Ago 5 2012
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CulturaPolítica

Cultura y desarrollo en Chile

“No hay desarrollo sin cultura” advierte en tono de consigna el documento oficial del CNCA[1] con la Cuenta Pública de 2011.
“No podemos pensar en el desarrollo del país sin desarrollar la cultura”, insistió el Ministro Luciano Cruz Coke, al entregar ese balance del año. Y la mayoría, seguramente, estará de acuerdo con su afirmación.| ANA MARÁ FOXLEY R.*

 

Sin embargo, si tratamos de desmenuzar conceptualmente ese manifiesto surgirían, sin duda, variadas interpretaciones y más de algún disenso. Porque depende de cómo se entiendan los contenidos de “cultura”, “desarrollo”, “políticas culturales” o “industrias creativas”, para vislumbrar de qué se está hablando realmente y cuál es el modelo de desarrollo cultural subyacente.

 

En este artículo pretendo avanzar algo en este sentido, a partir de un somero análisis de los diferentes enfoques que han estado en juego en Chile desde que, en 1990, se comenzaran a trazar nuevas líneas respecto a los roles que deben jugar el Estado, el sector privado y la sociedad civil en esta materia.

 

Además de explicitar los puntos de vista que aplicaré para analizar la cultura, el desarrollo y las políticas públicas, daré algunos trazos de lo avanzado en Chile, a la luz de los hechos, y del marco teórico y analítico de investigadores y cientistas políticos y sociales.

 

Es interesante preguntarse si la creación de la nueva institucionalidad cultural y sus Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, consejos y fondos del Libro y la Lectura, del Audiovisual y de la Música; los programas de desarrollo de la infraestructura y de la gestión y administración cultural de los nuevos espacios; la descentralización y regionalización cultural; el sustantivo aumento del financiamiento público para la cultura, las artes y el patrimonio y los incentivos tributarios a las donaciones de la empresa privada, han significado o no la apertura en el país de una nueva matriz de políticas públicas en el campo cultural.

 

– ¿Es diferente lo que se ha construido en estos últimos 20 años a lo que existía en el periodo del “Estado de Bienestar” y al del “Estado autoritario-ultraliberal”? ¿Es un “camino propio” e intermedio entre la concepción de la cultura como un derecho individual y social y la que visualiza la cultura como un mero producto de la “libre” oferta y demanda del mercado? [2]

— ¿Prefiguran las políticas y programas aplicados a partir de los 90’, la emergencia de un nuevo paradigma?

– ¿Se ha dado un paso definitivo hacia la transformación de las “políticas culturales de Gobierno” (o de los sucesivos gobiernos) en una “Política Cultural de Estado” que garantice el derecho a la cultura y la autonomía e independencia de ésta respecto a los poderes políticos de turno?

– ¿Es suficiente y adecuada la nueva estructura institucional colegiada, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para diseñar una política pública estable, con la independencia necesaria respecto a los vaivenes gubernamentales y que responda a las demandas y necesidades culturales, con la misma voluntad y recursos que los que se disponen para las políticas de salud, de educación, de vivienda o de obras públicas?

– ¿Es válido reformular la idea de crear un Ministerio de Cultura, como lo ha explicitado el ministro actual, (en reemplazo del Consejo Nacional de la Cultura) que fusione las tareas de fomento de la creación artística, la producción de las industrias culturales, la participación y acceso de la población a la cultura, con las de resguardo, protección y difusión del patrimonio? ¿Garantizaría un ministerio una gestión democrática e independiente o sería sólo funcional a la idea de un mayor poder de negociación en una lucha, codo a codo, junto a los otros ministerios, por un presupuesto digno y una mayor legitimidad política al interior del Poder Ejecutivo?

– ¿Qué desafíos quedan pendientes en términos de resolver las ecuaciones libertad y equidad; tradición y modernidad; nacionalidad y globalización, identidad y diversidad; cultura y desarrollo?

 

Luego de algunos tanteos analíticos, concluiré trazando, a grandes líneas, los desafíos que —en una aproximación muy personal— el país enfrenta para su pleno desarrollo cultural.

 

Aclaraciones necesarias

 

“Cultura”, “desarrollo”, “políticas” e “industrias culturales” pueden describirse de muy diversos modos.

 

Si quisiéramos hablar en términos antropológicos y muy generales podríamos decir que cultura es todo lo que los humanos dejan como huella en la tierra, es decir, el modo de ser y el modo de hacer las cosas. O bien podríamos quedarnos con la definición de la UNESCO cuando habla de cultura como el “conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.[3]

 

La definición de cultura que comprende este artículo, se refiere esencialmente a la creación de obras artísticas, al resguardo y difusión de bienes patrimoniales, a la producción, la reproducción, la distribución y la comercialización de productos y procesos de las industrias culturales. En buenas cuentas al desarrollo de bienes simbólicos, relevando la participación de la comunidad en esos procesos.

 

Por otra parte, cuando hablamos de desarrollo no sólo nos referimos al producto geográfico bruto o al ingreso per capita; al bienestar material o al crecimiento económico. Hablamos de empleo, producción y recreación; participación y organización social; expresión creativa y espíritu innovador, crítico y creativo. Entendemos el desarrollo en estrecha relación con la búsqueda de sentidos para la vida, y como un medio de acceso al ámbito intelectual, afectivo y espiritual.

 

En este sentido la cultura no puede ser relegada a una mera función instrumental, que contribuye o bien entorpece el crecimiento y el desarrollo económico. No se reduce sólamente a ser un medio para alcanzar unos fines, sino que constituye la base social del desarrollo. La cultura tiene “un papel constructivo, constitutivo y creativo; hay que concebir el desarrollo en términos que incluya el crecimiento cultural”, dice la UNESCO.[4]

 

Ya desde la década del 90 las “cumbres” de desarrollo social, las reuniones de ministros de Cultura a nivel mundial y las celebradas por representantes de América Latina y diversos organismos culturales internacionales han venido insistiendo en la necesidad de establecer grandes orientaciones culturales, como base y fundamento del desarrollo social y de la calidad de vida de las personas.[5]

 

La necesidad de hacer indisoluble el desarrollo económico del desarrollo cultural; la importancia de facilitar el acceso equitativo a la educación y a una mejor vida física y mental; la relevancia de respetar y fomentar la diversidad, el patrimonio común y la creatividad; la urgencia de disminuir y de eliminar las injustas brechas e inequidades de distribución del ingreso, comenzaron entonces, paulatinamente, a figurar en la agenda de las políticas públicas de gran número de países. Con un objetivo claro: combatir la pobreza en todas sus dimensiones y fortalecer la participación y la integración social de los ciudadanos a la modernidad y a los beneficios de la globalización. Sin, por eso, perder una identidad cultural que, hoy por hoy, es cada vez más abierta y diversa, híbrida y cruzada por múltiples influencias, contactos, fusiones e intercambios.

 

Mercado, modernidad, participación

 

La gran meta, contenida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de las Naciones Unidas es suficientemente explícita y clara. No obstante, el problema está en cómo estimular ese desarrollo—con políticas, planes y programas concretos -, en comunidades sometidas a “las fuerzas del mercado que distribuyen desigualmente las oportunidades de vida; las fuerzas de la modernización que arrastran con velocidades desiguales a diversos grupos hacia la modernidad, y (…) las fuerzas de la globalización que presionan sobre las culturas nacional-locales empujándolas hacia un acentuado pluralismo de las formas de vida”.[6]

 

Evitando la tentación de posiciones extremas, optando en forma excluyente por el Estado o por el mercado, al hablar de cultura y desarrollo, en el marco de una democracia representativa, hablamos de un equilibrio entre la responsabilidad y el deber regulador y de fomento del Estado y lo que se deja sometido al laissez faire del mercado y al libre ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos. Ya nadie duda que, además del Estado y el mercado, la sociedad civil y los movimientos sociales y culturales deben jugar un papel importante de presión, control y orientación.

 

En este texto nos referimos a políticas públicas de cultura, sobre las cuales también hay diversas visiones. Seguiré al sociólogo argentino —radicado en México— Nestor García Canclini, cuando se refiere a ellas como el conjunto de “intervenciones realizadas por el Estado, con la participación de las instituciones públicas, el sector asociativo y el sector privado, con el fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener un consenso para un tipo de orden o de transformación social”. Y cuando advierte que no debe entenderse la política cultural sólo “como una administración rutinaria del patrimonio histórico; como un ordenamiento burocrático del aparato estatal dedicado al arte y la educación o como cronología de acciones de cada Gobierno”.[7]

 

Por su parte, la UNESCO indica que las políticas culturales, “ya se trate de proyectos concretos o de marcos reglamentarios apropiados” (…) “deben crear las condiciones para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados gracias a industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse en los planos local y mundial”.[8] De aquí se desprende que los principales efectos de la aplicación de políticas culturales democráticas, pueden manifestarse en “una liberación de las capacidades de expresión y de la creatividad de los individuos y en una participación social más activa”.[9]

 

¿Se ha cumplido con esas condiciones y se han producido esos efectos en Chile?

 

De acuerdo a la historia reciente, se puede concluir que se ha ido avanzando en ese sentido. La concreción de las políticas públicas supuso la elección de un momento político favorable para identificar los problemas, tomar las decisiones y aplicar la acción correspondiente. Requirió de múltiples consultas, negociaciones y comunicación con la ciudadanía, con las asociaciones y organismos de la comunidad.[10] Y, por lo tanto, implicó una cierta flexibilidad para que las políticas públicas puedan cambiar en el camino, ajustarse y redefinirse, desaparecer o reemerger, en la medida que se necesite, ya que “los actores, los problemas, las decisiones y las soluciones no son necesariamente estables” (en las acciones de política pública), porque son “instrumentos de las colectividades políticas para inducir, guiar, acelerar o frenar el cambio social” y no se limitan a la sola responsabilidad de los organismos públicos (legislativos, ejecutivos o judiciales), sino que involucran a “los grupos, individuos y agrupaciones no públicas, que participan activamente…”[11]

 

Uno de los fenómenos que hubo que considerar en Chile (como en cualquier otro país) al diseñar políticas culturales, es la heterogeneidad del ámbito cultural. Allí evolucionan juntos individuos y grupos que actúan, más cerca o más lejos del mercado; que trabajan con recursos básicos o con tecnologías de punta; que se desplazan en circuitos más comerciales o más informales y solidarios; que se centran en una búsqueda identitaria nacional o, al contrario, en temas y expresiones asociados a los circuitos internacionales del arte.

 

Desde otro ángulo, se podría decir que en ese mundo cultural interactúan tres circuitos: el mercado, compuesto básicamente de: industrias culturales que producen bienes de la cultura de masas y de la cultura docta, creaciones populares o creaciones de elite; empresas, corporaciones y fundaciones que realizan acción cultural como mecenas financieros o como auspiciadores o patrocinadores, y consumidores o públicos participantes, que adquieren y consumen productos culturales y que asisten a espectáculos artísticos; el sector comunitario o asociativo, que obedece más bien a criterios de solidaridad, pedagógicos o de participación colectiva y, el Estado que, por medio de instrumentos institucionales, difunde, promueve o financia la actividad artística e intenta lograr un acceso equitativo a la cultura; contribuir al desarrollo de la infraestructura y a la defensa y desarrollo del patrimonio, además de mantener y administrar servicios culturales de bien público.[12]

 

Se puede vislumbrar así, que los contenidos y las formas de las políticas culturales pueden ser controversiales. Implican, al mismo tiempo, una voluntad política para impulsar un desarrollo dinámico que incluye diseño, gestión, control y evaluación, encaminado a resultados y a soluciones eficaces y efectivas; un financiamiento público y/o privado; la existencia de mecanismos institucionales (organizaciones, legislación, normas reguladoras y de fomento); comunicación interna (entre ministerios y servicios, para coordinar las diversas políticas); concertación y comunicación externa (con la comunidad y con el sector privado) para informar, incentivar la participación y conocer demandas y necesidades.[13]

 

La elaboración y aplicación de políticas públicas en el campo cultural, así como su análisis y evaluación posterior dependen de la concepción—ideológica, ética y estética—que se tenga de la cultura y del desarrollo cultural en un momento político determinado. También de la orientación de las autoridades o del régimen a cargo de ejecutar esas políticas y de la situación social y económica en que esté inmersa la sociedad donde ellas se aplican. Como dice un analista, “las relaciones entre la cultura y la política se rigen por prácticas y por ideologías que ordenan, según las épocas, las representaciones sobre el papel del arte y de los artistas en la sociedad”.[14]

 

Hay autores que enmarcan el tema de las políticas culturales en términos de las relaciones existentes entre la cultura y el poder. Como lo hace el francés Jacques Rigaud. Este autor, al hablar de la historia de Francia, parece estar refiriéndose a Chile cuando dice que esta relación ha estado “hecha de desconfianza y de fascinación mutuas, alternadas o simultáneas” [15], según las diferentes épocas y regímenes.

 

De acuerdo a la visión de García Canclini, dentro de las sociedades latinoamericanas las políticas culturales deberían orientarse no sólo a fomentar la creación artística y preservar el patrimonio sino, especialmente, a ejercer una acción reguladora y de fomento de las industrias culturales. Esto, debido a que esas empresas son un vehículo de la cultura de masas, apropiado para fomentar la cohesión social y fortalecer la ciudadanía, la identidad y la diversidad en las grandes metrópolis multiculturales hoy globalizadas.[16] Afirma que “es en las industrias culturales y en los procesos de comunicación masiva donde se desenvuelven, en las últimas décadas, las principales actividades culturales, las que dan información y entretenimiento a las mayorías, las que influyen de modo más significativo en la economía de la sociedad y ofrecen mejores oportunidades de conocimiento recíproco e intercambio entre las naciones”.

 

Una manera de salir del falso dilema entre defender “lo propio” o “lo foráneo”, la identidad o la globalización, según este investigador, es que las políticas culturales se dirigan, prioritariamente, hacia las industrias culturales y de la comunicación. Insiste García Canclini: “En ellas se juegan las tensiones básicas entre lo nacional y lo global: por una parte, porque las industrias culturales favorecen la apertura de cada nación, la diversidad dentro de ella y la información recíproca con otras y, a la vez, (porque) están produciendo una concentración acelerada de los medios, la homogenización de sus contenidos y el acceso desigual y asimétrico a sus bienes y mensajes. La segunda tendencia (a lo global), se acentúa cuando la administración del espacio comunicacional queda exclusivamente en manos privadas y bajo estrategias mercantiles con poca regulación”.[17]

 

Otra aclaración necesaria: como industrias culturales o industrias creativas, que suelen ser un foco privilegiado de las políticas culturales, ubico a aquellas empresas que producen, reproducen o difunden bienes y servicios culturales según criterios industriales o comerciales; en serie o aplicando una estrategia de tipo económico. Se trata de “sectores que conjugan la creación, la producción y la comercialización de bienes y servicios cuya particularidad reside en la intangibilidad de sus contenidos de carácter cultural y que, generalmente, están protegidos por los derechos de autor”, según la UNESCO.

 

El signo principal de estas industrias es su dualidad cultural y económica, ya que agregan a las obras del espíritu una plusvalía de carácter económico. Pueden contribuir a la preservación y promoción de la diversidad cultural, así como a la democratización de la cultura, y son fuentes importantes de empleo y de creación de riquezas. Además, favorecen la creatividad, que es su materia prima fundamental y pueden, al mismo tiempo, innovar en los sistemas de producción y distribución de sus productos.[18]

 

Se incluye entre las industrias culturales, ya sean grandes, medianas o pequeñas, de producción de bienes o de servicios, las que se dedican a la producción y reproducción de obras creativas (editoras de libros, revistas, diarios, grabados, discos); las productoras de piezas artesanales; las empresas de diseño y publicidad; las productoras de espectáculos, y también aquellas que utilizan complejos procesos industriales o tecnológicos (cine, televisión, video, sofware, productos digitales, etc…)

 

Lo culto, lo popular, lo masivo

 

En la encrucijada actual de la globalización, frente a una realidad compleja y a unas demandas y necesidades múltiples de la población, ha sido necesario repensar el rol del Estado respecto a la sociedad. Específicamente, replantear las políticas culturales frente a los desafíos contemporáneos y los del país, que ahora se codea con naciones más desarrolladas, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 

Algunos investigadores, ponen el énfasis en la confrontación entre tradición y modernidad, enfatizando las relaciones que se pueden establecer entre la cultura de elites, la cultura popular y la cultura de masas. A juicio de García Canclini “hoy existe una visión más compleja sobre las relaciones entre tradición y modernidad” y sobre la interacción entre lo culto, lo popular y lo masivo. Explica que “…la modernización disminuye el papel de lo culto y lo popular (…) pero no lo suprime. En la actualidad el arte y el folclor, el saber académico y la cultura industrializada, se reubican bajo condiciones relativamente semejantes”. Esto significa, según Garcia Canclini, que lo culto y lo popular se fusiona o sintetiza en la cultura masiva y puede ser difundido por ella.[19]

 

En el mundo globalizado imperan revolucionarias tecnologías de la información, nuevos modos de producción, distribución y consumo, países cada vez más interdependientes, entre los cuales existe un flujo acelerado de productos industriales, servicios y bienes culturales, inversiones e ideas, a través de una “sociedad de redes”[20]. En esta nueva realidad las tecnologías de la información “le han quebrado la mano al tiempo, al espacio y a la geografía” dice Bernardo Subercaseaux, “generando lo que algunos llaman un mercado-mundo y otros, aldea global”.[21] Sin embargo, con la globalización se produce una paradoja: “crecen las brechas sociales y también las redes. Las sociedades se fragmentan, pero a la vez se enriquecen con la diversidad”.[22]

 

Por eso existe un mayor consenso hoy día en que es necesario crear instituciones que favorezcan la gobernabilidad e incentiven la inversión en capital humano y el desarrollo cultural en los países. Para posibilitar el perfeccionamiento de este capital humano y de la calidad de vida de la población y contribuir a reafirmar las identidades y a fomentar la diversidad, la cultura comienza a ser reconocida como un eje prioritario del desarrollo.

 

Democracia y globalización

Las políticas públicas son procesos vivos que responden a contextos históricos, sociales y políticos, complejos y en movimiento.

 

Al diseñar y aplicar políticas públicas, ya no sólo se trata de entender el fenómeno de globalización económica, sino también de otras dimensiones que se dan en el plano político, social y cultural. La globalización introduce una “brecha en el Estado y en las sociedades, al permitir comparar formas de vida y establecer comunicaciones transculturales, portadoras de imágenes, valores y contenidos que afectan las identidades, antes limitadas básicamente al ámbito nacional”.[23] La globalización también representa una oportunidad. Incentiva el encuentro y la interacción de distintas culturas locales e invita a participar en un proceso dialéctico en que los elementos contradictorios de “lo local” y “lo global” se entrelazan, produciendo tensiones y oportunidades en términos de homogeneidad y heterogeneidad cultural; multiculturalismo e interculturalismo; identidad y diversidad.

 

Y —como hemos visto en el último tiempo— provoca movimientos ciudadanos que reivindican derechos y exigen la satisfacción, no sólo de sus necesidades materiales sino también culturales y espirituales.

 

Es significativo el grito de alerta que hizo en estos últimos dos años, Stephan Hessel el más activo y lúcido. Acompañando este proceso de protesta y de propuesta ciudadana y motivando a la reflexión y a la organización, Hessel primero clamó con un:“Indígnate”[24], mucho antes que jóvenes, mujeres, estudiantes, inmigrantes o desempleados, “los indignados” , salieran a las calles de los países árabes, de Estados Unidos, de Chile y de otras naciones latinoamericanas. El intelectual, quien fue uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, advirtió después en otro libro-manifiesto: “Comprométete: Ya no basta con indignarse” [25]. Allí hace “una incitación a movilizarse y a comprometerse personalmente en la vida ciudadana y en las luchas de nuestro tiempo”, y a un “compromiso cívico para defender “los valores de la República y de la democracia” y luchar contra lo que denomina el ‘escándalo mayor’: “las desigualdades sociales, la yuxtaposición de la extrema riqueza y la extrema pobreza en un planeta interconectado”.

 

En Chile, el movimiento estudiantil y ciudadano ha actuado en sincronía con esta convocatoria y con los aires de los “indignados” y “comprometidos” del mundo globalizado. Mientras, en el campo cultural también ha existido un debate —a ratos, público y a ratos más subterráneo— sobre el desarrollo cultural que se quiere para el país.

 

Opciones legítimas, no recetas

 

Una década—a partir de 2003—quizá no sea suficiente para urdir la trama del tejido cultural elaborado en el país y evaluar su envergadura. Por el momento sólo se puede avanzar dando algunas puntadas analíticas y comparando lo que ha ocurrido en Chile, con el proceso cultural en otras latitudes.

 

No suele haber consenso en los países sobre la responsabilidad mayor o menor que tiene el Estado con respecto al sector privado en este ámbito. Las políticas culturales son, constantemente, puestas en tela de juicio, en parte porque su diseño y aplicación dependen de variables ideológicas y políticas, y del periodo histórico que se esté viviendo. No existe un modelo de políticas culturales único e inmutable, válido para todos los territorios e identidades. Hay naciones donde la tradición y las costumbres han ido conformando un consenso sobre lo que deben, o no, ser las políticas culturales públicas y las estrategias e intervenciones privadas. Así ocurre en Estados Unidos o en Francia, que han llegado a instalarse como casos paradigmáticos, aunque sometidos a permanente revisión y crítica.

 

La puesta en práctica de una política activa en materia cultural, bajo la tutela del Estado, en Francia, forma parte de una vieja historia, desde el mecenazgo real en adelante, tradición que fue revitalizada a partir del la segunda Guerra Mundial. El relato de un investigador puede sonarnos a algo conocido: “La Liberación fue el fin del terror y de la opresión; el retorno a un régimen liberal de expresión (…) Es también un periodo donde se reafirman las grandes ambiciones para la cultura: impedir el retorno a la barbarie y reconciliar a los franceses entre ellos”. [26] En sucesivas aproximaciones, desde el fin de la Guerra, el Estado francés toma la iniciativa y aplica diversas medidas de fomento cultural, especialmente del cine, del teatro y de “las Artes y las Letras”.

 

Años después, a partir de la creación del “Ministerio de Asuntos Culturales” en 1959 [27], por el intelectual André Malraux, se puede decir que comienzan a aplicarse políticas culturales hechas y derechas en Francia. Es en la “etapa Malraux”, donde la doctrina de la “democratización cultural” o de “popularización de la alta cultura” surge en gloria y esplendor. La motiva la idea de que la cultura no puede seguir estando reservada para las elites: “deben volverse accesible las obras capitales de la humanidad, (…) a la más amplia mayoría de franceses, asegurar la más vasta audiencia para nuestro patrimonio cultural y favorecer la creación de obras de arte y del espíritu…”

 

De allí se desprende la necesidad de una “acción cultural” desacralizadora, a través de comités regionales; de dotación de equipamiento a los territorios del país y de una descentralización cultural progresiva, cuyo baluarte—en ese tiempo—fueron las “casas de la cultura”. Luego viene un periodo de “continuidad y cambio”, en que se suceden muchos ministros, y se establecen ciertos parámetros de una “política cultural” más estable, desde el Estado central y en articulación con lo que desarrollan los municipios de las ciudades.

 

En los 80 y 90, en la época del ministro Jacques Lang, se complejiza la mirada en relación al arte, la cultura y la política. Se establece como misión la de “permitir a todos los franceses cultivar sus capacidades de inventar y crear; expresar libremente sus talentos y recibir la formación artística de su elección; preservar el patrimonio cultural regional y de los diversos grupos sociales, para el provecho común de la colectividad entera; favorecer la creación de obras de arte y del espíritu y darles la más vasta audiencia, y contribuir al brillo de la cultura y del arte francés en el libre diálogo de las culturas del mundo”.[28]

 

Dicho de otro modo, se pasa en ese periodo, desde la “democratización cultural” a la “democracia cultural” y, desde el concepto de “unidad de la cultura” al de “pluralidad de las culturas”. Se consigue también un paso muy codiciado: subir el presupuesto de la cultura a un uno por ciento del gasto estatal.

 

“Economía y cultura, un mismo combate”, proclama Lang en la Conferencia de Ministros de Cultura organizado por UNESCO, en México, en 1982. Agrega, con esto un énfasis en las industrias culturales lo que “permite asociar la lucha por el empleo (…) y la defensa de la identidad francesa, amenazada por la cultura de masas a la americana”. Deja muy en claro, eso sí, que aunque “los bienes culturales tengan un componente económico, estos no son mercancías como las otras”.[29]

 

Es así cómo se comienza a hablar de la “excepción cultural francesa” y, a la inversión en cultura, del Estado y de los municipios, se suman con fuerza los otros estamentos regionales y departamentales. Esto deriva en los años 90’ en políticas culturales orientadas a una lucha contra las exclusiones y contra la “fractura social”, en pro de una “rehabilitación por medio de la cultura” de los grupos marginales e inmigrantes y de los jóvenes de las poblaciones, y en pro de una “regeneración de los lazos sociales”.[30] Pero en años posteriores, este periodo comienza a ser criticado por confundir “Shakespeare con un par de botas”, es decir por dar a entender que “todo es cultural”.

 

El debate sobre el “modelo cultural francés”, es continuamente redefinido en función de las mutaciones del paisaje político, económico, social y tecnológico en el cual está inserto”, dice Martin Laurent.[31] En una mirada retrospectiva este investigador del Instituto de Ciencias Políticas de París, interpreta la situación actual como una cierta crisis de legitimidad y de eficacia del sistema cultural francés. Lo que lo hace afirmar: “La paradoja es que, si bien este modelo continua gozando de una gran reputación en el extranjero, hoy día está bastante desacreditado y condenado en Francia”.

 

Si nos vamos a Estados Unidos, a observar el “modelo norteamericano”, vemos que el hecho de que no exista un Ministerio de Cultura no necesariamente significa que ésta esté entregada al mercado salvaje. Porque “más allá del rol principal de las industrias culturales, la vitalidad mayor de la cultura americana (…) reposa antes que nada en la iniciativa de los ciudadanos, a través de las donaciones y del voluntariado, y de las intervenciones de instituciones sin fines de lucro (que constituyen lo esencial del tejido de museos, orquestas sinfónicas, compañías de danza y teatro, en una dinámica que favorece la vía tributaria”.[32]

 

La pregunta clave que se responde por sí sola es si se necesita una política cultural pública cuando se poseen las industrias de la cultura y de la comunicación más poderosas del planeta; cuando las instituciones universitarias proponen producciones artísticas de vanguardia; y cuando filántropos iluminados y responsables (…) financian espléndidos equipamientos. Es que, si hablamos de políticas, financiamiento y gestión de la cultura, en EEUU, el aporte principal—casi un 85 %—lo hace el sector privado y, dentro de él, principalmente las personas naturales (75%); las fundaciones (10%) y las empresas (5%). Los pilares del desarrollo de las instituciones culturales se sustentan en el fundraising (recolección de fondos) privada y sólo una pequeña porción en el Estado, a través del Fondo Nacional de las Artes; los estados federales y las colectividades locales que aportan el resto (alrededor del 15%).[33]

 

Podríamos extrapolar este análisis a la situación chilena de los años 90’ y posteriores. Un país, confrontado a una encrucijada de múltiples desafíos y competencias, que buscó una modalidad mixta, apropiándose de algunos elementos del “modelo francés” y de otros tomados del “modelo norteamericano”.[34]

 

De las políticas de gobierno a una “Política de Estado”

 

Chile recorrió un largo periplo desde su constitución como Estado-Nación independiente a principios del siglo XIX. Fue a lo largo del siglo XX que los chilenos pudieron acceder, de manera progresiva, a los beneficios y garantías individuales y sociales y a ejercer sus derechos como ciudadanos dentro de un Estado de Derecho. Durante un siglo, el “Estado de Bienestar” cumplió su tarea —principalmente a través de las universidades e instituciones de resguardo del patrimonio —, haciendo posible la integración de las grandes mayorías a la vida social y cultural. Así fue cómo, en los periodos de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende, la política de Estado en el terreno cultural fluctuó desde la “democratización cultural” a la “democracia cultural”.

 

Con la toma del poder por las Fuerzas Armadas, en 1973, se interrumpió este proceso, develando una profunda fractura que se había instalado en el seno de la sociedad chilena en relación a las maneras de concebir la política, la democracia y el cambio social. En la dictadura se pasó, entonces, de un “Estado de Bienestar” a un “Estado autoritario” con una política oscilante entre el “garrote y la zanahoria”, una época en que la represión política fue combinada con reformas económicas ultraliberales que prometían la riqueza y el bienestar para todos los chilenos.

 

En sus inicios, este proceso tuvo que sobrepasar, por una parte la etapa de la censura, el control y la represión de la dictadura y, por otra, enfrentarse y adecuarse a las oportunidades y desafíos derivados de las reformas estructurales en el marco de la globalización. En esa época, todo lo que los artistas y productores culturales gozaron, en términos de apertura al mundo y a la modernización tecnológica, lo sufrieron en libertad de expresión y creación, sometidos a una estrecha vigilancia y persecución.

 

Sin embargo, a contracorriente, la cultura chilena pudo sobrevivir a estas fuerzas opuestas y mantenerse, en cierta forma, como “vigía de la tribu” y como la “voz de los que no tienen voz”, hasta el retorno a la democracia. Así lo demuestran numerosas creaciones artísticas y obras del dominio de la investigación y de la producción intelectual de entonces.

 

Posteriormente a esa época oscura, los gobiernos de la “Concertación de Partidos por la Democracia” y la actual “Alianza” gobernante, se han empeñado—con más o menos matices—en aplicar políticas que contribuyan a una nueva relación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, con un agenda social y una agenda económica específicas.

 

A partir de los 90’, lo más urgente fue la reconstrucción democrática de las instituciones culturales y la elaboración y puesta en práctica de políticas y programas culturales consistentes con el proceso de transición. Se intentó combinar la democratización social y política del país, con la aplicación de una política económica neoliberal y de mercado, generándose así lo que algunos llaman “liberalismo progresista”.[35]

 

En el plano del arte, de las industrias culturales y del resguardo y desarrollo del patrimonio, en más de 20 años se pusieron en pie políticas culturales consagradas a la creación artística y cultural y a la democratización del acceso al consumo y goce de los productos culturales. Han ido aumentando, así, los espacios y oportunidades de expresión y de participación de la población chilena y se han puesto en funcionamiento algunos mecanismos reguladores del mercado y de la acción de las empresas privadas.

 

La “nueva institucionalidad cultural”, como se la ha llamado, vino a poner un cierto orden orgánico en una compleja, dispersa y heterogénea estructura legal y administrativa que existía en este ámbito. Ni más ni menos. Con la creación del Consejo y del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, quedó consagrada legalmente la unión entre organismos que, hasta esa fecha, se habían preocupado de la cultura, en forma paralela, y con recursos muy desiguales.

 

Como se sabe, la exDivisión de Cultura del Ministerio de Educación y el exDepartamento de Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno se fusionaron y fueron absorbidos por el CNCA. Se creó el Consejo y Fondo Nacional del Libro y la Lectura más el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, que vino a reemplazar legalmente también, al antiguo Fondart. Luego se adosaron el Consejo y Fondo Nacional de la Música y el Consejo y Fondo Nacional de Fomento del Arte y la Industria Audiovisual, en virtud de leyes específicas sobre el desarrollo de dichas áreas. Se aplicó la Ley de Donaciones Culturales, parte de la reforma tributaria del Gobierno de Patricio Aylwin, que otorga incentivos a la empresa privada para las donaciones con fines culturales a instituciones sin fines de lucro, pasando también a depender del Consejo, el Comité de Donaciones con Fines Culturales.[36]

 

Así es cómo, los órganos relacionados con la expresión artística y con las industrias culturales hoy por hoy, están unidos bajo un mismo techo, en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Muchos reconocen que esta fórmula quedó trunca ya que no resolvió el paralelismo que – naturalmente – se produce entre las acciones del CNCA y las del Ministerio de Educación y sus órganos patrimoniales: la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Aunque el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene, por mandato legal, la responsabilidad de trabajar coordinadamente con esas instituciones, en la práctica de la real politik, la coordinación se hace farragosa por la dificultad en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas.

 

Chile: modelo híbrido

 

Actualmente, existen unos canales de participación regulados—a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, sus Consejos Regionales y sus Comités Consultivos en cada una de las quince regiones del país—en los que los miembros del Estado y de la sociedad civil están encomendados para representar las demandas y necesidades de la comunidad, de los artistas, los productores, los intelectuales, los pobladores. Estos, a través de los consejeros y de los consultores elegidos, al menos virtualmente pueden hacerse oir, reivindicar sus derechos, proponer acciones, y asumir también deberes y obligaciones. El sistema instalado no exento de críticas, titubeos y confusiones, da para discusiones y propuestas diversas.

 

Pero, por lo visto y vivido hasta el momento, el hecho de contar con un más coherente organigrama estatal en esta materia y con las medidas que se han adoptado en estos años, ha sido un gran logro que permite poner a la cultura en un lugar de privilegio. Aunque esto, en ningún caso, constituye una panacea que, por arte de birlibirloque, provoque el desarrollo cultural del país.

 

La opción chilena por un Consejo de la Cultura y las Artes colegiado y participativo, fue eso: una opción, tan válida como pudo ser otra. Lo cierto es que ha significado el despliegue de instrumentos de fomento de la producción, la participación y el consumo cultural, y del respeto y fomento de nuestra diversidad creativa y de nuestros bienes patrimoniales, desde una perspectiva mixta (público-privada) de desarrollo cultural.

 

Lo importante de relevar es si esta estructura garantiza o no la participación de la ciudadanía en sus orientaciones.
Sin entrar a evaluar con cifras o datos puntuales la creación, el consumo y el acceso a la cultura, la ampliación o recuperación de espacios e infraestructura, el financiamiento o la descentralización, podemos afirmar que, en más de 20 años, en Chile se ha avanzado exponencialmente respecto a lo que existía con anterioridad.[37]

 

Con el cambio de Gobierno que pasó de manos de la Concertación a manos de la Alianza, las orientaciones de desarrollo cultural no han registrado cambios dramáticos. En parte, esto se debe a la visión equilibrada del actual Ministro y, en parte, a la estructura y la forma de operar del directorio del CNCA, con relevo parcial de sus componentes cada cinco años, lo que redunda en una mayor independencia e imparcialidad frente a los poderes del Gobierno de turno. Esto permite darle al proceso un ritmo de continuidad y cambio, operando en el marco del modelo de desarrollo por el que Chile optó: un sistema político que intenta articular la democracia representativa con un sistema económico neoliberal, en el marco de la globalización.
 

 

Esta orientación se puede comprender plenamente cuando se revisa la Cuenta Pública de 2011 con sus seis ejes de fomento a las industrias creativas y áreas artísticas [38]; fomento de los públicos, educación y promoción social[39]; infraestructura y gestión[40]; modernización institucional; desarrollo regional e internacionzalización cultural. Se confirma también al analizar las líneas de acción de la segunda etapa de la Política Cultural, diseñada para el periodo 2011 – 2016, con la participación de los integrantes del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Se destacan allí algunas líneas de acción que potencian y le dan continuidad a lo que ya se venía ejecutando hace casi una década:

 

– Fortalecimiento de la creación artístico-cultural
– Visibilización y fomento de las industrias culturales como motor de desarrollo
– Promoción del acceso y la participación de la comunidad en iniciativas artístico—culturales; formación de hábitos de consumo; promoción social y fortalecimiento de las organizaciones culturales
– Ampliación de la red de infraestructura y gestión y refuerzo del desarrollo cultural regional
– Resguardo del patrimonio cultural material y puesta en valor del patrimonio inmaterial
– Internacionalización de la cultura nacional. [41]

 

Sin embargo, en el camino de desarrollo cultural predefinido, la piedra en el zapato sigue siendo el tema del patrimonio. No hay consenso respecto a cómo lograr una mayor articulación institucional entre las políticas y programas que se refieren a las artes y aquellas destinadas al patrimonio cultural material e inmaterial.
 

 

Un proyecto de Ley, enviado el 18 de mayo de 2008 al Congreso Nacional, por decisión de una “Comisión de Institucionalidad Patrimonial”, propuso la creación de un Instituto del Patrimonio que operaría como un servicio público, desconcentrado y descentralizado, con un Consejo presidido por el ministro del CNCA e integrado por los ministros de Educación, de Defensa Nacional, de Bienes Nacionales, de Vivienda y Urbanismo, el director de la CONADI y cinco personalidades especializadas en esta área. Pero, posteriormente, la discusión de este proyecto quedó paralizada en la Cámara de Diputados.

 

El nuevo Gobierno –a través del ministro Luciano Cruz Coke– volvió a una idea que había quedado desechada en 2003, de fusionar en un ministerio todas las instancias de artes, industrias culturales y patrimonio material e inmaterial. La propuesta, que está comenzando a reavivar la discusión, quedó registrada en un Acta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología del Senado, del 17 de enero pasado.
 

 

En esa sesión, ante una consulta del senador Ignacio Walker al ministro Cruz Coke, éste afirmó que se está desarrollando una propuesta legislativa, por parte del Ejecutivo, que busca unir bajo una misma figura a las artes y el patrimonio. El Acta transcribe el pensamiento del ministro cuando argumenta que la carencia de esta institución unificada, genera duplicidades en el área del patrimonio, en el CNCA, la DIBAM, y los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, Educación y Relaciones Exteriores.

 

Su enfoque va a que “esta duplicidad de esfuerzos y recursos debe ser mejorada sin mermar los mecanismos participativos de la institucionalidad cultural” (…) “permitiendo que el CNCA, logre tener tuición sobre todos los órganos del Estado que obran sobre la cultura”. [42] En buenas cuentas, lo que está en tabla en el Gobierno es la creación de un Ministerio de Cultura y Patrimonio. Curiosamente, esta tendencia no sólo contradice lo resuelto en los gobiernos de la Concertación, sino que en vez de alivianar la estructura del Ejecutivo, como sería esperable en un gobierno de derecha, fortalece y centraliza la acción estatal.

 

El asunto aún no está zanjado ya que la decisión final involucra aspectos políticos, financieros y administrativos potencialmente conflictivos, en relación a los ámbitos de acción y los rangos de influencia públicos y privados. En todo caso, dos nuevos consejeros del CNCA recientemente asumidos,[43] ya dieron la pauta de lo que serán las argumentaciones a favor y en contra. Mientras el gerente de una empresa editora, Pablo Dittborn, se volcó a apoyar a la mayoría del Consejo del CNCA que está por “mantener los órganos participativos” actuales, su colega, el director del Museo de Arte Precolombino, Carlos Aldunate, destacó el “desamparo existente”, fruto de la decisión de los legisladores de la época de dejar la totalidad del patrimonio en el ministerio de Educación. Por eso, “aseveró que el patrimonio debe quedar dentro del CNCA”, por medio de una reforma a la Ley, ya que “han transcurrido muchos años desde la puesta en marcha del CNCA, lo que lo hace tener la madurez necesaria para asumir esa labor”.[44]

 

Conclusiones parciales

 

En Chile, la voluntad política de abordar el tema cultural en forma consistente, se ha manifestado a ratos con el método de la “prueba y el error”, con algunos titubeos y con la aplicación – a veces oscilante—de diferentes instrumentos jurídicos, financieros y administrativos. Estas intervenciones se han ido haciendo de lo particular a lo general, de acuerdo a las necesidades, demandas y reivindicaciones del mundo de los creadores y productores culturales. Esta forma ha tenido, por cierto, ventajas y desventajas. Entre las ventajas está el hecho de que han podido participar en el debate y las propuestas, representantes de distintos sectores de la ciudadanía, dando a conocer su opinión a través de canales institucionales, como son el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o, incluso en las comisiones especializadas del propio Congreso Nacional cuando se ha tratado del estudio de un proyecto de ley. Entre las desventajas, ha existido la tentación de una cierta improvisación y, en oportunidades, a ceder a las presiones de lo urgente (activismo cultural con fines de corto plazo), dejando en segundo plano lo importante (políticas y programas culturales cuyos resultados son de mediano y largo plazo).

 

En todo caso, el Gobierno de la Alianza, con más o menos matices, se ha mantenido fiel a los principios de libertad y diversidad, sin romper la línea estratégica trazada por la Concertación. Se ha podido observar un profundo cambio en los referentes que sostenían la acción del Estado hasta 1990. Sobre todo en dos aspectos: el fomento de la participación en la definición de políticas culturales y las nuevas formas de financiamiento y gestión que presuponen un tratamiento de “mercado asistido”, con apoyos especiales a través de fondos concursables y subsidios directos en áreas sensibles.

 

Desde luego, en el diseño del proyecto de Ley para la creación del CNCA, se usó un método democrático y participativo, a través de comisiones de estudio, pluripartidistas, [45] creadas en el Gobierno de Patricio Aylwin y luego, en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Es decir, en vez de imponer un criterio gubernamental en que las elites de poder deciden, a nombre de la población, el escenario creado permitió un amplio debate de ideas y de propuestas.

 

Por otra parte, si observamos la política de financiamiento cultural aplicada hasta la fecha, podemos comprobar también que está en curso una nueva lógica donde se intenta articular el funcionamiento del mercado cultural con una acción eficiente del Estado y construir lazos más fuertes entre el sector público, el sector privado y las agrupaciones de la sociedad civil en la elaboración, financiamiento y gestión de las políticas culturales.

 

En definitiva, el establecimiento del CNCA, un organismo de rango ministerial, descentralizado y desconcentrado en el que, junto a las autoridades de Gobierno, participan en su Directorio y en su Consejo Consultivo representantes de la sociedad civil y de los ministerios directamente involucrados en este ámbito (Ministerio de Educación y Ministerio de Relaciones Exteriores), constituye un acierto en cuanto a modernizar y democratizar el concepto de políticas públicas, quedando el Estado solo como facilitador o promotor, y determinando que éstas pueden y deben diseñarse, ejecutarse y evaluarse con la participación de la comunidad.

 

La institución, largamente gestada, tiene también el valor de entregar una doble señal. Por un lado cerró una etapa, que se podría llamar de “políticas culturales de Gobierno” y, por otra, prefiguró lo que podrían ser los fundamentos de una “política cultural de Estado”, que sólo el tiempo dirá si se cumple cabalmente. Una tal política puede tener estabilidad sólo en la medida en que se logre mantener cierto consenso, logrado en estos años entre los representantes del Estado, los artistas y los productores culturales; las elites políticas y los intelectuales; los empresarios privados; los agentes culturales de comunas y regiones, y los integrantes de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil de variados signos.

 

Ya nadie pone en duda que la política cultural de Estado tenga un sustento sólido en la participación de la comunidad, de los empresarios y de los “ciudadanos culturales”. Es decir, de las personas y grupos en tanto creadores, gestores, financistas, espectadores, consumidores; en tanto sujetos del desarrollo cultural. El asunto es cómo lograrlo y cómo conseguir que los gobiernos, de cualquier signo que sean, manifiesten su voluntad política y tomen resguardos para que lo que figura en los textos legales se haga carne y se proyecte en el tiempo.

 

Se ha llegado a acuerdos básicos como por ejemplo: que el el rol del Ejecutivo está en impulsar políticas y programas de desarrollo que posibiliten el acceso y la participación de las mayorías en la cultura, con igualdad de oportunidades; que el Congreso debe proponer, analizar y aprobar leyes y normas de regulación y fomento, y que el Poder Judicial tiene que resguardar el cumplimiento de las normas y sancionar y castigar los delitos que atentan contra la producción, la interpretación, la distribución o la reproducción de obras artísticas y culturales. Pero son los artistas y productores, las organizaciones culturales de la sociedad civil y las industrias que producen bienes culturales los que tienen un rol protagónico en cuanto a contenidos. Mientras, las empresas privadas asumen parte de un financiamiento compartido, con el Estado y el público ( o los públicos) integrantes de la comunidad.

 

Un avance muy importante en el sentido de abrir las oportunidades de participación directa de la población se dio con la promulgación de la Ley 20.500, sobre “Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”. Publicada en febrero de 2011, fija nuevos derechos de asociación y crea un registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro; facilita la constitución de corporaciones, fundaciones y asociaciones; les entrega el status de organizaciones de interés público; considera un fondo al que pueden acceder bajo condiciones de transparencia e igualdad, y establece normas sobre el voluntariado.

 

Lo relevante es que la Ley indica que “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”. Advierte también que la Administración Pública debe garantizar este derecho, a través de canales adecuados, entregar “información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible”, además de dar una “cuenta pública participativa a la ciudadanía, de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria”.
En consecuencia, no sólo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, como órgano colegiado, debe garantizar ahora la participación ciudadana, sino todos los organismos públicos están compelidos a establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, conformados “de manera diversa, representativa y pluralista”.

 

Proyecciones y desafíos

Luego de este recorrido y antes de abordar los retos del futuro, nos sumamos a las reflexiones del académico Bernardo Subercaseaux en su interesante Historia de las ideas y de la cultura en Chile cuando afirma: “Desde la imagen del mercado-mundo, se escenifica el presente como un ‘ahora’ que podría conducir al ‘crecimiento económico’, a la utopía del ‘yo’ autosuficiente y a un ‘mañana moderno’, un ‘mañana’ que también acarrea altas cuotas de incertidumbre respecto al sentido de la vida o al resguardo de la identidad cultural, o a la posibilidad de enfrentar con éxito la inequidad y la distribución desigual del ingreso”. Y cuando advierte sobre: “un tiempo global que se presume compartido por todo el mundo, una post-hegemonía en que desempeñan un rol preponderante la tecnología, el mercado y la convergencia de lo audiovisual con la política y la cultura”.

 

No podemos dejar de inquietarnos con sus preguntas finales: “¿Cuál será la próxima vivencia del tiempo colectivo en Chile, en América Latina y en el mundo? ¿Qué vendrá después? (…)¿Hacia dónde nos llevará el cambio epocal que estamos viviendo? (…) ¿superaremos los efectos perversos de la modernización globalizada?”[46]

 

No hay respuestas concluyentes, por el momento. Sólo nos queda ponernos en estado de alerta y enfrentar el futuro con cautela y lucidez crítica. La última palabra la dará la historia, en la medida en que se vayan construyendo indicadores, enriqueciendo las estadísticas y haciendo evaluaciones sobre los efectos cuantitativos y cualitativos y sobre el impacto en la comunidad, del modelo cultural actualmente en curso.

 

Lograr un desarrollo cultural más profundo y equitativo en Chile va a depender de muchos factores. Por cierto de lo que ocurra en el mundo. Pero, a nivel nacional, dependerá de las decisiones que se tomen para resolver las contradicciones internas entre las visiones más conservadoras y las más liberales dentro del Gobierno actual, de derecha, y también dentro de la Oposición. Estará sujeta también a los efectos de las acciones que emprendan los diversos sectores políticos y a la calidad que tenga la participación de la sociedad civil, en el sentido de reflejar la diversidad de ideologías y visiones de mundo que conviven en democracia.

 

Sin embargo, a casi una década de instalada la nueva institucionalidad cultural, y revisando los logros y dificultades de las políticas culturales en aplicación, podemos verbalizar algunos desafíos.

 

El primero: que en el país se logre visualizar y vivir la cultura como cimiento y pilar del desarrollo y no como un apéndice distractivo o complementario.

 

Y, aunque parezcan idealizaciones o utopías, (en un tiempo en que éstas van de baja), podemos trazar algunas otras metas de un desarrollo cultural comprehensivo para Chile. Entre otras:
– Integrar la “democratización cultural”—donde predomina la extensión y difusión— con la “democracia cultural”—donde predomina la participación.
– Entender que la cultura, en su dimensión económica, comercial y laboral, entrega riqueza y contribuye al crecimiento del país.
– Reforzar la nueva relación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil en la elaboración, gestión y evaluación de las políticas culturales: perfeccionando y profundizando los canales institucionales de participación de la comunidad en las decisiones y promoviendo un mayor aporte de las empresas al desarrollo artístico, cultural y patrimonial.
– Fortalecer programas de educación (y de educación artística), que fomenten la creación y el acceso a los bienes culturales de la población, y un protagonismo mayor de las etnias, las mujeres y los jóvenes, con un enfoque multisectorial, multidisciplinario y multicultural.
– Impulsar a las regiones y comunas para que acrecienten su acción como motores de desarrollo cultural, creando sinergias entre ellas para fortalecer la acción y aumentar la eficacia y eficiencia.
– Diseñar políticas culturales, con una visión transversal e interdisciplinaria, en mayor coordinación y articulación con las políticas educacionales, económicas, de fomento, de desarrollo social, de obras públicas y planificación urbana, de turismo, de relaciones exteriores, etc.
– Enfatizar la coherencia y articulación entre el diseño, la ejecución y la evaluación posterior de las políticas aplicadas.
– Impulsar y hacer cumplir las recomendaciones y normas regulatorias que Chile, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO, ha aprobado y ratificado. Como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972); la Declaración Universal de Diversidad Cultural (2001); la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) o la Convención de Protección y Fomento de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005).
– Reforzar el proceso de integración de los empresarios al modelo de desarrollo, promoviendo campañas de solidaridad y compromiso por causas socio-culturales y de defensa, protección y difusión del patrimonio nacional, con el fin de que estos puedan trascender sus propios intereses y beneficios en la búsqueda del bien común y de la calidad de vida de la población.
– Reflexionar sobre la cultura en el marco nacional—de estabilidad política y de crecimiento económico—y en un contexto internacional — de mayor intercambio e interdependencia entre las naciones.

 

En definitiva, se debería ampliar y profundizar el camino trazado y fortalecer un Estado que no realice directamente la acción cultural sino que la motive. Un Estado que se oriente a la comunidad, aumentando las facultades y los derechos de los agentes privados de la cultura, pero no reemplazándolos. Un Estado que no controle a los ciudadanos, pero que los invite a organizarse en la búsqueda de solución a sus problemas y necesidades. Un Estado que sea capaz de prevenir los problemas y planificar las acciones, basado en estudios y pronósticos, y con útiles adecuados. Un Estado descentralizado, que perfeccione un sistema participativo a nivel comunal, provincial y regional.

 

Es deseable que el país se oriente a un desarrollo sustentable, con una sociedad más integrada, en la cual todos los grupos puedan ser actores y beneficiarios de la modernización y de los bienes que se producen en el campo cultural y resguarden los recursos del patrimonio natural. Un país que cimente las políticas culturales en la descentralización y el refuerzo de las organizaciones sociales e incentive una redistribución profunda las funciones y responsabilidades asignadas al Estado y a la sociedad civil.

 

Un Estado con normas de regulación y de fomento justas y equitativas; que incentive la innovación, la creatividad, y la productividad, y unos ciudadanos con mayor conciencia colectiva de sus derechos y de sus responsabilidades, de su identidad y de la necesidad de respetar la diversidad y de buscar una mayor solidaridad y justicia social y cultural.

 

Así se podría contribuir a un pleno desarrollo humano y a tejer una más compacta y solidaria trama en la sociedad chilena.

 

En otras palabras: creo que para alcanzar un desarrollo pleno, nos queda un desafío profundo y de largo aliento: el de “democratizar la democracia, también en el ámbito cultural”.

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Notas
[1] Consejo Nacnal de Cultura y Artes.
[2] Foxley, Ana María: Les politiques culturelles au Chili 1990-2002: Une nouvelle relation entre l’État, la societé et le marché?  Tesis para el Master. La Sorbonne.  France. 2002.
[3] Definición de acuerdo a conclusiones de: Conferencia Mundial sobre las Politicas Culturales (Mexico, 1982); Comision Mundial “Cultura y Desarrollo” (“Nuestra diversidad creativa”, 1996) y Conferencia Intergubernamental sobre Politicas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998).
[4] “Nuestra diversidad creativa”: documento de la “Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo” de Unesco. 1995.
[5] Ver especialmente: “Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo”, 1995 y  “Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo”, Estocolmo, 1998.
[6] Brunner, José Joaquín: “Un modelo para armar: impresiones culturales del Chile actual”. Edición Especial N° 21 de Revista CULTURA: “América en la encrucijada cultural”. Ed. Secretaría de Comunicación y Cultura, 1998.
[7] García Canclini, N : « Políticas culturales y crisis de desarrollo». En: “Politicas culturales en America Latina”. Ed. Grijalbo, 1987.
[8] “Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural”. 2001.
[9]  Saez, Guy: “Les politiques de la culture”, en “Traité de Science Politique” de Grawitz, M y Leca, J . Ed. P.U.F., 1985
[10] Thoenig, Jean Claude: “L’analyse des politiques culturelles”, en Traité de Science Politique de Grawitz, M. y Leca, J. Edit PUF. (1985)
[11] Thoenig, J.C. op.cit
[12] Brunner, José Joaquín : « La cultura como producción de la sociedad ». Conferencia en la Universidad de Concepción.  Chile, 1997.
[13] Lahera, E.:”Políticas públicas, un enfoque integral”, en “Cómo mejorar la gestión pública”. Ed. Cieplan-Flacso. 1993.
[14]  Saez, Guy: “Les politiques…”op cit
[15] Rigaud, Jacques : « L’exception culturelle. Culture et pouvoirs sous la Vème. République” »Ed. Grasset, 1995.
[16] García Canclini, N: “Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalización”. Ed. Grijalbo, 1995.
[17] García Canclini, Néstor: “Políticas culturales: de las identidades nacionales al espacio latinoamericano”. En: “Las industrias culturales en la integración latinoamericana”. N. García Canclini y J.C. Moneta (coordinadores), Ed. Eudeba, 1998.
[18] “Culture, commerce et mondialisation. Questions et réponses”. Portal Internet unesco. org.2003
[19] García Canclini, N. : “Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad”. Grijalbo, 1989
[20] Castells, Manuel: “La societé en réseaux”. Ed Fayard, 2001.
[21] Subercaseaux, Bernardo: “Nación y cultura en América Latina. Diversidad cultural y globalización”. Ed. LOM, 2002.
[22] Hopenhayn, Martin:  “Identidad diseminada-identidad desintegrada: opciones abiertas”. En Edición Especial N° 21, Revista CULTURA. Ed. Secretaría de Comunicación y Cultura, 1998. “América en la encrucijada cultural”.
[23] Moneta, Juan Carlos: “Identidades y políticas culturales en procesos de globalización e integración regional”. En: “Las industrias culturales en la integración latinoeamericana”, García Canclini,N y Moneta, J.C., coordinadores. Ed Eudeba, 1999.      
[24] Hessel, Sttephan: “Indignez vous”: Editions Indigene, Paris, 2010.
[25] Hessel, Stéphan y Vanderpooten, Gilles : “Comprométete: Ya no basta con indignarse”, Ediciones Destino, Coleccción Imago Mundi, 2011
[26] Martin, Laurent: La politique culturelle de la France depuis 1945, en Poirrier, Philippe: Pour une historie des poltiques culturelles dans le monde. Comité d’histoire du ministère de la Culture –La Documentation FrancaIse. Paris, 2011
[27] Años después pasaría a llamarse “ Ministerio de la Cultura y la Comunicación”.
[28] Lang, Jacques: Cuenta pública en la Asamblea Nacional, Francia, 17 noviembre de 1981. En Martin, Laurent: La politique cultutrelle…op.cit
[29] Martin, Laurent: La politique culturelle…op.cit
[30] Dubois, Vincent: “La politique culturelle: Genèse d’une catégorie d’intervention  ed. Elin, 1999
[31] La politique culturelle en débat. Anthologie. 1955-2005. Ministerio de la Cultura, 2006. En Martin, Laurent: La politique culturelle…”op cit
[32] Tobelem, Jean Michel: Les États-Unis d’Amérique. En “Pour une histoire des polítiques culturelles dans le monde”. Op cit
[33]  Tobelem, J M: Les Etas-Unis…”op cit.
[34] Con la diferencia de que, en Chile el Estado aporta un 90 por ciento del financiamiento para la cultura y el resto queda en manos de las empresas privadas y los públicos o consumidores de cultura.
[35] Bitar, Sergio: Progresismo y liberalismo: Puntos para una agenda común. Informe N 260 de Asuntos Públicos. 2002.
[36] Ley de Donaciones culturales, Nº18.985. A partir de 2001 se le hicieron modificaciones. Se incorporó como beneficiarios a  las organizaciones comunitarias funcionales con fines culturales, creadas en virtud de la Ley de Juntas de Vecinos y a los museos, bibliotecas y Consejo de Monumentos Nacionales. También se posibilitó, en un mismo proyecto, ofrecer espectáculos gratuitos y pagados, para difusión masiva, principalmente de la música. Actualmente se encuentra en el Congreso Nacional otro proyecto de reforma: si se aprueba, permitirá donar a empresas con péridas, a extranjeros con actividad comercial en Chile y a trabajadores dependientes y ampliará los beneficiarios a los inmuebles declarados Monumento Nacional  o Zona Típica y a las Pymes de giro cultural.
[37] Esto, a pesar de que aún—como dicen las encuestas de consumo cultural—el 60 % de la población no lee libros; ha decrecido la asistencia al cine chileno y menos del 10 por ciento de la programación radial se centra en música compuesta o interpretada por chilenos, etc…Pero, por otro lado, hay un aumento de la asistencia al teatro y a los espectáculos musicales y una exposición masiva a los medios digitales de comunicación y expresión, se han aumentado los espacios e infraesturcuras culturales, se han creado numerosos centros culturales, se han recuperado bienes patrimoniales, etc.. .
[38] Se destaca la creación de una Comisión Fílmica (Film Commission) y una Agencia de Promoción Internacional del Cine Chileno y, por otra parte, una ampliación a de las políticas a  las áreas de arquitectura, diseño, arte circense y nuevos medios).
[39] Énfasis que se puede constatar – por ejemplo—en la implementación del “Servicio País Cultura”, un proyecto que viene de los gobiernos de la Concertación y que se aplica en conjunto con la Fundación de Superación de la Pobreza;
[40] Son relevantes la inauguración del Centro Cultural Grabriela Mistral, el Parque Cultural de Valparaíso y la reconstrucción de espacios patrimoniales dañados por el terremoto de 2010, entre otras acciones.
[41] www.consejodelacultura.cl
[42] Acta del Senado, del 17 de Enero.
[43] El editor Pablo Dittborn y el arquéologo Carlos Aldunate, fueron designados consejeros del directorio del CNCA, a propuesta del Presidente de la República, para el período 2012-2016 con ratificación del Senado, el 17 de Enero de 2012.
[44] Acta del Senado, del 17 de Enero, op cit.
[45] Comisiones de estudio: “Propuesta para la institucionalidad cultural chilena”, de “Comisión Garretón” , 1991 coordinada por el sociólogo Manuel Antonio Garretón y “Chile está en deuda con la cultura”: Propuestas para la institucionalidad cultural chilena”, de “Comisión Ivelic”, 1998, coordinada por el ex Director del Museo Nacional de Bellas Artes, Milan Ivelic.  
[46] Subercaseaux, Bernardo. “Historia de las ideas y de la cultura en Chile”. Volumen III.  Editorial Universitaria Octubre de 2011.

 

Referencias bibliográficas

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Castells, Manuel: “La societé en réseaux”. Ed Fayard, 2001.
Dubois, Vincent: La politique culturelle: Genèse d’une catégorie d’intervention publique ed. Elin, 1999
Foxley, Ana María: Una cultura en transición: gestión pública y cambios culturales en Chile. Revista República de las Letras N° 48. Ministerio de Educación y de Cultura. España, 1996.
Foxley, Ana María: Señales para un cambio. Revista CULTURA Especial N° 25. Ed. Secretaría de Comunicación y Cultura. 1999
Foxley, Ana María: La tecnología al servicio de la comunidad. Revista CULTURA N° 26. Ed. Secretaría de Comunicación y Cultura, 2000
Foxley, Ana María: Les politiques culturelles au Chili 1990-2002: Une nouvelle relation entre l’État, la societé et le marché ? Tesis para título de Master (D.E.A.). La Sorbonne. France. 2002.
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Thoenig, Jean Claude: L’analyse des politiques culturelles, en Traité de Science Politique de Grawitz, M. y Leca, J. Edit PUF. (1985)

 

Otras fuentes
Revista CULTURA: Especial N° 21 América en la encrucijada cultural. Ed. Secretaría de Comunicación y Cultura, 1998.
Revista CULTURA Especial N° 25 Una década de desarrollo cultural. Ed Secretaria de Comunicación y Cultura. 1999
www.unesco.org :
Nuestra diversidad creativa: documento de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de Unesco. 1995.
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 1972
Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural. 2001.
 Culture, commerce et mondialisation. Questions et réponses. 2003
Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, 2003
Convención de Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales”, 2005.
www.consejodelacultura.cl; www.congreso.cl
——
* Secretaria Ejecutiva Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO, periodista y máster en Políticas Culturales.
Fue Directora de Consejo Regional de la Cultura y las Artes (2004-2005) y jefa de Cultura de la Secretaría de Comunicación y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno (1990-2000).

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