Chile, policía / Esa costumbre de pegar, querella contra Investigaciones
Nueva querella por torturas en contra de funcionarios de Investigaciones. Los hechos ocurrieron el 5 de mayo, en momentos en que dos vendedores trasportaban $ 400.000 al BancoEstado de San Miguel. De acuerdo a la querella, al ser interceptados por los funcionarios de la PDI para una fiscalización, los policías no aceptaron las razones que las víctimas les daban para justificar el porte del dinero y comenzaron los golpes y amenazas en contra de ambos jóvenes.
Una querella criminal en contra de siete funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) por el delito de torturas en contra de Jorge Eduardo López Orellana y Tomás Ariel Bravo Scott, ambos comerciantes, presentó esta mañana ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, el abogado de FASIC, Luís Cortés.
La acción judicial es en contra de Claudio Torres, Javier Iturra Alarcón, Víctor Velásquez Aguilera, Carlos Peralta Farías, Mario Gutiérrez Barrientos, Cristián Ahumada Ahumada y Cristian Canales Flores. Todos funcionarios de la PDI de la Prefectura Sur, acusados de cometer el presunto delito de aplicación de tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales.
Los hechos ocurrieron el cinco de mayo pasado, en momentos en que los vendedores de completos se dirigían a una sucursal de Banco Estado ubicada en la comuna de San Miguel. Ambos jóvenes tenían en su poder 200.000 pesos en monedas y otros 200.000 en billetes, esta última suma para pagar letras bancarias y comprar mercadería en la Vega Lo Valledor.
De acuerdo a la querella, al ser interceptados por los funcionarios de la PDI para una fiscalización, los policías no aceptaron las razones que las víctimas les daban para justificar el porte del dinero y comenzaron los golpes y amenazas en contra de ambos jóvenes.
Según relatan los denunciantes en la querella “Tres funcionarios proceden a darnos una paliza de golpes de puño y pies en todo el cuerpo, nos arrastran por el suelo imputándonos la comisión de delitos que jamás hemos cometido, amenazándonos e incluso extendiendo esas amenazas a la familia toda”.
Posteriormente fueron trasladados a la Comisaría de la PDI, en San Miguel, en donde recibieron trato cruel, inhumano y degradante. Luego de constatar lesiones en el Consultorio Recreo de calle Carmen Mena, fueron brutalmente torturados, según expresaron las víctimas en el documento judicial.
El abogado de FASIC, Luis Cortés señaló que, "los jóvenes están muy afectados con estas conductas ilícitas por parte de PDI, procedimientos que no se ajustan a las normas nacionales e internacionales en materia de DDHH; es más: el propio Comité contra la tortura, señaló el año 2004 este asunto como motivo de preocupación en sus conclusiones y recomendaciones a Chile”
El jurista anunció que además solicitó medidas de protección a favor de las víctimas y sus familias ante amenazas y hostigamiento, junto con solicitar una serie de diligencias como que la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile realice pesquisas para conocer detalles del caso.
Del mismo modo, el abogado de FASIC, solicitó ampliar la querella presentada en enero pasado en contra de los mismos funcionarios de Investigaciones, pero ésta vez por torturas, tormentos, apremios ilegítimos, físicos y psicológicos en perjuicio de Giorgio Marguirott Jarami (18), quien el 7 de noviembre del 2008, fue interceptado por cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones que perseguían a dos jóvenes imputados por robo. Una vez detenido para el operativo, fue insultado y brutalmente violentado, recibió golpes de puño y pies, en el rostro, estómago y en la espalda.
Para Cortés, ambos casos presentan más de un componente en común, y es que además de tratarse del delito de tortura y de los mismos hechores, hay un alto grado de discriminación, “existe un trato discriminatorio con cierto grupo de la población, sobre todo en lo que respecta a las personas que viven en la zona sur de la región metropolitana; me imagino que no son tratados de igual forma aquellos que viven en el sector oriente”, sentenció el jurista.
Fuente: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.