Chile: cuando la política huele a pescado podrido

Desde hace dos años aproximadamente, los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar, vienen escabullendo el debate sobre sus conductas como parlamentarios en el Senado de la República. Se escudan en el fuero y en el privilegio que los exime de declarar personalmente, a diferencia de lo que debe hacer cualquier ciudadano, para evitar ser investigados. Además, recurren a la querella criminal por injurias y calumnias ante cualquier denuncia que se formule a su gestión.

De esta forma amenazan seriamente el ejercicio democrático de la fiscalización, haciendo impensable el recurso de la denuncia ciudadana, por más antecedentes y documentos que se alleguen para avalar dicha denuncia.

Esta tarea, que en Chile se ha vuelto riesgosa, para los hermanos Zaldívar debería -si fueran coherentes- ser sagrada. Obviamente, deberían protegerla celosamente, puesto que constituye una práctica imprescindible para el funcionamiento sano de la democracia. No obstante, Adolfo y Andrés persiguen e intentan desincentivarla, amparándose en el derecho a la honra que toda persona tiene, con lo que hacen caso omiso del hecho que, en tanto autoridades públicas, tienen el deber y la obligación de ser sometidos a la fiscalización y al escrutinio público.

Recientemente, en el día mundial contra la corrupción, leíamos que expertos de la OEA señalaban que en Chile las incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos constituyen las áreas de mayor riesgo de corrupción. A esto se agrega una pésima calificación para nuestro país por el problema de los conflictos de intereses que exhiben las autoridades, la confusión entre política y negocios, así como por la escasa libertad de expresión y la falta de efectividad de las denuncias ciudadanas.

Los senadores Zaldívar deberían saber que en la mayoría de los códigos de ética parlamentaria del mundo se establece que un miembro del Congreso no debe aprobar una legislación que tenga como propósito promover su interés financiero o el de sus familiares o el de algún grupo a que pertenezca él o sus familiares. Asimismo, están obligados a abstenerse de votar y/o participar en alguna comisión donde tales intereses estén en juego.

Este es precisamente el caso, tanto de Adolfo como de Andrés Zaldívar, en lo que se refiere a la tramitación de la legislación pesquera chilena. Estas leyes en las que ambos senadores han participado activamente, Andrés como Presidente del Senado y Adolfo como miembro de la comisión de Pesca de esa misma corporación, y en las que ambos han concurrido con su voto favorable y promovido activamente, han mandado a la pobreza y sumido en la miseria a miles de pescadores artesanales.

Debido a la gestión de los dos senadores Zaldívar, este sector está condenado a desaparecer, pues la devastación y depredación inmisericorde del mar chileno que estas leyes han propiciado -en dos años acabaron con el 80 por ciento de la merluza y el 50 por ciento del jurel- han limitado severamente las posibilidades de trabajo de los pescadores artesanales.

A modo de explicación, estas prominentes figuras de la política chilena, recurren habitualmente al uso de la lógica cínica a la que nos tiene acostumbrados la casta de políticos como los senadores Zaldívar. No obstante, es más o menos conocido que estas leyes han favorecido a un extremadamente limitado grupo de empresas y grupos económicos. Empresas en las que el «Clan Zaldívar» tiene un elevado patrimonio accionario y grupos económicos, como el de Angelini, en donde otro hermano del «Clan Zaldívar», Felipe, ha sido gerente general, presidente del directorio y mano derecha por más de 40 años de uno de los hombres más ricos del mundo, quien debe su riqueza a recursos marítimos chilenos por los que nunca ha pagado royalty alguno.

La Ley de Pesca ha beneficiado en exceso a este señor, al punto que le ha permitido disponer casi monopólicamente del 80% de las cuotas de pesca por 10 años y, a su vez, ha valorizado enormemente el patrimonio accionario del «Clan Zaldívar». Tanto es así, que la revista El Sábado del diario El Mercurio, llamó a la ley de pesca como «Ley Angelini» («La receta Millonaria de Don Cleto», Revista Sábado de El Mercurio de Santiago, 29 de Noviembre de 2002), quien opera, según esta publicación, a través de Felipe Zaldívar, gracias a las influencias que éste tiene en la Concertación.

Entre otras cosas, esto ha permitido que el señor Angelini tenga un patrimonio personal, estimado por la revista Forbes de 1996, de unos 2.300 millones de dólares, lo cual le permitiría una ganancia diaria de unos 400 millones de pesos si suponemos una rentabilidad real de 10% anual, la cual es bastante baja.

¿No es evidente que en esta situación, los senadores Zaldívar, tienen un severo conflicto de interés? ¿No es acaso evidente que en esta situación ninguno de ellos debería votar, ni participar en la discusión de estas leyes, ni menos aún ser miembros de la Comisión de Pesca del Senado?

Dada las complejidades de la ley chilena y del Código Penal, es difícil determinar si estas conductas constituyen, jurídicamente hablando, un delito de corrupción, pero no me cabe ninguna duda que son profundamente antiéticas, atentan contra el sentido moral de la política, corrompen la democracia y la degradan hasta su prostitución.

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* Economista. Director de Océana, Oficina para América del Sur y Antártica.

Publicado origiunalmente en el diario digital Gran Valparaíso (www.granvalparaiso.cl)