Chile: una carta sin respuesta

Santiago, 26 de abril de 2004

Señor
Francisco Vidal Salinas,
Ministro Secretario General de Gobierno
La Moneda

Señor ministro:
Hace más de un año -el 13 de marzo de 2003- le envié una carta representándole la discriminación que afecta a los medios independientes en la distribución de la publicidad estatal. Asimismo le informaba que el 12 de junio de 2002 había escrito, en el mismo sentido, al presidente Lagos y al ministro secretario general de Gobierno.

Esto llevó a que el ministro Heraldo Muñoz invitara a catorce editores de publicaciones y directores de radios independientes a reunirnos con él. Nos dio a conocer que el presidente de la República quería implementar una distribución equitativa de la publicidad del Estado para apoyar así el pluralismo informativo necesario a un sistema democrático.

A raíz de mi carta del año pasado, usted tuvo la gentileza -como también con los editores de otros medios independientes- de invitarme a conversar este tema. Usted reiteró que era política del gobierno -por instrucciones del presidente de la República- distribuir la publicidad estatal de manera que llegara a los medios independientes cuyos lectores constituyen un importante sector de ciudadanos.

Agregó que esa política se materializaría en breve plazo.

Las mismas palabras -y promesas- se las escuchamos a usted el 22 de octubre del año pasado en la Sala Domeyko de la Universidad de Chile, al constituirse la Asociación de Medios Independientes. Sin embargo, han pasado los días, las semanas, los meses -y empiezan a transcurrir los años- y la situación ha empeorado.

La publicidad del Estado continúa canalizándose hacia los consorcios oligopólicos El Mercurio y Copesa. Miles de millones de pesos, aportados por contribuyentes de todas las corrientes políticas y credos filosóficos y religiosos, son destinados por servicios del Estado a fortalecer una prensa controlada por enemigos jurados -y probados- de la democracia, la igualdad y la justicia social.

Casi el 60 por ciento de la publicidad estatal en medios escritos se orienta a la cadena El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards Eastman, gestor del golpe militar de 1973 y hoy influyente mentor de las políticas de seguridad pública del gobierno. El resto del presupuesto publicitario del Estado alimenta a Copesa, cuyas publicaciones constituyen el instrumental de propaganda de la UDI y de los servicios de inteligencia de las FF.AA.

Por su parte, algunos servicios públicos están extremando esta injustificable política discriminatoria. Por ejemplo, el Instituto de Normalización Previsional (INP) ha establecido una verdadera asociación comercial con El Mercurio. Permite a ese diario incluir en las liquidaciones de pago de jubilaciones y pensiones de exonerados políticos una oferta de suscripciones con importantes descuentos, ofertas exclusivas, invitaciones para distintos eventos y cientos de beneficios que en definitiva le harán sentir que su suscripción se está pagando sola (sic). El INP, por su parte, se ofrece para descontar esas suscripciones de los cheques mensuales de jubilados y pensionados.

Es posible que otros servicios públicos que también llegan a millones de ciudadanos sigan el mal ejemplo del INP. Esa tendencia parece demostrarse por lo ocurrido con la Universidad de Chile, que designó a la Empresa El Mercurio S.A.P. como único medio de comunicación oficial del Proceso de Admisión a las Universidades del Consejo de Rectores, despojando a la Empresa Periodística La Nación de un cuantioso ingreso anual.

En el ámbito de la educación pública, son bien conocidos los vínculos del actual ministro del ramo con el dueño de El Mercurio. El señor Bitar fue directivo de la sedicente Fundación Paz Ciudadana que preside Edwards. Esto parece explicar el volumen de publicidad que el Ministerio de Educación destina a los diarios de la empresa de Edwards.

Este favoritismo publicitario se ve retribuido con abundante propaganda para el ministro Bitar en las páginas de El Mercurio y otros diarios de la cadena. Los hechos, señor ministro, desmienten en forma tajante las promesas del gobierno acerca de una justa distribución de la publicidad estatal.

Es lamentable, no sólo por la discriminación que afecta al pluralismo informativo, sino también porque muestra una insensibilidad a prueba de todo argumento democrático de parte de un gobierno que dice querer robustecer la raquítica democracia que la Concertación heredó de la dictadura.

Es un deber de los medios independientes denunciar esta alianza del gobierno con El Mercurio y Copesa, porque está contribuyendo a instaurar en nuestro país una forma de pensamiento único reaccionario y antinacional. Guardar silencio podría confundirse con una actitud mendicante, ingenua o cómplice, y en ninguna de esas categorías se encuentra Punto Final.

Sin otro particular lo saluda atentamente,

Manuel Cabieses Donoso

(Publicada en Punto Final Nº 566 del 30 de abril de 2004 www.puntofinal.cl).