Mar 8 2018
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Chile: La dictadura del pensamiento único

Debemos informar que Punto Final se ve obligado a suspender su publicación debido a problemas insuperables de financiamiento. En síntesis: carecemos de los ingresos publicitarios que constituyen la principal vertiente de subsistencia para los medios de información.
Los medios independientes no cuentan en Chile con apoyo del Estado para hacer efectivo el pluralismo de opinión e información. Los gobiernos canalizan su publicidad, las franquicias crediticias y tributarias, los subsidios y exenciones, etc., a los medios escritos, audiovisuales y electrónicos que sirven los intereses de la oligarquía en el poder.
Chile es uno de los países en que existe una mayor concentración en la propiedad de los medios, detentada por la minoría que se ha adueñado del país. El cacareado “pluralismo” informativo que caracterizaría a la “democracia” chilena, no existe. Tal como no existe, en los hechos, esa democracia.
Lo que tenemos en Chile es una dictadura del pensamiento único impuesto por el poder del dinero. Esa tiranía ha modelado una cultura conservadora, racista y mezquina que garantiza la sumisión del pueblo al orden capitalista neoliberal. Los gobiernos posdictadura, sin excepción, se han negado a apoyar a los medios independientes y por tanto se han prestado para ahogar el pluralismo de opinión e información.
Punto Final ha librado una batalla para que la publicidad del Estado llegue también a los medios independientes. Pero no hemos logrado modificar la situación. Luego de desgastarnos en inútiles gestiones ante los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, en 2009 recurrimos a la Fiscalía Nacional Económica y luego al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ambas entidades rechazaron nuestra denuncia pero reconocieron que el sistema de reparto de la publicidad fiscal no garantiza los derechos humanos y democráticos más elementales. La Cámara de Diputados, a su vez, confirmó que el Estado discrimina su publicidad a favor del duopolio El Mercurio-Copesa y planteó la necesidad de una ley que regule la distribución equitativa de la publicidad estatal para favorecer el pluralismo. Por supuesto, esto quedó sólo en las buenas intenciones.
Aún así PF recurrió a la Corte Suprema de Justicia. Nuestro abogado, Alberto Espinoza, hizo una detallada exposición sobre las limitaciones que afectan a la libertad de expresión en Chile. El 22 de abril de 2010, como se presumía, el máximo tribunal rechazó el recurso de PF, admitiendo sin embargo la legitimidad de la demanda, cuya solución -dijo- requiere de una ley que favorezca una mayor diversidad informativa. Desde luego ni los gobiernos ni los legisladores se han dignado impulsar una ley de esta naturaleza.
PF, no obstante, no aflojó. El 21 de octubre de 2010 elevó la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington.
Invocamos el artículo 13° de la Convención sobre Derechos Humanos, sobre libertad de pensamiento y expresión, y asimismo la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH que señala:
“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.
La denuncia de PF da a conocer la concentración del dominio y propiedad de los medios de comunicación en Chile, a los cuales se asignan recursos estatales vía publicidad.
“Lo que existe en Chile -señala, lo que hoy reafirmamos- es una ley mordaza encubierta, al amparo del Estado. La propiedad privada de los medios de comunicación concentrados en el mismo sector social que tiene la concentración del poder económico, no ha hecho otra cosa que echar por los suelos el derecho a la libertad de expresión, porque la sociedad chilena está enajenada en pensamiento por recibir un mensaje comunicacional monocorde, definido por directores de medios y periodistas que están al servicio de los intereses de sus propietarios, quienes, en último término, definen los contenidos de la información, los que obviamente son congruentes con sus pretensiones económicas y políticas, generando una opinión pública ideológicamente manipulada, de manera que la falta de libertad de expresión tiene un efecto reflejo en otros derechos esenciales…”.
El 22 de abril de 2017, Punto Final ratificó ante la CIDH su denuncia contra el Estado de Chile, reiterando la voluntad “de perseverar en nuestra pretensión porque los motivos de nuestra denuncia subsisten íntegramente, y el transcurso del tiempo ha significado una profundización del agravio a un derecho fundamental establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Queremos dejar constancia que en esta batalla hemos recibido la solidaridad del Colegio de Periodistas de Chile y de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Por desgracia la defensa del pluralismo de información y opinión no ha encontrado eco, hasta ahora, en las organizaciones políticas y sociales que son víctimas de la dictadura del pensamiento único. A ellas hacemos llegar un fraternal llamado a hacer suya esta lucha democrática.
Pensamos que algún día Punto Final volverá en brazos de las condiciones sociales y políticas que hicieron necesaria su fundación hace 52 años. A nuestros continuadores les deseamos éxito en un Chile diferente, democrático, participativo e igualitario en derechos sociales y políticos

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 894, 9 de marzo 2018.

 

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