Chile, de la sociedad injusta al Estado policial

Viviana Uribe.*

No se habla aquí de la represión a la nación mapuche: habitantes de segunda o tercera clase en Chile; tampoco de los estudiantes: esos revoltosos que no comprenden la complejidad de las cosas y sólo saben exigir escuelas y liceos dignos; menos de los trabajadores mineros; ni de las mujeres que eligen la fruta de exportación cada temporada y enferman luego, alguna vez encadenadas a los mesones de trabajo (para que no vayan al baño), porque es menester fumigar los plantíos; tampoco de los pescadores artesanales. Se habla sólo de un allanamiento.

El sábado 14 de agosto a las 6:58 de la mañana, nuestra casa ubicada en Batuco, fue allanada, por un grupo de funcionarios del GOPE, Labocar, y personal de la Fiscalía del caso "bombazos". El operativo duró 7 horas. En la casa nuestra se encontraba y viven en la actualidad, Bárbara, mi hija mayor con un embarazo de ocho meses, y su compañero Manuel. El ingreso de los funcionarios policiales fue violento, entraron tratando de derribar la puerta de entrada principal de la casa, y Bárbara con Manuel (su compañero) se despertaron con metralletas apuntándoles, con palabras fuertes y órdenes, lo que configuró un momento de mucho terror.

A Manuel, lo tiraron al suelo apuntándole con sus armas, mientras Bárbara pedía que la dejaran hacer un llamado. Además, exigía que se le dijera y mostrara la orden que autorizaba este allanamiento. Después de 20 minutos, le permitieron hacer un llamado y nos comunicamos. Cuando llegamos a Batuco había una camioneta del GOPE, con cuatro funcionarios, un perro especialista en encontrar artefactos explosivos, cuatro funcionarios más vestidos de blanco, con mascarillas,y guantes, y, un civil que anotaba lo que se iba incautando.

Después de ese primer instante de violencia, y ante nuestra llegada, salió el capitán a cargo, que nos mostró la orden impartida por el fiscal Peña. Les pedimos con David que fueran lo menos violentos posibles, dado el estado de Bárbara. Nos permitieron estar con mi hija, fuera de la casa hasta las 13, momento en el que dieron finalizada la acción.

Bárbara, como, dueña de casa, y a quién ellos requerían, pues vi la fotografía de ella en la ficha de los "buscados", o "sospechosos", firmó la incautación de la "evidencia". Se llevaron tres bicicletas, dos notebooks, unas CPU, CD, fotografías, celulares, documentos, ropa, y muchas otra cosas más. El furgón de la Labocar se llenó de las pertenencias de Bárbara, de Manuel, de mi nieta Antonia, y también mías.

Desde hacía un par de meses estábamos, como familia, siendo observados, tal vez con nuestros teléfonos intervenidos. En Agustinas se presentó un Carabinero, diciendo que lo habían llamado desde el teléfono nuestro solicitando presencia policial; y, señaló después que era un error, pero consultó con la Yeya (91 años) los nombres de todos los que vivíamos allí.

En Batuco, sucedió lo mismo hace un par de semanas atrás. También el señor que cuida la entrada del lugar donde tenemos la casa nos dijo que una camioneta estaba haciendo indagaciones porque habíaun problema de orden económico en el área. Varias veces la señora que cuida vio una camioneta estacionarse frente a nuestra casa, y en una oportunidad, se le preguntó quiénes vivían allí. Afortunadamente, este sábado Antonia, ni nieta de 11 años estaba donde en la casa de su papá.

En el transcurso del allanamiento supimos que otras 17 casa habían sido allanadas, y que 14 personas habían sido detenidas. Mi hija y Manuel jamás han tocado un artefacto explosivo; jamás han intentando hacer un acto de violencia. Tienen ideas políticas y sociales que se relacionan con la lucha por la justicia, en contra de la pobreza, etc. Por esa razón considero que el allanamiento realizado en nuestra casa, es un acto de violación de derechos humanos flagrante.

A Bárbara y Manuel no se les leyeron sus derechos, no se les permitió hacer un llamado sino hasta 20 minutos después, nuestra casa fue asaltada con violencia.

Si ellos tenían un perfil de Barbara, de Manuel, de la Antonia, y de nosotros mismos, debían saber que allí no se encontrarían con ninguna resistencia a hacer un registro de la casa, responder preguntas; estar con un abogado si hubiese sido necesario, y, además debían claramente haber sabido que Bárbara estaba con ocho meses de embarazo. La violencia de ese acto, pudo precipitar el nacimiento de mi segunda nieta.

Somos una familia que ha luchado siempre en el marco del respeto de los derechos humanos, y durante estos 20 años de democracia, difíciles, complejos, jamás pensé que nos encontraríamos en una situación así.

Escribo para que se enteren desde la fuente, y no por otro lado. También para decirles a todos(as), que tenía en mi casa mucho material de trabajo de CODEPU,de Memoria Oral del pueblo mapuche, proyecto en conjunto con Villa Grimaldi que fue incautado, y eso me preocupa.

Hiram Villagra y Federico Aguirre, asumirán la defensa de Bárbara y de Manuel; entiendo que el mismo sábado se interpuso un recurso de amparo. Es triste, que después de todo lo logrado durante estos años, entre ello tener tranquilidad, me sienta hoy, en una situación de vulnerabilidad.

* Largamente vinculada a la Comisión de defensa de los derechos del pueblo, fundada en 1980, y a otras instituciones culturales y de bien público.

Addenda

La inteligencia del Estado Policial probablemente vincula a la familia así allanada con el trabajo de la consultora Segmentos invisibles, grupo de profesionales en antropología, salud integral, psicología social, gestión cultural, turismo social, investigación etnográfica y otros asuntos que también probablemente los agentes del Estado no consigan describir.

La lucha contra la delincuencia y el terrorismo desnuda su mirada y actuar. ¡La que se viene!