Nov 15 2013
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AmbienteSociedad

Comunidades de Oaxaca se oponen a proyectos e贸licos

Para impulsar la creaci贸n de energ铆a e贸lica en esa regi贸n mexicana, en el 2004 el Departamento de Energ铆a de EEUU y la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) publicaron un Atlas de Recursos E贸licos del Estado de Oaxaca, asegurando que las comunidades recibir铆an los beneficios sociales y econ贸micos de la energ铆a renovable.

Seg煤n el atlas, el potencial e贸lico de buena parte del Istmo de Tehuantepec es 鈥渆xcelente鈥, as铆 que no sorprende si en diciembre del 2012 la Asociaci贸n Mexicana de Energ铆a E贸lica (AMDEE), que agrupa a las principales empresas de este rubro, ya contaba 15 parques e贸licos en la zona.

鈥淟as empresas se repartieron nuestro territorio, como los espa帽oles cuando llegaron a Am茅rica鈥, denuncia a Noticias Aliadas Bettina Cruz Vel谩zquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. 鈥淩econozco que hay una preocupaci贸n mundial por el cambio clim谩tico, pero lo que mueve a las empresas es convertir nuestro aire en dinero. La energ铆a verde es un negocio para obtener ganancia enga帽ando a las comunidades; destruyen nuestra forma de vida y atentan contra nuestra soberan铆a alimentaria, oblig谩ndonos al desplazamiento鈥.

Son 10 las corporaciones transnacionales que operan 15 proyectos en el istmo oaxaque帽o 鈥擨berdrola, Acciona, CFE, Enel Green Power, Gamesa, Cemex, Pe帽oles, El茅ctrica del Valle de M茅xico, Renovalia, Demex鈥 y otros proyectos ya recibieron la autorizaci贸n de la Comisi贸n Reguladora de Energ铆a del gobierno federal mexicano. El objetivo del gobierno de Oaxaca es instalar 2,000 MW de energ铆a renovable para el 2015.

Sin consulta previa

Todas las empresas parecen operar bajo el mismo esquema que no prev茅 ninguna consulta previa, libre e informada para los 15 pueblos ind铆genas que habitan en el Istmo de Tehuantepec, como lo establece el Convenio 169 sobre Pueblos Ind铆genas y Tribales de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por M茅xico en 1991, adem谩s de algunas leyes nacionales.

Para obtener el derecho de posesi贸n sobre la tierra durante 30 a帽os, los representantes de las empresas van casa por casa, pidiendo a las familias campesinas la firma de contratos leoninos donde fijan los montos por el pago del arriendo de la tierra. Adem谩s, prometen trabajo, desarrollo, inversiones en infraestructuras y una disminuci贸n en los recibos de luz una vez que el parque e贸lico est茅 en funci贸n.

En realidad, 10 de los parques e贸licos que operan en el Istmo de Tehuantepec, trabajan bajo el esquema 鈥渁utoabastecimiento鈥, que la Secretar铆a de Energ铆a del gobierno federal define como 鈥済eneraci贸n de energ铆a el茅ctrica para fines de autoconsumo, siempre y cuando dicha energ铆a se destine a satisfacer las necesidades de personas f铆sicas o morales y no resulte inconveniente para el pa铆s鈥.

Las 鈥減ersonas f铆sicas o morales鈥 que est谩n utilizando la energ铆a producida por estos aerogeneradores para satisfacer sus necesidades de consumo son grandes corporaciones transnacionales, entre ellas Nestl茅, Femsa-Coca Cola, Bimbo, Nissan y Mitsubishi.

Adem谩s, lo que est谩n percibiendo las familias campesinas oaxaque帽as son puras migajas. Seg煤n Roberto Gardu帽o, del diario mexicano La Jornada, en Europa el est谩ndar de renta de la tierra por las empresas e贸licas representa el 3.9% de los costos totales de producci贸n, mientras que en M茅xico se sit煤a entre 0.025% y 1.53%.
En muchos casos estos contratos son ilegales, puesto que buena parte de la tierra ocupada por los parques e贸lico no es privada, sino comunal.

鈥淓n este r茅gimen de propiedad la tierra pertenece a la comunidad, las familias tienen el usufructo sobre ella sin ser due帽as鈥, explica a Noticias Aliadas el abogado Ra煤l Rangel Gonz谩lez. 鈥淪贸lo la asamblea comunitaria puede otorgar a la empresa el derecho a operar鈥.

El caso de la Barra de Santa Teresa

Un caso emblem谩tico de la actitud discriminatoria y violenta de las empresas e贸licas hacia los pueblos ind铆genas istme帽os, es el proyecto que el consorcio mexicano Mare帽a Renovables quiere implantar en la Barra de Santa Teresa, una franja de unos 27 km de arena y manglares. Se trata de una inversi贸n de US$1 millardo para la construcci贸n de 132 aerogeneradores para producir 396 MW de energ铆a.

鈥淐uando empezaron a hacer estudios hubo una muerte masiva de peces. Aqu铆 vivimos de la pesca y la Barra de Santa Teresa es nuestro sustento diario. No queremos este proyecto y la lucha se levant贸 muy fuerte despu茅s de que el presidente municipal Miguel L贸pez Castellano se vendi贸 a la empresa, firmando el permiso para su entrada鈥, relata a Noticias Aliadas una comunera de San Dionisio del Mar que prefiri贸 mantener el anonimato.

La represi贸n contra quienes se oponen al proyecto ha sido fuerte. En febrero, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cu茅 Monteagudo, manifest贸 en un comunicado que realizar铆a 鈥渢odas las acciones necesarias pamex parque-eolicora evitar que una inversi贸n tan importante se retire del estado鈥.

Grupos de choque se est谩n movilizando para acallar a los opositores al proyecto, quienes reciben visitas de desconocidos que los amenazan frente a sus ni帽os. Adem谩s han tratado de desalojar por la fuerza el Palacio Municipal de San Dionisio del Mar, tomado por la comunidad desde enero del 2012 tras expulsar al alcalde L贸pez Castellano, quien recibi贸 20.5 millones de pesos ($1.5 millones) de Mare帽a Renovables por concepto de uso de suelo y no ha aclarado a la poblaci贸n el destino de esos recursos.

En octubre del 2012 un grupo de encapuchados 鈥攁l parecer integrantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la misma comunidad鈥 intentaron detener la caravana humanitaria que viaj贸 hasta San Dionisio del Mar para entregar alimentos a los ind铆genas ikjots y zapotecas que se oponen a la construcci贸n del megaproyecto e贸lico en la zona, y rociaron con gasolina al comunero Isa煤l Celaya L贸pez amenaz谩ndolo con ser quemado vivo.

Sin embargo, la Justicia ha dado la raz贸n a los pueblos ind铆genas de la Barra de Santa Teresa. Un tribunal de la localidad de Salina Cruz determin贸 el 9 de octubre la suspensi贸n temporal de las actividades de construcci贸n en respuesta a un pedido de amparo presentado por la Asamblea General de San Dionisio del Mar.

En declaraciones a la prensa, Miguel 脕ngel Garc铆a Aguilar, integrante de la Asamblea General de San Dionisio del Mar, dijo que el fallo 鈥渆s una victoria contundente de la lucha por el respeto al territorio y a los derechos de los pueblos ind铆genas. Exigimos a todas las autoridades involucradas en el proyecto e贸lico San Dionisio del Mar, y al consorcio Mare帽a Renovables que cumplan con lo establecido en la suspensi贸n otorgada por el juez federal鈥.

*Noticias Aliadas.

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