Chile: – LLUEVE SOBRE MOJADO EN TIERRA MAPUCHE

I. Likan Ray

Cerraba casi la primera quincena de febrero de 2007; en las playas y otros centros turísticos hacía sus maletas una ola de veraneantes y otra se aprestaba a ocupar su lugar en hoteles, casas y pensiones. El lunes 12 de febrero quienes descansaban a orillas del Calafquén fueron testigos de un hecho que –por más que los asombrara (y molestara)– no tenía nada de molesto ni de asombroso.

La península del balneario lacustre de Likan Ray –suele escribirse Lican Ray– fue simbólicamente recuperada por integrantes de las comunidades mapuche asentadas en la zona desde mucho antes que los europeos desembarcaran en América y sus descendientes avanzaran hacia el sur. Escribimos simbólicamente atendiendo al acto físico, porque los mapuche jamás han dejado de reivindicar esas tierras.

Y lo hicieron porque el Estado –no importa qué gobierno– nunca hizo más que oír y olvidar sus reclamos. Se trató de hacer presente, una vez más, su derecho histórico sobre un espacio sagrado ante todas las instituciones del país. Eran poco más de un centenar de personas: mujeres, varones, niños hijos en el tiempo y la historia de aquellos a quienes les fue arrebatado el lugar de su casa hace más de 100 años.

Escribió en Argentina Indymedia en setiembre de 2005 Mauricio Buendía, luego de otro reclamo mapuche: «Lo sucedido en la zona lacustre no es muy diferente a otras situaciones que se repiten por millares en territorio mapuche, pero posee cierta dimensión histórica que la hace, quizás, más interesante y dramática, puesto que en la zona se verificó el último conato de resistencia a la ocupación militar chilena y, a la vez, la rúbrica de la conquista chilena por medio de la violencia a fines del siglo diecinueve.

«Todo esto está prístinamente registrado en algunos relatos de la época que describen fríamente como ‘a la fundación hecha en la ciudad restaurada de Villarrica, siguieron otras que aseguraban la línea del Tolten desde Pitrufquen a los Andes: el 16 de enero se estableció el fortín de Palguin, en la margen sur del río Trancura, que desagua en el lago; el 18 del mismo mes, el de Muquen, como a 18 kilómetros al suroeste de Villarrica; el 27 de febrero, el de Pucon, sobre la ribera oriental del lago y al sur del río Trancura, y el 14 de marzo el de Cunco, algunos kilómetros al este del fuerte de Freire’. De esta manera, con más de 3.000 efectivos ‘quedaban eliminadas desde ahora las tribus araucanas como colectividad guerrera e independiente’”.
El texto completo se encuentra aquí.

En febrero de 2007 –el tiempo no pasa para los «condenados de la Tierra»–, en el periódico www.azkintuwe.org, Pedro Cayuqueo y Pablo Díaz informan:

Un destacamento de 200 hombres armados
para contener a no más de 30 campesinos con las manos desnudas

«Según señaló el lonko de Pokura, don Alfredo Pichumilla, acordaron ocupar la Península y cerrar su acceso al público hasta lograr una respuesta satisfactoria a su demanda de restitución de este espacio que les fuera arrebatado en la década de 1940, mediante una compra por parte del Estado que nunca se pagó. Detallan los dirigentes que el año 1912, concluida la invasión militar del Wallmapu, la Comisión Radicadora entregó Título de Merced al Lonko Juan Manuel Loncopán y ocho personas más de su familia del terreno que poseían en el lugar denominado “Trapel” del departamento de Villarrica, actualmente Likan-Ray.

«(…) Sin embargo, el 30 de septiembre de 1940 los terrenos referidos fueron declarados de «utilidad pública» para la fundación del pueblo de Calafquén. Por Decreto Supremo del mismo año se ordenó disponer al Juzgado de Indios de Pitrufquén la suma de 39.800 pesos para pagar a los propietarios mapuches del terreno. Mientras las tierras fueron inscritas a nombre del fisco en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia el año 1944, del pago nunca mas se supo».

Al día siguiente, el martes 13 de febrero luego de comenzado a llover una veintena de manifestantes –incluidos menores de edad– fueron reprimidos con violencia, apresados y enviados a los cuarteles de la cercana Villarrica. Azkintuwe lo relata en palabras de María Lonkopán:

«Estábamos haciendo posesión de nuestro territorio en la Península, cuando arremetieron las fuerzas especiales contra todos nosotros con una violencia desmedida, tremenda; ellos tomaron como 10 detenidos, no sabemos cuántos lesionados hay porque ellos siguen dentro allanando y persiguiendo a los demás hermanos».

«Maria – dice el periódico– era una de las voceras de la movilización que diversas comunidades de la zona habían decidido emprender en el sector de la Península el pasado domingo (…) y cerrar su acceso al público cansados de no recibir respuestas a una demanda territorial que el Ministerio de Bienes Nacionales pareciera simplemente haber archivado.

«‘Por más de 14 años hemos estado dialogando con el Estado, hemos hecho todas las gestiones que están dentro de lo legal, conversado con las autoridades, pero nunca el gobierno ha respondido a nuestros requerimientos, aun existiendo un convenio marco entre la CONADI y Bienes Nacionales en que se señala que habiendo una reclamación y existiendo un título de merced a favor de la comunidad, esta tierra debía ser traspasada a los mapuches. Esto no ha ocurrido y por ello hemos decidido emprender estas acciones’, nos relataría Lonkopan, aun choqueada por las escenas que le había tocado observar: efectivos de Fuerzas Especiales y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), armados hasta los dientes, arrastrando hacia los buses blindados a los detenidos».

Los comuneros «También solicitaban la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet en la zona, a quien informaron de sus peticiones en una carta remitida a La Moneda en octubre del año 2006, sin respuesta hasta la fecha. No era una petición antojadiza y rebuscada, considerando el supuesto compromiso «personal» de Bachelet con las reivindicaciones de los pueblos indígenas, manifestado en múltiples y rimbombantes discursos, y el hecho no menor de encontrarse la mandataria a escasos kilómetros de Likan-Ray. Específicamente gozando de vacaciones en su cabaña de veraneo situada a orillas del lago Caburga.

«Pero no habría diálogo posible. La llegada, a eso de las 13:00 horas, de más de 200 efectivos de Fuerzas Especiales al sector de la movilización, avanzando bajo la lluvia en formación anti-disturbios y apoyados desde el lago por marinos montados en veloces botes zodiacs, convenció a todos que Bachelet no llegaría y que lo que vendría a continuación no sería otra cosa que feroz represión.

«Nadie se se hizo responsable en el momento de la orden de desalojo, pero más tarde y desde Temuko, el recién asumido Intendente Regional, Oscar Eltit (PPD) confirmaba que el gobierno había solicitado al Ministerio Público de Villarrica que autorizara la acción de los uniformados, un último recurso frente a una movilización que no dudó en calificar el intendente como un despropósito de las comunidades.

Los informes policiales señalan que los comuneros envueltos en el «incidente» fueron unas 30 personas.

II. Cinco días después en Pepiükelén

Más al sur, pero no demasiado lejos, en Pargua, a orillas del Canal de Chacao, que divide el norte continental del sur insular, la tragedia muestra otros protagonistas, pero el mismo antagonista: el Estado, esta vez al servicio de uno de los negociados más dañinos para el ambiente: las salmoneras.

La «industria (de la crianza del) salmón viene depredando desde hace más de una generación las aguas del sur de Chile. En la zona se instalaron a fines de la década de 1981/90 en la ensenada Codihué. Por el traslado de las áreas de crianza –y la «pulcritud y respeto ambiental de los empresarios y sus técnicos– el «cultivo de salmones», una vez contaminado el litoral marino agrede las tierras de la zona costera. Sus efectos son serios sobre flora y fauna.

Pargua tiene una población en el orden de los 6.000 habitantes, pero otros 4.000 habitantes se conforman por los trabajadores del complejo. Azkintuwe señala: «El pasado 6 de febrero, la comunidad mapuche-williche Pepiükelen denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no frenar el avance de la industria salmonera sobre su territorio y los impactos socioambientales que la actividad genera. La presentación fue realizada por el abogado Diego Carrasco y patrocinada por el Observatorio de derechos de los Pueblos Indígenas, con sede en Temuko.

«Azkintuwe viajó a Pargua, comuna de Calbuco, X Región de Chile, para conocer la situación en profundidad.

«Para llegar al lofche fue necesario bordear las altas cercas coronadas con alambres de púa con que las empresas salmoneras, que acorralan día tras día a las familias, delimitan el perímetro de sus gigantescas plantas. Este es el caso de la empresa Los Fiordos, que en agosto agosto del año 2006 inició la construcción de su futura planta de alimentos en Pargua a escasos metros de la viviendas de la comunidad Pepiükelén. Encargada a la empresa Besalco (que construyó la central Ralko de Endesa), se espera comience sus operaciones en septiembre de 2007, produciendo 185 mil toneladas de alimento para salmones por año».

«Tenebroso paisaje» escribe Hernán Scandizzo. Y toma nota de lo que dice el werken Francisco Vera Millaquén: «Somos, en definitiva, todos descendientes del tronco principal que era Maricahuín. Nuestro tatarabuelo, por ejemplo, era Maricahuín. De hecho todo este terreno era parte de un Título de Merced que existió en el año 1790 aproximadamente, en el tiempo que el pueblo williche hizo alianza con la corona española. El Estado chileno lo ha desconocido, a pesar de un pacto que hubo en el año 1823, el Tratado de Tantauco (que validaba esos títulos).

«Por eso nuestras tierras hoy día en su mayoría o son fiscales o están en poder de winkas, de todo el territorio mapuche que existía, que era una propiedad de 44 mil has, ni el 20% está en poder de los herederos de esa familia. Está todo en manos de chilenos y el resto está en manos de empresas».

Su hermano Manuel acota: «Acá se vivió siempre de la agricultura y la pesca. Cuando empiezan a llegar estas famosas empresas de crianza de salmones la gente vio como más fácil esa pega. Porque antes de trabajar un año para recibir la recompensa, que es la siembre de papas, es más fácil ir a trabajar un mes y tener algunos pesos ahí en la mano.

«La gente se cambió de rubro y empezó a dejar la parte de la agricultura, primero, y posterior la pesca ya no estaba dando tanto resultado, por lo mismo, por los salmoneros. Al ir colocando las jaulas el otro pescado natural empieza a desaparecer y la gente que trabajábamos en la pesca también».

Francisco prosigue: «Lo que está generándose hoy día con el tema de las salmoneras en sus diferentes ámbitos –ya sea en la piscicultura, procesadora o las mismas plantas de alimentos para estos salmones– es que de aquí a 10 o 15 años más va a haber un desequilibrio ecológico enorme, un daño ambiental que va a ser irreparable y, además de eso, la gente va a quedar sin fuentes de laborales.

«Porque nosotros sabemos que la industria salmonera, si bien hoy está en un auge bastante grande, no va a ser eterna, de hecho todos sus proyectos tienen un período de vida útil de máximo 30 años. Nosotros la pregunta que le hemos hecho a las autoridades regionales es si ellos se han puesto a pensar qué va a pasar en 15 o 20 años, de qué va a vivir la gente. Porque las tierras colindantes con estas industrias quedan prácticamente estériles, no aptas para el cultivo. De hecho todos los vegetales que están a los lados poco a poco comienzan a secarse».

Quizá las salmoneras se vayan antes: crece en el mundo el rechazo al salmón chileno debido a la utilización de sustancias –en algunos casos prohibidas– para lograr su crecimiento. como la malaquita verde, antibióticos, etc… Puede que las empresas cambien el rubro, pero el daño ya está hecho.

III. TERCER BOTÓN PARA LA MUESTRA: LA EDUCACIÓN

Desmentida por los hechos la preocupación de Mamá Oca y sus asesores por la buena marcha de la educación en Chile, los profesores marcharon el miércoles 21 de febrero por los derechos educativos de los niños mapuche.

Una vez más la información es del periódico Azkintuwe

La cita era antes del mediodía en la plaza Teodoro Schmidt de la ciudad de Temuko. Los convocados, la Sociedad de Profesores Mapuche Kimeltuchefe y autoridades tradicionales de comunidades Lafkenche, localizadas en las Comunas de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt. La razón inmediata fue el constante despido de profesionales de la educación que trabajan en colegios rurales bajo la administración de la Fundación Magisterio de La Araucanía, organismo dependiente del obispo Sixto Pazinger, de la Diócesis de Villarrica de la Iglesia Católica.

La marcha, convocada bajo el lema “Por los Derechos Educativos del Pueblo Mapuche” denunció los despidos de maestros, demandó “el traspaso y gestión de todas las escuelas que administra la Fundación Magisterio de La Araucanía y que están insertas en nuestro territorio” y exigió implementar “un sistema educacional comunitario que se sustente en nuestro rakizuam, kimvn, lengua, cultura, religión, cosmovisión y territorio”, en contraposición al modelo y el sistema educativo de la Fundación, basado en el “fracasado Proyecto de Evangelización Educacional, el cual ha sido fuertemente cuestionado y rechazado por las comunidades“.

No es primera vez que los profesores deben movilizarse en defensa de sus derechos. Ya a fines del año 2004, un grupo fue despedido por “expresas necesidades del Magisterio de la Araucanía”. Los profesores, entre los que se encontraban destacados especialistas en lengua mapuche como Hugo Painequeo, desempeñaban funciones en escuelas rurales de las comunas de Melipeuco y Puerto Saavedra, en la IX Región. Todos ellos, apoyados por Kimeltuchefe, aseguraron que tras sus despidos se escondía un acto de “abierta discriminación racial por defender la causa mapuche”.

Los profesores no lograron ser reintegrados, aduciéndose una sostenida baja de matrícula, lo que habría obligado el cierre de algunas escuelas.

Hoy, denuncia la Sociedad Kimeltuchefe, la Fundación estaría aplicando “una conocida estrategia de mercado al declararse internamente en quiebra financiera para justificar tanto los despidos de los profesores como para enfrentar la crisis institucional que viene arrastrando hace años y así quedar exenta de toda responsabilidad legal, gremial, social, educacional, económica y política, ante las comunidades, los profesores, personal que labora en sus dependencias”.