Sep 13 2005
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Sociedad

CODEPU contra la arremetida por mayor impunidad

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Con ocasi√≥n del ingreso a tr√°mite legislativo de la moci√≥n parlamentaria que tiene por objeto indultar a violadores a los derechos humanos, la Corporaci√≥n de Promoci√≥n y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) considera un deber informar a la opini√≥n p√ļblica nacional e internacional lo siguiente:

1.- El proyecto de ley patrocinado por los senadores Arancibia, Boeninger, Larra√≠n, Prokurica y Silva Cimma, en actual tramitaci√≥n legislativa, y que ha provocado conmoci√≥n p√ļblica nacional e internacional, desconoce el car√°cter de los cr√≠menes perpetrados y la naturaleza de las responsabilidades de los¬† agentes del Estado involucradas en la ejecuci√≥n¬† de una pol√≠tica de violaci√≥n sistem√°tica a los derechos humanos durante el r√©gimen de facto, que import√≥ la privaci√≥n de la vida a miles de chilenos,¬†atentados masivos a la integridad f√≠sica y ps√≠quica y la p√©rdida de libertades fundamentales, todos actos constitutivos de cr√≠menes de lesa humanidad y en tanto tales, inamnistiables e imprescriptibles.

 Una iniciativa legislativa no puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, que es lo que en los hechos sucedería de prosperar la moción parlamentaria. En efecto, el Estado de Chile en tanto signatario de un conjunto de instrumentos internacionales, tales como; la Carta de Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra, la Convención contra el Genocidio, las relativas a la prevención, y sanción de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sólo por citar algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, establecen de manera clara y categórica la obligación del Estado en orden a investigar, sancionar y hacer cumplir lo resuelto en sede jurisdiccional respecto a las violaciones de derechos humanos.

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 2.- Los eventuales beneficiados con el proyecto de ley en curso que están cumpliendo penas privativas de libertad efectiva, en condiciones carcelarias optimas, son sólo 18 ex agentes cuyas responsabilidades criminales están determinadas en seis procesos judiciales. Se trata del homicidio calificado del dirigente sindical Tucapel Jiménez, (1982), el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría, (1982); el degollamiento de los profesionales Santiago Nattino, José Manuel Parada, y Manuel Guerrero (1985), la desaparición forzada de Miguel Angel Sandoval Rodríguez (1975) y de Luis Dagoberto San Martin (1975).

¬†Ellos junto a otro centenar de agentes ‚Äď417 se encuentran procesados en la actualidad‚Äď actuaron al servicio del Estado, perpetraron y ejecutaron ‚Äďno s√≥lo los cr√≠menes antes se√Īalados‚Äď los delitos m√°s ominosos y perversos que recuerda la historia del pa√≠s. Delinquieron de manera impune, desaparecieron a 1.200 hombres, mujeres y ni√Īos; ejecutaron al margen de toda legalidad a 2.200 personas; torturaron ‚Äďseg√ļn los antecedentes de la Comisi√≥n Nacional de Prisi√≥n Pol√≠tica y Tortura‚Äď a 32.000 chilenos y extranjeros y fueron los responsables de generar en toda la sociedad, pol√≠ticas de terror y amedrentamiento, que posibilitaron el quiebre del tejido social y pol√≠tico construido durante d√©cadas. ¬†

Ellos, son torturadores, violadores, asesinos, degolladore; quemaron personas, secuestraron e hicieron desaparecer a mujeres, hombres y ni√Īos; montaron operaciones de encubrimiento denostando p√ļblicamente a sus v√≠ctimas, e incluso se apropiaron de sus bienes.

¬†Casi todos ellos son requeridos por la justicia internacional y sus nombres se reiteran en la mayor√≠a de las causas judiciales que est√°n en actual tramitaci√≥n, tanto en el pa√≠s como en el extranjero. No es casual que sus nombres aparezcan en las investigaciones desarrolladas por jueces como Baltazar Garz√≥n en Espa√Īa, el Juicio contra Pinochet y otros, en Francia por la desaparici√≥n de cinco personas de origen franco-chileno; el proceso en B√©lgica y las denuncias en Suiza. Los posibles ‚Äúindultados‚ÄĚ fueron parte decisiva en el asesinato de Orlando Letelier en W√°shington, del asesinato contra el general Prats y su esposa Sofia Cuthbert en Buenos Aires, del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa en Italia, demostr√°ndose con ello que los actos criminales ejecutados sobrepasaron las fronteras del pa√≠s. Se trata, por tanto, de criminales peligrosos para la humanidad. ¬†

3.- Su compromiso criminal se ha visto igualmente acompa√Īado de una cobard√≠a sin l√≠mites al negarse sistem√°ticamente a contribuir en el esclarecimiento de las violaciones cometidas. Persistentemente han negado su participaci√≥n en estos hechos violentos, incluso m√°s: p√ļblicamente los han justificado sin dar ninguna se√Īal de arrepentimiento. Han mentido contumazmente para eludir la acci√≥n de la justicia y en los procesos judiciales seguidos en su contra no han entregado ninguna informaci√≥n conducente que permita encontrar los restos de detenidos desaparecidos, o la identidad de los grupos exterminadores.

Con el objeto de eludir la acción de la justicia se han amparado en su edad, su estado de salud y otras razones humanitarias, las mismas que no tuvieron en consideración al momento de cometer las tropelías por las cuales hoy día se les juzga y sanciona.

Por tanto, se√Īalamos enf√°ticamente que, no es cierto que medidas como estas favorezcan la colaboraci√≥n con la justicia o que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

4. La iniciativa de ley propuesta constituye una grave ofensa a los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos quienes, una vez mas, observan con estupor que lo poco logrado en materia de verdad y justicia se frustra ante el afán de una clase política que persistentemente se ha negado a comprender la dimensión del drama social involucrado en los crímenes cometidos por el Estado e insisten en imponer la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo es un atentado a la convivencia nacional y la conciencia democr√°tica, puesto que el proyecto de ley conduce a la renuncia de la obligatoriedad del Estado a perseguir las responsabilidades penales, incluida la ejecuci√≥n de las penas, entendida esta no s√≥lo como sanci√≥n ejemplar frente a los m√°s graves y horrorosos cr√≠menes de que tenga memoria la historia reciente del pa√≠s, sino como el m√°s eficaz mecanismo de no repetici√≥n, da√Īando gravemente los valores √©ticos y morales de toda la sociedad chilena.

Resulta una paradoja, por decir lo menos, que los mismos sectores que hoy exigen inclemencia y mano dura frente al delito com√ļn, promueven, de cara a los mas desgarradores cr√≠menes mecanismos de impunidad.

Una segunda paradoja es la contradicci√≥n en que entra el propio Presidente de la Rep√ļblica quien ha repetido incansablemente que los poderes deben funcionar independientemente y que √©l respetar√° sus decisiones. Al indultar al un asesino, condenado por Justicia chilena, borra de una plumada sus aseveraciones tan n√≠tidamente planteadas.

6.- Se pretende justificar el proyecto de ley en curso como una contribuci√≥n a la paz social y la reconciliaci√≥n nacional. CODEPU reitera, una vez m√°s, que la √ļnica posibilidad de construir un futuro digno que permita el reencuentro nacional es dejar que los tribunales de justicia cumplan con su misi√≥n fundamental, cual es la de investigar, determinar las responsabilidades penales y hacer ejecutar lo resuelto, dando estricto cumplimiento al imperativo legal y constitucional nacional y de los organismos jurisdiccionales regionales e internacionales.

Ante este nuevo intento por consagrar definitivamente la impunidad, CODEPU se suma a los esfuerzos unitarios de organizaciones de familiares, de v√≠ctimas, y de la sociedad civil por definir una estrategia com√ļn que permita evitar que en el pa√≠s se consolide la impunidad.

LA DIF√ćCIL PARICI√ďN DE LA VERDAD

¬†fotoA mediados de agosto pasado el coronel (r) del Ej√©rcito Ricardo Lawrence Mires, que integr√≥ la disuelta Direcci√≥n de Inteligencia Nacional (DINA), afirm√≥ ante el ministro en visita V√≠ctor Montiglio que el general (r) Augusto Pinochet conoc√≠a pormenorizadamente todas las actividades represivas y violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por este organismo de seguridad, que funcion√≥ bajo la direcci√≥n operativa del general (R) Manuel Contreras Sep√ļlveda.

Lawrence ‚Äďseg√ļn un art√≠culo firmado por Jacmel Cuevas y reproducido por diversos medios‚Äď se√Īal√≥ que Pinochet visit√≥ al dirigente comunista ‚Äďy hoy detenido desaparecido‚Äď V√≠ctor D√≠az durante su detenci√≥n. Adem√°s, sostiene que la Auditor√≠a del ej√©rcito, cuando estaba a cargo de Fernando Torres, implement√≥ un mecanismo para ocultar informaci√≥n.

Su confesi√≥n se dio en el marco del caso denominado Calle Conferencia, en el cual reconoce su participaci√≥n en la detenci√≥n de seis miembros de la directiva clandestina del Partido Comunista (PC), llevadas a cabo entre el 4 y 12 de mayo de 1976, que signific√≥ la desaparici√≥n de Jorge Nu√Īez (c√≥nyuge de la fallecida Gladys Mar√≠n) Mario Zamorano Donoso, Jaime Donato Aveda√Īo, Uldarico Donaire Cort√©s y Elisa Escobar Cepeda y tambi√©n de V√≠ctor D√≠az L√≥pez, padre de la dirigenta de la Agrupaci√≥n de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana D√≠az.

LA VISITA DEL TIRANO

Sin embargo, lo m√°s significativo de sus dichos ante el tribunal se refirieron a una visita que habr√≠a realizado Pinochet al secretario general del PC, V√≠ctor D√≠az, a un cuartel ubicado en el Caj√≥n del Maipo llamado Casa de Piedra, a cargo del coronel (r) de Ej√©rcito, Germ√°n Barriga ‚Äďque se suicid√≥ en enero de este a√Īo‚Äď.

‚ÄúRecuerdo que en una oportunidad, estando en el cuartel se present√≥ en el lugar, Casa de Piedra, el general Augusto Pinochet quien lleg√≥ a conocer a V√≠ctor D√≠az (…). Recuerdo que el general Pinochet sostuvo una reuni√≥n con V√≠ctor D√≠az y trascendi√≥ una conversaci√≥n que V√≠ctor D√≠az hab√≠a mantenido con Pinochet, en que D√≠az le dec√≠a que comet√≠a un error al meterse contra el Partido Comunista, porque ello era como tratar de vaciar el mar con un balde‚ÄĚ, relat√≥ Lawrence Adem√°s dijo que los dirigentes fueron ejecutados en Casa de Piedra, pero que no pod√≠a precisar el modo, ya que su funci√≥n fue participar en la desaparici√≥n de los cuerpos, que tambi√©n estuvo a cargo del fallecido coronel (r) Barriga.

‚ÄúTuve como misi√≥n escoltar dos camionetas que se encontraban en ese cuartel cargadas con los prisioneros muertos y ensacados, camionetas que eran del grupo de Barriga. (…) luego emprendimos rumbo al norte, hasta llegar a la zona de Peldehue, ingresando por un camino secundario. Al llegar al lugar se encontraba un helic√≥ptero del Ej√©rcito, si mal no recuerdo un Puma, los veh√≠culos se detuvieron y desde las camionetas se comenz√≥ a sacar los cuerpos que se encontraba ensacados subi√©ndolos al helic√≥ptero‚ÄĚ.

Pinochet fue sobrese√≠do en 2003 por razones de salud dde estos cr√≠menes, las mismas razones que previamente le hab√≠an permitido ser eximido de responsabilidad penal en el caso Caravana de la Muerte, y recientemente fue absuelto el general (r) Contreras, ya que la Corte de Apelaciones estim√≥ que en su caso hab√≠a ‚Äúcosa juzgada‚ÄĚ.

En este caso, además de Lawrence, se encuentra procesado en calidad de autores de homicidio calificado Osvaldo Pincetti, alias Doctor Tormento. También estaban encausados por los mismos ilícitos Germán Barriga y Miguel Krassnoff.

¬ęLE DEC√ćAMOS LA VERDAD¬Ľ

Lawrence ratific√≥ el conocimiento que ten√≠a el ex gobernante de facto sobre las actividades de la ex DINA, afirmando que le informaba personalmente de ellas entre 1973 a 1977. ‚ÄúEn varias oportunidades, en ocasiones en que me correspond√≠a prestarle seguridad directa al general Pinochet en sus viajes los fines de semana a la playa, en el trayecto mi general me preguntaba ‚Äėc√≥mo andaba la cosa‚Äô y se manifestaba muy interesado por saber respecto del descubrimiento de armamento y de c√≥mo iban las actividades tendientes a identificar a las c√ļpulas del MIR y del PC. Yo, que iba en el auto, le contaba lo que realmente ocurr√≠a. Le dec√≠amos la verdad.

‚ÄúEs muy probable que yo en esas conversaciones le haya informado c√≥mo se oper√≥ para detener a Miguel Enr√≠quez o a la c√ļpula del PC. Entiendo que, adem√°s, el general Pinochet estaba plenamente informado, ya que el general Contreras le informaba diariamente de toda la situaci√≥n que se produc√≠a dentro de la DINA y fuera de ella, es decir, la situaci√≥n del pa√≠s.

‚ÄúMe correspondi√≥ llevar a la casa del general (r) Pinochet un sobre que conten√≠a las novedades del pa√≠s y de la DINA, informaci√≥n que era preparada por el cuartel general y que, espor√°dicamente, me correspond√≠a hacerlo cuando Contreras no pod√≠a ir a entreg√°rselo personalmente. Deb√≠a estar en su casa cerca de las 06:30 horas. Era la hora en que normalmente terminaba de hacer sus ejercicios. Entregaba el sobre y esperaba por si daba alguna instrucci√≥n, como por ejemplo que Contreras lo llame a tal hora‚ÄĚ.

BLOQUEAR LA JUSTICIA

El ex uniformado aseguró que en sus primeras declaraciones ante la justicia habría incurrido en falsedades, ya que en el ejército operaba un sistema para ocultar información y al cual accedió por orden del general (r) Manuel Contreras:
‚ÄúSe nos explicaba el motivo de nuestra citaci√≥n y lo que deb√≠amos decir. Esto se organizaba en lo que se llamaba AUGE, Auditoria General del ej√©rcito, que estaba a cargo y depend√≠a del general (Fernando) Torres. Ah√≠ hab√≠a abogados que nos explicaban lo que deb√≠amos declarar y se me aseguraba que todo iba a pasar r√°pido. Entre los abogados recuerdo a (Roberto) Puelma y (Enrique) Ibarra‚ÄĚ.

Se√Īal√≥, adem√°s, que sus jefes en Villa Grimaldi habr√≠an sido C√©sar Manr√≠quez, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Marcelo Moren, Maximiliano Ferrer, entre otros. Mientras que como cabecillas de la Brigada Pur√©n identific√≥ al general Ra√ļl Iturriaga y los oficiales Gerardo Urrich, Germ√°n Barriga, Manuel Carevic y Miguel Hern√°ndez.

‚ÄúEn la DINA se operaba al igual que una unidad policial, es decir: hab√≠a una oficina de partes con libros, k√°rdex, minutas dirigidas a los jefes, etc. Es decir, exist√≠a un aparataje administrativo que depend√≠a del jefe de La Villa (Grimaldi). Toda esa informaci√≥n debe estar en alg√ļn lugar porque es parte de la historia de Chile, pero desconozco cu√°l fue su destino‚ÄĚ, concluy√≥ Lawrence.

LOS T√ČRMINOS DE LA
‚ÄúRECONCILIACI√ďN NACIONAL¬Ľ

El reportaje parcialmente transcrito contribuye a aclarar sin lugar a ninguna duda las v√≠as que se intentan forjar para dar forma a la ‚Äúreconciliaci√≥n nacional‚ÄĚ a√Īorada por los ex golpistas, asesinos varios ‚Äďcon o sin uniforme‚Äď y quienes abjuraron ‚Äďcomo el caudillo medieval‚Äď de lo que ayer afirmaban para gozar hoy de las se√Īales exteriores de un poder que en realidad no tienen sino en comandita con quienes de buen grado pactaron lo que denominan ‚Äútransici√≥n‚ÄĚ a la democracia, sin respeto por las definiciones hist√≥ricas.

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* CODEPU, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, fundada en 1980, durante la dictadura militar (www.codepu.cl).

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