Chile, el factor Lampedusa. – EDUCACIÓN: SI CAMBIA, QUE SEA POCO

LA MIRADA EN EL ESPEJO

Lagos Nilsson

La historia no se abre a partir de un hecho puntual, resulta de la confluencia de procesos sin orden predeterminado que parecen avanzar, retroceder, volver a avanzar, aquietarse, en fin, y a veces simultáneamente perder y aumentar su caudal…

Ayer –antes de la dictadura– Chile era un país mucho más pobre de lo que es hoy –de estar con los índices macro–. La educación de sus niños y jóvenes, sin embargo, estaba asegurada en las escuelas, liceos y universidades del Estado; las áreas artísticas, técnicas, para el magisterio, contables, en fin, funcionaban aunque no sin dificultades.

Con el gobierno del presidente Allende los más pequeños tuvieron leche todas las mañanas y tuvieron escuelas, aunque en algunos asentamientos éstas fueran viejos buses remodelados y sus hamacas (columpios) los hubieran levantado obreros municipales y jóvenes voluntarios con tres palos o tubos de acero y un neumático (caucho) dado de baja de esos mismos buses.

Quien se mira en un espejo se recuerda cómo era ayer para mejor verse hoy y construir su imagen de mañana.

En la Escuela de Educación Artística –como en otros colegios gratuitos, es decir: del Estado– niñas y niños recibían un almuerzo balanceado; no había doble jornada escolar, sin embargo aquellos que vivían lejos –y muchos vivían lejos– no se iban a casa sin una merienda «para el viaje».

En las universidades –donde se pagaba una matrícula nominal– las bibliotecas funcionaban; no había en todas la cantidad suficiente de ejemplares de los libros necesitados, pero de alguna manera –leyéndolos en grupo, por ejemplo– los alumnos se las arreglaban. No existía la «industria de la fotocopia». Se estaba orgulloso de ir a la universidad», no se hacía ostentación sobre en cuál se estudiaba.

Existía un servicio llamado médico-dental, en las escuelas un botiquín de primeros auxilios y se proveían becas para los alumnos de menores recursos. Se administraba la pobreza del país, o sea.

La paz es de los sepulcros. El cobre fue el sueldo de Chile, y el apotegma décimonónico de Lastarria –un educador–: gobernar es educar, recordado en la década de 1931/40 por Pedro Aguirre Cerda –un político que no puede ser tildado de «ideas izquierdizantes», pero que tuvo coraje intelectual para comprender su tiempo– fue retomado por la Unidad Popular. Quizá el sueldo del cobre no alcanzaba para todo, pero –como en las familias modestas– había clara conciencia de las prioridades. Éstas fueron: trabajo, educación, salud, vivienda.

Y sí, durante la Unidad Popular como en períodos de gobierno anteriores los alumnos secundarios y universitarios salían (salíamos) a las calles a demandar nuestras reivindicaciones inmediatas, como el pasaje escolar, mejoramiento edilicio de las escuelas, más bibliotecas y laboratorios. También más escuelas.

Lo que se le venía encima a la educación fue patente a los pocos días del golpe de Estado del 11 setiembre de 1973. La dictadura, desde el comienzo un proceso militar-cívico, determinó que los jóvenes chilenos no podían ir a escuelas cuyas aulas estaban montadas sobre la carrocería de antiguos buses, y menos sin su correcto uniforme, que debía incluir corbata y zapatos, no sandalias ni ojotas.

Para facilitar la nueva etapa patriótica sus padres fueron dejados cesantes –había que combatir al «comunismo»– y no poco metidos en prisiones, campos de concentración, salas de torturas.

Libre, libérrima enseñanza ¿o empresa?. La dictadura rescató también otra idea: la libertad de la enseñanza.

Grosso modo, enseñanza es tanto el sistema como el método de dar instrucción; también y en consecuencia el conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se entregan en el proceso educativo. Cuando el Estado tomó para sí la responsabilidad de homologar sistemas y métodos y establecer el conjunto de conocimientos que debían ser impartidos, autorizaron, no obstante, que confesiones religiosas, comunidades extranjeras residentes y otros grupos pudieran –bajo supervisión de las autoridades competentes– enriquecer los contenidos de los programas con sus particulares puntos de vista.

Esto conforma la libertad de educación, que es la enseñanza y doctrina con que se cría a los niños y jóvenes. Había en las escuelas fiscales, por ejemplo, enseñanza de religión católica –sin duda atendiendo al hecho de que la mayor parte de la población decía serlo–, pero ésta era no obligatoria –sin duda atendiendo al hecho de que era necesario preservar la libertad de los padres en orden a educar a sus hijos en otra fe, si la profesaban, o en ninguna si eran, como se decía antaño, librepensadores–.

El sistema funcionaba.

La dictadura chilena de 1973/90 hizo de la libertad empresaria un delirio en el terreno de la educación. Su libertad de enseñanza es la expresión y consecuencia de ese delirio. Entregó a las municipalidades la tarea de hacerse cargo de los establecimientos fiscales, responsabilidad que los municipios no estaban –ni están– en condiciones de cumplir sino excepcionalmente, en algunos casos, en el terreno de la educación parvularia.

Esto significó desde el punto de vista social abolir –por lo menos en buena parte– la tuición y control del Estado en materias de enseñanza. Como corolario cualquiera –sin prueba de capacitación– puede abrir un establecimiento de cualquier nivel. Naturalmente con la zarpa estirada para recibir la ayuda estatal con el objeto de que su «empresa educativa» sea viable.

Jueves primero de junio, por la tarde: alumnos hospitalizados. Quisieron tomar el colegio en el que estudiaban, uno «municipalizado». Los repelieron a golpes y amenazándolos con armas de fuego. «No puedo entregar el colegio –dijo su propietario-director– al fin y al cabo es propiedad privada».

Defender, defender. Y la caricatura de dialogar. Cuando se defiende la libertad de enseñanza en Chile, lo que se defiende es la ineficiencia y sordidez de empresas que al amparo del déficit monstruoso creado por la dictadura obtienen buenas ganancias. No se defiende el derecho de los diversos sectores a enriquecer el proceso educativo con sus peculiaridades, sometidos –como el resto de las actividades que emprenden ciudadanos– al respeto de una ley mayor denominada interés común.

Se defiende la avaricia, la discriminación social –y en casos étnica–, la voracidad. Se agreden los valores regionales de la cultura y la cultura misma, y se abre paso a valores negativos, como el de la competencia sobre la emulación, el de la acumulaciòn de bienes materiales sobre la solidaridad, el de ser por lo que se tiene sobre el de actuar por lo que se es, etc.

Muchachas y muchachos de entre 14 o 15 y 18 años –estudiantes secundarios– tienen, esta mañana del viernes dos de junio de 2006, al país en vilo. Vienen planteando, desde que los mayores tenían la edad de los menores de ellos, la necesidad y la urgencia de reescribir la educación chilena.

Querían diálogo con las autoridades. Ésta tras reprimirlos bestialmente –represiones que no comenzaron con el actual gobierno– aceptó ese diálogo. Antes los conminó a deponer sus «armas civiles»: asambleas, tomas, paros. Como se han sentado a dialogar otras veces –y las autoridades usaron esas instancias para engañarlos– se negaron a hacerlo. Lograron así instalar en la ciudadanía el «tema» de la educación.

Una vez más el diálogo fue inútil. La mesa que los espera –o esperaba– esta tarde no tiene razón de ser. Antes de acabar las conversaciones la señora presidente adelantó sus conclusiones. Con José Miguel Carrera a su espalda.

José Miguel Carrera, fundador de la República y del Instituto Nacional, aladid de la educación de las mujeres, fue fusilado por «revoltoso». ¿Qué destino les espera a los estudiantes?

La oferta gubernamental. La presidente Michelle Bachelet, prometió la gratuidad del transporte escolar para los estudiantes pertenecientes a los sectores más pobres del país y extendió su alcance a las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Adujo, razonablemente, la primera mandataria que el transporte escolar gratuito costaría alrededor de US$ 320 millones, suma que el Estado no puede gastar.

Los estudiantes no asisten a clases los sábados ni domingos ni festivos; tienen vacaciones en invierno y en verano.

En educación no hay gastos, todo es inversión. ¿No pudo nunca plantearse en los pliegos respectivos para la concesión de rutas –urbanas y rurales– de transporte de pasajeros la gratuidad del transporte escolar? Administrar la riqueza es pesado, mucho más que administrar la pobreza. Millares de alumnos no asisten regularmente a clases porque sus padres no pueden costearles el pasaje urbano. Muchos deben abandonar sus estudios.

Respecto a la gratuidad de la prueba de ingreso a la universidad, otro de los reclamos estudiantiles, la jefa de Estado subrayó que a partir de 2006 unos 155.000 aspirantes podrán acceder al examen sin pagar por él. La educación no es un derecho, es un bien en el mercado. Para acceder a dicho mercado se implementa un sistema de limosnas.

Prometió el gobierno la entrega de medio millón de almuerzos adicionales para los colegios de escasos recursos, 200.000 de los cuales se implementarán durante 2006 y 300.000 en 2007.

300.000 alumnos, ¡niñas, niños!, se apretarán el cinturón otro poco hasta el año que viene.

«Es un esfuerzo macizo, un aporte cuantioso de recursos públicos y con cientos de miles, y en algunos casos millones, de beneficiados», dijo Bachelet. Y dijo también: «Es un esfuerzo realista, porque yo no hago promesas que después no se puedan cumplir», añadió.

Allende cumplió las suyas.

Entre otras decisiones gubernamentales la presidente se refirió a la futura puesta en marcha de una Superintendencia de Educación y la creación de una suerte de Consejo de la Educación, al que invitó a las fuerzas sociales para se sumen. Además llamó a los estudiantes a participar en la discusión de sus propuestas.

¡Cómo! ¿No estaban dialogando con el ministro del área?

¿No habrá representantes del mundillo político circulando en alguna de las etapas de la estruendosamente fracasada Prueba de Suficiencia Académica? Y ya que hemos formulado una pregunta, otra que debió haber sido la primera: ¿No los habrá en el negocio de la libertad de enseñanza?

Comienza la tarde. Ha pasado el mediodía. Se almuerza: en sus casas las familias que lo hacen, los «executives» en restoranes, los trabajadores engullen sus viandas o atestan los locales de «comida rápida».

Las chicas y chicos en sus colegios tomados habrán zampado un «sanguchito». Mientras discuten. Sigue nublado.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. ULTIMÁTUM

La movilización de estudiantes secundarios en Chile, de adolescentes entre 14 y 18 años de edad, con más de 600 mil de ellos en paro y toma de sus establecimientos educacionales, es la expresión de un grupo etéreo de la sociedad chilena que ante la perspectiva de un futuro donde inclusive para los más marginados la deserción escolar ya ocurrió anteayer, han decidido, como los jóvenes hijos de inmigrantes neopobres hace unos meses en Francia, en este caso exigir al Estado que garantice su legítimo derecho a recibir educación de calidad y cobertura universal.

Paulina Castro Cerruti*

Sus demandas. Pase escolar gratuito y no sólo la entrega de la credencial en esa condición como ofrece el gobierno, porque tal como explicó una dirigente del Liceo 1 de Niñas, donde estudió Michelle Bachelet y otras poco ilustres de la política nacional, “tenemos compañeras que ni siquiera tienen la plata para transportarse”; gratuidad también para la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y reforma de la Jornada Escolar Completa (JEC), que actualmente los obliga a permanecer 8 horas en las escuelas “sicosiándose”, o, según denunció el periodista Javier Rebolledo en un artículo publicado en estas mismas páginas en octubre del año pasado, esclavos de sostenedores como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que administra 70 liceos técnicos convertidos en “verdaderas fábricas de obreros de baja calificación, manejadas como pujantes empresas donde los jóvenes pagan por trabajar”; y por último, derogación de la Ley Orgánica Constitucional de la Calidad de la Enseñanza, LOCE, descrita con precisión en este párrafo por el senador socialista Alejandro Navarro:

«En todo caso llama la atención que en este tema no haya responsables, cuando todos sabemos que los generales que aprobaron esta ley el último día de gobierno de Pinochet tenían asesores civiles que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Asimismo, hubo quienes se la jugaron por mantener este diseño entre los participantes de la llamada Comisión Brunner en 1994, que optó por privilegiar la libertad de enseñanza y el rol de los privados, por sobre la posibilidad de consagrar el derecho a la educación».

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) ya advirtió al gobierno que si mañana viernes no responde a sus demandas coyunturales, pase escolar y PSU gratuito, y no crea una comisión para discutir la JEC y la LOCE, “el día lunes se convocará a una movilización social nacional, con paro de actividades de los estudiantes, de todos los sectores de la educación y también de todos los trabajadores chilenos”, para que, en palabras claras de Juan Herrera, uno de los voceros, “cesen todas las actividades”.

La mayoría de los medios de comunicación privados y también el “de todos los chilenos”, TVN, persisten en su empeño por deslegitimar el movimiento. Primero lo hicieron, y con entusiasmo, cooperando con el gobierno en su campaña de criminalización de la protesta, hasta que la brutalidad policíaca del paro del lunes 30, con 6 trabajadores de la prensa heridos y denuncias de abuso sexual de algunas estudiantes, obligó a la presidenta a salir de su ostracismo –“adónde está, que no se ve, esa guatona Bachelet”, se ha escuchado gritar en la calle por estos días-, para anunciar la remoción del prefecto a cargo de las fuerzas de seguridad durante esa jornada.

Y ahora, con esa seudo objetividad de la que tanto vociferan, los mismos medios pretender hacer creer a la población que las decisión adoptada por la ACES no es representativa, porque de los 600 estudiantes secundarios que ayer asistieron a la sesión que resolvió endurecer la movilización, hubo algunos que no estuvieron de acuerdo, como el presidente y vicepresidente del Centro de Alumnos de Instituto Nacional, ambos simpatizantes de la extrema derecha, UDI, que abandonaron varias veces la asamblea para ir a conversar con la objetiva prensa sobre la “radicalización de algunas posturas”, tales como, ¡oh, qué horror!, conjugaciones con las palabras educación y Estado.

El vocero de gobierno, baby Lagos, quien en un nuevo tropiezo mediático se apresuró a advertir, antes de concluida la segunda jornada de diálogo entre los estudiantes y las autoridades de Educación, que no aceptaría un ultimátum, terminó tomando de su propio chocolate cuando a medianoche el titular del área, Martín Zilic, declaró tímidamente que en cumplimiento al plazo exigido por la asamblea de secundarios, mañana viernes entregarán su respuesta al petitorio…

Me gustan los estudiantes
porque son la levadura
del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura,
para la boca del pobre
que come con amargura.

Versos, de una poco «objetiva», Violeta Parra.

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* Editora de Por la Libre
www.porlalibre.org

UNA PÉSIMA EDUCACIÓN

Desde hace un mes, Chile ha observado las manifestaciones de los estudiantes secundarios, que exigen como punto central de sus demandas la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Este legado de la dictadura que se publicó justo el día antes del comienzo de la transición a la democracia, desestima absolutamente el rol del Estado y deja al mercado como el gran instrumento de administración de la educación chilena.

Marcel Claude*

En Chile, la disparidad entre los colegios municipales y los privados es abismante. Por ejemplo, en la prueba Simce, que mide la calidad de la educación, esta brecha entre la enseñanza estatal y la privada se manifiesta grotescamente. En 2004, por ejemplo, 70% de los colegios que reciben a alumnos de estratos bajos mantuvo los malos resultados expresados en todas las pruebas anteriores. Incluso, 12% empeoró el rendimiento.

En términos de inversión, la desigualdad es evidente, dado que el país gasta en un alumno de colegios privados para su educación –en promedio– 140 mil pesos mensuales; en cambio, la inversión en un estudiante de escuela municipal apenas alcanza a 30 mil pesos.

Téngase presente que en los colegio privados sólo se educa el 8,5% de los estudiantes, por lo que resulta evidente que una enorme mayoría de estudiantes (91,5%) recibe una pésima educación. De allí es que no nos puede sorprender la fuerza y consistencia de la movilización estudiantil.

Los secundarios han remecido el opaco escenario político que reina en Chile desde hace 16 años. Tres lustros de desesperanza contenida han brotado de la mano de los estudiantes, jóvenes de 15 a 17 años, marchando por las calles, resistiendo la dura represión policial y elevando una protesta que –como de costumbre– las autoridades desestiman y desautorizan.

Hoy, esas autoridades observan a 450 mil escolares movilizados. Sólo ahora se les invita a conversar, siempre –eso sí– con las amenazas y condicionamientos que abundan en la soberbia de los “políticos tradicionales”. Pero muchos olvidan que desde hace un año, los estudiantes comenzaron el diálogo y las peticiones. Obviamente, los compromisos asumidos por las autoridades educacionales del Gobierno de Lagos fueron desestimados. Hoy ya surgen voces que apuntan al ex Mandatario como el responsable de la actual crisis educacional.

Los estudiantes piden una modificación radical de la educación en Chile. Nada más, ni nada menos. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, ya anunció que no existen recursos para una reforma de tal magnitud.

Para su mala fortuna el ministro esconde la verdad, porque Chile posee ingresos de sobra para llevar adelante esta tarea. Solamente si se hubieran aplicado royalties a los recursos naturales (pesca y minería) y se hubiese derogado la Ley Reservada del Cobre, el Estado hubiese tenido disponibles en las últimas dos décadas 32 mil millones dólares para la educación de sus jóvenes.

Lamentablemente, ministros y tecnócratas de los números se han prestado para enmascarar una situación indignante y aberrante: que el Estado de Chile prefiere que empresarios como Luksic, Matte y Angelini sean conspicuos representantes de nuestro país en el ranking de los más ricos del mundo a que los jóvenes chilenos se eduquen como personas y ciudadanos. Es por ello que quienes se prestan para enmascarar a estos grupos económicos y financieros, (el ex Presidente Lagos calificó a Luksic y Angelini como los nuevos forjadores de la patria), son quienes sembraron de desesperanza el futuro de estos jóvenes.

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* Economista y dirigente social.