Chile: Los TLC, pieza angular del orden neoliberal
A finales de mayo, distintos actores y organizaciones pertenecientes a la Plataforma Chile Mejor sin TPP hicieron circular por las redes sociales un texto en el cual llaman a los candidatos presidenciales a una moratoria, no sólo del Tratado Transpacífico (TPP) -que los miembros del Apec intentan revivir pese al abandono de Estados Unidos de este acuerdo desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca-, sino de otras negociaciones en agenda y a una revisión de los tratados de libre comercio.
Las organizaciones firmantes de la declaración, ampliadas a una Plataforma Chile Mejor sin TLC, reclaman a las diferentes candidaturas el hermetismo en los procesos de negociación y aprobación parlamentaria de estos acuerdos comerciales durante los últimos veinte años.
Bajo el discurso y la propaganda, los distintos gobiernos de la transición promovieron los profusos TLC como beneficiosos para la economía y el bienestar de la población. Con incidencia no medida, en cuanto habrían tenido distintos y muy variados efectos sobre la calidad de vida de la ciudadanía. Ante la falta de estudios acabados en esta materia y ante otros perjuicios evidentes en los cuales ha derivado la instalación de un orden de mercado desregulado basado en el lucro de las grandes corporaciones, las organizaciones llaman a los candidatos a esta moratoria.
La Plataforma, que está integrada por organizaciones ambientales, sociales y territoriales, entre otras, hacen este llamado público desde sus respectivos espacios y territorios, los cuales han presentado evidentes efectos perjudiciales derivados de la expansión de las actividades de las grandes corporaciones y, eventualmente, desde la puesta en marcha de los tratados de libre comercio e inversiones.
Ha sido a partir de esos espacios que se inició el rechazo a aquella iniciativa hoy congelada llamada TPP. La experiencia previa de los TLC, y la ampliación de sus consecuencias en un tratado como el TPP, alertó a múltiples organizaciones a levantar la Plataforma. En abril de 2016, incluso cinco relatores y dos expertos internacionales de la ONU enviaron una carta a la Cancillería chilena donde advierten que el TPP impactaría en los derechos de los pueblos indígenas, derechos digitales, de acceso a la salud, civiles, políticos y de libertad de expresión, entre otros aspectos.
El TPP no se frenó por la Plataforma. Tampoco por organizaciones latinoamericanas, ni como uno más de los caprichos de Donald Trump. Ha sido por la emergencia de un rechazo elevado desde los trabajadores y la ciudadanía ante los perjuicios que ha traído sobre sus vidas la globalización neoliberal. Un proceso involutivo en los derechos de la población global cuya reacción se ha canalizado de forma peligrosa en discursos populistas que en apariencia han prometido un freno a la globalización como defensa de los intereses de los trabajadores. El caso de Trump no es el único, el Brexit fue también una respuesta de los británicos ante los efectos desfavorables sobre sus vidas a raíz de las políticas de la Unión Europea.
Políticas que socavan la democracia
Ante este fenómeno mundial, en una entrevista publicada a comienzos de mes en la revista estadounidense The Nation, Noam Chomsky afirmó: “Era predecible. No sabíamos exactamente cuándo, pero cuando impones políticas socioeconómicas que conducen al estancamiento o al declive de la mayoría de la población, a socavar la democracia y eliminar la toma de decisiones desde la ciudadanía, vas a tener enojo, descontento, miedo en todo tipo de formas. Y ese es el fenómeno que se llama engañosamente populismo”.
Sin una respuesta clara y precisa sobre los efectos de cada uno de las decenas de TLC firmados por los gobiernos chilenos durante los últimos veinte años, es posible observar consecuencias generales negativas sobre la calidad de vida de la población tras la implementación de esos acuerdos. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio han sido factores clave para forzar a múltiples Estados no sólo a la firma de estos tratados, sino también para la adaptación de sus instituciones internas para favorecer al gran capital. Los múltiples TLC (unos 60 según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales) como pieza basal de las políticas externas, sumados a toda la legislación económica, financiera y laboral han creado una estructura institucional abiertamente favorable a las grandes corporaciones y a los libres flujos de productos, servicios y capitales. Este andamiaje, no sujeto a estudios acabados y concluyentes, sí tiene a nivel de experiencia ciudadana una influencia negativa.
Al respecto, Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano y miembro de la Plataforma, considera que la influencia negativa que tienen los tratados de libre comercio en materia de derechos humanos es clara, por lo que debe ser atendida por las candidaturas que hoy aspiran a la Presidencia de la República. “Es por eso que pedimos no solamente un pronunciamiento, sino también una moratoria, en el sentido de revisar lo que se ha hecho y que estos acuerdos comerciales, de aquí en adelante, se negocien y se adopten con participación incidente de la sociedad civil y también con informes, tanto de sus impactos en derechos humanos como económicos”, afirma.
En tanto, Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas, destaca que es importante que los candidatos a la Presidencia tengan una opinión formada sobre los tratados de libre comercio, y que se la comuniquen a la gente. Sepúlveda agregó que “ya sabemos qué pasó con el Tratado Transpacífico y ahora tienen que decirnos su opinión respecto de lo que estamos proponiendo, que es una moratoria a los tratados de libre comercio mientras no haya una evaluación integral de sus efectos sociales, ambientales y económicos. Pero teniendo en consideración a todos los sectores de la sociedad, porque hasta el momento solo se habla de la balanza de pagos y de la ganancia de los empresarios y de los grandes exportadores por la vía de estos tratados, pero no de los sectores productivos que han desaparecido ni de aquellos que deben actuar en condiciones desfavorables”.
Herramienta global para proteger a las corporaciones
UNi Global Union, la asociación europea de trabajadores del sector servicios, advierte sobre los peligros en la calidad de vida de los ciudadanos que conlleva la proliferación de los TLC como herramienta expansiva del orden neoliberal. “El contenido y alcance de estos acuerdos pueden variar, pero todos ellos tienen algo en común: representan una amenaza para la democracia y para la capacidad de los gobiernos para regular en nombre de los bienes públicos; por ejemplo, para garantizar la estabilidad financiera, un clima de seguridad, el acceso universal a los servicios públicos o a la salud pública”.
Los más de 60 acuerdos comerciales suscritos por Chile durante las décadas pasadas han sido finalmente herramientas suscritas por los Estados para proteger al sector privado. Más desregulaciones, menos aranceles, desmantelamiento de los aparatos estatales, que los deja atados de manos para legislar en favor de sus ciudadanos o para la protección del medioambiente. En suma, más poder para las compañías y creciente vulnerabilidad a los consumidores y trabajadores. En el proceso, se consolida el modelo de desregulación neoliberal, el lucro a todo evento en todos los sectores y aumenta la concentración extrema de la riqueza. Si ello ha sido con los TLC, el TPP podría aumentar todas estas tendencias.
Hay mecanismos que quieren reescribir las reglas del comercio y las inversiones para impulsar la liberalización y la agenda de privatización de la llamada economía de servicios “del siglo XXI”, después de haberse agotado el proceso multilateral de la OMC. La mayoría de estos acuerdos se están negociando a puertas cerradas, lejos del escrutinio público, lo que da oportunidad a poderosos grupos de presión corporativos para avanzar su agenda sin ser objeto de un debate democrático y un proceso transparente de negociación. No sólo el dormido TPP, que pese a la renuncia de Estados Unidos las economías adscritas al Apec han acordado seguir pergeñando a puertas cerradas. La reciente visita de Michelle Bachelet a China ha traído, como consecuencia buscada, la profundización del TLC con este país.
Pese a las decenas de acuerdos comerciales en pleno vigor, Chile insiste en ampliar y profundizar más las políticas comerciales, de servicios y de inversiones con otros Estados en favor de las grandes corporaciones, las únicas verdaderamente beneficiadas con estos tratados negociados cual traje a la medida de ellas. Están en negociación nuevos acuerdos con Argentina, Indonesia y Brasil y la profundización de los tratados ya firmados con China, Corea del Sur, Unión Europea y el TISA, que es la variante europea del TPP.
El capital no tiene patria
Junto a los múltiples efectos nocivos en las economías locales y formas de vida, consecuencias registradas por la Plataforma y atribuibles a los TLC, hay otros aspectos en el área financiera y de inversiones que debilitan a las economías locales ante los flujos especulativos de capital. La firma del tratado con Estados Unidos en 2003 incluyó la completa eliminación del encaje al ingreso de capitales foráneos, mecanismo que obligaba a los inversionistas extranjeros a depositar un determinado monto en el Banco Central chileno por un periodo mínimo de un año, medida que inhibía las inversiones especulativas y las salidas masivas de capitales en momentos de inestabilidad. Con la eliminación de esta cláusula, se incentivan las inversiones especulativas en tanto que la economía chilena queda en una situación de mayor vulnerabilidad ante las crisis financieras externas. Las constantes oscilaciones en el precio del dólar es un efecto de esas políticas: cada día pueden ingresar y salir ingentes cantidades de divisas, las que circulan por los mercados chilenos en busca de ganancias de corto o mediano plazo.
Uno de los fenómenos que registra en estos días la economía chilena es una caída en los niveles de inversión, tanto nacional como extranjera. En esta misma línea las cúpulas del sector privado levantan como explicación la ausencia de políticas públicas que incentiven tales inversiones. Un argumento que no apunta a una falta de capital, sino a la falta de condiciones que garanticen una alta rentabilidad.
Los capitales chilenos han hecho un uso intensivo de los acuerdos internacionales de inversión y han salido en busca de negocios. Bien se conoce la inversión extranjera en Chile, en prácticamente todos los sectores de la producción y los servicios, desde telecomunicaciones, educación, banca a autopistas concesionadas, pero no lo suficiente las inversiones de capitales chilenos en el exterior. Según cifras de la Direcom, hasta 2015 la inversión materializada en el exterior alcanzó la suma de 106 mil millones de dólares, distribuida en más de sesenta países de América, Europa, Oceanía, Asia y Africa. Por países, Brasil concentra el 26 por ciento del total invertido, con casi 28 mil millones de dólares.
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 877, 9 de junio 2017.