Oct 3 2018
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Pol铆tica

Colombia: La traici贸n al acuerdo de paz y la regulaci贸n de la protesta social

La denuncia de Iv谩n M谩rquez, ex jefe negociador de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, convertidas hoy en partido pol铆tico), sobre la traici贸n al acuerdo de paz, puso en el tapete quiz谩 el problema m谩s grave que afronta el gobierno de Iv谩n Duque y, a la vez, los diferentes cursos de acci贸n de los exguerrileros.

M谩rquez, 聽cuyo paradero se desconoce desde hace varias semanas, denunci贸 en una Carta Abierta a la Comisi贸n de Paz del Senado, la traici贸n a lo esencial del acuerdo de paz de La Habana, firmado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos, y lament贸 su ingenuidad al haber dejado las armas sin haber concretado antes los compromisos. 芦El proceso de implementaci贸n se ha caracterizado por 鈥榓vances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos鈥樎, se帽ala la carta.

Sus excompa帽eros y hoy parlamentarios por el partido FARC le salieron聽al paso a la carta y aseguraron que las reflexiones que hacen los excombatientes en la carta corresponden a una visi贸n personal de los firmantes.聽

芦Est谩n equivocados totalmente, mal pudiera yo salir a decir que no hay condiciones ni garant铆as y estar sentado en la sala de prensa del Senado dirigiendo una rueda de prensa. El proceso tiene dificultades, la implementaci贸n no ha sido consecuente por parte del Estado, pero hay unos espacios que se han ganado, los valoramos y son muy importantes para lograr avanzar en la implementaci贸n de los acuerdos de paz禄, manifest贸 Carlos Antonio Lozada.

Un episodio similar se desencaden贸 hace algunas semanas cuando se hizo p煤blica la carta de Joaqu铆n G贸mez poniendo en tela de juicio el liderazgo de Timochenko y en duda algunos procesos dentro del naciente partido.

M谩rquez y El Paisa agregaron que el acuerdo tuvo una falla estructural que fue haber firmado, primero, la dejaci贸n de las armas, sin haber acordado antes los t茅rminos de la reincorporaci贸n econ贸mica y social de los guerrilleros. 鈥淚ngenuamente cre铆mos en la palabra y la buena fe del gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda V茅lez (fallecido fundador de las FARC) siempre nos advirti贸 que las armas eran la 煤nica garant铆a segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos鈥, afirmaron.

Entre las trampas, denunciaron modificaciones en el Congreso a lo pactado en el sistema de justicia para juzgar a ex guerrilleros y miembros de la fuerza p煤blica por cr铆menes cometidos durante los enfrentamientos, y alertaron sobre incumplimientos en la reinserci贸n e inseguridad jur铆dica de los siete mil excombatientes que dejaron las armas, entre ellos el l铆der rebelde Jes煤s Santrich, detenido y pedido en extradici贸n 鈥搒in pruba alguna- por Estados Unidos por narcotr谩fico, en un (otro) montaje judicial.

Mientras, Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, reiter贸 que el gobierno de Iv谩n Duque modificar谩 apartados del acuerdo con las FARC por considerarlos indulgentes con los rebeldes.

芦No son posibles a煤n dict谩menes definitivos a la luz de los balances sobre los resultados arrojados por la fase de implementaci贸n temprana; y que hay espacio pol铆tico y tiempo hist贸rico para continuar la brega por la materializaci贸n efectiva de lo acordado禄, se lee en uno de los ocho puntos fijados en la carta.聽La pelea intestina que se libra al interior del partido versa sobre el camino que debe seguir el nuevo movimiento para encarar los incumplimientos del Estado.

Para la Farc 芦la implementaci贸n es un campo en disputa, cuya orientaci贸n no est谩 predeterminada por el deseo o la voluntad; se encuentra m谩s bien 铆ntimamente relacionada con la correlaci贸n pol铆tica y social de fuerzas que se logre conformar a su favor禄.

Para complir con el prop贸sito fijado desde La Habana, el partido le hizo un llamado a los excombatientes para 芦que se recupere el poder transformador del acuerdo聽conjugando la acci贸n parlamentaria con la necesaria acci贸n de masas, la actividad diplom谩tica, el uso de la v铆a gubernativa y judicial, y el acompa帽amiento internacional禄.

芦Coincidimos en su principal preocupaci贸n: C贸mo sacar adelante la paz de Colombia; con la que de paso se desmiente la matriz de opini贸n sobre su presunta salida del Acuerdo禄, agreg贸 Carlos Antonio Lozada durante su intervenci贸n, donde tambi茅n fustig贸 al fiscal N茅stor Humberto Mart铆nez, 芦que se ha dedicado todo el tiempo a tratar de desarticular la paz del pa铆s鈥.

Losada se帽al贸 que se podr铆a 鈥渉ablar toda la tarde de los desafueros del fiscal contra la paz. Est谩n los montajes de Mercandrea que terminaron en unos disturbios por los que nadie responde. Con bombos y platillos tambi茅n anunci贸 que ten铆a pruebas irrefutables de la responsabilidad de Jes煤s Santrich y ahora tranquilamente dice que 茅l no tiene pruebas, que est谩n en EU. Cualquier comentario que uno haga sobre las palabras necias del fiscal, sobran, el solo se va autodestruyendo en su credibilidad禄, a帽adi贸.

Quieren regular la protesta social

El Senado tambi茅n debati贸 sobre el proyecto del ministro de Defensa Guillermo Botero Gil de regular la protesta social que, dijo, es financiada por los dineros il铆citos. Botero dio un paso atr谩s diciendo que no est谩 contra la protesta social porque es un derecho consagrado en la Constituci贸n de 1991, pero que 鈥渟u materializaci贸n no puede atropellar los derechos de las mayor铆as, que se ven afectadas por las movilizaciones que pueden llegar a bloquear la v铆a p煤blica, estropear la infraestructura, reportar heridos y, en algunos casos, muertes a los ciudadanos o a integrantes de la Fuerza P煤blica鈥

Dijo que a eso hay que sumar que durante 2016, 2017 y lo que va de 2018 se registraron 624 procesos judiciales por conductas punibles dentro de las protestas.

Pero en el Senado, adem谩s del tema central del debate, el asesinato de l铆deres sociales fue un asunto por el que cuestionaron al ministro Botero. El funcionario ratific贸 su postura de que no se pueden catalogar como 鈥渟istem谩ticos, mismo discurso que ha sostenido el Ejecutivo desde la administraci贸n de Juan Manuel Santos.

Mientras, la Fundaci贸n Ideas para la Paz denunci贸 que 93 l铆deres sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de a帽o, lo que convierte este periodo en el m谩s violento desde 2010. Ocho de los 32 departamentos de Colombia concentraron 77,5 por ciento de los homicidios, en el 58 por ciento de los casos no se ha encontrado al culpable, y en el 35 por ciento la responsabilidad recae sobre las facciones criminales y grupos armados ilegales.

Las agresiones a l铆deres sociales tambi茅n est谩n determinas por el tipo de labor que ejercen, pues el 52 % de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este a帽o eran comunitarios, seguidos de ind铆genas y campesinos. La Fundaci贸n recomend贸 reconocer p煤blicamente las afectaciones de derechos humanos como una acci贸n simb贸lica reparadora y protectora de la labor del l铆der social, crear mecanismos r谩pidos y efectivos para responder a las amenazas contra las v铆ctimas y superar la cultura de estigmatizaci贸n, entre otros.

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

 

 

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