Cohecho y soborno contra parlamentarios chilenos que dieron el visto bueno a la Ley de Pesca
La acción legal se apoyó en las denuncias del ex senador Nélson Ávila, quien basado en “el cruce de datos institucionales”, afirmó que los senadores de la comisión especializada, durante el tiempo en que se legisló la Ley de Pesca, habrían recibido $500 millones de Corpesca bajo la figura de “gastos reservados”.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación una querella presentada por pescadores y organizaciones ciudadanas para que se investigue la denuncia sobre cohecho y soborno parlamentario: la compañía Corpesca, propiedad del grupo Angelini, habría entregado 500 millones de pesos –1 millón de dólares de la época– a los senadores miembros de la Comisión de Pesca, que entre 2011 y 2012 tramitaron la Ley de Pesca, informó Ecoceanos.
La acción legal tomó cuerpo luego de las denuncias del ex senador Nélson Ávila, quien basado en “el cruce de datos institucionales”, afirmó que los senadores habrían recibido esa millonaria cantidad de dinero de Corpesca bajo el paraguas de “gastos reservados”.
Por otra parte, los pescadores artesanales se suman a otra querella que ya investiga la Fiscalía y en la que la misma empresa Corpesca habría entregado 25 millones de pesos a la ex diputada por Iquique, Marta Isasi, quien fuera la parlamentaria informante de la Cámara Baja en la tramitación de la Ley de Pesca.
Políticos concernidos serían llamados a declarar
Los senadores de la comisión especializada durante el tiempo en que se legisló la Ley de Pesca fueron: Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro y Hosaín Sabag. La querella solicita a la justicia que estos parlamentarios sean llamados a declarar.
Gino Bavestrello, pescador artesanal y presidente de la Federación de Pescadores de Corral, afirmó que “los pescadores confiamos en que ahora la Fiscalía hará un trabajo a la altura de la investigación que lleva adelante con el caso Penta y Soquimich. Le damos todo nuestro apoyo al fiscal Gajardo y a la Fiscalía de investigación de delitos de alta complejidad que deberán asumir este caso”.
Bavestrello señaló además que “esperamos que los senadores respondan con la verdad. Sabemos que existe presión para que estos casos sean olvidados y sepultados, pero la ciudadanía tiene los ojos puestos en que se esclarezcan todos estos casos de corrupción. La Ley de Pesca debe ser anulada porque su tramitación fue en base a la corrupción”, agregó el dirigente.
Por su parte Juan Carlos Cárdenas, del Centro Ecoceanos afirmó que “el que se hayan acogido las dos querellas presentadas por organizaciones de pescadores artesanales y ciudadanos es una clara señal que el tiempo de la impunidad corruptora de la familia Angelini, como cabeza del ‘cartel’ de los siete clanes empresariales que dominan la institucionalidad pesquera y a políticos en el Parlamento, está comenzando a finalizar”.
El director de Ecoceanos agregó que “a los casos Penta y Soquimich, se suma ahora el caso Angelini.
En sus inicios, esto fue posible gracias al mayor operador político que tuvo la escandalosa ley de privatización de las pesquerías chilenas: Pablo Longueira.
El ‘affaire’ Angelini corresponde a un caso de corrupción empresarial que vincula transversalmente a la mayor parte de la casta política y sus partidos. Es clave que las organizaciones de ciudadanos, pescadores artesanales y estudiantes mantengan un creciente control y proporcionen más información a la Fiscalía para profundizar y ampliar la investigación por cohecho y coimas, efectuadas por las asociaciones de grandes empresarios pesqueros industriales”.