Abr 22 2008
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Política

Donaciones de EE.UU. para Argentina: los regalitos del embajador Wayne

Leonardo Montero, APM

Washington continúa sembrando el miedo al terrorismo en Buenos Aires. En el 2007 fue la ley antiterrorismo, antes la Triple Frontera, ahora cursos y equipamientos para la Policía Federal.
 
 
Uno de los métodos preferidos empleados por los agitadores de la Casa Blanca para justificar la brutal campaña antiterrorismo comenzada por Estados Unidos luego del 11 de septiembre de 2001, fue y es generar en la población mundial la sensación del miedo. Desde aquel día, Washington desplegó su campaña a lo largo y a lo ancho del planeta.
 
De ese modo, el presidente George W. Bush y sus laderos, intentaron respaldar todas las formas de “ataques preventivos” necesarios para “lograr la seguridad” de los ciudadanos del mundo, según sus dichos. Conocidas son las consecuencias de ese tipo ataques. Así, la “guerra contra el terrorismo” se internacionalizó y todo el mundo quedó en estado de alerta.
 
En ese marco, varios sucesos demuestran que Argentina no fue excepción a esa internacionalización del conflicto. El último de estos hechos se concretó el pasado viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Durante un acto encabezado por el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Comisario General Daniel Valleca, el embajador estadounidense en Argentina, Earl Anthony Wayne, realizó una serie de donaciones a esa fuerza en el marco de la lucha antiterrorismo.
 
El evento tenía como objetivo primordial la entrega de certificados a los graduados de un curso de capacitación sobre prevención contra armas de destrucción masiva. Dicho curso fue brindado por funcionarios del programa de Asistencia en Antiterrorismo del gobierno estadounidense a un grupo de oficiales de la PFA.
 
El selecto grupo de policías recibió instrucciones acerca de cómo dar respuesta en situaciones de emergencia que involucren contaminación química, biológica y radioactiva y cómo distinguir entre diferentes tipos de armas de destrucción masiva.
Aprovechando la ocasión, Wayne presentó los equipos especializados que bondadosamente regaló a la Policía Federal. El equipamiento incluye material de protección personal y unidades para detectar materiales químicos y radioactivos. El regalo de Wayne está valuado en unos 150.000 dólares.
 
“Este programa de capacitación representa una oportunidad única para que nuestros dos gobiernos trabajen juntos en un objetivo común”, afirmó Wayne en declaraciones reproducidas por la agencia oficial de noticias Telam. El embajador aseguró que “hemos desarrollado un programa específico para que Argentina saque el mayor provecho de las fortalezas de sus fuerzas de seguridad en el mantenimiento de la ley y en la lucha contra el terrorismo”.
 
Valleca mostró todo su entusiasmo ante la bondad de Wayne y manifestó que “con estos nuevos equipos la Policía podrá intervenir en la emergencia en el lugar del hecho para neutralizar los efectos de un ataque y después asistir a las víctimas”. Ni Valleca ni Wayne aclararon a que tipo de situaciones reales de riesgo se referían, teniendo en cuenta que en Argentina el tema de los ataques químicos parece algo irreal.
 
¿Cómo entender ese tipo de acciones por parte del gobierno de Estados Unidos?
Parece atinado hacerlo en el marco de internacionalización de la lucha contra el terrorismo, que comprende el tipo de acciones comprendidas dentro de lo que se conoce como “conflicto de baja intensidad”. Con esto, la Casa Blanca logra imponer en otros países su doctrina de seguridad y, en algunos casos, incluso sus propias fuerzas de seguridad.
 
En ese sentido, es necesario repasar que este suceso no es el primero que se puede rastrear con respecto a las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre la Casa Rosada.
 
En primer lugar, debe recordarse la campaña llevada a cabo por Washington respecto de las supuestas células terroristas que se refugiaban en la zona de la Triple Frontera, que comprende las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).
 
En reiteradas oportunidades, el gobierno estadounidense aseguró que en la Triple Frontera operaba una red encargada de enviar fondos y reclutar adherentes para organizaciones como la red Al Qaeda o el movimiento Hezbollah. Sin embargo, las comisiones de investigación formadas por los tres países involucrados más el propio Estados Unidos y la inteligencia realizada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y otros organismos, nunca pudieron probar absolutamente ningún indicio acerca de actividad terrorista en la zona.
 
A pesar de esto, el gobierno estadounidense nunca abandono su interés por la Triple Frontera. Desde diversos sectores se sospecha que el objetivo final de Washington es lograr cierto control sobre la zona del Acuífero Guaraní.
 
En el pasado 2007, quedó de manifiesto como sectores cercanos al gobierno estadounidense y al israelí presionaron y alentaron a las autoridades argentinas para que éstas acusaran a la República Islámica de Irán de entorpecer la investigación sobre los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) en 1994. De ese modo, la Casa Blanca y Tel Aviv sumaron una excusa más en su campaña belicista en contra de Teherán.
 
Por último, en junio del año pasado el Poder Legislativo argentino aprobó en tiempo record la llamada Ley Antiterrorismo, un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, por ese entonces a cargo de Néstor Kirchner.
 
La promulgación de la ley, estuvo indisimuladamente bajo presión de Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad que representa a los principales bancos internacionales y que tiene la tarea de seguimiento y control de los movimientos financieros relacionados al terrorismo. El GAFI representa al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al G8 (Grupo de los 8).
 
En aquella oportunidad, el GAFI había amenazado con calificar a Argentina como “país no seguro” por no adoptar medidas contra el financiamiento de grupos terroristas. Ante esto, el gobierno de Kirchner y el poder legislativo apuraron los tiempos y la ley fue promulgada apresuradamente para evitar la condena del GAFI.
La polémica ley prevé penas de hasta 20 años de prisión para quien tome parte de una asociación ilícita destinada a aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, entre otras acciones delictivas.
 
Más allá de las controversias, la ley fue votada tal como lo pedía Estados Unidos y como lo recomendaba el GAFI. Recomendación que se pareció bastante a una extorsión.
 
En conclusión, todos estos actos, incluido el reciente regalo del embajador Wayne y la capacitación a los policías argentinos, forman parte de una estrategia mucho más amplia por parte de Washington, tendiente a inmiscuirse en las políticas de los diferentes gobiernos.
 
De ese modo a través de “recomendaciones” o “regalos” extiende su política de seguridad que tantos dramas y complicaciones trae al mundo. Queda en los diferentes gobiernos no ceder ante las presiones del por ahora poder hegemónico

 

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