Ene 2 2014
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Pol铆tica

Chile: Plebiscitar una Asamblea Constituyente

Parti贸 de a poco hasta que logr贸 conformar una poderosa red que logr贸 que la sigla AC fuera marcada en el 10 por ciento de los votos emitidos en las 煤ltimas elecciones presidenciales. Esto ha dado m谩s fuerza a la iniciativa ciudadana Marca Tu Voto, que ya anunci贸 que este a帽o seguir谩 llamando a participar en la promoci贸n de una Asamblea Constituyente.

A partir de enero, se realizar谩n jornadas de reflexi贸n en diversas regiones del pa铆s reiterando que las decisiones relativas al proceso constituyente deben ser consultadas a la ciudadan铆a. Esto en base al 茅xito de la campa帽a que llam贸 a marcar el sufragio con la sigla AC, 鈥渓o que refleja la convicci贸n de que una nueva Constituci贸n debe ser resultado de una Asamblea Constituyente, pues es este procedimiento el que asegura el ejercicio pleno de la soberan铆a popular鈥, dicen desde Marca tu Voto.

鈥淟a ciudadan铆a envi贸 el d铆a 15 de diciembre una clara se帽al pol铆tica en favor de la Asamblea Constituyente como m茅todo participativo para obtener una nueva Constituci贸n; 茅ste es el principal logro de la Campa帽a Marca Tu Voto; cerca de un 10 por ciento de los votantes se expres贸 en la 煤ltima elecci贸n presidencial marcando la papeleta con las letras AC鈥, destacan.

Una vez realizada la evaluaci贸n, la iniciativa ciudadana seguir谩 llamando a participar e informar谩 sobre las futuras estrategias de comunicaci贸n p煤blica, la definici贸n de ejes de acci贸n y articulaciones sociales, culturales y pol铆ticas para el per铆odo que viene. Adem谩s abri贸 una campa帽a destinada a que un mill贸n de chilenos pida a la actual presidenta electa, Michelle Bachelet, que la nueva Constituci贸n pol铆tica que est谩 proponiendo sea elaborada por una Asamblea Constituyente.

El tema tampoco ha escapado a la pol铆tica. Si bien Bachelet no tendr铆a los votos suficientes en el Congreso para modificar la Constituci贸n sin tener que negociar con algunos parlamentarios de la derecha menos radical, su programa de campa帽a tuvo como eje principal el cambio de la carta magna. Oponerse a ello podr铆a significar un duro rev茅s, pues la actual Constituci贸n es considerada una herencia de Pinochet, cuyas 煤ltimas reformas importantes s贸lo son 鈥減arches鈥 que no han logrado modificar su esencia dictatorial.

En este sentido, el pr贸ximo 5 de enero, la Comisi贸n de Constituci贸n del Senado analizar谩 el proyecto que busca instalar una cuarta urna en las elecciones, en la cual se pueda decidir si es que el pa铆s necesita una nueva carta fundamental y si debe ser hecha a trav茅s de una Asamblea Constituyente.

Esta moci贸n legislativa fue impulsada en septiembre del a帽o pasado por los senadores Jos茅 Antonio G贸mez, Jaime Quintana y Guido Girardi, quienes junto a varias organizaciones sociales ingresaron en el Parlamento el proyecto que promueve la instalaci贸n de una votaci贸n paralela en los comicios.

Seg煤n se帽al贸 el diario La Tercera, tras diversas gestiones de los legisladores 鈥搎ue incluyeron cartas dirigidas a los principales candidatos a la presidencia鈥, solicitaron el apoyo a su documento. Finalmente, el presidente de la Comisi贸n de Constituci贸n de la C谩mara alta, Patricio Walker, decidi贸 poner en discusi贸n el texto.

La instancia legislativa ver谩 y analizar谩 el proyecto, lo cual es una de las alternativas que el bloque progresista tiene para poder modificar la Constituci贸n y que choca con la postura de algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana, quienes est谩n postulando una reforma dentro de los marcos de la institucionalidad. En dicha sesi贸n se espera que se fijen los criterios para su tramitaci贸n, como tambi茅n los invitados y los plazos para su votaci贸n.

Sin embargo, el tema de la Asamblea Constituyente ha estado en el centro de la discusi贸n durante la semana, luego de que el senador DC Andr茅s Zald铆var afirmara que es imposible realizar una constituyente para cambiar la Carta Magna.

En conversaci贸n con el diario electr贸nico El Mostrador, Zald铆var asegur贸 no tener dudas acerca de que la Constituci贸n debe ser reformada y coloca sobre la mesa un proyecto que dio a conocer hace algunos a帽os y que ser铆a, seg煤n 茅l, la mejor forma para cambiar la carta fundamental.

El proyecto planteado por el ex ministro del Interior busca que una comisi贸n integrada por 10 senadores y 10 diputados estudie la reforma.

Zald铆var tambi茅n se manifest贸 contrario a darles voto a las Asambleas Constituyentes, afirmando que la 煤nica posibilidad de que exista una es 鈥渟i el propio Parlamento delegara sus facultades constituyentes a una asamblea y determinara esa delegaci贸n, qui茅nes compondr铆an esa asamblea, c贸mo funcionar铆a, con qu茅 facultades podr铆a hacerlo鈥.

Sin embargo, explic贸 que no se debe ignorar el crecimiento que ha tenido el movimiento social con el tema, pero que el porcentaje que obtuvo la opci贸n AC en las 煤ltimas votaciones no es suficiente, aunque 鈥渓o importante es ver c贸mo se hace y mientras no haya en el Parlamento una decisi贸n en que sea el propio Parlamento el que delegue sus facultades, t煤 no puedes hacer una reforma constitucional puertas afuera鈥.

Agrega que al interior de su partido existen diversas opiniones al respecto, pero que todos tienen claro que cualquier forma que se busque debe ser hecha por la v铆a institucional, lo cual es similar a la postura del jefe del equipo constitucional de Michelle Bachelet, Francisco Z煤帽iga, quien tambi茅n comparte la idea de que la discusi贸n de una nueva Carta Magna sea en el Poder Legislativo.ch marca ac

Sin embargo, la postura de Zald铆var es refutada por la vocera del movimiento Marca Tu Voto, Javiera Parada, quien asegura que la posici贸n del senador DC est谩 alejada de la realidad que ha vivido el pa铆s desde el 2011 y lo invita a que apoye la idea de un plebiscito en donde se pregunte a la ciudadan铆a si se quiere una nueva Constituci贸n a trav茅s de una Asamblea Constituyente.

Parada sostiene que la propuesta del senador es un mecanismo que no tiene c贸mo asegurar los dos primeros principios, que son la participaci贸n y democracia, ya que una comisi贸n bicameral con 10 representantes de cada c谩mara, con consultas ciudadanas que no son vinculantes, no asegura ni participaci贸n ni democracia.

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Addendum

ch marca ac1La trayectoria de la Constituci贸n dictatorial y su origen espurio
Foro por la Asamblea Constituyente

La Constituci贸n pinochetista de 1980 tiene un origen ileg铆timo. Fue obra de un restringido grupo de juristas y pol铆ticos de extrema derecha que trabaj贸 secretamente durante casi siete a帽os y luego fue 芦aprobada禄 en un plebiscito totalmente fraudulento. Chile viv铆a bajo una dictadura militar-empresarial, que utilizaba el terror para implementar la versi贸n m谩s extrema de un proyecto de sociedad y econom铆a neoliberal. La ciudadan铆a carec铆a de las condiciones m铆nimas para debatir y manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de opositores hab铆an sido asesinados, encarcelados, torturados o exiliados. No hab铆a libertad de expresi贸n, derecho de reuni贸n ni de asociaci贸n para los opositores; los registros electorales hab铆an sido quemados por los militares golpistas; el estado de emergencia reg铆a en todo el territorio nacional y el 鈥渞eceso pol铆tico鈥 o prohibici贸n de funcionamiento de los partidos pol铆ticos se prolongaba desde septiembre de 1973.

La dictadura prepar贸 en secreto su proyecto constitucional. Pocos d铆as despu茅s del golpe de Estado, la Junta Militar de Gobierno cre贸 una Comisi贸n Constituyente encabezada por el ex ministro Enrique Ort煤zar del derechista ex Presidente Jorge Alessandri Rodr铆guez. Durante cinco a帽os este grupo prepar贸 un anteproyecto constitucional, siguiendo las orientaciones del gobierno dictatorial. En noviembre de 1977 el tirano Pinochet entreg贸 a Ort煤zar instrucciones escritas por su Ministra de Justicia M贸nica Madariaga y por Jaime Guzm谩n, principal ide贸logo del r茅gimen, para que elaborara un proyecto de Constituci贸n. Al cabo de casi un a帽o de trabajo, la Comisi贸n Constituyente produjo el texto encargado y el 31 de octubre de 1978 Pinochet pidi贸 al Consejo de Estado que comenzara a analizarlo.

Al t茅rmino de ese estudio, el 26 de junio de 1980, doce d铆as antes de la fecha fijada para que el Consejo de Estado presidido por el ex Presidente Jorge Alessandri entregara oficialmente el proyecto de nueva Constituci贸n, el gobierno form贸 un grupo de trabajo encargado de revisarlo a cuya cabeza qued贸 M贸nica Madariaga. La ministra y cuatro auditores militares, m谩s algunos invitados ocasionales, realizaron un trabajo sigiloso e intenso dando lugar a 175 cambios en los que se expres贸 el consenso esencial del bloque dominante.

El texto corregido fue remitido oficialmente el 8 de julio por el Consejo de Estado a la Junta de Gobierno; luego fue analizado durante algunas semanas por juristas y algunos hombres del poder. El 10 de agosto de 1980 se aprob贸 la versi贸n final. Todas las deliberaciones fueron secretas. El 11 de agosto, el gobierno anunci贸 por cadena nacional de radio y televisi贸n que en un plazo de treinta d铆as se realizar铆a un plebiscito para aprobar o rechazar el proyecto de nueva Constituci贸n.

El menguado 芦debate禄 ciudadano se realiz贸 en condiciones de estado de emergencia, receso pol铆tico, control gubernamental de las publicaciones, clima de terror generalizado y sin alternativas reales para los votantes, sin claridad de las consecuencias jur铆dicas de una eventual derrota de la opci贸n S铆 prohijada por la dictadura, sin registros electorales y sin supervisi贸n ni recuento electoral independiente. El gobierno solo autoriz贸 la realizaci贸n de un meeting opositor y puso todos los recursos del Estado, adem谩s del amplio control de los medios de comunicaci贸n que ten铆an sus partidarios al servicio de la campa帽a por la aprobaci贸n de la nueva Constituci贸n.

Los resultados oficiales del plebiscito fueron los siguientes: votos por el S铆 a la nueva Constituci贸n: 4.204.879 (67,04%); por el No (rechazo): 1.893.420 (30,19%); nulos: 173.569 (2,77%).

La oposici贸n denunci贸 todo tipo de fraudes e irregularidades. En el 39,7% de las mesas observadas por sus voluntarios se detectaron irregularidades. As铆, en al menos nueve provincias (Tocopilla, Cha帽aral, Linares, Cauquenes, Huasco, Choapa, Valpara铆so, San Antonio y Malleco), 鈥渧ot贸鈥 m谩s del 100% de la poblaci贸n. Cinco a帽os m谩s tarde, el soci贸logo Eduardo Hamuy (鈥減adre鈥 de las encuestas de opini贸n en Chile) inform贸 que un equipo de 660 voluntarios hab铆a observado los votos y los recuentos del plebiscito de 1980 en 981 mesas electorales escogidas al azar en el Gran Santiago (alrededor de 10% de las 10.522 mesas en 170 locales de votaci贸n), registrando cinco tipos de fraudes o irregularidades: recuento err贸neo de votos (contabilizaci贸n de votos No y nulos como blancos o S铆, o anulaci贸n de votos No); inconsistencias entre el n煤mero de votos contados y el n煤mero de firmas de votantes registrados (votantes excesivos o faltantes); recuentos no p煤blicos; personas que votaron m谩s de una vez; y otras irregularidades. Aunque Hamuy no pudo cuantificar la magnitud exacta del fraude, estim贸 que, a partir del 39,7% de las mesas donde se cometieron irregularidades, era leg铆timo suponer que sin fraudes electorales el resultado del plebiscito habr铆a sido contrario al gobierno en el Gran Santiago, concluyendo que estaba 鈥減robabil铆sticamente justificado dudar de la legitimidad Constituci贸n de 1980 e incluso negarla鈥.

A modo de conclusi贸n, puede afirmarse de la manera m谩s taxativa que tanto en sus or铆genes como en su forma de ratificaci贸n, la Constituci贸n de 1980 fue una imposici贸n a la fuerza, un acto coercitivo, jur铆dicamente nulo y vac铆o seg煤n los principios del derecho p煤blico. Fue (y es) una Constituci贸n de facto, del mismo modo que los decretos leyes de la dictadura. En el momento de su promulgaci贸n fue un simple mecanismo de prolongaci贸n de la dictadura. El texto permanente era, en esos momentos, meramente sem谩ntico, nominal, porque solo serv铆a para dar la apariencia de legalidad al monopolio del poder. La Constituci贸n efectiva eran sus disposiciones transitorias.

Para que el texto permanente adquiriera visos de legitimidad se requer铆a del concurso de otras fuerzas dispuestas a jugar el juego de las fuerzas dictatoriales y neoliberales.

Legitimaci贸n del sistema pinochetista por la Concertaci贸n

Cuando era oposici贸n, el liderazgo de la Concertaci贸n cuestion贸 completamente la Constituci贸n de 1980 y las instituciones econ贸mico-sociales impuestas por la dictadura, por considerarlas antidemocr谩ticas y contrarias a la justicia social.Sin embargo, como lo reconoci贸 su eminencia gris (Edgardo Boeninger) en 1997, dicho liderazgo experiment贸, a fines de la d茅cada de los 80, una 鈥渃onvergencia鈥 con el pensamiento econ贸mico de la derecha, situaci贸n que 鈥減ol铆ticamente no estaba en condiciones de reconocer鈥.

Producto de esa convergencia inconfesable, la dirigencia concertacionista no quiso quedar 鈥渄esnuda鈥 ante sus bases de apoyo y le regal贸 a la futura oposici贸n de derecha la inminente mayor铆a parlamentaria que le aguardaba a Aylwin, a trav茅s de reformas constitucionales concordadas con Pinochet, las que pasaron desapercibidas en el 鈥減aquete鈥 plebiscitado en julio de 1989. En efecto, la Constituci贸n original de 1980 (sobre la base del supuesto de que Pinochet ser铆a ratificado en el plebiscito de 1988) establec铆a que el futuro Presidente gobernar铆a con mayor铆a parlamentaria simple teniendo mayor铆a absoluta en una C谩mara y solo un tercio en la otra. Considerando la hist贸rica minor铆a electoral de la derecha, aquello le dar铆a a Pinochet la mayor铆a necesaria en el Senado con el aporte de los senadores designados; y obtendr铆a, gracias al sistema binominal, el tercio de la C谩mara de Diputados.

Sin embargo, su derrota en el plebiscito de 1988 generaba, con seguridad, la previsi贸n opuesta. Ser铆a la Concertaci贸n la que ganar铆a la mayor铆a en la C谩mara, a pesar del sistema binominal; y alcanzar铆a indefectiblemente el tercio del Senado, pese a los senadores designados. Recordemos que el Senado original se compon铆a de 35 miembros: 26 elegidos (2 por cada regi贸n) y 9 designados, cuyo tercio era 12. La Concertaci贸n, en el peor de los casos, elegir铆a 13.

Con ello, esta coalici贸n no hubiese podido modificar la Constituci贸n ni las leyes org谩nica-constitucionales por los qu贸rum supra-mayoritarios exigidos, tampoco las leyes de qu贸rum calificado que requer铆an de la mayor铆a absoluta de ambas c谩maras. Pero, de todas formas, Aylwin habr铆a quedado con la mayor铆a suficiente como para transformar completamente (en la l铆nea de lo planteado en los 80) los sistemas laboral, sindical, de salud, universitarios, financieros, tributarios, de juntas de vecinos y colegios profesionales, el decreto-ley de amnist铆a, etc.

Esa previsi贸n fue liquidada por el propio liderazgo de la Concertaci贸n, que estuvo de acuerdo con elevar los qu贸rum para leyes simples en ambas c谩maras a mayor铆a absoluta, sin terminar con los senadores designados, a cambio de algunas liberalizaciones como acotar las sanciones a quienes profesaran ideas 鈥渢otalitarias鈥, dejando a salvo a las personas; flexibilizar los mecanismos de reformas constitucionales y disminuir las facultades del Ejecutivo en los estados de emergencia.

Ciertamente que lo anterior no se produjo debido a que una 鈥渆pidemia de estulticia鈥 afectara al conjunto de la dirigencia concertacionista, o por temor a que Pinochet diera un golpe para el que no exist铆an condiciones pol铆ticas a mediados de 1989. Menos a煤n con el pretexto de que la oposici贸n no acced铆a a cambiar su propio texto constitucional. La 煤nica explicaci贸n razonable nos remite a Boeninger. Esto es, dado que la c煤pula de la Concertaci贸n ya no quer铆a efectuar los cambios prometidos, pero no pod铆a reconocerlo ante sus bases, la soluci贸n estaba en generar un escenario en que ese liderazgo efectivamente no pudiese efectuar dichos cambios, sin estar obligado a reconocer que ya no quer铆a hacerlos.

En total congruencia con lo anterior, las principales medidas pol铆ticas, econ贸micas, sociales y comunicacionales desarrolladas por los sucesivos gobiernos concertacionistas llevaron ese sello: el de las concesiones a la derecha sin que se notasen. Empezando por la tenaz negativa de dicho liderazgo a efectuar pactos meramente electorales con la izquierda extraconcertacionista (隆arguyendo que hab铆a sumas que restan!) en las elecciones parlamentarias; las que, proyectando los resultados producidos, le hubiesen dado mayor铆a absoluta propia a la Concertaci贸n en ambas c谩maras en 1997. Siguiendo por la virtual 鈥渁utodestrucci贸n鈥 de todos los medios escritos afines a la Concertaci贸n durante la d茅cada de los 90, efectuadas por pol铆ticas (hasta ahora inconfesadas) dise帽adas por los propios gobiernos, como ha sido reiteradamente denunciado 鈥搒in desmentido alguno hasta la fecha- por varios directores de esos medios. Continuando, al mismo tiempo, con la 鈥渘eutralizaci贸n鈥 de TVN, al establecerse por ley directorios virtualmente paritarios con la derecha que bloquearon la posibilidad de efectuar debates plurales entre pinochetistas y anti-pinochetistas sobre lo que hab铆a sido la obra de la dictadura. Y terminando, respecto de los medios de comunicaci贸n existentes, con la privatizaci贸n del Canal de la Universidad de Chile, que pudo haber contribuido a un debate plural sobre el estado del pa铆s y su historia reciente.

Otro elemento en esta direcci贸n lo proporcion贸, no solo la ausencia de revisi贸n de privatizaciones de servicios p煤blicos fundamentales o de riquezas b谩sicas efectuadas por la dictadura (procesos que destacaron, adem谩s, por sus turbios conflictos de intereses), sino la continuaci贸n de aquellas en forma de ventas o de concesiones a grandes capitales nacionales y extranjeros, como el caso del agua, del sistema portuario, de la pesca, de los caminos y, sobre todo, de la desnacionalizaci贸n de m谩s del 70% de la gran miner铆a del cobre. Esto unido a pol铆ticas que profundizaron el perfil primario exportador de la econom铆a; nuestro alejamiento de los procesos de integraci贸n regionales; y la fren茅tica b煤squeda de la inserci贸n solitaria en el mercado mundial, que culmin贸 con decenas de tratados bilaterales de libre comercio.

Por otro lado, los sucesivos gobiernos de la Concertaci贸n o parlamentarios de ese conglomerado buscaron reiteradamente 鈥揺n acuerdo con la derecha- avalar la impunidad establecida por el decreto-ley de amnist铆a o aprobar leyes que disminuyeran ostensiblemente las penas de quienes llevaron a cabo las desapariciones forzadas o las ejecuciones de personas. Fueron los casos del 鈥渁cuerdo-marco鈥 de 1990, del proyecto de ley Aylwin de 1993, del proyecto de ley Frei y del 鈥渁cuerdo Figueroa-Otero鈥 de 1995, del proyecto de ley de la Comisi贸n de Derechos Humanos del Senado de 1998, del proyecto de ley de inmunidad de Lagos de 2003, de un proyecto de ley de senadores concertacionistas y de derecha de 2005, y de su reflotamiento por Bachelet en 2007. Afortunadamente, todos esos proyectos fracasaron por la dura oposici贸n de las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos y del eco que esta resistencia provoc贸 en varios parlamentarios de la propia Concertaci贸n.

Desgraciadamente no pas贸 lo mismo con el proyecto de ley de Lagos 鈥揳probado en 48 horas en 2004- destinado a brindar una virtual impunidad a los torturadores, al establecer un secreto de 50 a帽os para todas las denuncias efectuadas ante la Comisi贸n Valech, adem谩s de una prohibici贸n al Poder Judicial de tener acceso a dichos datos.

La genuina voluntad concesiva reconocida por Boeninger en 1997 fue ratificada completamente cuando Lagos (entre 2000 y 2002) y Bachelet (entre 2006 y 2007) adquirieron finalmente una mayor铆a absoluta en ambas c谩maras, sin hacer nada por desmantelar la institucionalidad econ贸mica, social y cultural impuesta por la dictadura. Asimismo, cuando los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet se negaron a devolverle a V铆ctor Pey los bienes del confiscado diario Clar铆n, con el 鈥搊bviamente- entusiasta apoyo en ese sentido del duopolio 鈥淓l Mercurio-Copesa鈥 y del conjunto de la derecha. Y cuando los gobiernos de Lagos y Bachelet (que por su denominaci贸n de socialistas generaron aprensiones en la derecha) terminaron en medio de los m谩s exultantes paneg铆ricos prodigados por una pl茅yade de pol铆ticos, economistas y empresarios de derecha, nacionales y extranjeros.

Por 煤ltimo, la culminaci贸n de todo este proceso 鈥揹esde el punto de vista institucional- lo represent贸 el hecho de que en 2005 el liderazgo de la Concertaci贸n 隆hiciera suya la Constituci贸n del 80!, a trav茅s de su firma por Lagos y todos sus ministros, sustituyendo as铆 la de Pinochet, a cambio de la eliminaci贸n de los elementos m谩s impresentables de la autonom铆a militar: La inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional que, por su composici贸n y atribuciones, socavaba ostensiblemente la subordinaci贸n de aquellos a las autoridades civiles electas. Es importante destacar que la Ley Org谩nica Constitucional de las Fuerzas Armadas (impuesta por Pinochet y 鈥減rotegida鈥 por el virtual veto de la derecha) qued贸 intacta y que ella estipula diversas disposiciones que le confieren a dichas instituciones grados de autonom铆a incompatibles con un sistema pol铆tico aut茅nticamente democr谩tico.

Las otras reformas aparentemente democratizadoras 鈥搇a eliminaci贸n de los senadores designados y vitalicios; y el hecho de sacar del texto constitucional el sistema electoral binominal- significaron poco o nada. El primero, debido a que por la forma de su designaci贸n y por el creciente n煤mero de senadores vitalicios concertacionistas, no era claro que desfavoreciese a la derecha. Y el segundo, debido a que la inclusi贸n en una ley org谩nica constitucional que bajaba los qu贸rum para su reforma de 3/5 a 4/7, 隆se hizo con la salvedad de que para reformar espec铆ficamente dicho sistema, se manten铆a la exigencia de 3/5! Es decir, constituy贸 un verdadero fraude jur铆dico y pol铆tico al conjunto de la sociedad chilena.

En conclusi贸n, los gobiernos de la Concertaci贸n legitimaron, consolidaron y perfeccionaron pac铆ficamente la obra refundacional impuesta a sangre y fuego por la dictadura. As铆 como era imposible en 1973 que un modelo neoliberal fuera aceptado por la sociedad chilena, tambi茅n le era imposible a la derecha en 1990 generar las condiciones para que dicho modelo fuese efectivamente legitimado y consolidado. Ese rol solo pod铆a desempe帽arlo una coalici贸n gobernante 鈥搉ominalmente- de centroizquierda. Ese fue, en definitiva, el rol hist贸rico principal de la Concertaci贸n.

Fuente: http://www.convergenciaconstituyente.cl

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    1 Coment谩rio

    Comentarios

    1. Antonio Casalduero Recuero
      9 enero 2014 22:05

      Es un excelente art铆culo, bien fundamentado, bien elaborado, ojal谩 el texto pudiera aparecer en alg煤n diario de papel para que fuera le铆do mayoritariamente por la gente que no accede a Internet o que no se detiene a leer estas palabras. Sin embargo, creo que habr铆a que enfatizar en el compromiso adquirido por el primer gobierno de la concertaci贸n, a puerta cerrada, a espaldas de la ciudadan铆a, con el dictador derrotado en las urnas. El r茅gimen de facto se aseguraba, junto al gran empresariado, de que la concertaci贸n renunciase al retorno a un estado de cosas anteriores; principalmente de los servicios b谩sicos de las empresas p煤blicas enajenadas, nada se devolver铆a al estado, pese a los precios de gallina flaca en que se vendieron algunas de estas empresas, por ejemplo, Chilectra, vendida a su propio gerente general, Yurazeck, el que adquiri贸 un cr茅dito al Banco del Estado administrado por Barahona, su amigo, para adquirirla dicha empresa. La inamovilidad de los comandantes militares, la vigencia indefectible de la ley de amnist铆a. L谩stima -para los nost谩lgicos de la dictadura- que algunos jueces no lo entendieron as铆, y m谩s tarde fueron condenados los criminales de la DINA y otros.