Crisis política e institucional chilena: Se cae la estantería
El foco de corrupción investigado hace aproximadamente un año por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha derivado, haciendo una comparación médica, a una metástasis. El caso de fraude al FUT, que en el transcurso de 2014 dio paso al caso Penta, y a partir de este verano mutó en los casos Caval y Soquimich, hoy ha devenido en corrupción generalizada que surge de numerosas instituciones públicas y privadas.
Sin haberse apaciguado las últimas réplicas del terremoto tras las salidas de Michel Jorratt de la dirección del SII y de Rodrigo Peñailillo del Ministerio del Interior, cae el ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza, por asesorías realizadas a Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, siendo presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Un nuevo episodio que hace perder al gobierno el equilibrio precario ganado tras el cambio de gabinete.
A Penta y Soquimich se le suman día a día nuevas empresas ligadas a los grandes grupos económicos que operan en los sectores financieros y extractivos. Nombres como Corpbanca, del grupo Saieh, o Corpesca, de Angelini, o la transnacionales Aguas Andinas y Endesa, aparecen en el listado. Si es así en el sector privado, en el público podemos ir sumando todo el Parlamento, el Ejecutivo en jaque y diversas reparticiones públicas.
Hacia los primeros días de junio una información aparecida en la prensa económica ha traído a la memoria el “perdonazo” tributario por 119 millones de dólares que durante el gobierno de Sebastián Piñera le hiciera el SII a la multitienda Johnson’s. Ahora es la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, quien está bajo sospecha al haber autorizado una fusión entre las AFPs Cuprum y Argentum, ambas del grupo Principal, operación que les permitió un beneficio tributario de 80 mil millones de pesos (unos 130 millones de dólares).
El senador Alejandro Navarro ha puesto el ojo en esta oscura operación y ha pedido directamente la renuncia de la superintendenta Agnic, a la vez que solicitará a la Fiscalía Nacional Económica que investigue la fusión, por competencia desleal. Junto a ello, oficiará al SII para que verifique si hubo elusión tributaria a través del mecanismo denominado “goodwill”, con el cual Principal obtuvo el beneficio.
Para Navarro, “todo indica que es cómplice del holding norteamericano Principal Financial Group, dueños mayoritarios de AFP Cuprum, quienes crearon una AFP fantasma llamada Argentum, para fusionarla con Cuprum y así eludir el pago de impuestos. La superintendenta de Pensiones tiene una responsabilidad inexcusable. Su negligencia y falta de probidad no puede echarse bajo la alfombra, por lo que debe dar una explicación al país o dar un paso al costado”, sostuvo el senador del MAS.
Agnic argumentó desconocimiento de esa fusión, a lo cual Navarro respondió que era falso. “De acuerdo a las actas de la junta extraordinaria de accionistas de la AFP Cuprum S.A. (disponibles en página web de la SVS), participaron los representantes de la Superintendencia de Pensiones, Felipe Gálvez y Eduardo López, siendo en esa misma reunión que Hugo Lavados, presidente de Cuprum, expuso el objetivo de llevar a cabo la fusión”, explicó.
De este modo se comienzan a atar cabos. Lavados, militante DC, fue ministro de Economía en el primer gobierno de Bachelet y asumió la presidencia de la gestora de fondos cuando ésta fue vendida por el grupo Penta a Principal, en 1.500 millones de dólares.
Según publicó El Mostrador Mercados, Lavados es parte del directorio de Cuprum desde febrero de 2013, cuando ocurrió el cambio de propiedad, y en la mesa participa Mario Livingstone, también militante DC, quien integra esa instancia desde que Penta era dueño de la AFP. El directivo tuvo cargos en empresas públicas en el periodo de la Concertación y también ha sido cuestionado a propósito de la investigación de la Fiscalía en el caso Penta.
El caso citado es sólo uno más en el nudo entre la política y el sector privado, una atadura precisa para la gestión oculta de negocios ilegales. El caso, que podría llegar al SII en los próximos días en cuanto es el Fisco el que nuevamente ha sido defraudado, se sumará a las otras investigaciones que procesa esta malograda institución. Porque las presiones políticas sobre este organismo ya no son una percepción, sino han quedado en evidencia.
PRESIONES OSCURAS
El nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sacó a Jorratt a las pocas horas de asumir la cartera, ante lo cual argumentó que “su salida tiene que ver exclusivamente con proteger el Servicio de Impuestos Internos, sacarlo de los diarios para que vuelva a hacer el trabajo que siempre nos ha tenido tan orgullosos como chilenos”. Jorratt, que había caído en desgracia por haber boleteado indirectamente para Soquimich a través de Giorgio Martelli, no resolvía un problema ya generalizado no sólo en partes muy sensibles del gobierno, sino en todo el sistema político.
Valdés, con la salida de Jorratt, hizo esas declaraciones para expresar una supuesta limpieza en el organismo. Una maniobra comunicacional que sólo alcanzó a estar de pie un par de días. Porque tras el cambio de gabinete, el defenestrado Jorratt afirmó que había recibido presiones desde el Ministerio de Interior para que el SII obstaculizara las investigaciones de la Fiscalía en la denominada “arista Soquimich” del caso Penta. Jorratt no mencionó nombres, pero su denuncia apuntó de manera indirecta al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
En una entrevista aparecida en la revista Qué Pasa, Jorratt, consultado si recibió presiones, respondió: “Yo percibí mucha inquietud por el hecho de que nosotros llegáramos a fiscalizar a SQM. De hecho, en el minuto en que presentamos la querella en contra de Pablo Wagner y se mencionaba ahí una boleta de otra persona a Soquimich (la cuñada), eso generó demasiada inquietud en Interior. Se me transmitieron esas inquietudes y sí, hubo presiones de Interior para que no nos siguiéramos metiendo en SQM”.
La piedra en el zapato del gobierno era en realidad el subdirector jurídico del Servicio, Cristián Vargas, quien incluso se había enfrentado a Jorratt al ser partidario de seguir adelante con estas querellas. Cuando el 1 de junio fue despedido, lo primero que hizo Vargas fue publicar una carta dirigida a sus compañeros de trabajo en la cual denunciaba presiones del gobierno para detener las investigaciones. “Desde mediados del año pasado, en el marco de los denominados casos Penta y luego SQM, se ha presionado al Servicio para que no cumpla a cabalidad sus funciones en materia de delitos tributarios y limite las investigaciones de acuerdo a intereses extraños al organismo”. Además, mencionó que “en relación con esta situación y en base a una serie de hechos acaecidos, me he ido formando la convicción que se ha intentado instrumentalizar al Servicio para que actúe de manera afín a acciones de encubrimiento de ilícitos tributarios y de protección de sus autores, intento que jamás acepté, impulsando una actuación institucional apegada a las disposiciones legales”.
Valdés nombró en la dirección del SII a Juan Alberto Rojas Barranti, un funcionario de carrera con más de 35 años en el Servicio. Un hombre que nos remite de forma directa al perdonazo a Johnson’s en 2012. En el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados puede observarse que fue Rojas Barranti (cercano a la UDI, según informaciones de prensa) quien firmó el perdonazo.
EL FUGAZ JORGE INSUNZA
Los focos de corrupción son en estos días múltiples y móviles. El 4 de junio, La Tercera denunció pagos de Codelco por un millón de dólares por asesorías a personas vinculadas a partidos de la Concertación-Nueva Mayoría y a los gobiernos de esta coalición. Es el caso de asesorías efectuadas por la actual diputada PS Denise Pascal entre 2001 y 2006, por el diputado DC Patricio Vallespín en 2005, y por los ex diputados DC Renán Fuentealba y Esteban Valenzuela, entre 1998 y 1999. También figura el ex director de TVN y de Codelco, Jorge Navarrete Martínez.
Sin embargo el caso que nuevamente ha impactado de lleno al gobierno es el del renunciado ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), el PPD Jorge Insunza. Si bien aquellas denuncias con Codelco lograron pasar coladas, con las horas crecieron. Al día siguiente de la publicación de La Tercera, el diputado UDI José Antonio Kast denunció que Insunza hizo asesorías remuneradas a Antofagasta Minerals, la minera del grupo Luksic, el año pasado a través de su empresa Virtus Consultores, creada en conjunto con su esposa. Aumentaba la gravedad de la denuncia el hecho de haber presidido simultáneamente la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. La UDI le dio al ministro un ultimátum de 24 horas para revelar los informes emitidos o de los contrario, “la presidenta (en aquel momento visitando al Papa en el Vaticano) tendría que evaluar su permanencia como ministro de la Segpres”.
A las horas el ministro quedó en las cuerdas y revivió de manera más intensa y rápida el fenómeno de Peñailillo. No se había cumplido aún el plazo del ultimátum de la UDI cuando Insunza publicó sin éxito en su sitio web un detalle con las asesorías. Eran diez documentos consignados bajo el título “Boletín de Análisis Político: Antofagasta Minerals” y “Claves”, los cuales están fechados desde finales de 2008 al 14 de octubre de 2014. Entre las materias, que no exceden por lo general las siete páginas, hay análisis a las elecciones municipales de 2008, notas sobre la economía china, sobre el manejo de crisis por Rodrigo Peñailillo, hasta los alcances del caso Penta. Una serie de trabajos que sólo le colocaron la soga al cuello.
Todos los documentos fueron elaborados mientras era diputado, en dos periodos por el Distrito 28 (desde 2005 a 2013) y uno por el 29 (desde 2013 hasta el cambio de gabinete, el mes pasado). Siete documentos tienen fecha de 2014, periodo en el cual presidió la Comisión de Minería de la Cámara.
El nombramiento de Insunza no estuvo lejos de críticas. Desde los primeros días la prensa y las redes sociales sacaron a relucir su pasado como ejecutivo de Imaginacción, la consultora y empresa de lobby del ex ministro Enrique Correa, vínculo que tras las asesorías a Luksic cerró el círculo. Tras perder completamente el apoyo político en la Nueva Mayoría, el futuro de Insunza quedó sellado el primer fin de semana de junio. El domingo 8 anunció públicamente su renuncia, que fue aceptada por una presidenta en viaje.
En las últimas semanas y días, no sólo Insunza engrosó la lista de asesorías falsas o sospechosas. El senador UDI Jaime Orpis está a punto de recibir acusaciones formales de cohecho y soborno por haber recibido pagos de Corpesca, del grupo Angelini, en periodos que se votaba la Ley de Pesca, cuerpo legal que pescadores, organizaciones sociales y parlamentarios claman para que se derogue al haber sido aprobada de un modo espurio. Suma y sigue. La fundación Ciudadano Inteligente presentó en un juzgado de garantía una querella por delitos de cohecho contra el senador y presidente de la DC Jorge Pizarro y el ex vicepresidente de Renovación Nacional Claudio Eguiluz, formalizado también por la Fiscalía. Junto a ellos se agregan más boletas falsas del ex ministro y líder de la UDI Pablo Longueira, más precisiones y denuncias sobre los servicios prestados a Soquimich por empresas del ex presidente Sebastián Piñera y denuncias de la contratación, por el diputado DC René Saffirio, de su pareja para la realización de asesorías por un monto superior a los 53 millones de pesos. Si le añadimos la corrupción municipal -por contratos en la extracción de basura-, que también está saliendo a flote, la crisis penetra hasta los últimos rincones del sistema.
Ya se habla de crisis institucional. Lo esbozó en la edición pasada de PF el cientista político y director del CERC Carlos Huneeus y lo constata también la prensa. El Mostrador habla ya de la “demolición de las instituciones generada por su elite política y empresarial. Pérdida neta para todos los ciudadanos”. Pero también, agregamos nosotros, una oportunidad de cambio única.
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 830, 12 de junio, 2015