Nov 7 2008
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Política

Ecuador: La guerra en la frontera

Luis Ángel Saavedra* 

"Esta es la última tierra, de aquí ya no me mueven: aquí muero", dice Eusebio Lucitante, indígena confán de la comunidad ecuatoriana de Zuquié, a orillas del río San Miguel, en la frontera amazónica con Colombia. Lucitante ya está cansado de moverse "de tierra en tierra", conforme se incrementa la presión paramilitar y del Ejército colombiano en los territorios fronterizos ecuatorianos.

En efecto, el Ejército y los paramilitares de Colombia mantienen constantes incursiones en comunidades indígenas y campesinas de Ecuador para tomar represalias con el argumento de que son colaboradoras de la guerrilla o que son en realidad campamentos guerrilleros.

En los últimos tres años se han registrado 17 incursiones militares colombianas en territorio del Ecuador; la más grave fue el bombardeo en Angostura, el 1 de marzo de este año, y que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.

Las tensiones diplomáticas no impidieron que el Ejército colombiano vuelva a realizar operativos militares en territorio ecuatoriano, como el ocurrido en la localidad Barranca Bermeja, en abril, y en General Farfán, en octubre, en ambos casos para detener a personas que ellos consideran "cómplices de la guerrilla", sin importar si son ecuatorianas o colombianas.

Desaparición y desplazamiento

Estas incursiones han provocado la desaparición de varias comunidades o su desplazamiento hacia el interior de la selva ecuatoriana.

"Debemos ir más adentro para proteger a nuestra familia", dice Neptalí Lucitante, shamán de Zuquié y hermano de Eusebio. La propuesta de Neptalí vuelve a sumir en la desesperación a las familias de Zuquié: Todos están conscientes de que volverán a desplazarse porque "la guerra ya llegó de nuevo".

Para los habitantes de las márgenes de los ríos San Miguel y Putumayo, que delimitan la frontera amazónica con Colombia, la guerra comenzó en el 2000, con la llegada de los paramilitares que intentaron desplazar a la guerrilla que controlaba todo el territorio fronterizo en el departamento colombiano del Putumayo. Como en toda Colombia, la estrategia paramilitar consistía en hostigar a las comunidades que ellos determinaban como "base social de la guerrilla", provocando graves masacres y persiguiendo a quienes huían, incluso hasta muy adentro del territorio ecuatoriano.

La presión paramilitar provocó la desaparición de la comunidad shuar de Charip, también en el río San Miguel. Esta comunidad se dividió en dos al desplazarse hacia el interior del Ecuador: Nakays y Charip Nueva. Los shuar se consideran pueblos guerreros y son temidos entre las comunidades vecinas; sin embargo, no pudieron resistir las nuevas formas de guerra que se impusieron desde una civilización distinta.

El Plan Colombia llega a Ecuador
 
Miguel Wambutza, profesor de la comunidad shuar de Santa Carolina, comunidad que también desapareció, identifica a la guerra del río San Miguel con el Plan Colombia, la multimillonaria iniciativa antidrogas y antisubversiva impulsada por EEUU desde inicios de la presente década.

"Llegó el Plan Colombia y tuvimos que abandonar la tierra para no morir", dice el profesor, que ahora vive en Lago Agrio, capital de la provincia amazónica de Sucumbíos, y sobrevive con esporádicos trabajos de albañilería.

Como Charip y Santa Carolina, también se desplazaron las comunidades kichwas de Kuriyaku, Betano y Shiguango Tarupa, además de la comunidad cofán de Avié.

Con el Plan Colombia también llegaron las fumigaciones para erradicar los cultivos de coca que, en la práctica, no sólo han fracasado en el departamento colombiano del Putumayo, sino que han provocado el aumento de cultivos en otras zonas de la misma Colombia, como el sur del departamento de Nariño.

Lo que sí provocaron las fumigaciones fueron grandes desplazamientos de comunidades enteras de colombianos, como el caso de la población afrocolombiana que llegó para asentarse en las orillas del San Miguel, en el lado colombiano, y formar una comunidad a la que llamaron San José, frente a la localidad afroecuatoriana de La Providencia.

"Ellos no son nuestros parientes y nos están causando grandes daños", dice Felipe Noteno, morador de La Providencia. Las quejas de los pobladores se deben a las formas de pesca de los recién llegados y las incursiones de caza en territorios de la comunidad, pues el lado colombiano ya no tiene selva.

En efecto, la gente de San José pesca con dinamita, provocando la muerte de peces pequeños, lo que causa la depredación del río, y se adentran en territorio ecuatoriano en busca de animales de caza.

Las autoridades de La Providencia invitaron a los dirigentes de San José para conversar sobre estos problemas.

"Ellos llegaron con machetes y escopetas a la reunión y nos dijeron que estaban claros que ese lado es Colombia y este otro lado es Ecuador, pero que ellos también deben mantener a sus familias. Nosotros tuvimos que quedarnos callados", afirma Noteno.

Similares experiencias deben vivir las comunidades kichwas del río Putumayo, pues la llegada de desplazados colombianos por las fumigaciones ha provocado la aparición de centros poblados mestizos dentro de los territorios indígenas.

"Los dejamos que se asienten, como una muestra de solidaridad, pero ellos no entienden que el territorio no les pertenece, y ahora hasta quieren venderlo para irse a otra parte", afirma Paco Chuji, presidente de la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos, Ecuador (FONAKISE).

Indígenas entre varios fuegos
 
El Ejército ecuatoriano ha incrementado sus patrullajes a raíz del bombardeo de Angostura. Sin embargo, su forma de proceder está lejos de brindar seguridad a las comunidades de frontera, pues maneja también el estereotipo de sus pares colombianos de que las comunidades son colaboradoras de la guerrilla.

"El Ejército no puede distinguir entre vivir la cotidianidad de frontera y el ser ideológicamente afines a la guerrilla; por eso confunde una colaboración forzada con complicidad", afirma Laura González, investigadora del equipo de frontera de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

En efecto, el Ejército ecuatoriano ha profundizado el grado de hostigamiento que ya vivían las comunidades, pues cuando encuentra campamentos temporales de la guerrilla colombiana en Ecuador presiona con acciones de inteligencia o con incursiones militares a las comunidades cercanas a estos campamentos. Tal fue el caso de la comunidad kichwa de Santa Rosa de Yanamaru, que después de una incursión de helicópteros colombianos que dispararon sobre los indígenas, debió también enfrentar el hostigamiento militar ecuatoriano.

El Ejército ecuatoriano también es responsable del desplazamiento de las comunidades indígenas.

"No nos ayudaron; más bien nos dijeron que nos vayamos", comentó el profesor Wambutza sobre la desaparición de Santa Carolina.

Por su parte, el gobierno nacional ha querido enfrentar la realidad de la frontera con el denominado Plan Ecuador, que se concibe como un plan integral de intervención y desarrollo de esta zona, pero que sólo ha quedado en análisis y propuestas teóricas. 

El propio presidente Rafael Correa tuvo que aceptar la realidad: "El Plan Ecuador no ha avanzado, sólo está en propuestas", aseguró durante una de sus acostumbradas intervenciones radiales de los sábados.

Con los ejércitos en su contra, sumados a los paramilitares que actúan con total impunidad en la frontera, y sin el respaldo gubernamental, más comunidades indígenas de los ríos San Miguel y Putumayo están condenadas a desaparecer o a refugiarse en lo profundo de la selva amazónica.

*Periodista de Noticias Aliadas.

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