Abr 11 2012
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CulturaSociedad

Ecuador: una ley para democratizar la comunicaci贸n

El Proyecto de Ley Org谩nica de Comunicaci贸n de Ecuador, que el mi茅rcoles 11 de abril entrar谩 a votaci贸n en la Asamblea Nacional, establece las garant铆as y normas de los derechos de la comunicaci贸n establecidos en Constituci贸n del 2008, que es quiz谩s la m谩s avanzada en la materia en el continente.

De aprobarse la Ley, marcar铆a un avance significativo para las reivindicaciones hist贸ricas del movimiento por la democratizaci贸n de la comunicaci贸n, no solo del Ecuador, sino del continente.

Este proyecto (1), cuya votaci贸n se anuncia cerrada, abre el camino para un cambio estructural clave, una virtual 鈥渞eforma agraria del aire鈥, al establecer un reparto de las frecuencias de radio y televisi贸n en tres partes: 34 % para medios comunitarios, 33 % para medios p煤blicos y 33 % para medios privados.

Seg煤n el proyecto de Ley, que reconoce a la comunicaci贸n social como un servicio p煤blico que debe ser prestado con responsabilidad y calidad, los medios comunitarios son aquellos 芦cuya propiedad, administraci贸n y direcci贸n corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones sin fines de lucro鈥. Operar谩n en igualdad de condiciones con los otros sectores, pero se beneficiar谩n, adem谩s, de pol铆ticas p煤blicas para su creaci贸n y fortalecimiento, como 芦mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad禄. (Art. 92). Adem谩s, bajo la pol铆tica de favorecer la econom铆a solidaria, se prev茅 que las entidades estatales contraten publicidad y servicios en tales medios para la difusi贸n de contenidos educativos y culturales.

Otro aspecto importante de la normativa es que impedir铆a la concentraci贸n oligop贸lica, al establecer un l铆mite para una misma persona (natural o jur铆dica) de una sola frecuencia para matriz en AM, una en FM y una de televisi贸n, en todo el territorio. Actualmente cerca del 90 % de las frecuencias est谩n en manos privadas. La ley prev茅 que para alcanzar en forma progresiva el reparto a los sectores p煤blico y comunitario, se priorizar谩 la concesi贸n a estos dos sectores, hasta alcanzar los porcentajes correspondientes, utilizando las frecuencias disponibles y las que se reviertan al Estado, por los motivos dispuestos en la Ley y la Constituci贸n.

Parte del espectro radioel茅ctrico se liberar谩 mediante la reversi贸n de aquellas frecuencias que fueron asignadas sin seguir el debido proceso legal, o cuyos concesionarios hayan hecho un manejo irregular de las mismas. La Auditor铆a de Frecuencias, realizada bajo mandato de la Constituci贸n, ser铆a la base para determinar estas reversiones, que podr铆an ser m谩s de 200, seg煤n dio a conocer el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Tales frecuencias deber谩n revertirse de inmediato al Estado. Adem谩s, desde la consulta popular 2011, la Constituci贸n proh铆be que las empresas de comunicaci贸n, sus directivos o accionistas puedan tener participaci贸n accionaria en empresas de otro sector econ贸mico.

Otra medidas, destinadas a estimular la producci贸n nacional, prev茅n la obligaci贸n de tener un 40 % de contenido nacional en los medios audiovisuales y 10 % de producci贸n nacional independiente. En las radios, el 50 % de la m煤sica debe ser producida, compuesta o ejecutada en Ecuador. Adem谩s, la publicidad debe ser producida en el pa铆s.

En el proyecto de Ley, se establecen tambi茅n normas para un manejo responsable de la informaci贸n por parte de la prensa. Por ejemplo, se estipula que la informaci贸n publicada debe ser debidamente verificada y se establece la obligaci贸n -con las sanciones correspondientes en caso de omisi贸n- de rectificaci贸n de informaciones falsas o inexactas, y el derecho de r茅plica cuando una persona considere que la informaci贸n afecta sus derechos a la dignidad, honra o reputaci贸n.

Se garantiza, adem谩s, los derechos de los profesionales de la comunicaci贸n, como la cl谩usula de conciencia, reserva de la fuente y secreto profesional y derechos laborales. Uno de los temas m谩s pol茅micos fue la titularizaci贸n obligatoria de periodistas. El debate gir贸 en torno a si 茅sta atenta o no a la libertad de expresi贸n de la ciudadan铆a, pero tambi茅n a las garant铆as del derecho ciudadano de ser debidamente informado, lo cual exige de destrezas profesionales. En su 煤ltima versi贸n, el proyecto de Ley prev茅 que quien ejerza en forma permanente el periodismo debe tener t铆tulo profesional (salvo editorialistas, columnistas de ciertas secciones especiales y quienes comunican en idiomas ind铆genas). Se prev茅 un plazo de 6 a帽os para que quien ya trabaja en un medio adquiera su t铆tulo.

Una ley construida con la sociedad

Al igual que sucedi贸 en Argentina, buena parte de la prensa comercial y sectores de la derecha han unido fuerzas, desde hace m谩s de dos a帽os, contra lo que, antes de que se redactar谩 una l铆nea, la tildaron como 鈥渓ey mordaza鈥, bajo la premisa de que en materia de comunicaci贸n la mejor ley es la que no existe. Es evidente que la ley afectar谩 intereses poderosos, lo cual sin duda explica su tenaz oposici贸n, que justifican bajo los reclamos de 芦libertad de expresi贸n禄. Uno de los puntos m谩s pol茅micos ha sido la composici贸n del Consejo de Regulaci贸n y Desarrollo de la Comunicaci贸n -que tiene entre sus funciones elaborar el informe vinculante para la adjudicaci贸n o autorizaci贸n de concesiones de frecuencias- que para algunas voces cr铆ticas concentra demasiado poder en el gobierno de turno (si bien el ejecutivo solo nombra a uno de los 5 representantes).

Se argumenta que el texto de la Ley contraviene convenciones internacionales firmadas por Ecuador, lo cual vislumbra posibles acciones ante los organismos internacionales si la ley se aprueba (aunque de hecho, en su redacci贸n se ha cuidado de respetar las convenciones vinculantes). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya califica de 芦preocupante禄 la Ley y es de esperar que se articular谩 una campa帽a medi谩tica regional para atacarla, como se ha hecho tantas veces en los 煤ltimos a帽os, cada vez que alguno de los gobiernos ha tocado los intereses del poder comunicacional.

La 煤ltima versi贸n del proyecto, publicado el pasado 5 de abril, representa el fruto de m谩s de dos a帽os de foros p煤blicos, debates en medios, propuestas y acciones por parte de organizaciones e instancias sociales, y diversos otros aportes, que hacen que esta ley sea una de las m谩s debatidas del pa铆s. Varias de las propuestas centrales, como el reparto igualitario de frecuencias, no provinieron de sectores oficialistas, sino desde actores sociales. El gobierno ha mantenido una actitud ambigua frente a la Ley, hecho que impidi贸 que se votara dos a帽os atr谩s -como mandataba la Constituci贸n- cuando el movimiento pol铆tico gobernante, Alianza PAIS, a煤n ten铆a mayor铆a en la Asamblea. En varias oportunidades el propio Presidente Rafael Correa ha reiterado que no es una ley prioritaria para el gobierno, y tanto en el ejecutivo como en PAIS, hay sectores que se oponen a la tesis de los tres tercios en el reparto de frecuencias. Fue solamente en el pasado mes de marzo que Correa expres贸 un claro respaldo a ella, lo cual aline贸 posiciones al interior del gobierno.

Sin duda el proyecto tiene varias falencias y aspectos que podr铆an mejorarse. Por ejemplo, la participaci贸n ciudadana en la gesti贸n de los medios p煤blicos no est谩 muy clara, siendo un aspecto importante para garantizar su car谩cter p煤blico. No obstante, con su aprobaci贸n, podr铆a sentar las bases para una reconfiguraci贸n y democratizaci贸n profunda del escenario comunicacional, actualmente acaparado por unos pocos grupos de poder. Seguramente su implementaci贸n no ser谩 un proceso f谩cil. Al igual que el reparto de la tierra, requerir谩 de procesos de organizaci贸n, propuesta, creaci贸n de capacidades y lucha, particularmente para consolidar el sector comunitario. Pero si se logra esta primera batalla, se podr谩 contar con la legitimaci贸n de las demandas y una cancha de juego m谩s igualitaria.

En este contexto, resulta dif铆cil de entender que sectores de la oposici贸n ecuatoriana m谩s identificados con la izquierda se alineen con las posiciones de los grandes medios comerciales y de la derecha. Sin duda consideran que oponerse a la ley es una manera de golpearle al gobierno, cuando m谩s bien golpean al movimiento social que ha promovido la ley, y a la ciudadan铆a que se beneficiar谩 de ella; y de paso, hacen un favor a aquellos sectores dentro del propio gobierno, que no ven con buen ojo las medidas democratizadoras.

Se simpatice o no con un gobierno, mal se puede renegar de las propias banderas hist贸ricas, cuando 茅ste las adopta como suyas. M谩s bien implica movilizar m谩s intensamente y vigilar para que su implementaci贸n sea efectiva. No solo se beneficiar铆a el pa铆s, sino que sentar铆a un ejemplo para el continente.

Es con este sentido que la Red de Intelectuales En Defensa de la Humanidad ha hecho p煤blico su apoyo al proyecto de ley mediante una carta abierta(2) suscrita, entre otros, por Ignacio Ramonet, Ana Esther Cece帽a, Carmen Boh贸rquez, Marta Harnecker y Oscar Ugarteche, donde se afirma que es un proyecto que 芦ciudadaniza el espectro radioel茅ctrico ecuatoriano mediante una redistribuci贸n equitativa de las frecuencias de radio y televisi贸n (鈥), elimina los monopolios, fomenta la producci贸n nacional, promueve la comunicaci贸n intercultural y plurinacional y garantiza la plena libertad de expresi贸n e informaci贸n禄, y 芦ser谩 un aporte valioso a la democratizaci贸n de las comunicaciones en toda Nuestra Am茅rica禄.
(1) La versi贸n del proyecto de Ley publicada el 5 de abril 2012 se encuentra en: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/articulado-final-ley-comunicacion-04-04-2012.pdf
(2) Carta de Apoyo al proyecto de Ley de Comunicaciones de Ecuador: http://movimientos.org/foro_comunicacion/show_text.php3?key=20547

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