Ecuador: los jesuitas como en el siglo XVIII

1. La Fundación Mariana de Jesús fue creada y debidamente legalizada en 1939 por la señora María Augusta Urrutia de Escudero para el desarrollo de obras de beneficencia y orientación cultural y moral especialmente para las clases necesitadas. En los estatutos legalmente aprobados en 1950 la fundadora determinó que fuese confiada a la Compañía de Jesús.
Esta Fundación atiende actualmente a miles de familias a través de programas de beneficio social en salud, educación básica y media, vivienda popular, comedores, organización social y comunitaria, apoyo a refugiados, migrantes e indígenas, obras culturales, etc.

2. En la mañana del lunes 14 de febrero del 2005, un representante del Ministerio de Bienestar Social, acompañado de 10 asesores y 30 policías irrumpió en las Oficinas de la Fundación Mariana de Jesús. Presentó un Acuerdo del Ministerio de Bienestar Social de fecha 10 de febrero en el que ordena la disolución y liquidación de la Fundación Mariana de Jesús y nombra un liquidador que haga efectivo este Acuerdo.

3. Este Acuerdo tiene como fundamento «varias denuncias y la presunción de que el funcionamiento de la Fundación no tiene una base legal».

4. Inmediatamente han ordenado que el Director de la Fundación, ingeniero Francisco Peña, desalojase la entidad y han dado órdenes a los bancos para bloquear las cuentas. Después a otros empleados también los han sustituido por los asesores del liquidador.

5. Este acuerdo ministerial ha sido tomado sin el requisito legal de haber pedido oportunamente a la Fundación las pruebas de descargo, incumpliendo así el ordenamiento jurídico del debido proceso.

6. Esta pretendida liquidación de la Fundación Mariana de Jesús ya había sido intentada en otros regímenes. En el año 2003, una auditoría del mismo ministerio, concluyó que todo era legal y de acuerdo con las finalidades de la misma institución. Como el ministerio no quiso dar la oportuna certificación de este resultado, hemos considerado el silencio administrativo como reconocimiento de la rectitud de la gestión de la fundación.

7. Ante estos abiertos desacatos a la legalidad, la fundación está tramitando el oportuno amparo constitucional.

8. Es deber de todos los ciudadanos e Instituciones el denunciar estos atropellos y hacerlo conocer a la ciudadanía. Nuestra indignación ética y democrática se basa en el principio de que la ley debe ser respetada por todos y la autoridad es un servicio que debe velar por el bien común y no entorpecerlo.

Quito 14 febrero 2005