Chile: fracasó la “privatización rápida” del mar

Ayer tres de mayo de 2005, a pesar del “lobby” y las presiones del gobierno, el Senado chileno rehusó ayer martes aprobar un nuevo reparto de la riqueza pesquera, que notoriamente beneficiará al grupo económico de Anacleto Angelini.

Contra todas las previsiones de una rápida y sigilosa aprobación, los senadores acordaron, por 26 votos a favor y sólo 8 en contra, devolver el texto del proyecto a la Comisión de Pesca y Acuicultura para un «mejor estudio». Los lobbystas del gobierno, el ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi, y el subsecretario de Pesca (viceministro) Felipe Sandoval Precht, presentes en el hemiciclo, se mostraron visiblemente contrariados ante este traspié de una legislación que califican de «urgente».

 
La votación fue transversal, es decir: votaron en contra legisladores del gobierno y de la oposición. El público pudo presenciar las vehementes señales de Sandoval –agitando su índice derecho– para aconsejar “¡No!” a la devolución del proyecto a la comisión de origen. «Hemos ganado», dijeron representantes de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapache) de la 8ª y 10ª Región, en el sur del país, que viajaron hasta Valparaíso a presenciar la sesión del Senado.

«Vinimos como a ver jugar a Chile con Argentina en un escenario hostil, algo así como el estadio de River Plate, seguros de perder, pero nos llevamos una gran sorpresa», comentó Andrés Recabarren, uno de los activistas de la fundación Océana que acompañaron a una veintena de dirigentes de los pescadores. Empero, la «noticia» no fue publicada absolutamente por ningún medio de información chileno.

 
La Ley General de Pesca, más conocida como “ley larga de pesca”, se propone consagrar por décadas las cuotas de extracción de los recursos marinos sin que la opinión pública se entere», comentó Marcel Claude, director ejecutivo de Océana, quien se mostró sorprendido por la decisión, a pesar del intenso “lobby” desplegado por el gobierno de Ricardo Lagos.

El economista Claude libra una lucha casi solitaria contra las iniciativas que destruyen el ambiente en favor de los grandes grupos económicos. Ahora espera «que se realice un debate abierto y transparente, donde por fin se escuche a científicos, dirigentes de la pesca artesanal, ambientalistas y todo un sector que hasta el momento ha estado excluido de una decisión que es fundamental para el futuro de miles de familias de pescadores en nuestro país, y para la continuidad de nuestros recursos marinos”.

 
La mayoría de los senadores mostró un profundo desconocimiento del tema. Precisamente, se opusieron a despachar rápidamente la ley para dar tiempo a un estudio más responsable del proyecto. “Lamentablemente, muchos parlamentarios no entienden el problema, pues atribuyen la reducción del esfuerzo pesquero y de las capturas a un efecto de la ley corta de pesca, cuando en realidad se debe la dramática reducción de la biomasa, producto de la sobreexplotación, la que ha desencadenado esa disminución de la extracción”, explicó.

 
Ley «corta» y ley «larga»

 
La llamada «ley corta», aprobada en 2002, consolidó un sistema de extracción de recursos del mar que está provocando un brutal descenso de la biomasa, según científicos que colaboran con la Fundación Océana. Por ejemplo, la biomasa de merluza disminuyó en un 80 por ciento en dos años, desde que su captura se concentró privilegiadamente en el sector industrial, que resultó beneficiado con más del 70 por ciento de «los derechos de pesca», por efecto de dicha ley, en desmedro de los pescadores artesanales.

La Ley Larga, que fijará las cuotas, se dejó de discutir misteriosamente en diciembre  de 2004 para reaparecer de manera abrupta en la tabla de la sesión del tres de mayo, sin que haya existido ningún debate público sobre el tema, bajo el pretexto gubernamental de supuestos beneficios para el sector artesanal.

El senador demócratacristiano José Ruiz di Giorgio, presidente de la Comisión de Pesca, renunció a ésta una vez que el subsecretario de Pesca, Sandoval, se negó a entregar los antecedentes científicos que respaldarían el proyecto de Ley.

«Sandoval convirtió a los mineros en peluqueros», comentó un jocoso Recabarren, aludiendo a su nefasta participación en el desempleo generado por el cierre de las minas de carbón de Lota y Coronel. Y que ahora se echan de menos, ante la crisis energética que vive el país por la improvisación gubernamental que convirtió a la Argentina en el único proveedor de la generación de electricidad a partir de gas natural.

Sandoval es uno de los funcionarios públicos que ha puesto en práctica con mayor entusiasmo el proceso de privatizaciones post dictadura impulsado por los últimos tres gobiernos civiles. Anoche se lo vio haciendo un agitado “lobby” en los bares que rodean la sede del Congreso en Valparaíso.

 
Según la Fundación Océana, el proyecto consolida procedimientos instaurados por la Ley Corta que deterioran la sustentabilidad de los recursos marinos. El actual sistema de asignación de cuotas y de administración no considera, por ejemplo, una regulación de la destructiva pesca de arrastre, que daña el fondo marino. Tampoco aumenta los recursos para fiscalizar la extracción ni provee fondos para generar evidencia científica. Es decir, no hay cambios sustantivos entre las leyes Corta y Larga.

Los efectos devastadores de la Ley Corta se deben al predominio del gran sector pesquero industrial y a la ausencia de una regulación seria del Estado sobre los recursos del mar. Los 60.000 pescadores artesanales son los más afectados, con el riesgo de perder sus precarios puestos de trabajo, en un país que exhibe buenos índices de crecimiento económico sin que haya disminuido el desempleo, sino al contrario.

 
Otra curiosidad fue la presencia del senador demócrata cristiano Adolfo Zaldívar en la Comisión, cuestionado porque posee acciones de la empresa pesquera Eperva, del holding de Angelini. Se trata de una de las pocas comisiones que tiene dos senadores del mismo partido, tras un cupo obtenido por Zaldívar con apoyo de la derecha. Su hermano Adolfo, que preside el partido Demócrata Cristiano, también posee acciones de Eperva.

Marcel Claude destacó que esta vez el senador Andrés Zaldívar dio una señal de transparencia respecto a sus vínculos con el sector pesquero, puesto que se abstuvo de votar el proyecto.

 
Océana aportó informes científicos sobre el estado real de los recursos marinos en Chile bajo dos años de «ley corta». La información sobre el estado de la biomasa pesó en el ánimo de muchos senadores que se tomaron el trabajo de leerla y probablemente, esa lectura influyó en la negativa de los senadores de derecha Antonio Horvath Kiss y Mario Ríos Santander, ambos de renovación Nacional, quienes también se opusieron a despachar alegremente el proyecto.

En cambio, Jovino Novoa, presidente de la ultra derechista Unión Demócrata Independiente, votó por aprobar la ley tal como estaba. El senador Nelson Ávila, del partido Radical, hizo una maciza intervención oponiéndose a legislar a favor de Angelini. El socialista Ricardo Núñez fue otro de los que votó en contra, ante el estupor de Rodríguez Grossi y de Sandoval. A medida que los senadores fundamentaban su voto, se esfumó velozmente la esperada aprobación rápida de la ley.

 
El senador De Giorgio aseguró que la demora en la tramitación de la Ley Larga de pesca es responsabilidad exclusiva del subsecretario Sandoval, quien «ha actuado con tozudez al no reconocer las serias dificultades que están produciéndose por el agotamiento de los recursos pesqueros nacionales». Por su parte el senador Núñez, apuntó: “Aquí no hay ningún afán de dilatar innecesariamente el denominado proyecto de Ley Larga de Pesca, pero por el bien de la pesca artesanal necesitamos saber cuál es el estado de nuestros recursos”.

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(ernestocarmona@vtr.net).