Jul 19 2005
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Sociedad

Derechos Humanos de los Pueblos Ind铆genas

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

INTRODUCCI脫N

Uno de los hechos que marc贸 la agenda de derechos humanos de los pueblos ind铆genas fueron los resultados de la visita in loco que realiz贸 a Chile el Relator Especial de la ONU en la materia, Rodolfo Stavenhagen. Tal como se describi贸 en el Informe Anual anterior, la visita se produjo en 2003; el Informe oficial del Relator,en cambio, fue emitido en abril de 2004. Por esa raz贸n es que, ac谩, se analizan las conclusiones a que arrib贸 el mismo y las reacciones del Gobierno al respecto.

En directa conexi贸n con ello, resalta el nulo avance del Proyecto que busca el reconocimiento constitucional de los pueblos ind铆genas. Similar es el panorama respecto a la ratificaci贸n del Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo. Ambas iniciativas, el reconocimiento y la ratificaci贸n, adem谩s, hab铆an sido parte de las propuestas que emiti贸 la Comisi贸n de Verdad Hist贸rica y Nuevo Trato.

Finalmente, se analizan dos aspectos problem谩ticos en relaci贸nal estado de los derechos humanos de los pueblos ind铆genas: el funcionamiento de la Corporaci贸n de Desarrollo Ind铆gena (CONADI), que durante 2004 enfrent贸, entre otras, denuncias de corrupci贸n, y la forma que ha adoptado la persecuci贸n penal mapuche, con nuevas condenas a trav茅s de la persistente utilizaci贸n de la Ley Antiterrorista.

INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
SOBRE PUEBLOS IND脥GENAS EN CHILE

Tal como se se帽al贸 en el Informe Anual anterior, en julio de 2003 se constituy贸 en Chile el Relator Especial para los Pueblos Ind铆genas de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen. Dicha visita oficial ten铆a por objeto analizar la situaci贸n de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ind铆genasen nuestro pa铆s y de esta manera detectar las insuficiencias existentes respecto a estos, y asimismo indicar algunas recomendaciones; los resultados fueron dados a conocer en abril del 2004.

Stavenhagen determin贸 que los asuntos prioritarios respecto a los cuales se requer铆a una respuesta urgente por parte de los 贸rganos del Estado, dec铆an relaci贸n, en primer t茅rmino, con la continua marginaci贸n en que se ha encontrado inmersa la poblaci贸n ind铆gena, en cuanto a la falta de reconocimiento constitucional y la inexistente participaci贸n en la vida p煤blica del pa铆s por parte de estos.

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En otras palabras, se critica la escasa protecci贸n de las identidades de los pueblos originarios, que estar铆a generada por la constante discriminaci贸n que se ha llevado a cabo por parte de la sociedad mayoritaria, que se ha encargado de excluir tanto social como econ贸micamente a dichos pueblos.

En este sentido, el Relator constat贸 que, a pesar del retorno a la democracia, Chile a煤n no ha realizado una reforma constitucional ni tampoco ha ratificado el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), cuesti贸n que, seg煤n su opini贸n, puede con llevar a 鈥渃onflictos sociales de cierta magnitud con el consecuente peligro para la estabilidad y la gobernabilidad democr谩tica del pa铆s鈥 (1). De este modo, el Relator subray贸 que las comunidades ind铆genas deben ser involucradas en las tomas de decisiones y debe promoverse, as铆, la autogesti贸n de asuntos locales (principalmente en la regi贸n mapuche).

En relaci贸n a esto, es preciso hacer menci贸n a la creaci贸n de las comunas del Alto Biob铆o y Cholchol; sin embargo, no ha habido la misma rigurosidad por parte del Estado para cumplir con el compromiso de darle las urgencias necesarias para aprobaci贸n y votaci贸n del proyecto de ley que supone el reconocimiento constitucional y la ratificaci贸n del Convenio 169 de la OIT (2), al no haber avances respecto de ninguno de estos dos aspectos.

Asimismo, el Relator estableci贸 que en la poblaci贸n ind铆gena se verifican altos 铆ndices de pobreza y bajos niveles de bienestar que les sit煤an por debajo del promedio nacional, dejando en evidencia, as铆, que el elevado 铆ndice de desigualdad afecta principalmente a los ind铆genas m谩s que a otros chilenos. A este prop贸sito, se帽al贸 que ?la incidencia de la pobreza es significativamente m谩s alta en las poblaciones ind铆genas (35,6%) que en las no ind铆genas (22,7%)? (3), insistiendo, de esta manera, en el hecho de que las pol铆ticas asistenciales que ha implementado el gobierno resultan insuficientes.

Con respecto a lo anterior, Stavenhagen tambi茅n se帽al贸 que en cuanto al acceso a la salud y a la calidad de esta, existen patrones de discriminaci贸n en contra de las personas pertenecientes a pueblos ind铆genas. Tambi茅n constat贸 que en la comuna de San Pedro de Atacama, donde residen ind铆genas atacame帽os, no existe ni siquiera una cl铆nica de maternidad, lo que se traduce en que las futuras madres deben trasladarse a Calama y, de esta manera, sus hijos deben inscribirse an贸malamente en el Registro Civil de esa ciudad. Sobre este punto, el Relator recomienda la destinaci贸n de mayores recursos en servicios de salud, as铆 como la promoci贸n de la utilizaci贸n de la medicina herbolaria tradicional de los pueblos originarios.

En la misma l铆nea, es importante se帽alar que en 2003 el Estado de Chile present贸 su informe de implementaci贸n del PIDESC, de acuerdo a los art铆culos 16 y 17 del mismo (4). El Comit茅 sobre derechos econ贸micos, sociales y culturales emiti贸 sus observaciones en noviembre de 2004, dentro de las cuales destac贸 su preocupaci贸n por ?la pobreza del Estado Parte, especialmente entre los pueblos ind铆genas? (5).

Siguiendo con la constataci贸n llevada a cabo por el Relator, en cuanto a la falta de atenci贸n a las necesidades de las comunidades ind铆genas en materia de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, este indic贸 que el analfabetismo entre los pueblos originarios y, principalmente, entre los mapuches ?sobrepasaban en m谩s del doble la media nacional? (6), lo que se evidenciaba particularmente entre mujeres y ni帽os. De esta manera, sostuvo que los intentos en materia de educaci贸n biling眉e intercultural iniciados por el Ministerio de Educaci贸n son insatisfactorios, puesto que el sistema educativo implementado ha sido incapaz de responder a las solicitudes ind铆genas en cuanto a la protecci贸n, preservaci贸n y promoci贸n de su cultura tradicional. As铆, hizo hincapi茅 en el caso de los atacame帽os y quechuas del norte, que debido a la obligada chilenizaci贸n a la que fueron sometidos luego de la guerra del Pac铆fico, hoy han perdido su lengua originaria.

Por otra parte, Stavenhagen se帽ala que un tema preocupante es la baja tasa de ni帽os ind铆genas que acceden a la ense帽anza secundaria, en relaci贸n con la escolarizaci贸n del resto de los ni帽os chilenos. En relaci贸n con esto hace ver que ?la escolarizaci贸n entre los ind铆genas est谩 2,2 a帽os por debajo del promedio de los no ind铆genas (9,5 a帽os)? (7), agregando adem谩s que ?solamente el 3% de la poblaci贸n rural mapuche mayor de 15 a帽os tiene alguna educaci贸n postsecundaria? (8). Todo lo anterior eleva los 铆ndices de deserci贸n escolar en este segmento de la poblaci贸n.

El Relator recomienda la implementaci贸n de medidas destinadas a una mejora en la asistencia de albergues juveniles para estudiantes provenientes de pueblos ind铆genas (de medio ciclo y del ciclo superior universitario), especialmente en el sur del pa铆s. Tambi茅n aboga por la pronta y eficaz ejecuci贸n del programa de educaci贸n biling眉e intercultural. En esta misma l铆nea cabe indicar que el gobierno se comprometi贸 a ampliar el programa de Becas Ind铆genas, y as铆, en abril del 2004, el Presidente de la Rep煤blica anunci贸 que ?habr谩 becas para todos los ni帽os y j贸venes ind铆genas que lo requieran y califiquen para ello? (9).

Otro asunto fundamental, que se observ贸 por parte de la Relator铆a Especial para los Pueblos Ind铆genas, son los conflictos que existen respecto a los derechos sobre las tierras, lo cual, como se se帽ala, constituye uno de los problemas hist贸ricos m谩s complejos que afectan a los pueblos originarios en Chile, toda vez que (esos problemas) son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos. Por medio de la Ley Ind铆gena (Ley 19.253), que dispone de un Fondo de Tierras y Aguas para la ampliaci贸n de las tierras ind铆genas y de este modo de un mecanismo de titulaci贸n de tierras, se ha podido regularizar y recuperar una serie de tierras que eran objeto de controversia judicial; sin embargo, el mismo Stavenhagen se帽ala que dicho mecanismo se ha vuelto cada vez m谩s frustrante para las comunidadesind铆genas, ya sea por el aumento especulativo de precios o la lentitud con que opera debido a la escasez de recursos.

Lo anterior resulta a煤n m谩s problem谩tico si se toma en cuenta la coexistencia de ciertas leyes sectoriales que facilitan la inscripci贸n de derechos de privados, dificultando de esta manera el acceso a los recursos del subsuelo, como el agua y los productos del mar, en pos de intereses econ贸micos particulares, por lo cual deber谩 ser revisado de acuerdo al Relator, haciendo primar el principio de protecci贸n de los derechos humanos de los pueblos ind铆genas.

Pero, sin duda alguna, los temas que m谩s suscitaron la preocupaci贸n del Relator Especial de las Naciones Unidas, fueron la construcci贸n de la central hidroel茅ctrica Ralco en el Alto B铆o- B铆o y, especialmente, la criminalizaci贸n de la protesta social porlas tierras por medio de delitos tomados de otros contextos en la regi贸n de La Araucan铆a.

En cuanto a la central hidroel茅ctrica, cabe indicar que dicha construcci贸n implic贸 el desplazamiento de docenas de familias pehuenches fuera de su territorio tradicional, el que se llev贸 a cabo por medio de un acuerdo suscrito entre el Poder Ejecutivo y ENDESA (10). Este acuerdo fue el resultado de una disputa extensa entre dicha poblaci贸n ind铆gena y los otros involucrados, que implic贸 para las familias afectadas una compensaci贸n econ贸mica y una permuta de tierras correspondientes a 77 hect谩reas similares a las que se intercambiaban y la implementaci贸n de algunos otros beneficios (11).

Seg煤n el informe del Relator, dicho acuerdo no solo es desfavorable para los pehuenches, sino que, adem谩s, el proceso de dise帽o, planeaci贸n y ejecuci贸n de la obra se llev贸 a cabo con serias irregularidades que han sido reconocidas tanto a nivel judicial como de gobierno.

Estas irregularidades dicen relaci贸n tambi茅n con el hecho que ni las familias afectadas, como tampoco las aleda帽as, fueron requeridas, como se establece en varios instrumentos internacionales, para que diesen a conocer sus necesidades y para que se tomaran en cuenta sus derechos en el desarrollo crucial del proyecto, se帽al谩ndose, incluso, que dicho megaproyecto se llev贸 a cabo contra la voluntad y opini贸n de la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena (CONADI) y otros servicios p煤blicos del Estado (12).

Por 煤ltimo, cabe se帽alar las observaciones que ha hecho el Relator Especial respecto a la penalizaci贸n del movimiento de lucha social de los ind铆genas (13). En este sentido, el informe del Relator se帽ala que ha existido un aumento de causas penales en contra de dirigentes de comunidades y organizaciones mapuches, las que dicen relaci贸n principalmente con faltas contra la propiedad particular y los bienes p煤blicos o con maltrato a miembros de la fuerza p煤blica, llevados a cabo en el contexto de protestas y ocupaciones de tierras e instalaciones. Asimismo, constata una alta presencia policial en las comunidades, que ha incluido manifiestas provocaciones y amedrentamiento hacia la poblaci贸n ind铆gena, no estando ausentes los actos de violencia tantos f铆sicos como verbales (14).

A pesar de lo anterior, seg煤n el Relator lo que agrava a煤n m谩s la situaci贸n ha sido la combinaci贸n entre el nuevo proceso penal, la ley antiterrorista y el fuero militar. Al respecto, indica que, a pesar de haberse implementado el nuevo proceso penal en las regiones m谩s conflictivas (VIII, IX y X), las garant铆as que este consagra para el imputado se han vistovulneradas por la aplicaci贸n de la Ley Antiterrorista (15). Junto con lo anterior, el hecho de que las causas se sustraigan delderecho penal com煤n para pasar a ser conocidas por la justicia militar, por existir entre los involucrados, ya sea como v铆ctima o presunto autor de la comisi贸n del delito, un miembro de la fuerza p煤blica, implica sin duda alguna 鈥揷omo se ha venido poniendo de manifiesto en diversos informes (16)鈥 una vulneraci贸n al debido proceso, 鈥渜ue afecta de manera selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes mapuches鈥 (17), lo cual debe ser absolutamente revertido en concordancia con las normas internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, tambi茅n cabe hacer menci贸n a un estudio realizado por la Comisi贸n de Constituci贸n, Legislaci贸n, Justicia y Reglamento del Senado de Chile. En dicho estudio, que fue entregado al Relator, se manifiesta una gran preocupaci贸n por la vulneraci贸n del principio de seguridad jur铆dica en las regiones de La Araucan铆a y el Alto Biob铆o, coloc谩ndose un especial 茅nfasis en el incumplimiento que ha existido por parte del Estado del deber de dar protecci贸n a los agricultores y leg铆timos propietarios frente a acciones de tipo delictivas y terroristas (18).

En relaci贸n con esto, Stavenhagen, en concordancia con una posici贸n minoritaria de algunos integrantes de la Comisi贸n del Senado, sostiene que dicho conflicto no puede reducirse a un problema de orden y seguridad, sino que, por el contrario, debe atenderse a las demandas de las poblaciones ind铆genas evitando, de ese modo, una criminalizaci贸n de las reivindicaciones leg铆timas y la judicializaci贸n de un problema que, sin duda alguna, es esencialmente pol铆tico y social, por tanto, de ninguna manera cabe aplicar delitos que fueron puestos en vigencia dentro de otros contextos, como lo son la amenaza terrorista. Asimismo, el Relator Especial recomienda que se declare una amnist铆a general para los que han sido procesados por llevar a cabo actividades sociales y/o pol铆ticas en el marco de los conflictos territoriales, como defensores ind铆genas de los derechos humanos.

El Estado de Chile respondi贸 al informe del Relator (19). En esa respuesta se se帽al贸 que en el informe 鈥渆xisten algunas aseveraciones y recomendaciones formuladas con una imprecisa y escueta contextualizaci贸n de sus circunstancias de hecho鈥 que hacen necesario que el Estado aclare. Respecto de las observaciones del Relator, referidas al conflicto que se ha suscitado por la instalaci贸n de la Central Ralco, el Estado se帽ala que se trata de una observaci贸n sin asidero, pues en el caso se lleg贸 a una soluci贸n amistosa (Acuerdo Definitivo de Soluci贸n Amistosa entre el Estado de Chile y las Familias Pehuenche Peticionarias del Alto Biob铆o) que 鈥渇ue ampliamente satisfactoria para las partes鈥.

Por ello, indica que el 鈥淪r. Relator debiera reconocer especialmente el hecho de que el conflicto producido por la construcci贸n de la central hidroel茅ctrica Ralco, se encuentra resuelto, con una participaci贸n fundamental del Estado (…) garante del mismo鈥. Critica, finalmente, que a pesar del acuerdo se insista en el tema de la Central, ya resuelto.

La verdad es que lo anterior dista de ser un tema cerrado; como se ver谩 m谩s adelante (apartado sobre Conflicto mapuche y utilizaci贸n de la herramienta antiterrorista), el acuerdo ha estado marcado por una serie de incumplimientos, de los cuales da cuenta el informe presentado por los denunciantes a la Comisi贸n, en el marco del acuerdo firmado.

Sobre la reforma constitucional y la ratificaci贸n del Convenio 169 de la OIT, el Estado se帽ala que 鈥淸ella] no obtuvo apoyosuficiente (…) atendido los qu贸rum de reformas de normas constitucionales que requieren una mayor铆a calificada鈥. A pesar de ello, luego, a prop贸sito del Acuerdo Definitivo de Soluci贸n Amistosa entre el Estado de Chile y las Familias Pehuenche Peticionarias del Alto Biob铆o, el Estado deja entrever cu谩l es su verdadera posici贸n al respecto; observando que 鈥渓a aprobaci贸n del instrumento [del Convenio 169] no debe ser apreciada como una meta en s铆 misma, pues ella solo conlleva el compromiso del Estado de llevar adelante modificaciones y pol铆ticas p煤blicas de reconocimiento, un camino que el Gobierno ya ha empezado a recorrer鈥.

Es decir, adem谩s de la escasa fuerza normativa que asigna al Convenio鈥渓a de implicar solo 鈥渆l compromiso del Estado de llevar adelante (…) pol铆ticas p煤blicas鈥, la verdadera raz贸n por la cual el Estado chileno no insiste en la aprobaci贸n del Convenio 169 es porque, simplemente, no lo considera necesario.

En el mismo contexto de reformas constitucionales, cabe se帽alar que, de acuerdo al Estado, es imposible asumir las recomendaciones relativas a 鈥渞eferentes a la participaci贸n de los pueblos ind铆genas en la toma de decisiones a trav茅s de mecanismos de discriminaci贸n positiva en la conformaci贸n del Congreso de la Rep煤blica鈥, toda vez que 鈥渄esde ya (…) vulnerar铆an presupuestos fundamentales de la Constituci贸n del pa铆s que consagran el principio de la igualdad formal鈥.

Se trata de una interpretaci贸n estrecha del derecho a la igualdad que consagra nuestra Constituci贸n; con todo, el Estado afirma que sus esfuerzos est谩n destinados a reformar el sistema binominal de elecciones para evitar una subrepresentaci贸n pol铆tica de los sectores m谩s votados en cada elecci贸n y una sobrerrepresentaci贸n de la segunda fuerza pol铆tica, elimin谩ndose a todos los dem谩s grupos menores, lo que configura, en definitiva, una situaci贸n poco democr谩tica que urge superar.

Sobre las observaciones relativas al caso de Alex Lemun (20), el Estado se帽ala que la actual legislaci贸n chilena entrega el conocimiento de esas causas a la Justicia Militar, trat谩ndose de un 鈥渞esabio del r茅gimen militar que no ha sido posible modificar en el Congreso鈥 y que a煤n investiga las acusaciones iniciadas, de suerte que es imposible, de momento, entregar indemnizaci贸n alguna.

Sobre el tratamiento del conflicto mapuche a trav茅s de la utilizaci贸n de la Ley Antiterrorista, el Estado se帽ala, sobre la observaci贸n relativa a no desconocer el derecho consuetudinario ind铆gena, que 鈥渓os 贸rganos del Estado han internalizado en la ejecuci贸n de sus prestaciones tal noci贸n鈥. Ello, como se ver谩, no es del todo cierto; en efecto, una vez que 8 personas son absueltas por el presunto delito de asociaci贸n il铆cita terrorista, todas las cr铆ticas del Ministerio P煤blico estuvieron dirigidas a que el tribunal oral en lo penal hab铆a incorporado argumentos 鈥渆xtrajur铆dicos?鈥, como el 鈥渃ontexto social en el que ocurrieron los delitos imputados a los acusados, lo cual, a juicio del Ministerio P煤blico, evidencia la disposici贸n con la que el tribunal entra en an谩lisis de la prueba鈥.

Enseguida, indica que las observaciones que se hace al uso de las leyes Antiterrorista y de Seguridad del Estado, 鈥渋mplica despenalizaci贸n de conductas actualmente il铆citas o una tipificaci贸n diversa de las mismas, o bien, una mayor consideraci贸n de la costumbre jur铆dica de los pueblos ind铆genas, materia propia de la competencia del Poder Legislativo鈥. Luego, resulta extra帽o que el mismo Estado afirme que se ha internalizado el derecho consuetudinario ind铆gena si, hecho ello, se帽ala que su incorporaci贸n depende de reformas que solo puede realizar el Parlamento y que 鈥渓os 贸rganos del Estado en general, y por tanto, el Ministerio P煤blico y los Tribunales ordinarios en su caso, deben ce帽irse al principio de legalidad consagrado en la Constituci贸n Pol铆tica del Estado, de tal manera que deben adecuar su acci贸n a la ley y a las normas establecidas conforme a ella, la que reconoce valor al derecho consuetudinario [solamente] cuando expresamente as铆 se contempla鈥.

A las cr铆ticas por el excesivo uso de la herramienta antiterrorista, el Estado responde que 鈥渃abe se帽alar que la mayor铆a de los delitos investigados en la IX Regi贸n, que involucran a personas de etnia mapuche, son delitos comunes contemplados en el C贸digo Penal: robo en sus diversas especies, hurtos, da帽os causados por diversos medios, tales como incendios de casas, bosques y siembras y tambi茅n lesiones, configur谩ndose solo algunos casos delitos tipificados en la ley especial de conductas terroristas, en la medida que se han encuadrado, en concepto de los fiscales investigadores, en la descripci贸n que esta ley especial realiza de tales conductas鈥.

Que se utilice la Ley Antiterrorista, entonces, en concepto del Estado, es una facultad privativa de las fiscal铆as en la cual no pueden intervenir. Luego veremos c贸mo el Estado, sin embargo, ha prestado su apoyo al uso de esa ley. Dicho de otro modo, aunque el Estado reconozca que la calificaci贸n de los delitos depende del Ministerio P煤blico, avala y apoya esa calificaci贸n.

A mayor abundamiento, el Estado indica que de las 70 causas criminales en las que se ha hecho parte, solo en 20 se ha aplicado la legislaci贸n especial. Omite el Estado, con todo, que lo importante no es el n煤mero de causas en que se utiliza esa legislaci贸n, sino el hecho que se utilice la misma. Adem谩s, el Estado considera las cuestiones judiciales desde una 贸ptica puramente formal; as铆, se帽ala que en todos los procedimientos se interpusieron 鈥渢odos los recursos que la ley les franqueaba para obtener la declaraci贸n de inocencia de sus representados, lo que solo result贸 efectiva (sic) respecto de Patricia Troncoso Robles鈥.

Lo parad贸jico es que,antes, el Estado hab铆a se帽alado que era preciso 鈥渃onsignar (…) que en el caso del proceso por incendio terrorista (Poluco Pidenco), la demora a que hace referencia el Sr. Relator se explica, en buena medida, por los numerosos recursos que ha interpuesto la defensa de los imputados en el proceso鈥.

Adem谩s, y como se ver谩 en los diferentes apartados que siguen, a continuaci贸n, el Estado ha incumplido con varias de las recomendaciones efectuadas por el relator Especial.


Aqu铆

Peri贸dico Mapuche Azkintuwe

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