Ecuador: – ELIMINAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Un objetivo que debe perseguir sin cuartel la mayoría de izquierda revolucionaria que se instaurará en la Asamblea Constituyente, es la eliminación definitiva del Sistema de Contratación Pública, indicador de la corrupción que caracteriza a la Administración Pública en el Ecuador.
La empresa privada siempre se ha alimenta de leoninos contratos para la ejecución de determinadas obras de interés local o nacional y para la venta de ciertos bienes y servicios, aprovechándose de la economía de libre mercado. Para el efecto, son los fondos públicos que provienen del pago de nuestros impuestos, de los ingresos por concepto de asignaciones presupuestarias que salen del gobierno central, los que se dilapidan en ministerios, municipios, prefecturas, para saciar el apetito empresarial.
El sistema de contratación vigente es discriminatorio, pues a pesar de que se cumple en la mayoría de casos con el concurso de ofertas, la licitación pública, la adjudicación de los contratos casi siempre vienen con piola. Es decir, son los allegados al partido que manda en la dependencia pública, tal o cual, los que ganan la adjudicación. Otros profesionales capaces, idóneos para la ejecución del proyecto, quedan de lado, pues para ganar en cualquier concurso hay que pasarle plata al partido, al alcalde, prefecto, jefe contratos o de compras, al director ejecutivo o financiero, etc.
En este escenario digno de una obra de teatro satírica que desenmascare la podredumbre que existe en el sector público y privado, son las empresas contratistas y tercerizadoras, las que manejan a su antojo –sin Dios ni Ley– la contratación del personal-, para la ejecución de obras que por lo general son innecesarias o de carácter suntuoso.
Ejemplos figurados: «Yo Ing. Sabido o Arq. Picarón luego de haber ganado el contrato para la construcción de una escuela, subcontrato al maestro albañil mayor Juan Pilataxi, a quien ofrezco pagarle un monto de dinero a convenir, por el tiempo que dure la ejecución de la obra». Éste último arregla el pago a su conveniencia a los peones y auxiliares, quienes ante la falta de trabajo, se ven obligados a aceptar la explotación del que son víctimas.
Lo consabido: obreros sin derechos, sin beneficios de ley, sin seguro médico; expuestos a una caída, a un accidente fatal, sin que nadie se haga responsable de los gastos, en casos de emergencia.
Por otro lado en Quito he visto, con profunda indignación, cómo se despilfarra los fondos públicos, si no hay obras a la vista, hay que inventarse alguna con cualquier pretexto, llámese mejoramiento del ornato público, salvamento del centro histórico, etc, a fin de justificar los gastos e inversiones contemplados en el presupuesto del Municipio. Por ejemplo, aquella plaza emblemática de San Blas, que estaba en perfecto estado, se la derrocó; se tumbó aceras, se levantó el piso, para volver a colocar nueva iluminación y adoquines de la empresa tal, vinculada al partido y sus allegados.
Lo propio está sucediendo con el gran parque de La Alameda, al que le faltaba nada más que el arreglo de los jardines y uno que otro trabajo menor de albañilería. El municipio habría de firmar el contrato con la contratista para malgastar el dinero del pueblo y cambiar todo el adoquín por uno nuevo, de bonitos colores, como ya es costumbre.
Entre tanto, los barrios urbanos marginales de la capital adolecen de obras básicas, no hay agua potable, las escuelas se caen en pedazos, no hay parques ni centros médicos decentes; peor aún bibliotecas y centros culturales.
Esta breve semblanza de la corrupción casada con la explotación del hombre por el hombre, me permite traer a colación lo que viene haciendo Hugo Chávez en Venezuela. En aquel país hermano, el panorama descrito, fue en el pasado, fiel copia de nuestra realidad actual. El presidente bolivariano decidió eliminar del Registro Nacional, el listado de empresas contratistas y tercerizadoras, para instaurar un revolucionario modelo de contratación, que privilegia la creación de empresas productivas sociales y comunitarias.
El sistema consiste en evaluar mediante un censo a nivel nacional, en cada municipio, cantón, parroquia, el potencial de técnicos, albañiles, jardineros, electricistas, carpinteros, plomeros, agricultores, etc. Luego de recabada la información, el gobierno procedió a capacitar, otorgar créditos blandos y, posteriormente darle personería jurídica a las empresas comunitarias, que han reemplazado a las contratistas del pasado. Al proceso descrito lo llaman acertadamente «proyecto de desarrollo endógeno», el cual irrumpe desde abajo, para generar trabajo para los más pobres del país.
Este cambio en la contratación de bienes y servicios ha permitido multiplicar por millones a los nuevos micro empresarios, que son al mismo tiempo obreros responsables del cumplimiento de los contratos con el Estado y sus instituciones. Un modelo que a muchos contratistas explotadores del sudor ajeno, les causará sarpullido, pues no aceptarán fácilmente que en el Ecuador se instaure una economía solidaria, donde se acabe la explotación de las tercerizadoras, y sean los propios obreros del barrio quienes ganen sueldos dignos, con todos los derechos contemplados en el Código del Trabajo. De esta manera, Chávez está logrando romper la cadena de la corrupción del pasado. Al mismo tiempo, el Estado se ha beneficiado de un multimillonario ahorro, por cuanto la coima y el soborno no van más.
Un tema candente, que lo vivimos en Venezuela, razón suficiente para que el pueblo pobre del hermano país, apoye por millones a su comandante. En el caso ecuatoriano, el presidente Rafael Correa, debe acoger esta experiencia para que las fuerzas revolucionarias apoyen las reformas legales que permitan devolverle al pueblo el derecho al trabajo, en condiciones de dignidad.