Mar 2 2006
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Ambiente

CHILE: NO EXISTE CONCIENCIA AMBIENTAL

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

El primero, de una ingeniera ambiental y de un economista el segundo. Antonieta Fortt traza un panorama crítico sobre la eficiencia de la gestión ambiental de los aparatos de gobierno. Cristián Gutiérrez se refiere en concreto a los efectos depredadores de la actividad salmonera en el país austral.

Decididamente, ni los conceptos y prácticas relacionados con desarrollo sustentable ni aquellos referidos a la protección del ambiente natural parecen significar mucho en Chile. Por lo menos eso se desprende tanto de la acción gubernamental como de la actividad de las empresas privadas.

Serrat tenía razón: nos han declarado la guerra.

LA IGNORANTE AUTOCOMPLACENCIA

Desarrollo sustentable significa mucho más que compatibilizar el crecimiento económico con la protección del oambiente; desde la sustentabilidad uno podría, con el sólo dato de que Lagos fue el presidente que más ha gastado en armamentos desde 1896, y siendo Chile el décimo país con la peor distribución del ingreso en el mundo el 2005, catalogar a su gobierno como uno de los cualitativamente más insustentables de nuestra historia republicana.

Antonia Fortt

La positiva evaluación hecha por la directora de la autoridad ambiental chilena (CONAMA), Paulina Saball (izq.), sobre el desempeño de este organismo durante 2005, sorprende por su extrema autocomplacencia, especialmente si se piensa en casos como CELCO en el Santuario del Río Cruces, el de Barrick Gold con su proyecto minero Pascua Lama o los constantes derrames de hidrocarburos en Antofagasta.

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En el caso CELCO, una y otra vez se burló la ley a favor de la industria para protegerla de multas, mejoras tecnológicas o del término de la actividad de manera indefinida.

Algo similar ocurre con Pascua Lama, un proyecto que fue aprobado, pese a que en su primera presentación la minera Barrick “olvidó” mencionar en su informe que tres glaciares serían afectados por el proyecto, y pese también a que la Corema de la Tercera Región rechazó un segundo informe por considerar que Pascua Lama “no es capaz de sustentar que no afectará de manera adversa y significativa la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, en especial el agua”.

De estos casos emblemáticos, y de otros menos conocidos, se desprende que el concepto de desarrollo sustentable usado por CONAMA está lejos de la definición aceptada internacionalmente. El paradigma de la sustentabilidad propone un nuevo modelo de desarrollo económico, lo que se manifiesta en un cambio en las formas de producción y en los hábitos de consumo de las sociedades modernas donde la conservación del capital natural, la capacidad de carga de los ecosistemas y la equidad social son los pilares fundamentales.

Por lo tanto, el desarrollo sustentable significa mucho más que compatibilizar el crecimiento económico con la protección del medioambiente; teniendo como eje central de su accionar la crítica y revisión constante de cómo las sociedades crecen económicamente. Es más, desde la sustentabilidad uno podría, con el sólo dato de que Lagos fue el presidente que más ha gastado en armamentos desde 1896, y siendo Chile el décimo país con la peor distribución del ingreso en el mundo el 2005, catalogar al gobierno de Lagos como uno de los cualitativamente más insustentables de nuestra historia republicana.

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De acuerdo a lo anterior, la problemática ambiental no se acota a la esfera institucional como lo plantea Paulina Saball, sino que más bien abarca la estrategia de desarrollo que ha seguido Chile como país, donde obviamente la institucionalidad es una dimensión importante, pero una entre muchas otras. De hecho desde la óptica del desarrollo sustentable es mucho más relevante evaluar la gestión de los ministros de Economía y Hacienda, para evaluar la gestión ambiental del gobierno de Lagos ya que son ellos los que determinan finalmente la pauta de desarrollo que seguirá nuestro país.

En este sentido, exigir más recursos y facultades para un organismo como CONAMA, que es más bien un adorno –para no decir un estorbo– dentro de la política económica que ha seguido la Concertación solventada fuertemente en las exportaciones y en las inversiones extranjeras, basadas ambas en la explotación de nuestro capital natural, es no entender la actual dinámica económica y menos la crítica desde la sustentabilidad.

Prueba de lo último es que Saball suma entre sus triunfos la evaluación de desempeño ambiental de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), cuando la verdad es que en ese informe Chile cayó siete lugares y dejó planteados enormes desafíos en prácticamente todas las esferas involucradas: política fiscal para un desarrollo sustentable, ordenamiento territorial, gestión ambiental integral, inserción ambiental internacional, etc.

Los éxitos que muestra Saball en materia medioambiental se circunscriben exclusivamente a temas conservacionistas (Política Nacional de Áreas Protegidas, Estrategia Nacional de Humedales, Política Nacional de Especies Amenazadas, etc.) que indudablemente constituyen avances, pero que son por sí solos absolutamente insuficientes para hablar de una estrategia nacional hacia un desarrollo sustentable. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Humedales no se hubiese concretado de no haber ocurrido el desastre del río Cruces, y ni siquiera ha probado su eficacia, pues ya la Corema de la décima región autorizó un proyecto para descargar aguas servidas en el humedal del Estero Carrión, en Maullín.

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Pero lo que menos se entiende de la autoevaluación de Conama, es que reconoce como un triunfo propio la mayor participación ciudadana en materia ambiental, cuando la verdad es que los hechos demuestran todo lo contrario: en proyectos tan importantes como CELCO y Pascua Lama, la ciudadanía ha estado ausente en las esferas donde se toman las decisiones y han tenido que expresar su preocupación y descontento –contra las empresas y el gobierno que Paulina Saball representa– principalmente a través de las movilizaciones y una sólida organización de la base social, constituyéndose esto último, sin lugar a dudas, en lo más trascendental en materia ambiental del año pasado.

(Ingeniera ambiental de Océana).

LA MIOPÍA DE LOS SALMONEROS

Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón, pero en el orden de los aportes en cuanto a investigación para la acuicultura ocupa el décimo lugar, contribuyendo con sólo el dos por ciento en la actividad global.

Cristián Gutiérrez

Rodrigo Infante, gerente general de Salmon Chile, asegura que las empresas salmoneras cumplen con todas las normas ambientales y que, incluso, “van más allá”, desestimando de paso los posibles riesgos de una acusación de dumping que los especialistas de la CONAMA o de la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería auguran a la luz de los recientes TLC firmados con Estados Unidos y Canadá, dos de los principales destinos de las exportaciones de salmón chileno.

Las últimas acciones del gremio salmonero se enmarcan en una estrategia tendiente a limpiar la mala imagen ambiental de esta industria en el extranjero. En este sentido el cierre exitoso del acuerdo de producción limpia, donde las empresas son jueces y parte en la gestión ambiental, es un ejemplo de la mentalidad obtusa de los industriales para aceptar una agenda de consenso con las organizaciones de la sociedad civil.

Lo señalado es todavía más importante cuando existe nueva evidencia entregada por Oceana que habla del nexo entre la actividad de la salmonicultura y la proliferación de las temidas mareas rojas.

En Chile, existe una visión errada del concepto de sustentabilidad. Se trata de la idea de que la generación de estándares y acuerdos de producción limpia deben provenir de las empresas, para luego –una vez realizados– establecer certificaciones de los productos que “induzcan” a estas firmas a adoptar nuevas políticas. Así, se borra del mapa el rol que le corresponde a la autoridad pública en esta materia, sobre todo considerando su papel fiscalizador, tan necesario en estos tiempos donde las decisiones se toman exclusivamente desde la esfera privada.

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Con esta filosofía se asienta el precedente de dejar a la mera “voluntad” de las empresas, decisiones que deben estar en el campo de las políticas públicas.

Hoy se dispone de evidencia científica, tanto a nivel nacional como internacional, de los daños ambientales que han sido generados por la salmonicultura. La industria enfrenta acusaciones por usar antibióticos en abundancia, contribuyendo a acelerar la resistencia de las bacterias ante estos medicamentos de alta eficiencia en la salud humana, cultivar un producto que contiene importantes porciones de dioxinas, bifenilos policlorados, dieldrin, nonacloro, DDT y mirex (Science número 303, enero de 2004), lo que hizo que un grupo de científicos de las universidades de Indiana, Albany y Cornell sugirieran que se limite significativamente el consumo de este producto.

Además, la industria del salmón es acusada de utilizar verde malaquita, un funguicida peligroso para la salud; pintura antifouling, que causa graves daños a la fauna y a los ecosistemas; colorante para anaranjar aún más los salmones, según el gusto del consumidor; generar el fenómeno de las mareas rojas; y contribuir a la eutrofización de los recursos hidrológicos del país por la sobrecarga que produce esta industria en cuanto al aporte de nutrientes al agua, como el fósforo y el nitrógeno.

A pesar de que Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón, siendo responsables de más de un tercio de la producción a nivel planetario, en el ranking de investigación científica para la acuicultura estamos en el décimo lugar, contribuyendo con sólo dos por ciento a nivel global. Junto con esto, tenemos escasa capacidad de los servicios públicos para fiscalizar a la industria, en especial SERNAPESCA, CONAMA y la Dirección del Trabajo. De hecho, según la propia institucionalidad ambiental, durante 2004, sólo se revisaron 20 proyectos relacionados con centros de cultivo de salmón, que corresponde a cinco por ciento del total de centros que posee esta industria en las aguas del país.

Estos antecedentes ponen nuevamente en tela de juicio la real sustentabilidad de la industria y reafirman la petición de una moratoria a la expansión de la actividad, amparada en múltiples razones de orden ambiental, sanitario, laboral e institucional, sobre todo considerando el plan de inversiones de la industria –estimado en unos 800 millones de dólares– para extenderse en la XI Región de Aysén y consolidar esta zona para que, dentro de ocho años, entregue 40% de la producción nacional del salmón.

(Economista de la Fundación Océana).
Artículo publicado en el diario La Nación de Santiago (www.lanacion.cl).
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El portal de Océana: (www.oceana.org).

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