Chile: negocios son negocios

Wilson Tapia Villalobos*

Cuando aún se pensaba que la ética debía regir las relaciones sociales, a menudo la mirada frente al lucro era crítica. Ahora que las cosas han cambiando uno puede sorprenderse, arropado en una nube de anacronismos, enjuiciando a quienes optan por el beneficio personal frente el interés general.

 O, para decirlo en palabras del presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, criticando a "los chupasangre". Es decir, a los empresarios.

Sin duda, una actitud que peca de un subjetivismo inaceptable. Sobre todo ahora, que el pragmatismo es una especie de paradigma político. Pero, de pronto, hay hechos que desconciertan. Y uno no sabe qué pensar. Si verdaderamente el estar en la posmodernidad implica despojarse de la ética o ésta se ha transformado, también, en un traje a la medida del que quiere ponérselo. Recientemente fui testigo de uno de esos casos.

El diario El Mercurio, en un ejercicio de audacia casi masoquista o por cobranza de cuenta impaga, vaya uno a saber, publicó los resultados de una encuesta entre ejecutivos empresariales. La pregunta era sobre la utilización de información privilegiada en el comercio bursátil. Tres de cada cuatro de los encuestados reconoció que en Chile el uso de esa información es habitual. No lo dijeron, pero tal vez lo consideran una viveza criolla.

En resumidas cuentas, les parece lo más normal que usted vaya a la bolsa y compre acciones sabiendo que en pocas horas más subirán. El problema es que el dato no lo maneja el vendedor. Sintetizando, una estafa que la ley sanciona con penas ínfimas. Como lo que ocurrió recientemente con el candidato presidencial Sebastián Piñera.

En su calidad de miembro del directorio de LAN, supo que las utilidades del semestre colocarían en mejor posición las acciones de la compañía. Diligente, hizo que una de sus empresas comprara el 0,9% de las acciones de LAN.

Una operación que le dio varios millones de dólares de ganancia y que se los hizo perder a los antiguos propietarios de tales papeles. La Superintendencia respectiva lo condenó. Y él se apresuró a pagar la multa. Ni siquiera quiso apelar. Dos razones tuvo para ello. Lo que pagó era una cifra insignificante frente a lo que había ganado. Y que el caso se ventilara era poco apropiado para sus aspiraciones políticas. La estafa todavía no es una buena carta para posicionar imagen.

Utpal Bhattacharya, académico indio avecindado en Estados Unidos, es un experto en esta materia. Y cree que el tema de la información privilegiada es de la más alta significación. Pero su comentario resulta lapidario. Sostiene que el hecho que existan leyes sobre información privilegiada no es relevante. "Pero si se hacen cumplir, es decir, si efectivamente alguien va a la cárcel, si funcionan", así de claro.

La visión del académico es difícilmente aplicable en Chile. Desde la dictadura, muchos somos los que sospechamos que aquí tiene más peso el derecho de propiedad que los DDHH Y, parece, no estamos tan equivocados. Los chilenos aún seguimos pagando la deuda que se creó cuando técnicamente la banca nacional quebró.

Lo más grave de esta realidad es que es extensible a áreas mucho más amplias de la sociedad. La mirada económica –esta guerra a cuchillo en que todo vale– es la que está orientando la acción política. Si se mira con atención lo que hoy ocurre, la estructura de la acción política la diseñan los economistas. Y éstos tienen como objetivo lograr resultados que pueden medirse en guarismo concretos y que no tienen por qué responder a demandas sutiles. Como pueden ser las necesidades humanas.

La renuncia de los políticos a ejercen su función y escudarse tras la especialización, está haciendo un daño tal vez irreparable. La ausencia de sensibilidad ante las demandas de los más necesitados es una realidad que permea a todos los niveles. Desde la Iglesia Católica hasta la presidenta de la República.

La primera luce contradictoria. El obispo Goic propala la necesidad de un sueldo ético, que debería estar alrededor de los $250.000 (US$ 500). Causa revuelo y hasta llega a parecer que los niveles decisorios del país –incluido empresarios y autoridades– toman conciencia de una realidad social insostenible.

Posteriormente, el cardenal Francisco Javier Errázuriz pone las cosas en su lugar. Se congratula que el sueldo mínimo haya quedado en sólo $159.000, porque un salario mayor podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a la presidenta de la República, en este terreno sólo sigue las pisadas que da su ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Aunque ello signifique hacer cabriolas que, en el pasado, resultarían inaceptables en una política ética. Para muestra basta con recordar que los camioneros fueron beneficiados con la rebaja del 80% del impuesto a los combustibles. Los jubilados más modestos tienen que seguir pagando el 7% de sus miserables pensiones por concepto de salud.

Velasco cree que la economía soporta el beneficio para los empresarios del transporte, pero se desequilibra al abrir la mano para los ancianos.

Parece que la posmodernidad nos ha llevado a una suerte de pragmatismo desvergonzado. Ese que revela la frase: los negocios son los negocios. Pero eso, creo anacrónicamente, no puede ser la política.

* Periodista latinoamericano nacido en Chile.