Sep 16 2005
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Política

Chile: La economía y el problema ecológico

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

César Gaviria (foto apertura), ex presidente de Colombia y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos durante una década, se une a la lucha mundial por océanos saludables e integrará la Junta de Directores de Océana, el único grupo internacional dedicado exclusivamente a la protección de los mares y sus zonas de influencia.

“Como ha dicho Arvid Pardo, el autor principal de la Ley del Mar de las Naciones Unidas, los océanos, tanto como los recursos que pueden sacarse de ellos, son el patrimonio común de la humanidad,” dijo el ex presidente Gaviria, (57), al señalar: “Océana está liderando la lucha para salvaguardar el patrimonio de la humanidad protegiendo el hábitat y la vida marina. Esta labor es para beneficio de todos los que habitamos este planeta. Estoy encantado de poder ayudar en esta lucha”.

UNA CONCIENCIA NO COMPARTIDA

El pensamiento ambientalista de Gavieria, por desgracia, no es moneda corriente entre los parlamentarios chilenos. Esta semana la Cámara de Diputados de ese país aprobó las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura, con el fin de regular el mecanismo de asignación de concesiones acuícolas, y de esta manera terminar con el mercado especulativo paralelo, que a estas alturas ha producido ganancias por millones de dólares.

Para Marcel Claude, director de Oceana, si bien dichas modificaciones constituyen un avance, en el sentido de poner trabas a la especulación del recurso agua, “este proyecto, tal como está planteado, sigue sin reconocer la apropiación de la renta asociada al recurso hídrico por parte de la industria salmonera. Esto es así ya que aunque se cobrará por algunos permisos, existirán otros que se seguirán aprobando de manera gratuita”.

Señaló además el economista que “por otro lado, aunque se intenta beneficiar a los pequeños productores al rebajarles la patente a las concesiones de menos de 1 UTM, también se beneficia a las grandes empresas acuícolas, que son las que solicitan la mayor cantidad de concesiones. Esto se debe a que la concesiones de más de 50 hectáreas ya no tendrán que pagar el doble de la patente”.

Por otro lado, aquellas concesiones con pago amplían los derechos de los acuicultores. De hecho aún es posible transferir las concesiones, obtener la restitución del 50% del pago inicial y ampliar hasta cuatro años el plazo de entrada de operaciones de la concesión.

A juicio de Claude, “esto último beneficiará fundamentalmente a los grandes salmoneros, ya que sólo tendrán acceso a este mecanismo quienes puedan operar tres años en niveles mínimos fijados por la autoridad o acreditar calidad de acuicultor habitual. Para conseguir esa calificación, tiene que ser titular de dos o más concesiones o autorizaciones que hayan operado a lo menos 3 años consecutivos”.

“Creemos nuevamente –concluyó– que se ha perdido una valiosa oportunidad para modificar completamente el mecanismo de asignación de concesiones, de modo de incorporar el royalty en el proceso vinculado al recurso hídrico. Además, se distorsiona y desvirtúa el pago de patentes, y se premia a los grandes productores de una industria altamente concentrada. No por nada, que el 35% de las  solicitudes de concesiones corresponde sólo a un tres por ciento de los solicitantes”.

En Chile se discute, y a veces cobn munición gruesa, sobre el daño pue produce la industria salmonera en las costas que reciben los deshechos de la crianza de salmones, al extremo que no son pocas las comunidades ribereñas que rechazan la introduccion de la especie o exigen máximas garantías a las autoridades ambientales en resguardo de sus derechos a la pesca artesanal, modo de vida tradicional y única fuente de recursos de una actividad que sufre los severos embates de la contaminación industrial y la pesca de flotas modernas que depredan las áreas donde trabajan.

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 * Fuente: Bolteín informativo de Océana.

 

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