Crimen y castigo
Max J. Castro*
Es la hora de la verdad y la justicia. Un país de leyes no puede permitir que un crimen horrible como la tortura escape al castigo. Una sola instancia de tortura sería demasiado. Ahora, gracias a memorandos del Departamento de Justicia, sabemos que no hubo una, dos o tres aplicaciones de tortura. Hubo cientos de ellas.
Solamente el submarino (ahogo simulado), una técnica de tortura con una larga y lamentable historia que data de la Inquisición española, fue practicada un total de 266 veces contra dos detenidos. A uno de ellos se le aplicó 183 veces en un mes, un promedio de seis veces al día. A un tercer detenido le aplicaron el submarino un número desconocido de veces. Y hubo muchas otras técnicas, desde chocar la cabeza contra un muro a posiciones forzadas dolorosas y privación del sueño durante días que fueron practicadas en combinación contra un número desconocido de detenidos.
Los defensores de tales prácticas –el más conocido Dick Cheney– argumentan que produjeron inteligencia muy valiosa. Desde el punto de vista legal y moral, el argumento es irrelevante. Pero en realidad, si estas 
prácticas fueron tan eficaces, ¿cómo es que tuvieron que ser repetidas decenas de veces? El grueso de la evidencia es que la tortura no solo es ilegal, sino también ineficaz.
Las prácticas que han salido a la luz son ilegales según las leyes internacionales y las norteamericanas (estadounidenses), independientemente de los memorandos cocinados por los adláteres legales de Bush. Ahora, gracias a numerosas investigaciones, incluyendo un informe recientemente filtrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (disponible en el sitio Web de The New York Review of Books; en este portal información aquí) nos hemos enterado de numerosas cosas que se hicieron y quiénes las autorizaron. Pero aún no tenemos todas las piezas del rompecabezas. Más aún, nos falta aún determinar la responsabilidad e imponer el castigo apropiado por la ilegalidad.
No se trata de venganza, sino de simple justicia. Al menos necesitamos una investigación criminal por parte de un fiscal independiente y una indagación por parte del Congreso. El Presidente Obama ha hecho un gran servicio al dar a la publicidad los memos y al prohibir los interrogatorios ilegales. Miembros de la anterior administración y los medios de derecha lo están atacando por haberlo hecho. Están preparados para culpar a Obama si hubiera otro ataque contra Estados Unidos. Y dados los enormes problemas a que se enfrenta el país, es comprensible que él quiera avanzar en vez de abrir una Caja de Pandora. Pero el respeto a la ley y a la Constitución está por encima de la conveniencia política y exige responsabilidad.
La impunidad invita a la repetición, y solo la verdad y la justicia pueden limpiar la reputación de Estados Unidos y garantizar que nunca suceda otra vez. La impunidad fue la divisa de la administración Bush. Obama no puede darse el lujo de seguir esos pasos. Hasta ahora, las declaraciones del presidente y sus ayudantes parecen implicar que no se hará responsable a nadie de lo que el ex Vicepresidente Dick Cheney llamó eufemísticamente “el programa”. Dejar que los torturadores y sus jefes salgan indemnes establecería un terrible precedente que en el futuro pudiera perseguir a este país durante décadas.
* Periodista.
En http://progreso-semanal