Chile: ¿Está perdiendo el Alto Mando el control de los carabineros?
Al iniciarse agosto, el fraude cometido en Carabineros bordeará los 30 mil millones de pesos, sumará a más de cien uniformados y civiles involucrados y tendrá al borde de ser imputados a un ex general director de la institución y a varios otros altos oficiales. En tanto, las consecuencias de este descalabro judicial están repercutiendo gravemente en la disciplina y empiezan a sucederse delitos cada vez más graves cometidos por oficiales, suboficiales y otros funcionarios de la policía uniformada
El fiscal Eugenio Campos, quien encabeza las investigaciones, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una nueva audiencia para formalizar a catorce civiles en el marco del fraude. Con ello, el número de involucrados subirá a 105 entre ex uniformados y civiles. Mientras, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, reconoció que tras el multimillonario desfalco al interior de la institución lo peor ha sido que los carabineros se sienten “abandonados en la calle, expuestos a las agresiones físicas y verbales de la gente, sin poder reaccionar ni cumplir con lo que consideramos nuestro deber”, lo cual les “duele y complica”. Villalobos expresó en la revista institucional de Carabineros que “han sido meses muy complejos y difíciles (…) Debemos ser fuertes y muy conscientes de que el país nos
está observando con algo de desconfianza”.
Al millonario fraude que investiga la Fiscalía, se han agregado otros hechos que en las últimas semanas han involucrado a Carabineros, como son la polémica por la prohibición a las policías uniformadas de amamantar a sus hijos, la baja de dos efectivos acusados de participar en una brutal golpiza a jóvenes en Puerto Natales, el caso de los dos uniformados aprehendidos en Bolivia por cruzar la frontera y la baja cursada a cuatro funcionarios detenidos por asaltar un centro comercial.
Un video difundido en redes sociales mostró a la capitana Paula Mell, de la Tercera Comisaría de Santiago, prohibiendo a sus subordinadas tener horario de colación y el derecho a amamantar. Los mandos institucionales se vieron obligados a trasladar a la oficial a la Dirección de Protección de la Familia (Diprofam). La decisión ocasionó nuevas y más airadas críticas y la superioridad institucional debió cambiar su decisión y redestinó a la capitana al Departamento de Fronteras.
En Puerto Natales, dos carabineros y un guardia de seguridad dieron una feroz golpiza al joven Gonzalo Muñoz, de 22 años, quien permanece en grave estado con soporte respiratorio tras la brutal agresión. El Juzgado de Garantía de Puerto Natales determinó dejar en prisión preventiva a los tres acusados del ataque por el delito de homicidio frustrado. Se trata de los carabineros Miguel Delgado y Pedro Locuante, en calidad de autores, y el guardia Sebastián Cáceres, como cómplice. Los tres permanecerán en la cárcel de Punta Arenas durante cuatro meses, plazo fijado para la investigación.
En medio de esa polémica, dos carabineros -el sargento Jaime Díaz y el cabo segundo Nicolás Morales, ambos de la tenencia de Ujina, perteneciente a la
Segunda Comisaría de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá- traspasaron la frontera con Bolivia y se internaron más de siete kilómetros en territorio del país altiplánico siendo detenidos por policías bolivianos. Los altos mandos de Carabineros creyeron que el gobierno de Evo Morales retendría a los dos suboficiales chilenos, como revancha por lo ocurrido a nueve ciudadanos bolivianos que estuvieron detenidos varios meses en Chile, y desplegaron una contundente ofensiva comunicacional para conseguir el respaldo del gobierno y de la ciudadanía. No obstante, el presidente Morales devolvió a los policías y sepultó las esperanzas de las jefaturas de Carabineros de conseguir un mayor apoyo de los chilenos.
Por esos mismos días, el capitán de Carabineros, Giovanni Menchise Pérez, fue detenido en la Región de Aysén por conducir en estado de ebriedad y maltrato de obra a personal de la institución. El hecho ocurrió cuando la policía recibió la denuncia de que un sujeto estaba provocando desórdenes afuera de un local nocturno; luego se pudo comprobar que se trataba de Menchise, quien pertenece a la dotación de la Sexta Comisaría Alerce, dependiente de la Prefectura de Carabineros Llanquihue en la Región de Los Lagos y se encontraba de 
vacaciones en Aysén.
La seguidilla de escándalos policiales prosiguió cuando cuatro carabineros -un sargento segundo, dos cabos segundo y un funcionario- fueron detenidos y marginados de la policía tras comprobarse que pertenecían a una banda dedicada a robos y asaltos de supermercados y multitiendas. De hecho, fueron sorprendidos luego de participar en un millonario asalto a la empresa La Polar, en el Mall Plaza Alameda, un centro comercial vecino a la principal terminal de trenes de Santiago.
Otra denuncia fue efectuada por un aspirante a carabinero de la Escuela de Equitación, que afirmó haber sufrido abusos sexuales por parte de quien era su instructor, un teniente de iniciales A.B.P, que enfrenta una querella por los delitos que supuestamente cometió en contra de tres jóvenes que esperaban vestir el uniforme de la institución.
Por otro lado, dos funcionarios de la Tercera Comisaría Santiago Central de Carabineros fueron dados de baja de la institución y puestos a disposición de una fiscalía militar luego de robar 175 mil pesos a un comerciante chino durante un control nocturno. La denuncia la hizo el afectado y fue comprobada por policías uniformados de la Prefectura Norte de Santiago.
Todo ello se suma a los insultos que los carabineros reciben en cotidianas manifestaciones públicas. Se ha transformado en consigna popular el grito de “¡Pacos ladrones, devuelvan los millones!”. Así, cunde el desgano, la abulia y la rabia entre los carabineros sin rango y los mandos medios que han visto por meses desfilar ante los tribunales a los oficiales que participaron en el fraude y robo de miles de millones de pesos destinados a los gastos de la institución.
Reservadamente, los carabineros cuentan a sus familiares y amigos más cercanos que sienten vergüenza de la conducta de sus superiores y que en los cuarteles es cada vez más difícil mantener la disciplina y el espíritu de cuerpo, tan necesario para el funcionamiento de este tipo de institución. Muchos de ellos han manifestado su deseo de retirarse y buscar nuevos trabajos.
Perfume a general
Las últimas diligencias del fiscal Eugenio Campos en la investigación del fraude lo han llevado a concentrar su atención en un ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, al frente de la institución entre los años 2008 y 2011. Gordon renunció a su cargo luego que un medio de prensa revelara que había pedido modificar un parte policial para ocultar la participación de su hijo en un accidente automovilístico.
En 2010 la Contraloría General de la República cuestionó el gasto de más de 21 millones de pesos que hizo el Departamento de Relaciones Públicas de la institución en el ítem “gastos de representación”. La Contraloría advirtió que los servicios “no guardan relación con las funciones del organismo”. No obstante, el mismo ente fiscalizador dio por subsanado el caso en 2011 luego que el jefe del Departamento de Relaciones Públicas, el entonces coronel Jorge Serrano -hoy general e integrante del Alto Mando de Carabineros- informara que el monto cuestionado había sido reintegrado a las arcas de la policía uniformada.
Seis años después, el fiscal Eugenio Campos descubrió nuevos antecedentes de aquella situación. Ha estado reconstituyendo lo ocurrido y estudia formalizar al ex general director Eduardo Gordon, al actual general Jorge Serrano y al general (r) de Intendencia, Iván Whipple. Todos ellos, además, aparecen en los listados de receptores de gastos reservados, por lo que son investigados también en la causa que dirige la fiscal de Alta Complejidad Macarena Cañas.
El fiscal Eugenio Campos, los fiscales que dirige y funcionarios de OS-7 que trabajan con él, revisaron las distintas auditorías realizadas por la Contraloría y les pareció extraña la forma en que el entonces coronel Serrano restituyó los fondos a una de las cuentas corrientes de la Dirección General de Carabineros. Serrano habría devuelto de su bolsillo el dinero. Para ello pidió un préstamo de 22 millones de pesos a la propia institución. De esta manera, el 21 de junio de 2011, y con un valevista a su nombre, se restituyó el monto que el ente fiscalizador había dejado en el ítem de “observaciones”. Por esa época, el jefe de Finanzas de Carabineros era el general Whipple. El fiscal Campos y su equipo detectaron que Serrano no siguió los protocolos exigidos en los casos de restitución de dineros. Estos establecen que los funcionarios públicos están obligados a restituir dineros mediante oficios que deben estar sujetos al conocimiento de Contraloría y, además, deben ser reintegrados en cuentas especiales para tales efectos. De la operación de Serrano, tanto Whipple como Gordon habrían estado al tanto.
Lo más raro es que poco tiempo después de la aparente restitución, el general Gordon le entregó 21 millones de pesos a Serrano. Según el diario electrónico The Clinic, Serrano explicó a los fiscales que “la última semana de junio de 2011, el director general de la época, el general Gordon, me citó a su oficina y me expresó que era injusto que yo asumiera pagar una deuda que no era mía, sino institucional, por una mala gestión, un error involuntario, por desconocimiento.
Me dice que él asumirá el pago y me entrega un documento bancario, que es un depósito donde él me devuelve la plata y, además, me explica que este dinero corresponde a un depósito que él tenía desde el mes de abril”, continuó Serrano. “Para eso también me entrega el récord de su depósito, donde efectivamente aparece que él lo deposita en abril, lo renueva en mayo y lo liquida el mismo día en que me devuelve la plata. Yo se lo recibí, no tenía ninguna duda de que era dinero lícito, particularmente porque él fue director de Codelco dos años, fue presidente del directorio de la Mutualidad, lo que le genera un ingreso extra importante. Entonces nunca tuve dudas de que esa plata fuera de él”, relató el hoy general de Carabineros.
Aparentemente, el fiscal Campos cree que los generales Gordon, Whipple y Serrano tuvieron pleno conocimiento de hechos que se enmarcan en el modus operandi descubierto en el marco de la malversación en Carabineros, donde se comienza a establecer que miembros del Alto Mando habrían desviado dineros del ítem “gastos de representación” para su posterior restitución.
Por todo esto y otras cosas más, como una de las medidas tomadas posfraude Carabineros está en proceso de compra de un polígrafo, más conocido como “detector de mentiras”, instrumento por el cual deberá pasar -de forma voluntaria- cualquier funcionario que desee aspirar a un cargo estratégico. De esta manera, la Dirección de Inteligencia contará con un nuevo dispositivo para vigilar la conducta de los miembros de la institución
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 880, 21 de julio 2017.