Jun 13 2004
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Política

Colombia: el anti secuestro y el Caballo de Troya

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

El viernes 11 de junio de 2004 el Gobierno colombiano inauguró la primera escuela en América Latina de entrenamiento para combatir el secuestro. La iniciativa fue posible grcaias a una inversión de US$ 25 millones aportados por EEUU.

Colombia es el país en que se produce anualmente el mayor número de secuestros del mundo, atribuidos tanto a la delincuencia común, a la guerrilla y a organizaciones paramilitares de ultraderecha.

El vicepresidente Francisco Santos,señaló que el secuestro “es una multinacional del crimen, y una parte importante del conocimiento del delito proviene de delincuentes colombianos, que hay que acabar”.

“La triste realidad del continente -dijo Santos- es que mientras ya vivimos lo peor de la curva del secuestro y comenzamos a ganar esa batalla, los otros países la están perdiendo”. Agregó que en países como México, Brasil, Argentina y Guatemala, “el secuestro se ha convertido en un flagelo” por lo cual es necesario unir esfuerzos contra un delito que presenta características transnacionales.

Las autoridades colombianas dijeron que prestarán ayuda a otras naciones para capacitar funcionarios y para enfrentar este delito.

Existen otras dos “escuelas” contra el secuestro, ubicadas en Indonesia y Pakistán, casualmente países donde la influencia estadounidense no tiene contrapeso y en los que las violaciones a los Derechos Humanos son moneda corriente.

En la escuela colombiana anti secuestro el entrenamiento se realizará a partir del reconocimiento real de los terrenos en los que las bandas de criminales mantienen cautivos a los secuestrados. Dichas bandas no fueron caracterizadas con claridad.

Algunos antecedentes

En agosto de 2000 el entonces presidente de EEUU William Clinton dijo en un discurso memorable, que sentó las bases del denominado “Plan Colombia”:

“…Quiero hablar claramente del papel de los Estados Unidos. En primer lugar, no nos incumbe proponer un plan. Estamos apoyando el plan colombiano. Ustedes dirigen, nosotros ofrecemos ayuda, como país amigo y vecino”.

Y más adelante: “También ayudaremos con la construcción de nuevas aulas, sistemas de abastecimiento de agua y caminos para quienes han perdido sus casas y sus comunidades. Nuestra ayuda también fomentará aún más la protección de los derechos humanos.

“Nuestro objetivo no es militar. No creemos que su conflicto tenga una solución militar. Apoyamos el proceso de paz”. A las palabras no siempre se las lleva el viento, aunque su correcto significado a menudo se oculte tras la retórica de turno.

Mientras el vicepresidente colombiano -que sobrevivió hace 15 años a un secuestro de Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín- decía que el secuestro “es un delito que es transnacional y debemos derrotar”, el Instituto de Estocolmo de Investigaciones para la Paz advertía que durante 2003 tuvo lugar una escalada bélica cuya manifestación palpable era el gasto internacional en armamento.

El informe de IEIP dejá en claro que en el período el gasto internacional en armamentos subió en un 11 por ciento frente a 2002 -ése año fue de un 6.5 por ciento más que en 2001-. El año pasado los gastos militares sobrepasaron los US$ 956 mil millones.

En un contexto que movilizó a las organizaciones y grupos que luchan por los Derechos Ciudadanos en Colombia y allende sus fronteras, se buscaba una interpretación a lo dicho por Milton Drucker, ministro consejero de la embajada de Estados Unidos: “(hay que) seguir trabajando, a ver si se acaba el secuestro”.

La “escuela” de formación para el antisecuestro, fundada con US$ 25 millones aportados por el gobierno de Estados Unidos, pretende atacar esta modalidad delincuencial desde la óptica que lo señala como una de las fuentes principales del financiamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Cuáles son estos grupos quedó claro. El vicepresidente colombiano reveló que un fiscal paraguayo “me contó de un secuestro en el que están involucradas organizaciones criminales colombianas. Se pagaron millones de dólares en Paraguay; sin embargo, el secuestro se negoció en Brasil y se pagó en Argentina”.

Los cables de las agencias noticiosas recordaron en sus informaciones que desde hace cuatro décadas en Colombia combaten guerrillas, paramilitares y tropas gubernamentales.

El centro de entrenamiento recién inaugurado capacitará a efectivos del ejército, la policía y la Fiscalía General. La británica Reuters indicó, ademas, que es parte de la cooperación del gobierno de Estados Unidos con Colombia. El programa incluye la puesta en marcha del programa de protección a los líderes nacionales.

   
Cabe indicar que este centro de instrucción ha visto pasar seis cursos, pero su que inauguración solo se realizó después de conmpletar su infraestructura y dotación tecnológica.

   
La cruel sospecha

 
De acuerdo con fuentes de seguridad colombo-estadounidenses el secuestro es la segunda fuente de financiación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) después del narcotráfico.

Este país sudamericano de más de 40 millones de habitantes sufre un conflicto interno de cuatro décadas que dejó 35.000 civiles muertos -números oficiales- en los últimos diez años.

En una reunión celebrada en Madrid, en 2000, presidida por el BID – con asistencia de representantes de Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá y Japón, más delegados de instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales- Colombia recibió US$ 871 millones para programas económicos y sociales. Fue cuando la primera reunión del Grupo de Apoyo para el Proceso de Paz en Colombia.

España ofreció US$ 100 millones, 250 millones Estados Unidos, 20 millones dólares de Noruega y 131 millones las Naciones Unidas. Japón, más cauto, anunció entonces una contribución de préstamos blandos por US$ 70 millones y las organizaciones internacionales (el BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento) otros por valor de otros 300 millones de dólares.

Nada fue suficiente. En junio de 2003 el recientemente designado embajador de EEUU en Colonmbia, señor Burke, dijo en el Congreso de su país en la audiencia de estilo para ser ratificado: “Estados Unidos y Colombia están de acuerdo en que las amenazas del narcotráfico y del terrorismo de la subversión son dos lados de la misma moneda falsa. (…) Los terroristas de las FARC, el ELN, y los paramilitares son en realidad narcotraficantes tratando de asumir otra identidad”.

Lejos del lirismo de Clinton y las buenas intenciones de Madrid, Burke fue explícito:

“La decisión crucial de incluir por primera vez en la Ley de Asignaciones Suplementarias de 2002 la posibilidad de utilizar los recursos antinarcóticos para luchar contra las FARC, el ELN y los paramilitares demuestra que el Congreso comparte la decisión de luchar conjuntamente contra los narcotraficantes y los grupos armados al margen de la ley”.

Y remató: “Hemos progresado. Hemos proporcionado entrenamiento a las fuerzas militares y a la policía de Colombia así como equipos (incluyendo costosas pero necesarias aeronaves de ala fija y rotatoria), y coordinación de nuevos esfuerzos de interceptación e inteligencia”.

Un plan contrainsurgente

“El Plan Colombia no ha sido un plan antinarcóticos sino un plan contrainsurgente”, dijo a la Agencia de Información Solidaria en mayo de 2004 Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia.

“Estados Unidos es el principal donante de Colombia, y Colombia es el tercer país que mayor ayuda militar recibe tras Israel y Egipto. Estados Unidos, además, está especialmente implicado en el departamento de Arauca, donde entrena tropas: soldados de la 18ª Brigada para defender los intereses económicos y estratégicos de la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (…) De la lucha contra el narcotráfico hemos pasado a la lucha contrainsurgente”.

La visión de Pollack es pesimista: “El Plan Colombia (…) se ha utilizado oficial y legalmente para combatir a la guerrilla en una forma en la que el ejército colombiano no debiera combatirla, estigmatizando a la población civil como guerrillera o simpatizante de la guerrilla”.

A lo largo de 2003 y principios de 2004 el gobierno de Álvaro Uribe convirtió al departamento de Arauca -próximo a Venezuela- en un campo de experimentación socio-militar, lo que ha contribuido “a arrastrar aún más a los civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos e infringen el derecho humanitario”.

Cabe preguntarse: ¿por qué dice Amnistía Internacional en su informe que “la región de Arauca es un laboratorio de pruebas” ?

La razón radica en el hecho de que el departamento de Arauca es clave para todos los actores en armas implicados en el conflicto, porque es una zona rica en petróleo y fronteriza con Venezuela. Existen compañías trasnacionales y otros gobiernos con intereses económicos y estratégicos en esta zona, advierte Pollack. “Como por ejemplo Estados Unidos y la compañía estadounidense Occidental Petroleum, dueña del oleoducto Caño Limón, el más importante de Arauca”.

Para el gobierno colombiano ha sido muy importante poder instaurar el orden y la seguridad en esa región, “y la manera en que decidió hacerlo fue a través de una serie de medidas de seguridad que a largo plazo ha querido introducir en toda Colombia”.

Una pregunta posible es: ¿en qué retazo del tapiz tejido por EEUU en Colombia cabe ubicar la función de la “escuela” antisecuestros? Sin olvidar, desde luego, la voluntad de la Casa Blanca para extender el publicitado Plan Puebla-Panamá -una carretera imperial flanqueada por los transgénicos de Monsanto y las maquilas- hasta los extramuros de Bogotá.

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*Periodista y escritor.

Fuentes inmediatas:

www.eluniversal.com

www.cronica.com.mx

embajadausa.org.ve

www.viaalterna.com.co

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