Jul 9 2019
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PolíticaSociedad

Durante el macrismo, se ha asesinado a una persona cada 21 horas

El mi√©rcoles 3 de julio se llev√≥ a cabo una conferencia de prensa en la C√°mara de Diputados argentina, para hacer visible los m√ļltiples formatos de violencia institucional ejecutados por el actual gobierno. La iniciativa fue organizada por el legislador Horacio Pietragalla y participaron del encuentro familiares de las v√≠ctimas, el premio Nobel de la Paz Adolfo P√©rez Esquivel y referentes de las bancadas de todo el arco opositor al macrismo.

Entre los familiares estuvieron presentes el primo de Danilo Sansone, una de las víctimas de la masacre de San Miguel Del Monte en la que fueron asesinados cuatro jóvenes; los padres de Diego Cagliero, asesinado luego de una persecución policial; y hermanos de las víctimas de la cárcel de Esteban Echeverría, donde fallecieron por un incendio diez detenidos, como producto de la negligencia policial, el 15 de noviembre de 2018.Resultado de imagen para argentina cárcel de Esteban Echeverría

La convocatoria realizada por Pietragalla se llev√≥ a cabo ante la permanente negativa del titular de la Comisi√≥n de Derechos Humanos de la C√°mara Baja, Toty Flores (integrante del interbloque Cambiemos), quien desde hace m√°s de un a√Īo se reh√ļsa a citar a los diputados integrantes de la Comisi√≥n para darle tratamiento legislativo a los proyectos ligados a su tem√°tica.

P√©rez Esquivel fue expl√≠cito al denunciar que ‚Äúeste gobierno viola los derechos humanos y el derecho de los pueblos, y esto es un da√Īo enorme en la construcci√≥n democr√°tica. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles, cuando se violan los derechos humanos la democracia se debilita y deja de ser democracia. Por eso es bueno que nos podamos reunir diferentes sectores pol√≠ticos, culturales y sociales y que se realice en el Congreso de la Naci√≥n para reclamar al gobierno. Ya basta de represi√≥n. Un gobierno que no piensa en los ni√Īos es un gobierno que da√Īa el presente e hipoteca el futuro‚ÄĚ, se√Īal√≥.

El trasfondo estructural de las denuncias remite a los datos relevados por la Coordinadora Contra la Represi√≥n Policial e Institucional (CORREPI) entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. En ese lapso el aparato estatal, a trav√©s de todas sus fuerzas de seguridad, ha asesinado a 1303 personas. Esa cuantificaci√≥n implica que el 20 % de todos los muertos generados por fuerzas estatales en el actual periodo democr√°tico inaugurado en 1983 (hasta febrero de este a√Īo) han sido producidas por el actual gobierno. [1]

726 casos de gatillo fácil se han registrado en ArgentinaEsos datos sugieren que, durante el macrismo, se ha asesinado a una persona cada 21 horas, un guarismo que expresa la situación de desbocamiento de los organismos de seguridad, avalados por un discurso de permisividad represiva. Las características de la letalidad policial (definida por las acciones de agentes de seguridad indiferentes a los protocolos de prevención, y reproductores, por ende, de la violencia social), supone el abuso de la utilización de armas de fuego y la impunidad que suele caracterizar las investigaciones administrativas y judiciales de los hechos en los que las fuerzas de seguridad están imputadas. [2]

El contexto que brinda legitimidad a la violencia estatal durante el gobierno macrista proviene de sus m√°s altos exponentes pol√≠ticos. La interpelaci√≥n y condescendencia del votante segregacionista, parte del n√ļcleo duro de Cambiemos, les reclama sobreactuar una autoridad fundada en la intimidaci√≥n social, especialmente dirigida hacia los sectores m√°s vulnerables. La vigilancia en las barriadas populares, la mano dura contra los manifestantes y la amenaza permanente contra los j√≥venes se presentan como un modelo de violencia institucional bifronte: alterna la invisibilizaci√≥n gen√©rica de sus estad√≠sticas con la anuencia y el patrocinio de sus victimarios.

Para contribuir a su invisibilizaci√≥n se ha decidido eludir la producci√≥n de datos estad√≠sticos p√ļblicos y evitar que las organizaciones sociales puedan consultarlos para obtener informaci√≥n fidedigna y poder, de esa manera, exigir rendiciones de cuenta en relaci√≥n a las acciones policiales.

En forma complementaria, con el objeto de ensalzar su sobreactuaci√≥n, se postulan ejemplos de eficacia √ļnicamente basados en letalidad policial, es decir, en las muertes producidas: llamativamente no ha sido costumbre la premiaci√≥n p√ļblica de funcionarios responsables de haber evitado situaciones de violencia, mediante la inteligencia criminal y/o la prevenci√≥n.

La tipología que agrupa los diferentes formatos de violencia institucional incluye:

-La represión de protesta social, los operativos y las razzias, como las que generaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

– Las ejecuciones, conocidas como gatillo f√°cil, como el caso de los j√≥venes y ni√Īxs asesinados en San Miguel del Monte.

РLas muertes producidas bajo custodia policial, en cárceles o en traslados, ya sea por acción, omisión o negligencia, como las sufridas por los detenidos en la comisaría de Estaban Echeverría (Transradio). [3]

El modelo de violencia institucional está dirigido prioritariamente contra grupos vulnerables, cuya consideración social es inferiorizada por los sectores hegemónicos mediante la construcción de etiquetas de peligrosidad y/o anormalidad. Estas estigmatizaciones son retomadas por las fuerzas de seguridad que reconvierten a sus integrantes en destinatarios de maltrato simbólico y material.

Entre los colectivos estigmatizados, cuya probabilidad de ser agredidos aparece como más alta, figuran, en términos etarios, los adolescentes y los adultos jóvenes. En su articulación con el género, los agrupamientos que se encuentran en peligro son los pertenecientes a los diferentes colectivos LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales) y las mujeres, víctimas prioritarias de la lógica patriarcal imperante en las fuerzas de seguridad.

El foco estuvo puesto en las fuerzas de seguridad y en la violencia sobre los migrantes africanos.En referencia a su pertenencia √©tnica, los afrodescendientes y los inmigrantes de pa√≠ses como Per√ļ, Bolivia o Colombia son los destinatarios de los etiquetamientos m√°s despectivos. Entre los tres conjuntos, compuestos por identificaciones de g√©nero, condici√≥n social y √©tnicos, se encuentran m√°s del 90 % de las v√≠ctimas.

Para que la violencia institucional pueda implementarse se requiere un marco de legitimación simbólica capaz de naturalizarla, de convertirla en algo normal y de alguna manera deseable. Esa precondición requiere instituir un miedo social capaz de habilitar la utilización de la fuerza ante los peligros reinantes. En este marco, toda pacificación social es contraproducente a la segmentación que exigen los programas de exclusión social. La violencia empieza a ser funcional y necesaria para escenificar una batalla contra los enemigos precatalogados como tales. Y las fuerzas de seguridad inmediatamente habilitadas para darle persecución y, de ser necesario, garantizar su eliminación o exterminio.

Frente a este escenario de una ejecución diaria (muchas veces tergiversada por las propias versiones policiales de sus ejecutores o sus protectores), el Centro de Estudios Legales y Sociales ha elaborado un conjunto de recomendaciones, entre las que figuran:

–¬† La cantidad de personas muertas por las fuerzas de seguridad no puede ser un indicador de eficacia de una pol√≠tica de seguridad ni de la actuaci√≥n policial.

-La necesaria implementación de programas de formación y reentrenamiento continuo de las fuerzas de seguridad, para dar cuenta de los nuevos fenómenos delictivos y su abordaje más eficiente, capaz de reducir lesiones y muertes.

РSe debe adecuar la respuesta judicial a los compromisos internacionales que establecen el deber de garantizar un investigación objetiva y exhaustiva de estos crímenes, dada la responsabilidad estatal de quienes los cometen.

-Se deben promover fiscal√≠as especializadas en violencia institucional, acompa√Īadas por voluntad pol√≠tica de conceder suficiente autonom√≠a para interceder y acceder a la informaci√≥n que las corporaciones policiales esconden para proteger a sus integrantes.

РImpedir que las fuerzas policiales brinden defensas jurídicas corporativas a los involucrados en casos de ejecuciones y agilizar los procesos penales para evitar la caducidad de pruebas.

La violencia institucional tiene componentes que no son letales. Las lógicas de encierro expresadas en la superpoblación carcelaria y las condiciones de hacinamiento y falta de oportunidades laborales o educativas (en contextos de encierro) solo reproducen conformaciones de agresividad social que tarde o temprano se volcarán en contextos de reinserción. En ese marco, no deja de llamar la atención que las Unidades Penitenciarias de mayor nivel de superpoblación sean aquellas en las que se encuentran detenidos los presos políticos.

La violencia del hacinamiento carcelario

Ordenan plan de emergencia para atender situaci√≥n de las c√°rcelesEl problema de la violencia institucional es estructural. Las fuerzas de seguridad han reiterado, con mayor o menor aquiescencia de sus mandos pol√≠ticos, desde 1983 a la actualidad, una impronta militarista que se resiste a ser restringida o limitada. Sin embargo, la gran mayor√≠a de las administraciones gubernamentales han visualizado y tematizado (con menor o mayor √©nfasis e inversiones) sus efectos como un problema de pol√≠ticas p√ļblicas.

La excepción ha sido el actual gobierno, que ha instituido la celebración de la muerte como un beneficio social digno de ser valorado y a la vez como un ejercicio pasible de ser galardonado por las máximas autoridades de un Estado.

La violencia que proviene del Estado es doblemente perniciosa y peligrosa. Quienes la ejercen desde sus instituciones son (parad√≥jicamente) quienes se presentan e instituyen como los encargados de evitarla. Y quienes la celebran son los que deben comunicar los recurrentes asesinatos como algo digno de ser celebrado. Algo as√≠ como una reminiscencia eufemizada del ‚ÄúViva la Muerte‚ÄĚ pronunciado por Jos√© Mill√°n de Astray en 1936, frente a Miguel de Unamuno.

Notas

[1]. CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) Archivo 2018: Cada 21 horas el Estado asesina a una persona. Archivo 2018. Disponible en: http://bit.ly/2FOIgDl

[2]. VVAA:¬† Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin justicia. Centro de Estudios Legales y Sociales ‚Äď CELS, CABA, 2018. Disponible en: http://bit.ly/2KYuen7

[3]. https://www.elcohetealaluna.com/caretas-ajustes-y-balas/

 

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, escritor, periodista, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/la-chocobarizacion-policial/

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