Chile, educación – ALGO SE HA HUNDIDO MÁS ALLÁ DE LAS AULAS
La salida del régimen dictatorial fue en Chile un mal parto. Quizá un buen negocio. La palabra negocio es –junto a los términos eficiencia, mercado y prudencia– la que más se escucha en la tierra que Gabriela Mistral definió como balcón sobre la mar; buen negocio para quienes, laboriosa y a veces impúdicamente, treparon a la cubierta, el timón y las jarcias de la «nave del Estado» para ser sus oficiales, sargentos y capataces, pero mala experiencia para la marinería obligada a refrendarlos periódicamente, cada vez que sube a escena el sainete electorero.
El Estado ha gastado –nunca mejor dicho gastado– ingentes sumas en educación; desde la compra de ordenadores para escuelas en todo el país –muchos guardados en bodegas o galpones porque, simplemenmte, los encargados de hacerlos funcionar como auxiliares de la pedagogía ignoran cómo se hace– hasta inútiles seminarios y cursos de actualización destinados a los docentes.
Gastado, porque no había una brújula segura que convirtiera esos recursos en inversión, toda vez que el sistema educacional –como burla a la historia y bofetada a la concertación de partidos por la democracia que la sucedió– la dictadura lo dejó «amarrado» y convertido en método de exacción de fondos fiscales y municipales.
Algún tímido intento en 16 años, materializado en algún proyecto de ley que la coalición gobernante sabía, por otra parte, que los herederos y otrora epígonosde la dictadura no dejarían pasar en el Congreso, no la excusa por el crimen cometido. Crimen, puesto que para cualquier sociedad es un crimen imperdonable no proteger a las generaciones que engendra.
El soberano, ¿dónde está?
Recién la actual Presidente de la República, Michelle Bachelet, intenta poner sobre sus pies la educación planificando el área pre escolar y convocando a una comisión asesora para sugerir eventuales modificaciones que alcanzarán al nivel medio y en la que participan maestros y estudiantes. El grado de efectividad de esta comisión, en todo caso, es dudoso, toda vez que carece de facultades resolutivas y en ella se encuentran peronas que, más allá de sus méritos individuales, se plantean ideológicamene la educación desde visiones a veces contrapuestas.
La educación es un asunto de Estado –y de la más alta importancia– por tanto compete al Estado dar los lineamientos para su desenvolvimiento y desarrollo, y los gobiernos encargados de su administración se supone cuentan con las herramientas necesarias, básicamente el Ministerio de Educación en el Poder Ejecutivo, y la comisión ad hoc del Congreso de la República; el Colegio de Profesores, las agrupaciones sindicales de docentes, las universidades públicas e incluso los centros de alumnos –en el plano de la educación secundaria éstos últimos probaron a comienzos del invierno de 2006 que no son ajenos a la problemática– pueden efectuar aportes en absoluto desdeñables.
La intalación de la comisión asesora de la presidencia es una señal, y una señal importante, a la ciudadanía, pero se corre el riesgo de que se convierta en una planta maligna en el sentido de que distorsione las propuestas de organismos como los precedentemente citados.
Finalmente, como otros casos que interesan a la población –para no ir más lejos, la reforma del sistema electoral–, será el congreso quien tenga la última palabra. Y la ciudadanía de hecho no confía en aquellos que no parecen representarla, sino que, al contrario, se diría obran espoleados por la gana de conservar sus propias parcelillas de poder e intereses grupales o de partido.
La doctrina de gobernar –o administrar o hacer justicia– dentro de «lo posible» –¿lo posible para qué, para quiénes? ¿acaso para no «estirar» el pacto que permitió el retorno a la democracia, que algunos aún llaman «transición»?– devela, cuando una sociedad sale de una crisis tan agobiante como la chilena a causa del período dictatorial, dos cosas: o ceguera e incapacidad de la «elile política» o, lo que es peor, su cobardía, que la obliga a escamotear de la decisión ciudadana asuntos que a ésta interesan de sobre manera.
Entre ellos el trabajo precario bajo la fórmula de la subcontratación, el empantanamiento del sistema de salud pública, la política habitacional, la seguridad social –léase jubilaciones–, en fin, y la educación.
De hecho los gobiernos de la Concertación han ejercio sus mandatos amparados por una constitución política y otras normas tan ilegales como ilegítimas. Lo triste es que ninguno de sus partidos parece dispuesto a hacer lo que se debió haber hecho: dejar las decisiones fundamentales, que hacen a la vida social chilena en un sentido amplio, en manos del soberano, esto es: en manos del pueblo. Que un plebiscito no sea vinculante –esto es: obligatorio en términos de legislar– resulta una pobre excusa, un triste pretexto para que nada cambie.
Bastó que Bachelet apenas insinuara una consulta popular sobre el sistema electoral vigente –horro jurídico y político dejadao por la dictadura cívico-militar– para que con rara unanimidad los voceros de todos los partidos –de gobierno y oposición– mostraran un criterio unánime: eso es un asunto para «conversar» entre ellos. Lo que en buen romance no significa otra cosa más que la decisión de todos los sectores del «stablishment» de mantener bien cercadas sus parcelas. El «olor a pueblo» no les gusta.
Tampoco le gustan otras cosas. Volvamos a los estudiantes.
¿QUÉ PASA CON LOS ESTUDIANTES Y LA REPRESIÓN?
«Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.
Confucio.
Andrés Bianque
Como muchas veces el frío que paseaba por las calles de Santiago fue entibiado a punta de barricadas y neumáticos encendidos y los gritos por una educación digna y justa. El gobierno de la Concertación, para estar de acorde en el aspecto intelectual educacional de las demandas envió nuevamente al defensor número uno de la paz entre los ciudadanos.
Con la habitual elegancia que caracteriza a Carabineros de Chile fueron detenidos 106 subversivos, mimetizados en sendos disfraces de simples estudiantes de pocos recursos. La nota alta enmarcada y subrayada con grandes letras negras por la media nacional fue que un grupo de estos «seudo estudiantes» asaltó un camión de cervezas. (Si el gobierno pudiese, regalaría alcohol y drogas para mantener a la juventud idiotizada).
La prensa le llama «incidente» a la protesta realizada por estudiantes secundarios en las comunas de Maipú y San Miguel en la primera quincena de agosto de 2006. Protesta por la excesiva lentitud que el gobierno emplea en dar una solución real a los problemas del educando, así también, mejoras en infraestructura educacional y mayor financiamiento entre otras.
En Maipú se registraron la mayor parte de las detenciones, alrededor de 80 estudiantes detenidos y una veintena en San Miguel. En ambas protestas hubo destrucción de mobiliario público y daños a la preciada propiedad privada. El subsecretario del Interior Felipe Harboe debutó diciendo una originalidad de grueso calibre:
«Se les Infiltró gente»
Y la pregunta rebota en paredes de cristal, ¿Quiénes son esos mentados Infiltrados? ¿Entes medianamente jóvenes que pretenden destruir y perjudicar el movimiento secundario? ¿Seres incorpóreos que se materializarían justo cuando hay una protesta en contra de un estado de negreros? ¿Entelequia fantasmal que sólo le da tranquilidad a su alma en pena cuando de protestas se trata?
Quizás, Belisario Velasco –ministro del Interior– ya ha comenzado a trabajar e insertar a sus informantes –los cuales tienen que hacerse un nombre y ganar confianza a fuerza de arrojadas acciones– y se le olvidó comentar ese pequeño detalle?
El sistema económico de hambre e injusticias impuesto por los gobiernos de la Concertación han generado incontables e innumerables problemas emocionales en toda la población de Chile. Los asesinatos y suicidios están a la orden del día. Padres asesinan a sus hijos, a sus esposas, se suicidan y para lo único que se le menciona es para vender más ediciones de esos tabloides de cuarta categoría que ses financian con el dinero de los impuestos del pueblo.
Mucha gente tiene bastante bronca, rabia, impotencia, arrebatos, ira y otros en contra de este sistema capitalista y la única manera de ser escuchados es a través del silbido de una piedra. Si los lisiados hicieran una protesta en contra del pésimo trato a que son sometidos, de seguro que el gobierno le plantaría un puñado de infiltrados con la única y exclusiva misión de desvirtuar la reivindicación.
El dato simpático y anecdótico fue que el gobierno, a través de la Intendencia afirmó que hay dos carabineros lesionados. Enlazado con lo anterior emergió la noticia de que identificaron a doce carabineros acusados de violencia innecesaria producto de las últimas protestas realizadas por casi un millón de estudiantes un par de meses atrás. ¿Doce?
Por supuesto que todos han declarado que prácticamente iban corriendo y trastabillaron y, asustados ante la posible caída afirmaron, sus botas sobre la cara de algún pobre despistado. Todos golpearon en las nalgas a los acusados. «Le di un «puntapié» en las nalgas al ciudadano. La sangre que corría a borbotones no era más que una vieja treta orquestada por el Comunismo Internacional.
¿Doce acusados? ¿Cuántos policías se utilizaron para controlar y reprimir a un millón de personas? ¿Doce? Nos están tratando de decir que doce guardianes del orden perdieron los estribos y los demás señalaban mesurados, flemáticos y circunspectos «Tenga la bondad de no gritar tan alto, sería tan gentil de subir al vehículo policial, por favor».
Acusados de Violencia Innecesaria. El gobierno se hace parte en acusar a carabineros de violencia Innecesaria. ¿Y cuál sería la Violencia necesaria? ¿Aquella que no pueda ser vista o testificada? ¿La que no se nota? ¿Cuál es la velocidad, según el gobierno, que el garrote debería azotar a un niño que demanda por una educación digna, para que no sea violencia innecesaria? ¿A esos niños se les debe ahogar y asfixiar con una lacrimógena de poco poder? ¿El lanzaaguas flagelará según peso, edad y altura?
Sería interesante, ya que los estados actuales manejan tan al dedillo términos reemplazándolos por otros y tergiversando expresiones y vocablos, sería interesante que nos digan, ¿Cómo es la violencia necesaria o cómo debería ser? Que nos den una pauta, digo yo, así tal vez se regula la molotov y el peñascazo de acorde a grado, escalafón y rango.
El señorito Harboe criticó estas movilizaciones –qué raro– afirmando que no se justifican mientras existe un canal de diálogo abierto como es el Consejo Asesor Presidencial para la Educación. Los cambios por los cuales se luchó verían un poco de luz más concreta el año 2007, año en que recién –con suerte– se enviaría al Congreso lo que el ejecutivo considere oportuno.
Es decir, la Yasna considera que haber esperado 16 años de promesas, más los 17 de la dictadura no es tiempo suficiente como para andar acelerando procesos que están en plena –y urgente– prioridad de discusión. Asimismo tampoco le parece legítimo que esos estudiantes protesten ya que la marcha no fue convocada por la Asamblea de Estudiantes Secundarios (ACES), es decir, ahora consideran legítima esa instancia, y meses atrás la demonizaban en forma acérrima.
La ministra de educación, Yasna Provoste, también llamó a padres y apoderados a mantener a sus hijos en los establecimientos, dejando de lado las manifestaciones de violencia.
El intendente de Santiago, Víctor Barrueto, informó que el gobierno metropolitano se hará parte de la demanda civil que los afectados por la violencia estudiantil, públicos o privados, presenten contra quienes resulten responsables de los daños ocasionados. Una acción legal similar se presentó hace dos meses en conjunto con la Municipalidad de Santiago, lugar que fue escenario de la violencia producida durante algunas movilizaciones de estudiantes secundarios.
Es decir, así como van las cosas, lo mejor sería cambiar el lápiz por el mazo, y la mochila por un escudo de plástico. Porque para eso no se necesita la más mínima educación.
Universidad en el candelero:
PROBLEMAS ENTRE ARCIS Y SUS TRABAJADORES
Declaración del sindicato de trabajadores de la Universidad Arcis
Hacemos constar nuestro interés y compromiso con el avance y consolidación de este Proyecto Universitario. Al que los trabajadores de esta institución incluso en momentos de crisis, han aportando parte de su sueldo para su continuidad. Es precisamente, porque somos un sindicato firmemente comprometido con la viabilidad del proyecto ARCIS, que insistimos, en algo que para nosotros es una certeza, en que el rediseño institucional se puede hacer de mejor forma. Y no a costa del despido masivo de los trabajadores. No es nuestra intención, como lo ha planteado la Dirección de la Universidad, participar como parte de un co-gobierno, sin embargo, desde nuestro lugar de trabajadores tenemos la obligación de aportar a un proyecto universitario que también nos pertenece.
Hacemos presente que no tenemos dudas de la calidad académica de nuestro Proyecto Universitario ni de la calidad de nuestros docentes y estudiantes que dan vida a este espacio junto con los trabajadores. Pero nos parece que debemos denunciar los atentados contra los derechos laborales y humanos de los cuales han sido victima nuestros socios.
1.- Durante este período, la Universidad se ha retrasado en el pago de las remuneraciones a docentes y funcionarios; y ha afirmado que no cancelará las indemnizaciones, al menos hasta fines de año.
2.- La institución se encuentra enfrentada a un Recurso de Protección, interpuesto por este sindicato, por el maltrato psíquico que ha provocado el anuncio en el mes de junio de un despido masivo, al cual los directivos han llamado proceso de “racionalización económica”. Esto acompañado de rumores de confecciones de listas “negras”, amedrentamientos, persecución y difamación de docentes y funcionarios.
3.- Nos llama la atención que en una Universidad “crítica” y “alternativa”, dirigida por personeros de Izquierda, defensores de los derechos humanos y laborales, se produzcan tantas violaciones a los derechos de los trabajadores.
4.- Las acciones del empresario Max Marambio, no nos extrañan, pero lamentamos profundamente que miembros de la Dirección del Partido Comunista, impulsen y avalen este proceso que no ha sido más que la violación de los derechos de los trabajadores. Les recordamos que su lugar esta junto al pueblo que son los trabajadores.
El día 08 de agosto, fuimos sorprendidos por una carta del Rector a la Comunidad Universitaria donde abundan los errores y silencios engañosos. El sindicato no puede dejar pasar las aseveraciones contenidas en este documento. No pensamos cansarlos respondiendo cada una de las torpes afirmaciones del documento sino que queremos llamarlos a reflexionar acerca de la crisis actual desde otro punto de vista y poniendo en primer plano otros valores éticos.
En efecto estamos en una situación crítica desde el año 2002. Esto no es novedad, lo que es nuevo son las actuaciones del Directorio de la Universidad, en relación al pésimo manejo que le dieron al conflicto estudiantil de este año, que ha comprometido la buena voluntad de las instituciones bancarias y financieras y ha tirado definitivamente por la borda el proceso de acreditación ante la CNAP.
La Universidad, en un proceso no exento de conflictos, ha venido desarrollando una reestructuración real mucho más eficaz que las medidas que pretenden adoptar hoy día el Directorio y el Rector impuesto por los “dueños” de la Universidad. En efecto el paso de una situación de pérdida anual por $1.041.000 el año 2003, a una utilidad de $ 290.000.000, es el resultado de un trabajo efectivo de la universidad en su conjunto. Esto más allá los errores cometidos en el proceso.
Para justificar sus medidas se apoyan en un engaño, al afirmar que en septiembre de 2004, la Rectoría se comprometió a ajustarse al 48% de costos de RR para el año 2005. Tan falso es esto que el mismo documento que ellos citan en su declaración como programa de ahorros, establece la reducción de costos en RRHH, al nivel del 48%, recién para el año 2008.
Esta diferencia no es fundamental y refleja de cuerpo entero la diferencia en la postura del sindicato y del Directorio.
El sindicato piensa que para que una institución salga de una crisis como la que sufre la Universidad hay dos caminos:
uno, una fuerte inyección de dinero fresco que cubra realmente los grandes déficit acumulados, cosa que no sucedió al poner sólo $1.200.000.000,
u otro, programar la salida de la crisis en un proceso de tres a cinco años. Esto último fue lo que se acordó el 2004 y por eso el Sindicato se sumó a este acuerdo. El Sindicato no se habría sumado a un proceso que implicara despidos masivos.
Lo que sí podemos decir es que varias de las medidas impuestas por el actual Directorio conspiran contra una buena gestión y por tanto obstaculizan la salida de la crisis.
La creación de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, a cargo del señor Andrés Pascal Allende, que hasta el día de hoy no da frutos conocidos a un costo anual de $ 70.000.000.
La contratación del señor Pablo Monje que a poco andar demuestra su total ignorancia sobre problemas financieros, y que adopta, como una de sus primeras medidas la imposición de un nuevo proyecto que le deja pérdidas a la Universidad, pues no respeta las políticas vigentes.
La contratación de dos alumnos del señor Monje para que enfrentaran el estudio de una política de RRHH, contra la opinión manejada por las anteriores autoridades de contratar los servicios de una empresa de reconocido prestigio en el tema. La contratación de esta consultora externa era un compromiso adquirido por la Rectoría con el sindicato y fue pactada a precios muy por debajo de los valores de mercado pues el gerente de esa consultora tenía especial simpatía por nuestro proyecto.
El nombramiento del señor Eidelstein como pro rector o Secretario General con un sueldo desconocido por la Universidad y fuera de la escala de sueldos que se estaba trabajando.
Estos nombramientos suenan más a pago de favores políticos del señor Marambio y del Partido Comunista que a medidas en favor de la Universidad. Recordamos que para entregar la suma de $1.200.000.000 los llamados “socios estratégicos” se apropiaron de bienes inmuebles por valor comercial por $4.000.000.000. ¡No es un mal negocio!
Para que comprendamos la magnitud de las falacias contenidas en la carta del Rector queremos entregar tres cifras que ilustran bastante bien la real situación económica de la universidad.
Al primer semestre del 2006 la disponibilidad de recursos monetarios era más de $350.000.000 mejor que a la misma época del año 2005. Hay que recordar que las autoridades de la Universidad de ese período pudieron cumplir con todas y cada una de sus obligaciones.
Según información entregada por el Directorio, las pérdidas (o costos) de la “toma” fueron de $ 58.000.000. Esto significa que, aún considerando la “toma” la situación económica-financiera de la Universidad era mucho menos precaria que el año 2005.
Cabe reiterar que la responsabilidad de los costos de la “toma” caen también en el Directorio que en el curso de abril-mayo descabezó la dirección de la Universidad, nombrando nuevas autoridades que no gozan del respeto de la comunidad, y por tanto de la legitimidad para negociar los conflictos con estudiantes y/o docentes y trabajadores. “Tomas” ha habido todos los años, pero, las anteriores autoridades, tenían autoridad y legitimidad para negociar y mantener el conflicto a niveles bajos.
Evolución de la situación económico-financiera
La evolución de estas cifras, demuestran que, tal como se pensó en el momento, la universidad estaba saliendo progresiva y persistentemente de la grave crisis que culminó el año 2002 con una situación de virtual quiebra. Luego de dos años con grandes pérdidas, las medidas de ajuste adoptadas en el curso de los años 2004 y 2005, con la participación de los trabajadores, comenzaron a dar sus frutos, desde el año 2005 en adelante.
Al 31 de julio de 2006, el saldo de la cuenta bancaria era de $334.457.113. Esta cifra es más que suficiente para pagar todos los sueldos y salarios del mes, los que ascienden a una cifra aproximada de $180.000.000. Luego, si sólo se pagó el 50% de los sueldos, fue con el fin de generar una situación virtual de crisis y temor en los trabajadores.
Por lo expuesto, exigimos la revocación inmediata de la situación de despido que afecta a nuestros compañeros, bajo el supuesto de una crisis terminal que no es tal, como ha quedado demostrado, y fundado en un proceso ilegítimo y poco riguroso, como se ha ido demostrando en los últimos días.
Reafirmamos la voluntad del Sindicato de Trabajadores para contribuir a solucionar la crisis de la universidad, pero esto, parece, deberá pasar por trabajar con nuevas autoridades legítimamente electas con las que se puedan reconstruir lazos de confianza y colaboración.
El sindicato de trabajadores de la universidad