello. Cierra con rapidez un contrato y le extiende un certificado de decencia a SQM, empresa con un prontuario desde los primeros años de la dictadura que estará a la cabeza de la explotación del litio chileno hacia el futuro. Un acuerdo entre partes sin duda interesadas que tiene una inspiración muy similar a la ley minera que ha entregado el cobre a manos de corporaciones privadas desde el fin de la dictadura.

Resultado de imagen para corfoEn la firma bastante apurada del nuevo contrato Corfo-SQM hay que destacar el contexto que lo ha rodeado. Bitran es un alto funcionario que llevó adelante una batalla que finalmente pierde. En las postrimerías de un gobierno derrotado responde a este espíritu y baja la guardia ante el poderoso Ponce Lerou. Se trata, sin duda, de una política gubernamental inspirada nuevamente en las prácticas de los consensos con los poderes económicos. De partida, Corfo depende directamente del Ministerio de Economía, cartera encabezada por Jorge Rodríguez Grossi, factotum de la ex Concertación y las grandes corporaciones en el gobierno de la Nueva Mayoría. Rodríguez Grossi, un representante ejemplar de la puerta giratoria de altos funcionarios entre cargos públicos y directorios de la empresa privada, no sólo favorece hacia el final del gobierno a SQM, sino que la fortalece como importante actor de la economía. Una manera de limpiar a la empresa y olvidar el corrupto pasado político y la compra de parlamentarios.

La reacción de las comunidades

La tarde de la firma del contrato ante las puertas de Corfo protestaron comunidades de Atacama agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños. Aquella tarde mediatizada con la visita del Papa Francisco, las comunidades impugnaron el contrato en cuanto se le entrega la explotación del litio a SQM hasta el año 2030 y se le permite extraer 180.000 toneladas adicionales. En el camino se deja en nada el juicio arbitral que buscaba terminar con el contrato de arriendo de los salares por los múltiples incumplimientos contractuales de SQM. Hasta ahora, según lo que se conoce del acuerdo, Soquimich podrá ampliar su capacidad de explotación en el Salar de Atacama previa Resultado de imagen para Consejo de Pueblos Atacameños y sqminversión de mil millones de dólares, e incluso podrá participar -junto a Codelco- en la explotación del Salar de Maricunga.

No sólo las comunidades atacameñas han iniciado una campaña contra el tiempo para impugnar el acuerdo tomado entre cuatro paredes. Un grupo de 41 diputados solicitó una sesión especial para abordar el acuerdo entre Corfo y Soquimich (SQM) y exigir explicaciones de Bitran. Al respecto, el diputado comunista Daniel Núñez calificó como una vergüenza el acuerdo alcanzado por Corfo y SQM, ya que “legitima la corrupción y establece el principio de que en Chile quien tiene plata paga, y por lo tanto, al pagar queda impune por sus delitos. Creo que la lógica bajo la cual el país se beneficia porque recibe ingresos pero también legitima a un actor corrupto como la empresa Soquimich, es una lógica que mata al Estado y le quita toda ética a la actividad pública y más aún, a todos los que son funcionarios públicos”.

Otras críticas han venido desde sectores independientes y académicos. El economista Roberto Pizarro escribía en El Desconcierto que “el yerno de Pinochet es un intocable. Nadie se atreve con él. Se adueñó de Soquimich (SQM) gracias a las privatizaciones truchas de su suegro, el dictador Pinochet. Los gobiernos de la Concertación no repararon esta injusticia. Para peor de los males, a fines de 1995, Felipe Sandoval (hoy en la defensa corporativa de las salmoneras) y Eduardo Bitran ejecutivos de la Corfo, le otorgaron la concesión de 80 mil hectáreas del Salar de Atacama para la explotación ‘exclusiva y excluyente’ del litio y sus derivados. La Concertación respaldaba los negocios de Ponce Lerou”. Y agrega: “Durante cuatro años se conoció la fuerte retórica de Bitran, quien anunciaba las penas del infierno para SQM y Ponce Lerou. Ello le dio esperanzas a la gente decente de nuestro país que esperaba un inminente término de la concesión. Nada de eso. No hubo revocación para explotar el Salar. Eran sólo palabras. Los hechos dijeron otra cosa”.

Ante los hechos consumados, queda poco por hacer. El economista Julián Alcayaga, presidente de la ONG Chile-Cobre, presentó ante la Contraloría un recurso de “no toma de razón” por éste y otro decreto firmado por la ministra de Minería, Aurora Williams, que faculta a Codelco a entregar un contrato de operación del litio a otras empresas en el Salar de Maricunga. “Otras”, que también podría ser SQM.

Alcayaga basa su presentación tanto en el Código de Minería, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y la misma Constitución de 1980 que establecen que el litio es “inconcedible” por ser un recurso estratégico. Una condición que con el paso de los años y el peso de la cultura neoliberal pasa al olvido. No sólo Pinochet se salta esta declaración sino lo hace la Concertación desde su primer gobierno. En 1993, durante la administración de Patricio Aylwin, Soquimich entra a la escena del litio al comprar la participación de las dos empresas privadas que explotaban este mineral. Dos años más tarde el gobierno de entonces cambia el contrato de arrendamiento con SQM y deja vía libre a la compañía de Ponce Lerou para explotar el Salar hasta el año 2030. Junto a ello, se firma un acuerdo para que Corfo no pueda explotar ni por sí mismo ni mediante terceros el saldo de la superficie del Salar.

Alcayaga nada contra la corriente. Aun así, declara que “nuestra Carta Fundamental dispone perentoriamente que solo el Estado o sus empresas pueden explorar, explotar o beneficiar los yacimientos con sustancias no concesibles, entre las que se encuentra el litio. También se podrán otorgar concesiones administrativas o contratos especiales de operación, pero todo ello bajo los requisitos y condiciones que disponga el presidente de la República, por decreto supremo”.

En suma, primero, afirma Alcayaga, el litio no es concesible, segundo, si se llegara a permitir que terceros puedan explotarlo, solo se puede hacer por concesiones administrativas o contratos especiales de operación, y tercero, la Constitución lo establece muy rotundamente que solo el presidente de la República puede otorgar derechos de explotación, por decreto supremo, decreto que en su firma, la del presidente de la República, no puede ser reemplazado por un ministro de Minería, por el vicepresidente de Corfo, o el presidente ejecutivo de Codelco.

Las responsabilidades de este acuerdo de última hora apuntarían, según el economista, a la misma presidenta Michelle Bachelet. “Si actualmente la presidenta Bachelet quiere retroceder en la protección de los intereses nacionales, entregando derechos de explotación a terceros que no sean el Estado, que lo haga directamente, y no por el intermedio de autoridades de Corfo, Codelco o la ministra de Minería, que la Constitución no autoriza. O que deje dicha responsabilidad al presidente Piñera, que asumirá en menos de dos meses”.

Una ceremonia de cierre y de claudicación que nos ha regresado a los peores años de las políticas de los consensos y de la entrega neoliberal.

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 893, 26 de enero 2018.

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