CIDH acoge denuncia contra el Estado chileno
El director ejecutivo de Oceana, Marcel Claude, manifestó su satisfacción por la acogida que tuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la denuncia que hiciera en diciembre de 1998, junto a Sebastián Cox y Arturo Longton, por negar el acceso a información pública, y que ahora se traduce en una demanda del organismo internacional contra el Estado de Chile.
La acción legal se originó por la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), para entregar los antecedentes que supuestamente justificaban la aprobación del proyecto Río Cóndor, de Forestal Trillium, y en los posteriores rechazos de la Justicia chilena a acoger las solicitudes para transparentar dicha información. Desde esta óptica, la decisión del CIDH evidencia la diferencia de criterios entre la política del Gobierno chileno, en cuanto al acceso a la información pública, y los estándares internacionales existentes en la actualidad sobre la misma materia.
Al conocer la decisión, Claude señaló: “Esto demuestra que en Chile ni la libertad de expresión ni el acceso a la información, son garantías protegidas por el Estado, sino que al contrario, sus decisiones entorpecen el derecho ciudadano de fiscalizar las decisiones de aquellos que están en sus cargos por mandato nuestro”.
La iniciativa judicial en contra de Chile concitó el interés de organizaciones internacionales abocadas a promover materias de transparencia y acceso a la información pública, como el Open Society Justice Initiative, quienes han apoyado activamente el proceso. Además, los siete años de tramitación del mismo reflejan la necesidad de erradicar la tradición del secreto en los Estados parte de la Convención Americana y sentar un precedente en el sistema internacional de Derechos Humanos.
Éste es el primer caso en que un órgano internacional de Justicia deberá manifestarse sobre el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública y es la tercera ocasión en que la Corte Interamericana conoce una demanda en contra de Chile en materia de libertad de expresión e información. La iniciativa judicial en contra de Chile concitó el interés de organizaciones internacionales abocadas a promover materias de transparencia y acceso a la información pública, como el Open Society Justice Initiative, quienes han apoyado activamente el proceso. Además, los siete años de tramitación del mismo reflejan la necesidad de erradicar la tradición del secreto en los estados parte de la Convención Americana y sentar un precedente en el sistema internacional de Derechos Humanos.
Éste es el primer caso en que un órgano internacional de Justicia deberá manifestarse sobre el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública y es la tercera ocasión en que la Corte Interamericana conoce una demanda en contra de Chile en materia de libertad de expresión e información. La primera fue la referida a la censura de la película “La última tentación de Cristo”, que obligó al Estado a permitir su proyección en el 2001. La otra se presentó el 13 de abril del 2004 por la prohibición y decomiso del libro “Ética y servicios de Inteligencia”, del oficial (r) de la Armada, Humberto Palamara Iribarne.
En ese sentido, el economista recordó también la posible aprobación de una ley que protege “la vida pública” de las autoridades, y destacó que la decisión de la Comisión, refuerza el convencimiento de que el país debe avanzar en un mayor respeto del derecho de los ciudadanos a saber por qué se están tomando las decisiones que los afectan. Con posterioridad a las declaraciones de Claude trascendió que el Ejecutivo vetaría, si fuese neceario, el citado proyecto.
Este es el primer caso en que un órgano internacional de Justicia deberá manifestarse sobre el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública.
La demanda que el COIH presentará ante la corte interamericana de San José de Costa Rica, se suma además a un reciente triunfo de Océana por el acceso a la información en nuestro país, cuando la Subsecretaría de Pesca decidió acoger una solicitud presentada por esta organización, para modificar su resolución exenta N° 873, en la que señalaba aquella información en poder de esta repartición, que tendría carácter de reservada o secreta.
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* Gentileza del periodista Jordi Berenguer.