Coca Cola, Pepsi y otras, verdaderas predadoras: el maná no cae del cielo
Diego Ghersi*
En un contexto de crisis global se multiplican los conflictos laborales relacionados con compañías de la alimentación. En América Latina, la destrucción del medio ambiente y otras delicias de la vida empresaria son moneda corriente. En forma reiterada se ha sostenido en estas páginas electrónicas que la llamada “crisis internacional” es mucho más que financiera: abarca también a la energía, al ecosistema y a la alimentación.
Ya antes del caos producido por la “hipotecas basura”, muchos expertos vaticinaban que la escalada de los precios del petróleo y su incidencia sobre el costo de los alimentos sería el desencadenante clave de un proceso recesivo a escala mundial, cuyo inmediato emergente podía ser la desocupación masiva, acompañada de reacciones sociales y sindicales con epicentro en los denominados países periféricos.
Para Josette Sheeran, directora del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (ONU), el aumento del precio de alimentos básicos, entre ellos el trigo, el maíz o el arroz, está afectando a países como México, Indonesia o Yemen, que hasta ahora no se encontraban en una situación de urgencia.
Otros analistas internacionales culpan por la subida de los alimentos básicos, al fuerte incremento de la demanda en los países de economías emergentes, al aumento de la población mundial, a la proliferación de inundaciones y sequías por el cambio climático y al mayor apetito de la industria de agrocombustibles por los cereales.
Lo cierto es que la fuerte demanda de alimentos ha generado la posibilidad de efectuar sólidos negocios a empresas multinacionales mediante filiales afincadas en países periféricos, que actúan con reglas de apropiación capaces de poner en riesgo la Soberanía Alimentaria de los estados anfitriones y, en muchos casos, amenazan seriamente la salud de los consumidores. También esas compañías se han convertido en focos permanentes de conflictos sociales.
La siembra, cosecha o producción de productos alimenticios, su distribución y su posterior venta, implican un sistema a partir del cual pueden satisfacerse las necesidades de una sociedad o hacerlo dependiente de normas de producción y distribución que no han elegido.
Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de los Alimentos de Colombia (Sinatrainal), “Las compañías transnacionales se han granjeado con justicia la reputación de perseguir sus fines de lucro a toda costa, sacrificar trabajadores, medio ambiente y salud.”
También el Sinatainal señala la necesidad de “estar atentos ante los cambios de rumbo y sus costosas campañas de relaciones públicas, destinadas a ‘emprolijar’ sus deterioradas imágenes”. La organización cita como ejemplo a la multinacional Nestlé, a la que acusa de obligar a sus proveedores a vender la cosecha en exclusividad, bajo condiciones comerciales y laborales desventajosas.
En Venezuela, país dónde Cargill cuenta con filiales que elaboran y distribuyen aceite, arroz, harina, pasta, azúcar, café, leche, margarina, levadura y productos para mascotas, el presidente Hugo Chávez Frías ordenó en marzo de 2009 iniciar las medidas tendientes a la expropiación de la multinacional estadounidense esgrimiendo razones de Soberanía Alimentaria.
La imposición de recetas neoliberales se ve reflejada en la situación de los trabajadores y sus familias. La flexibilización laboral, la subcontratación y tercerización; el trabajo a destajo y la perdida de derechos laborales, a través de la violencia y de nuevas leyes, han conducido al empobrecimiento de la población.
Una situación de gran tensión social y política atravesó Honduras en febrero de 2009, cuando el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) realizó una huelga nacional, en contra de las prácticas antisindicales de la empresa SAB-Miller.
La cervecera hondureña intentó despedir a 300 trabajadores que se habían manifestado en contra de las prácticas productivas de la empresa, por considerarlas violatorias de sus derechos laborales.
En junio de 2008, la sindical STIBYS había acusado a SAB-Miller, Coca-Cola y Pepsi de violar el Contrato Colectivo, que fijaba el horario de trabajo, amparándose en el pago de comisiones pagadas aparte de los sueldos básicos. De esa forma, las multinacionales evitaban el pago de horas extras y cargas sociales sobre jornadas laborales que podían extenderse hasta 16 horas.
En Uruguay, la Federación de Trabajadores de la Bebida (Fetrabe) decidió parar la distribución de los productos de Coca Cola en cuatro departamentos por abusos en los contratos de trabajo.
Por otra parte, Coca Cola ha causado severos desabastecimientos de agua en muchas localidades del mundo, al sobreexplotar los recursos corrientes en sus operaciones de envasado y embotellamiento. En mayo de 2003, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá sancionó a Coca Cola por negligencia, al contaminar con colorantes la Bahía de Panamá y el ecosistema de la ciudad.
Ejemplos como los citados podrían contarse por cientos en toda Latinoamérica y hablan de prácticas que contribuyen a agravar la crisis social, la salud y la degradación del medio ambiente.
Esos flagelos sólo podrán frenarse con la adopción por parte de los Estados de firmes leyes laborales sumadas a un concepto desarrollado en materia de política alimentaria y defensa del ecosistema.
*Periodista de la Agencia de Prensa del Mecosur, Universidad de La Plata